Sentencia STP8785-2015/79985 de julio 8 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

STP8785-2015

Radicación 79985

(Aprobado en acta 233)

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Nota: Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá, D.C., ocho de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Es competente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver las impugnaciones interpuestas contra la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, conforme con lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

2. Cuestión preliminar.

2.1. Antes de abordar el análisis del asunto materia de debate constitucional, esta Sala debe aclarar el aspecto relacionado con la presunta temeridad en la acción constitucional presentada por E.M.A., E.M.A., E.O.Q., J.D.C.Q., P.J.C.C., N.C. y J.T.C.C., M.E.C.C., A.M.M. y V.R.V.D.I., ya que de encontrarse actualizado, tal como lo refieren los recurrentes, devendría inane cualquier pronunciamiento.

2.2. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que “cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.

Al respecto, la jurisprudencia ha establecido para que se configure una situación de demanda temeraria, se deben presentar las siguientes situaciones, a saber: “i) identidad en el accionante; ii) identidad en el accionado; iii) identidad en los hechos y; iv) ausencia de justificación suficiente” (Cf. Corte Constitucional, sentencias T-988A/05, T-830/05 y T-812/05), y la consecuencia que se deriva de tal acontecer, es el rechazo de plano de la acción, de lo contrario, esto es, de no conjugar alguno de esos presupuestos, no puede entenderse temeraria la acción, por lo que continuaría su respectivo trámite.

2.3. Dentro del material probatorio allegado se encuentra a folio 96 del cuaderno del Tribunal, copia de la sentencia de segunda instancia de 25 de junio de 2014, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, correspondiente al radicado 54299, a través del cual modificó la orden de amparo emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Popayán, dentro de la acción de tutela promovida por F.B.V. y B.S.C., —quienes actuaron en representación de sus menores hijas—, contra el Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional y la Alcaldía Municipal de XXX (Cauca), para el reconocimiento de sus derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal.

En aquella oportunidad los hechos presentados tuvieron origen en el atentado terrorista perpetrado por las FARC en el sector urbano de ese municipio el 7 de diciembre de 2013, el cual causó varias pérdidas humanas y materiales, entre ellas la destrucción total del puesto de Policía. A partir de allí, la sede para su funcionamiento y el del Ejército Nacional fue fijada de manera provisional en el barrio “Santander” de esa localidad, ubicado a pocos metros de dos establecimientos educativos y una iglesia católica, generándose un alto riesgo para la población civil, especialmente para los menores de edad ante su estado de indefensión, por la constante actividad bélica de la guerrilla, enderezándose primordialmente contra la estación de Policía.

Por lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán concedió el amparo constitucional, ordenando que en el término de 48 horas “se realicen las gestiones tendientes a trasladar o reubicar la estación de policía en un sitio donde no constituya peligro para la vida y seguridad de la población”, decisión que fue modificada en segunda instancia, en el sentido de aclarar que las 48 horas se deben entender para “iniciar las gestiones tendientes a trasladar o reubicar la estación de Policía (...) lo anterior, sin perjuicio de que se lleve a cabo la ejecución real de la orden de traslado a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta las particulares circunstancias de amenaza y riesgo (...)”.

2.4. A diferencia de esa acción, en el presente caso la acción de tutela fue entablada por E.M.A., E.M.A., E.O.Q., J.D.C.Q., P.J.C.C., N.C. y J.T.C.C., M.E.C.C., A.M.M. y V.R.V.D.I., sin que exista identidad de accionantes, estando en debate derechos fundamentales de sujeto activos completamente diferentes, quienes si bien coinciden en ser pobladores del municipio de XXX (Cauca), ello en momento alguno les genera algún nexo para el reclamo de los derechos fundamentales reclamados, pues los mismos son subjetivos, personalísimos e intransferibles.

