Sentencia STP9031-2016/86357 de octubre 14 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3

Demandante: Héctor Gabriel Rodríguez Novoa

Demandado: Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Laboral.

Magistrado Ponente

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

STP9031-2016

Rad.: No 86357

(Aprobado Acta No.193)

Bogotá. D.C., veintiocho de junio de dos mil dieciséis.

Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por Héctor Gabriel Rodríguez Novoa, en contra de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Laboral. Trámite procesal al cual se vinculó a las Direcciones de Sanidad Nacional y Seccional Huila de la Policía Nacional. Por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

La acción de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional(1).

Tan exigente es, que la acción de amparo contra providencias judiciales, requiere:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del accionante.

e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.”(2)

f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida “… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta”.—C-590 de 2005—.

En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional, ha avalado la procedencia excepcional del amparo constitucional contra decisiones que ponen fin a un desacato, “la acción de tutela es procedente de manera excepcional frente a las decisiones proferidas en el trámite del incidente de desacato, siempre que se cumpla con los siguientes presupuestos: se demuestre la existencia de una de las causales de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales y que el trámite del incidente haya finalizado con decisión debidamente ejecutoriada. A su vez, esta Corporación ha señalado que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, exige que esté plenamente probado dentro del proceso, la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, las cuales han sido identificadas como posibles vicios o defectos que al estar presentes en la decisión judicial, permiten que el juez constitucional revise el fallo cuestionado.”(3)

Para la Sala, no está por demás indicar que cuando la acción de tutela se dirige contra providencias judiciales, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales de procedibilidad que esta Corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional, así

“La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar” —Negrillas fuera del original— Sentencia T-780 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

Baste entonces con que se incumpla uno de los requisitos de expuestos en esta providencia, para relevar al juez de tutela del estudio de fondo del asunto puesto a su conocimiento.

Análisis del caso concreto

1. Plantea el demandante que en el trámite de desacato para lograr el cumplimiento a la orden de amparo expedida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral de 15 de abril de 2015 (STL 4554-2015, radicado 58275), se incurrió en violación al debido proceso, por cuanto se dio por acatada la sentencia cuando en realidad no lo fue, ya que la entidad demandada acudió a maniobras fraudulentas para hacer creer que había obedecido el mandato heterónomo judicial.

Con el fin de abordar la problemática planteada, la Sala estructurará metodológicamente la solución al problema jurídico sub-lite desde los siguientes aspectos:

ì) El principio de subsidiariedad en relación con la presente acción de tutela, desde la óptica que existe un pronunciamiento en grado jurisdiccional de consulta, sobre el trámite incidental en análisis, una vez dilucidado lo anterior, y en caso de ser procedente un estudio de fondo, ii) es necesario realizar un recuento procesal con el fin de tener claridad sobre los aspectos procedimentales realizados durante el decurso de la verificación al cumplimento de la providencia, sobre este último aspecto esta Colegiatura recordará, iii) la importancia que tiene para la convivencia pacífica y un orden justo de la sociedad política, la observancia a los fallos judiciales, acatamiento que debe ser entendido bajo el principio de la lealtad procesal y la buena fe , por cuanto el “fraus omnia corrumpit, todo lo anterior permitirá, finalmente, iv) la resolución jurídica al caso concreto. Así:

i) Del principio de subsidiariedad en relación con la presente acción de tutela.

La Sala no puede desconocer que estamos frente a un trámite incidental de desacato, que fue objeto de consulta por esta Corporación, y que podría objetarse que ha hecho tránsito a cosa juzgada de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, según la cual:

“La decisión de imponer la sanción por desacato no es susceptible de apelación, ya que el mecanismo contemplado para que el tema suba al conocimiento del superior jerárquico es la consulta, cuyos alcances son diferentes. Si tramitada la consulta no hay objeción del superior, la sanción queda en firme y contra las correspondientes providencias no procede recurso alguno. (…)"(4)

Así las cosas podría argüirse, que mal hizo el Tribunal Superior de Cartagena al emitir el auto de 30 de marzo de 2016 cuando existía un pronunciamiento en grado jurisdiccional de consulta, con el cual debía finalizar supuestamente el incidente previsto en los artículos 27 y 52 del decreto con fuerza material de ley 2591 de 1991, tal hipótesis es incorrecta por dos razones, veamos:

1) Detállese que al resolver la consulta la Sala de Casación Laboral, decidió revocar la sanción impuesta, pero no porque se hubiese cumplido la orden de tutela, sino porque para ese momento procesal todavía estaba en trámite la actuación administrativa efectuada por el demandado destinado a determinar jurídicamente la procedencia o no de la pensión de invalidez solicitada por el libelista, al respecto, señala la providencia:

“…es de destacarse que tal como se narró en líneas precedentes el Área de Sanidad Bolívar de la Policía Nacional, ha realizado todas las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la orden de tutela dada por esta Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues de ello da cuenta que si bien la sentencia del 15 de abril del presente año ordenó «a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Huila, que en el término de 48 horas proceda a estudiar la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez con base en el dictamen médico aportado sin perjuicio de que realice una nueva Junta Médico Laboral y reexamine el estado incapacitante, de conformidad con lo explicado», lo cierto es que el Ente incidentado optó por realizar la Junta Médico Laboral a fin de reexaminar el estado del accionante, lo cual conlleva claramente a que se interrumpa el término antes referido, sin que pueda desconocerse todas las labores realizadas como la citación al señor Rodríguez Novoa con oficio No. S-2015-0189/ASJUR ARSAN29.27, del 5 de junio del presente año para presentarse el 6 de junio de 2015 a las 9:30, en el Área de Medicina Laboral Seccional Cartagena y la realización de la Junta Médica Laboral realizada por parte de la Dirección de Sanidad – Área de Medicina Laboral el 10 de junio de 2015 con consecutivo R0035 JML No. 5021 y contra la cual procede la convocatoria ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, trámite que una vez agotado permitirá a la incidentada finalizar el cumplimiento del fallo de tutela en tanto que con ello la Dirección podrá estudiar la solicitud de reconocimiento de la pensión.

Aunado a lo anterior, se tiene que la acción de tutela incoada por el actor sobre la cual se contrae esta providencia no fue seleccionada por la Corte Constitucional(5) y contra el auto que resuelve declarando cumplida la orden de amparo del 31 de marzo de 2016 no es dable recurso alguno(6), siendo entonces procedente para controvertir dicho proveído, el mecanismo dispuesto por el constituyente en el artículo 86 superior, así lo ha determinado la jurisprudencia cuando al respecto señala:

“En el caso de las providencias judiciales, la acción de tutela procederá de manera excepcional cuando esta se promueva en contra de la actuación judicial que resuelva un incidente de desacato, siempre y cuando en el trámite de éste último se advierta y demuestre que tal decisión judicial se constituye en una causal de procedibilidad de la acción de tutela, en tanto afecta derechos constitucionalmente protegidos.”

En consecuencia, bien podía el juez de primera instancia conservar la competencia para seguir verificando el cumplimiento como efectivamente se realizó.

2) Pero si se optase por el sentido literal o exegético de la jurisprudencia constitucional, que contra la decisión de consulta una vez resuelta esta no procede recurso alguno, tal hermenéutica no es de recibo en este caso, si se tiene en cuenta que surgió un hecho nuevo que podría ser hipotéticamente indicativo de la existencia de un accionar fraudulento por parte de la demandada, como lo planteó el incidentante en su memorial, ante esa circunstancia la cosa juzgada debía ceder, ya que tal instituto, “no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el valor de justicia. Por tanto, no es un principio absoluto del derecho, sino un elemento que integra la pretensión de corrección del mismo. En consecuencia ¿A partir de qué principio del derecho en general o, constitucional si se quiere, se puede avalar una situación fraudulenta, desconocedora del derecho y en contravía de principios mayores como la vigencia de un orden justo?