2.5. Pero más allá de ello, tampoco existe una identidad de hechos, ya que en esa ocasión se pretendía lograr la reubicación de la estación de Policía —donde funcionaba el Ejército Nacional y la Policía Nacional— situada en el barrio “XXX” del sector urbano hacía un sitio que represente menor riesgo para la población ante la cercanía de dos instituciones educativas, por lo que fue ordenado por la Alcaldía Municipal el trasladado hacía el barrio “XXX” a la salida del municipio, lugar de donde ahora los accionantes -habitantes de ese sector- piden el traslado de la Fuerza Pública por la presunta perturbación a la tranquilidad y seguridad pública, pues allí se encuentra en la actualidad el Ejército Nacional, es decir, que se trata de contextos geográficos diversos, con independencia de sujetos activos y de circunstancias fácticas.

Lo anterior resulta más que suficiente para concluir en la ausencia de temeridad en la demanda de tutela objeto de estudio, contrario a lo manifestado por los impugnantes.

3. Superado lo anterior, procede la Sala a resolver los demás ejes de censura, conforme las atribuciones previstas en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esto es, cotejando la impugnación con el acervo probatorio y con el fallo, si carece de fundamento procederá a revocarlo, o de encontrarlo ajustado a derecho lo confirmará.

En el sub judice los accionantes, habitantes del barrio “XXX” del municipio de XXX, consideran lesionados sus derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal, así como los de sus núcleos familiares, con el funcionamiento de la sede del Ejército y la Policía Nacional en un inmueble aledaño a sus viviendas.

3.1. Resulta indispensable, recalcar que en un Estado Social de Derecho el orden público es entendido como un conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad orientadas a la prosperidad general y efectivo goce de los derechos humanos de todos sus asociados, siendo estos el fundamento y el límite del poder estatal, más aun en el ejercicio de las funciones de la Fuerza Pública, integrada por la Fuerzas Militares y la Policía Nacional (artículo 216 de la Constitución Política).

En el ejercicio de la función constitucional (inciso 2º artículo 2º Superior) de brindar protección a la vida de las personas, como fin esencial del Estado, la Fuerza Pública está en la obligación de garantizar el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, así como asegurar que los habitantes del territorio vivan en paz, más aun, tratándose del cuerpo de policía, cuya naturaleza civil, principalmente tiene una función preventiva (Cf. T-453/1994).

La actual coyuntura sociopolítica colombiana caracterizada por factores de inestabilidad y violencia generalizada, exige del Estado colombiano mayores medidas preventivas para la seguridad de sus ciudadanos, con la capacidad de reacción rápida y oportuna para contrarrestar situaciones que eventualmente comprometan el ejercicio de los derechos y libertades o amenacen la convivencia pacífica, por lo que resulta imprescindible que la ubicación de las dependencias de la Fuerza Pública sea estratégica para lograr tal finalidad, pues el conflicto colombiano que afronta un desequilibrio generalizado en ciertas zonas del país, ha llegado al punto que los miembros de la fuerza pública son objetivos militares de los grupos alzados en armas.

De ahí que sea deber del Estado armonizar la prestación del servicio público de seguridad para prevenir riesgos sobrevinientes que amenacen la vida y la integridad física de grupos determinables de personas en el desarrollo de tal actividad, como es el caso de los ciudadanos que residen en zonas de alteración del orden público con cercanía locativa a las dependencias de la Fuerza Pública, lo cual les genera un peligro latente y mayores riesgos.

Es por ello, que en los sectores en que periódicamente se ve afectado el orden público el centro de operaciones de la Fuerza Pública, ya sea Ejército o Policía Nacional, deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña, eso sí, obedeciendo a razones de importancia estratégica, funcional y operacional para el debido cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

Resulta relevante, en este punto indicar que el Consejo de Estado, en materia de responsabilidad estatal por materialización del riesgo excepcional ante ataques guerrilleros sobre edificaciones representativas de la administración, en la sentencia 07001233100020010134502 (28711) de 27 de septiembre de 2013, consideró:

[E]l riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado en medio de un conflicto armado, y su concreción en la causación de un daño a una persona ajena a los grupos enfrentados, independientemente de quien haya ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal.