La Sala observa que a partir de ninguno, pues el principio fraus omnia corrumpit(7), no es un término retórico sino una certeza sobre las consecuencias que acarrea validar una situación injusta. El fraude lo corrompe todo y atenta contra la recta impartición de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad, entre otros principios.

En este sentido, la Sala sigue a Véscovi quien expone que el fin del fraude es precisamente la cosa juzgada, que al darle seguridad y certeza a la consecuencia jurídica buscada, la hace difícil de combatir, permitiendo incluso que sea exigible de manera coactiva(8). De otra parte, Couture expone que ante tal situación de fraude “el dolo se sirve de la justicia para alcanzar sus fines”.(9) Por ello, sancionar y desvirtuar la cosa juzgada fraudulenta supone reparar a la sociedad en su conjunto, pues el dolo atenta contra el bien social de la administración de justicia.(10)

En este orden de ideas, la finalidad de la cosa juzgada, que en todo caso está sometida a la Constitución, no puede consolidar una situación injusta contraria al derecho. Esto debido a que a la figura de la cosa juzgada subyace un concepto ético de validez. Siguiendo a Alexy, la validez de una norma del derecho natural o del derecho racional, y téngase en cuenta que la sentencia se convierte en una norma particular para las partes, “no se basa ni en su eficacia social ni en su legalidad conforme al ordenamiento. Sino exclusivamente en su corrección, que ha de ser demostrada a través de una justificación moral”(11). (Sent. T-951/13).

Por consiguiente, la actuación del Tribunal Superior de Cartagena, al verificar la solicitud de cumplimiento incoada por el accionante resulta acorde a derecho, y la acción de tutela es un medio pertinente para su contrastación por vía excepcional, con fundamento en las manifestaciones jurídicas realizadas en los acápites previos.

ii) Recuento procesal del trámite incidental de desacato

Los hechos principales del incidente de desacato que son sometidos a escrutinio en sede de control concreto constitucional pueden resumirse de la siguiente forma:

— Ante el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Laboral, interpuso acción de tutela el señor Héctor Gabriel Rodríguez Novoa, contra la Policía Nacional, con el fin de que esta entidad le reconociese la pensión de invalidez, de acuerdo a la prueba documental anexada, que acreditaba según el libelista el derecho a gozar de dicha prestación.

— La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal

Superior de Cartagena, mediante sentencia de 25 de julio de 2014, decidió negar la protección constitucional invocada.

— Impugnada la anterior decisión, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral a través de proveído de 15 de abril de 2015, revocó el fallo de primer grado, y en su lugar ordenó:

TUTELAR, el derecho fundamental a la seguridad social de Héctor Gabriel Rodríguez Novoa, en consecuencia ordenar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Huila, que en el término de 48 horas, proceda a estudiar la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez con base en el dictamen médico aportado sin perjuicio de que realice una nueva Junta Médico Laboral y reexamine el estado incapacitante, de conformidad con lo explicado.”

La anterior providencia fue objeto de aclaración, mediante auto de mayo 20 de 2015, en el sentido que la orden de amparo debía entenderse dirigida a la Seccional Bolívar y no del Huila de la Dirección de Sanidad de la Policía.

— Al considerar que la entidad accionada incumplió la sentencia de amparo, el señor Rodríguez Novoa interpuso incidente de desacato, el cual fue fallado favorablemente el 30 de junio de 2015, por estimar el Tribunal Superior de Cartagena que la orden de tutela no había sido acatada en su integridad.

— La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación

Laboral, al desatar la consulta a fecha 15 de julio de 2015 contra la sanción por desacato, revocó la sanción impuesta, ya que en su criterio la entidad accionada no había desconocido el fallo de amparo, si se tiene en cuenta que la misma realizó la valoración médica prevista en el decisum, trámite que una vez agotado permitiría a la incidentada finalizar el cumplimiento a la sentencia de tutela.

— El 21 de julio de 2015, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional informa a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el cumplimiento integral a la orden de amparo, pues mediante Resolución 00995 del 16 del mismo mes y año se niega la pensión de invalidez al señor Héctor Gabriel Rodríguez Novoa.

— En escrito calendado a 7 de marzo de 2016, el demandante acude ante el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Laboral, para que se haga cumplir en forma diáfana la providencia de tutela, ya que la entidad demandada en forma fraudulenta concertó internamente para que la calificación del porcentaje de perdida de la capacidad laboral se estipulara en un porcentaje menor al 50%, con el fin de evitar futuras demandas a la institución, para corroborar su dicho anexa prueba documental.

Dichos elementos probatorios serán objeto de análisis en un acápite especial de esta sentencia.

— El 31 de Marzo de 2016, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, declaró improcedente el trámite de incidente interpuesto, al estimar que con la Resolución 00995 del 16 de julio de 2015 se había cumplido la sentencia de tutela, y las pruebas sobrevinientes no tenían la entidad jurídica de cambiar las órdenes de amparo, a pesar de ello consideró que las mismas debían ser puestas en conocimiento de las autoridades penales y disciplinarias para que se determine la legalidad de la actuación plasmada en los documentos respectivos.

— Ante la anterior determinación judicial, el demandante decide incoar acción de tutela, pues considera que la actuación de las entidades accionadas desconocen sus derechos fundamentales.

Una vez realizado la sinopsis procesal del devenir sobre el trámite incidental objeto de esta acción, la Sala estima oportuno recordar principios y valores axiales al Estado Social de Derecho relacionados con la problemática jurídica que se aborda, como son el cumplimento a las providencias judiciales enmarcado dentro del derecho al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, el cual debe realizarse con buena fe y lealtad procesal, por cuanto, el fraus omnia corrumpit.

iii) Del derecho al acceso a la administración de justicia – cumplimiento a las providencias judiciales-.

Uno de las obligaciones principales de todo Estado moderno en relación con sus ciudadanos, es garantizarle una solución pacifica a sus controversias judiciales, a través del acceso a la administración de justicia, para que sea un tercero quien imparta el Derecho, respetando el derecho a la defensa y a la contradicción, frente a unas pretensiones que se le solicitan, con el compromiso implícito e explicito que las determinaciones jurisdiccionales del fallador deben ser acatadas so pena de activar los mecanismos coercitivos respectivos.

Dicho mandato emana ya sea de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, como son por ejemplo los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y al interior de nuestra normatividad de la disposición 229 constitucional, cuya esencia persigue la convivencia pacífica y un orden justo dentro de la comunidad política.

Frente al derecho de acceso a la administración de justicia y una de las correlativas implicaciones que el mismo comprende, como es el cumplimento de las providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional ha reseñado lo siguiente:

Debe iniciarse por precisar que el artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, “el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.”(12)

Vale destacar que la jurisprudencia constitucional se ha consolidado toda ella, al unísono, en torno a la importancia capital que comporta la efectiva vigencia del derecho de acceso a la administración de justicia(13), en la medida en que constituye un pilar fundamental de la estructura de nuestro actual ordenamiento jurídico, en cuanto contribuye decididamente a la realización material de las dimensiones más importantes del Estado: sus perfiles como Estado de derecho y Estado democrático.

Desde una perspectiva holística, el derecho de acceso a la administración de justicia le impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garante de todos los derechos ciudadanos, la obligación correlativa de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo.

En ese sentido, no cabe duda de que el derecho que tiene toda persona para acceder a la administración de justicia adopta, a la manera de imperativo constitucional, el criterio de efectividad que, de suyo, comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.