(...) De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en zonas en las cuales se vea alterado el orden público con frecuencia, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña.

(...) Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al respecto ha señalado que en situaciones de conflicto armado las obligaciones de adoptar medidas positivas de protección y prevención, adquieren un carácter superlativo, por lo que su inobservancia puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado (...). En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles (Negrilla fuera de texto).

Es más, sobre la procedencia del amparo constitucional en materia de reubicación de dependencias de la Fuerza Pública, ante la necesidad de proteger derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha decantado una serie de requisitos que el juez de tutela debe examinar a la hora de resolver:

[E]n estos casos le corresponde al juez evaluar dos aspectos diferentes para establecer la inminencia del peligro. En primer lugar, las circunstancias generales de riesgo objetivo, para prever qué tan factible es la ocurrencia del hecho del tercero. En segundo lugar, el juez de tutela debe evaluar la situación específica del demandante ante tal contingencia, es decir, el juez además debe considerar lo que le ocurriría a este si el hecho del tercero acontece y la autoridad demandada no adopta las medidas necesarias para su protección.

Así, en el caso específico en que los vecinos a las estaciones y demás puestos de policía demanden cierta acción por parte de las autoridades para la protección de su vida e integridad personal frente a ataques de la guerrilla, la acción de tutela solo será procedente cuando concurran las siguientes dos circunstancias: (1) que, dada la proyección en el presente de unas ciertas circunstancias históricas, la probabilidad actual de que ocurra el ataque sea alta y (2) que la situación específica del demandante o de las personas en nombre de quienes interpone la acción los coloque en una situación de riesgo excepcional que: a) sea difícil de evitar o su evasión suponga cargas que no tiene porqué asumir personalmente y; b) que las autoridades estén en capacidad de minimizar (dicho riesgo) sin sacrificar bienes jurídicos de igual o superior importancia constitucional (Resaltado fuera de texto).

3.2. En el presente asunto, esta Sala de conformidad con los medios probatorios obrantes en la actuación, encuentra que existen motivos suficientes para inferir las altas probabilidades de ataque por parte de grupos armados ilegales a la sede de la Fuerza de Pública en el municipio de XXX, específicamente, en el barrio “XXX” donde actualmente funciona el centro de operaciones del Ejército Nacional, mismo inmueble arrendado por la Alcaldía Municipal para el despacho de la Policía Nacional.

Ello, toda vez que los sujetos involucrados reconocieron la ocurrencia en diciembre de 2013 de una toma guerrillera por parte de las FARC contra ese municipio de XXX (Cauca), de tal magnitud, que además de las pérdidas humanas, devastó la cabecera municipal dejando el Teatro -donde funcionaba la Estación de Policía y el Ejército Nacional- completamente destruido.

Así mismo, fue allegado a la demanda copia del Informe de Riesgo de Inminencia XXX de esa localidad, suscrito por el doctor J.E.C.C. en calidad de Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones al DIH – Director de Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, visible a folios 17 al 20 del cuaderno del Tribunal, en el que se leen los últimos hechos de violencia en el municipio luego del ataque guerrillero de diciembre de 2013, entre otros:

(...) 23 de enero de 2014: Hostigamiento de las FARC contra la cabecera municipal de XXX a partir de las 10:30 de la noche, prolongándose esta acción armada por cerca de una hora y media, específicamente al lugar donde se encuentra ubicada la Policía Nacional en una casa de paso en el barrio XXX.

30 de enero de 2014: Presuntos integrantes de las FARC instalaron un retén ilegal sobre la vía principal ‘Transversal XXX’ en los sitios denominados XXX y XXX, a quince y treinta minutos respetivamente de la cabecera municipal. En el hecho fue desviado de la ruta un bus de servicio público y retuvieron un vehículo de la Gobernación del Cauca que se desplazaba del municipio de XXX hacia XXX y en el que viajaban varios funcionarios de esa entidad, quienes fueron dejados en libertad horas después (Negrilla fuera de texto).