En relación con esto último, es de observarse que el derecho fundamental de acceso a la justicia no cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y procedimientos, esto es, que se entienda agotado, verbigracia, con el simple acceso a la jurisdicción, pues, en consonancia con el principio de efectividad que lo identifica, su ámbito de protección constitucional obliga igualmente a que, además de que se resuelva definitivamente la controversia de que se trate, dentro de un plazo razonable y con respeto por el debido proceso, se ejecuten efectivamente las órdenes que dicte el juez correspondiente.(14)

(…)

En los referidos términos, cuando se incumple una decisión judicial ejecutoriada, por ejemplo, se limita claramente el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia en las dimensiones señaladas previamente y, con ello, el debido proceso, la buena fe(15), la seguridad jurídica y las demás prerrogativas insertas en el correspondiente fallo...”(16)

En el caso específico de las ordenes de tutelas el legislador extraordinario prevé medidas coercitivas para hacer cumplir lo dispuesto en el fallo de amparo e imponer las sanciones disciplinantes, ante la comprobación injustificada (responsabilidad subjetiva) del no acatamiento (arts. 27 y 52 del Decreto Ley 2591 de 1991).

El incidente de desacato de acuerdo con su formulación jurídica, es un procedimiento que se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio, y como tal debe propender por las garantías tanto del incidentante como del incidentado.

El propósito que tiene el incidente de desacato no es buscar o perseguir la sanción por si misma sino constreñir a que se haga efectiva la orden de amparo(17), realización que en criterio de la Sala debe estar investida de una justicia material ajena a meras formalidades en su comprobación, puesto que el “orden jurídico que institucionaliza la Constitución sólo es posible en la medida en que los jueces en forma autónoma, independiente, diligente y oportuna, y haciendo prevaler el derecho sustancial sobre el procesal resuelven los conflictos jurídicos que se presentan en el medio social y cuando sus providencias se materializan a través de su efectivo cumplimiento”(18).

Y es que, “ el ideal de justicia material consustancial al Estado Social de Derecho que emerge de los principios, valores y derechos constitucionales, requiere una concreción no sólo con el pronunciamiento judicial que declara o constituye el derecho o impone la condena, sino mediante su efectivización o realización material, que se logra mediante el cumplimiento de la sentencia”.(19)

Bajo estos postulados constitucionales la Corte abordará el tema del cumplimiento a la orden de tutela reseñada en el acápite de la sinopsis procesal y que concita la atención de la Sala.

iv) Del cumplimiento al fallo de Tutela aducido por el Tribunal Superior de Cartagena, el principio de derecho "faus omnia corrumpit" y la resolución jurídica al caso concreto.

Para el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Laboral, con la expedición de la Resolución 00995 del 16 de julio de 2015, la entidad accionada cumplió a cabalidad con la orden de amparo de la Sala de Casación laboral de esta Corporación Judicial, ya que con dicho acto administrativo se satisfizo la pretensión nuclear de la acción de tutela, al emitir un pronunciamiento sobre la pensión de invalidez requerida por el actor.

Para estos efectos de verificación, la Sala estima oportuno rememorar que la parte resolutiva del fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral del 15 de abril de 2105, preceptuaba:

“Tutelar, el derecho fundamental a la seguridad social de Héctor Gabriel Rodríguez Novoa, en consecuencia ordenar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Huila, que en el término de 48 horas, proceda a estudiar la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez con base en el dictamen médico aportado sin perjuicio de que realice una nueva Junta Médico Laboral y reexamine el estado incapacitante, de conformidad con lo explicado.”(20)

Del decisum anterior, se desprende que la accionada tenía dos posibilidades jurídicas, frente al reconocimiento de la prestación social requerida por el actor, como era i) estudiar la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez con base en el dictamen médico aportado, ii) o que la entidad demandada realice una nueva Junta Médico Laboral y reexamine el estado incapacitante, destinado al mismo fin.