De ahí que se tengan motivos suficientes para inferir las altas probabilidades de ataque por parte de los grupos armados ilegales contra del municipio de XXX (Cauca), el cual históricamente ha sido un lugar donde la violencia ha marcado su paso con muerte y desolación, más, cuando es un hecho notorio que en varios sectores del departamento del Cauca es frecuente el azote de la violencia, el crimen y la intimidación por el afán de dichas organizaciones ilegales de dominar el territorio y subyugar a las instituciones estatales, con el fin de ejercer un señorío absoluto.

Es decir, que la Fuerza Pública de XXX es un blanco probable de ataque por parte de los grupos guerrilleros que militan en la zona, y que dados los medios utilizados en esas agresiones, los inmuebles y la población vecina están expuestos a arriesgar su vida y su integridad personal.

Entonces, en este particular caso, en el que los accionantes exponen un alto riesgo en su seguridad y las de sus núcleos familiares por la ubicación continua de sus residencias al centro operacional del Ejército y la Policía Nacional, no pueden afectarse los derechos de los ciudadanos so pretexto de dar cabal cumplimiento al deber militar de protección, dado que es evidente el aumento injustificado del riesgo de quienes los rodean por razón de su inadecuada ubicación locativa.

Recuérdese que fueron los propios accionantes quienes informaron que el sector aledaño se encuentra habitado por “doce (12) adultos mayores, veintinueve (29) niños, niñas y adolescentes, treinta y dos (32) adultos y dentro de ellos cuatro personas discapacitadas (...)”, reporte que en momento alguno fue desvirtuado por las autoridades accionadas.

Entonces, ante un eventual ataque armado contra la Fuerza Pública los accionantes están expuestos a un gran peligro, toda vez que esa organización guerrillera —FARC— presente en la zona, tal como aconteció en diciembre de 2013, puede llegar a ser de enorme calibre, siendo un hecho notorio que ese grupo ilegal emplea armas no convencionales que causan graves destrozos, situación que por el actual sitio de Operaciones del Ejército y Policía Nacional en el barrio “XXX” de XXX, podría causar pérdidas considerables a la población civil.

3.3. Debe tenerse en cuenta que, en este caso concreto, contrario a lo manifestado por los recurrentes, no se puede exigir, de forma absoluta, el principio de solidaridad de los civiles hacia la Policía y el Ejército Nacional para facilitar el cumplimiento de las labores constitucionales de estos, entendido como el deber de los ciudadanos de “respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales” (numeral 3º artículo 95 Constitución Política), por cuanto se les está trasladando una carga adicional a los administrados, cual es soportar las consecuencias de un posible ataque armado en contra de esas instituciones que, por sus labores, son consideradas objetivo militar de los grupos al margen de la ley.

Así, por ejemplo, el Consejo de Estado, en el fallo de tutela 05001-23-31-000-2010-00540-01 de 29 de julio de 2010, cuya postura reconoce esta Sala, en materia del deber de solidaridad de los ciudadanos frente al servicio público de la Policía Nacional, consideró:

Por su parte a los ciudadanos, en virtud del deber de solidaridad, consagrado en el artículo 95 de la Constitución, se les llama a asumir ciertas cargas públicas, inherentes a la prestación del servicio encomendado a la Policía, como aquellos relacionados con la ubicación de las estaciones de Policía, cuya organización obedece a un esquema de planeación que procure mayor eficacia en el servicio.

No obstante, la Sala aclara que el enunciado deber, no es absoluto y por el contrario adquiere límites en el principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que quiere decir, que no puede obligarse a las personas a asumir cualquier tipo de riesgo indiscriminadamente, por tal razón, no es posible aplicar la prevalencia del interés general sobre el particular como una regla constitucional con una consecuencia jurídica única, sino que es susceptible de ponderación.