La Policía Nacional, optó la segunda alternativa de cumplimiento del fallo, y sometió al accionante a una Junta Médica Laboral para determinar su porcentaje de incapacidad, la cual se realizó en la ciudad de Barranquilla, el 10 de junio de 2015, dictamen que el accionante objeta en sede de tutela, al considerarlo espurio e ilegal, ya que se tenían directrices del nivel central de la Dirección Nacional de Sanidad, tanto de evaluarlo con un nivel por debajo al 50%, con el fin de evitar demandas administrativas a la institución, así como debía prohibirse el ingreso de su abogado para evitar la defensa respectiva, manifestaciones que el libelista soporta en sendos documentos, los cuales la Sala estima oportuno trascribir, así:

No. S-2015____________ DISAN – ASJUR Bogotá D.C. 05 JUN 2015

Señor:

Subteniente Jamme Issac Tamara Alvarez

Jefe de área medicina laboral

Seccional Atlantico

Av Circunvalar No 45-124

Soledad Atlantico

Telefono: 3809300 Ext: 8122

Asunto: Realizar

J.N.L. del AG

Héctor Gabriel Rodríguez Novos

Se le ordena que la Junta Medica Laboral evalúe al señor Héctor Gabriel Rodríguez Novos identificado con la Cédula No. 72.131.134 de Barranquilla.

El agente que padece de trastorno por estrés postraumático crónico y por orden de fallo de tutela No. 13001-22-05-000-2014-0002200 por fallo de segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia 15 de Abril de 2015.

El agente fue retirado por la dirección general policía nacional según resolución 15823 de 1995 con el grado de agente, no fue notificado ni por edicto ni por escrito.

Estando incapacitado y hospitalizado, por tratamiento psiquiátrico en el hospital san juan de Dios, remitido por el Hospital Central Departamento Psiquiátrico, Psiquiatra Dr. Augusto Reyes.

En estos momentos tenemos inconvenientes judiciales, en la que insta proferir en el término de la distancia, la resolución de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con su respectiva retroactividad, Con su valor indexados, más el pago de los intereses moratorios legales a nombre del señor agente, a partir del 25 de julio de 1997, tal como lo acreditan los documentos presentados como medio de prueba que aportó su apoderado.

De manera atenta y respetuosa me permito manifestar lo siguiente, por orden de la Dirección de Sanidad, Departamento jurídico, lo siguiente, debe evaluar la Junta Medica Laboral al Agente mencionado menos del 50% para que la institución quede exonerada de demanda administrativa y de indemnizaciones y de toda responsabilidad.

No debe dejar ingresar a la Junta Medica Laboral al Señor Abogado Alirio Serrato Reyes, para que no ejerza la defensa del

Agente

La institución necesita de su colaboración, lealtad, discreción por la imagen de la institución y la Dirección de Sanidad.

Atentamente

Carmen Lilia Puig Garcia

Jefe Asuntos Jurídicos Dirección De Sanidad

No. 224 S-2015/SECSA-ARMEL – Soledad 11 de junio de 2015

Señora

Carmen Lilia Puig Garcia

Jefe Asunto Jurídico DISAN

Calle 44 No. 50-51 Piso 5

Tel: 2207418-2207419 Disan.asjur-tutelas@policia.gov.co Bogotá D.C.

Asunto: Valoración de Junta Medica Laboral

Agente Héctor Gabriel Rodríguez Novoa

Se valora al señor Agente Héctor Gabriel Rodríguez Novoa con Cédula No 72.131.134 de Barranquilla. Por la Junta Medica

Laboral ordenado por la Dirección de Sanidad, por fallo de tutela No. 13001-22-05-000-2014-00022-00 por fallo de segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia 15 de abril de 2015.

Remitido y evaluado por Sanidad Bolívar, Psiquiatra Amauri Rafael García Blanco, RM3840 C.C. 73.132.279, con antecedentes por estrés postraumático crónico y debe estar medicado con Alprozalam 3 dosis de 2.25.

Historia laboral: Agente 8 días de combate con la guerrilla en Ungula – Chocó, Zona de orden público campo abierto.

Antecedentes clínicos: remitido al San Juan de Dios por el Psiquiatra Augusto Reyes, Hospital Central, para tratamiento psiquiátrico y hospitalario.

Estado de paciente: agresivo y debe estar medicado.

Fue retirado por la dirección general el 22 de octubre de 1995, estando hospitalizado, incapacitado y no aparece notificado de retiro.

Quedo por sanidad JML el 25 de julio de 1997 por el Psiquiatra Augusto Reyes, dictaminó trastorno por