En efecto, el principio de igualdad implica el deber de mantener la equidad frente a las cargas públicas, lo que significa que el Estado en función del servicio que presta la Policía está en la obligación de prever las situaciones en las que una circunstancia sobreviviente de violencia expone a ciertas personas a un riesgo excepcional que compromete su vida y demás derechos, y aunado a ello le asiste el deber de tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo sin sacrificar la prestación del servicio a toda la comunidad.

Desde ese punto de vista, comprensible y fundado resulta el temor de los accionantes, vecinos del inmueble arrendado para el funcionamiento de la Fuerza Pública del municipio de XXX (Cauca), donde actualmente despacha el Ejército Nacional, viendo afectada su tranquilidad y seguridad, así como la de su núcleo familiar y demás residentes del sector, de modo que es obligación del Estado garantizarles el goce efectivo de sus derechos mediante el amparo de los mismos, minimizando los riesgos que tiene una población que se encuentra en medio de un conflicto armado.

3.4. En consecuencia, esta Sala encuentra apropiado confirmar la protección constitucional concedida en el fallo primera instancia de 30 de abril de 2015, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, a los derechos fundamentales reclamados por E.M.A., E.O.Q., J.D.C.Q., P.J.C.C., N.C. y J.T.C.C., M.E.C.C., A.M.M. y V.R.V.D.I.

Igualmente, se aclarará la orden contenida en el numeral “Segundo” de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido que el “(...) inicio a las gestiones tendientes a trasladar o reubicar la Estación de Policía del ‘Barrio XXX’ (sic) a un lugar dentro del casco urbano donde no constituya peligro para la vida y la seguridad de la población en general (...)”, se refiere al barrio “XXX” del municipio de XXX (Cauca), donde actualmente residen los accionantes. Así mismo, que las gestiones allí dispuestas comprenden al Ejército Nacional.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión en Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo impugnado de conformidad con lo expuesto.

2. ACLARAR el numeral “Segundo” de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de indicar que se refiere al barrio “XXX” del municipio de XXX (Cauca), donde actualmente residen los accionantes. Así mismo, que las gestiones allí dispuestas comprenden al Ejército Nacional.

3. NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cúmplase».

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto que profeso por las opiniones y el criterio de la mayoría, procedo a consignar las razones que me llevaron a salvar mi voto en el fallo proferido el 8 de julio de 2015 por la Sala de Tutelas 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual confirmó la sentencia emitida el 30 de abril del mismo año por el Tribunal Superior de Popayán por cuyo medio, a su vez, ordenó “al Alcalde del Municipio de XXX, a la Policía Nacional, en colaboración y coordinación con la Gobernación del Cauca y el Ministerio de Defensa Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, den inicio a las gestiones tendientes a trasladar o reubicar la Estación de Policía del sector del Barrio —XXX—, a un lugar dentro del casco urbano donde no constituya peligro para la vida y seguridad de la población en general, especialmente la infantil, adultos mayores y personas en condición de discapacidad”, en protección de los derechos “a la vida, integridad personal y seguridad de los señores E.M.A., E.O.Q., J.D.C.Q., P.J.C.C., N.C. y J.T.C.C., M.E.C.C., A.M.M. y V.R.V.D.I.”.

1. La convivencia en sociedad impone a los individuos el deber de cumplir con algunas obligaciones, así en virtud del deber de solidaridad, señalado en el numeral 3º del artículo 95 de la Constitución Política, a las personas les corresponde asumir cargas inherentes a la prestación del servicio público encomendado a la Fuerza Pública, particularmente a la Policía Nacional “en la medida en que la ubicación de las estaciones obedece a un esquema estratégico de planeación que les permite a las autoridades maximizar los recursos disponibles y brindar un servicio eficaz a todas las personas’’ (CC T-1206 de 2001).

Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia citada precisó:

El deber de solidaridad no comporta la obligación de los particulares de asumir indiscriminadamente cualquier tipo de riesgo que comporte una amenaza para sus derechos, pues ello significaría que el Estado está abdicando de su función de garantizar la eficacia de tales derechos y equivaldría a afirmar que es imposible controlar las medidas administrativas por la sola legitimidad de las finalidades que persiguen. Por el contrario, el sometimiento del Estado al ordenamiento jurídico supone también un control sobre los mecanismos por medio de los cuales este desarrolla los objetivos constitucionales. El problema no consiste en determinar cuándo tiene cabida el principio de prevalencia del interés general para descartar cualquier consideración hacia los derechos subjetivos. Al contrario, se trata de determinar los alcances del deber de solidaridad y de tal modo establecer qué carga es razonable que el Estado imponga a los particulares, en aquellos casos en que el servicio que presta la policía configura un riesgo para la población. La prevalencia del interés general no es una regla constitucional de la cual se derive una consecuencia jurídica única, sino un principio que, como tal, es susceptible de ponderación.

(...) En circunstancias de relativa tranquilidad, la cercanía a una estación de policía representa una garantía adicional para los administrados en las condiciones de prestación del servicio, aunque, de todos modos, los vecinos a las estaciones están expuestos a algunos riesgos. Sin embargo, en circunstancias de violencia sistemática, dirigida —entre otras— contra la policía, esta misma cercanía se traduce en un aumento ostensible del riesgo al que está expuesta la población civil. Es necesario entonces, que la planeación y la administración del servicio de policía consideren también el aumento del riesgo que supone esta situación de violencia sobreviniente para los vecinos de las estaciones, cumpliendo de ese modo con el deber general de protección de la población civil y de las personas civiles, que establece el primer inciso del artículo 3º Común a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949.

En síntesis, los particulares están en la obligación de asumir los riesgos que comporta la prestación de los servicios públicos, y al Estado le corresponde minimizarlos de tal modo que aquellos no se sometan a cargas innecesarias (T-1206 de 2001, T-1132 de 2004 y T-550 de 2013).

En este sentido, no se puede desconocer que resulta desproporcionado, por ejemplo, someter a conglomerados de niños, personas con discapacidad, o en situación de vulnerabilidad (jardines infantiles, colegios, ancianatos etc.) a soportar el riesgo que apareja la instalación de las Estaciones de Policía sin algún perímetro mínimo de seguridad; así como tampoco se observa razonable que la estación sea ubicada en la misma edificación donde habitan familias o personas civiles; pues es evidente que en todos estos casos se eleva innecesariamente el riesgo para la vida e integridad de las personas, lo cual se observa con mayor claridad cuando estas gozan de especial protección del Estado o por sus condiciones se imposibilita o dificulta una eventual evacuación de emergencia.

Ciertamente frente a eventualidades como las enunciadas la Corte Suprema de Justicia ha ordenado a la Policía Nacional adelantar las gestiones tendientes a lograr su reubicación (Al respecto se pueden ver CSJ STL 2093-2013, STL 8415-2014).

2. Ahora bien, el presente caso es diferente a las hipótesis precitadas y, sin embargo, la Sala optó por darle igual tratamiento, por lo cual me aparto de la decisión, veamos:

2.1. La determinación de la cual disiento parte de tres presupuestos fácticos: (i) que la Policía Nacional no ha dado “inicio a las gestiones tendientes a trasladar o reubicar la Estación de Policía del sector del Barrio —XXX—” en XXX, Cauca, (pues el Tribunal ordenó adelantar tales diligencias y así fue ratificado por esta Corte); (ii) en el mismo municipio hay “un lugar dentro del casco urbano” donde puede instalarse la estación temporalmente sin que genere, por motivo de su ubicación, riesgo para la población aledaña (al punto que las gestiones que dispuso el fallo, están orientadas a que el traslado se lleve a cabo a un lugar dentro del casco urbano donde no constituya peligro alguno para la vida y seguridad de la “población en general”); y (iii) la actual edificación ubicada en el barrio XXX, colinda con unidades de vivienda sin ningún perímetro de seguridad razonable, lo cual amerita la protección de sus derechos fundamentales “a la vida, integridad personal y seguridad (sic)”.

No obstante, los precitados presupuestos, en mi opinión, no tienen correspondencia con la realidad probada en este trámite constitucional, como se pasa a demostrar:

2.1.1. Las autoridades de Policía accionadas ya habían iniciado las gestiones para ubicar la Estación de Policía en el lugar donde se adelanta su construcción definitiva, por tanto no había lugar a emitir semejante orden constitucional.

Obsérvese que en el fallo (fl. 7) fue reseñado el informe rendido por el Jefe de Asuntos Jurídicos del Departamento de Policía del Cauca, quien dio cuenta de que, luego de la decisión de tutela adoptada en trámite anterior cuando la estación se hallaba en el barrio XXX, la cual ordenó “la reubicación de la Estación de Policía (...); esa entidad ha adelantado las actuaciones tendientes a darle cumplimiento, en el sentido de gestionar los recursos financieros y logísticos para la construcción de una sede apropiada para el efecto, para lo cual se asignó el presupuesto de $ 2.982.079.487,44 (...) adelantándose actualmente proceso contractual de construcción e interventoría (...) con un plazo de ejecución de 240 días, a partir de la aprobación de la garantía única, proyectada su culminación para el mes de diciembre de 2015, el cual se encuentra publicado en la página web de contratación pública www.contratos.gov.co.

2.1.2. La actual y transitoria localización de la estación fue producto de previo estudio y valoración, sin que su razonabilidad se hubiese desvirtuado, pues ninguna de las pruebas da cuenta de la existencia en el “casco urbano” de alguna mejor ubicación en orden a eliminar o disminuir el riesgo inherente al hecho de contar con personal de Policía con el fin de lograr “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (artículo 218 de la Constitución Política).

Obsérvese como el representante judicial del municipio de XXX, informó que en acatamiento de anterior fallo constitucional procedió a realizar “todas las gestiones, estudios, solicitudes, valoraciones tendientes a trasladar la Estación de Policía, con el fin de prevenir a la comunidad en especial los niños, de posibles riesgos y peligros contra su vida e integridad personal, logrando el traslado a un predio ubicado en el barrio XXX, a la salida de la cabecera municipal, lugar donde se encuentran reunidas las condiciones para el efecto” (fls. 6 y 7 del fallo).

Igualmente el Jefe de Asuntos Jurídicos del Departamento de Policía del Cauca, en el mismo sentido informó que “el inmueble arrendado en el barrio XXX es de carácter transitorio, siendo el único bien que se encontraba disponible en las circunstancias exigidas por el juez de tutela por lo que el ente territorial dispuso el traslado a ese barrio, mientras se culmina el proceso de construcción de la Estación de Policía definitiva”.

2.1.3. En las fotografías allegadas por los demandantes a la que titularon “sitio donde trasladaron el puesto de Policía municipio de XXX” (fl. 28), no se observan viviendas aledañas a la edificación tomada en arriendo por la Policía Nacional; por tanto hay un perímetro mínimo razonable con las casas de los pobladores del sector.

Realmente la construcción se advierte aislada, al punto que si bien se halla dentro del perímetro urbanizable, en su alrededor solo se ve vegetación como cuando se contempla una obra civil en zona rural.

Adicionalmente, el número de uniformados de la Policía Nacional fue incrementado en una cuarta parte (fl. 358); actualmente cuentan con la presencia del Ejército Nacional y en lo corrido del año 2015 no se reporta ninguna queja en relación con posibles alteraciones del orden público, es decir “la convivencia y seguridad ciudadana se encuentra en completa normalidad” (fl. 354).

Por los motivos expuestos considero debió revocarse el fallo impugnado y en su lugar denegarse las pretensiones de la demanda.

Con toda atención,

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ.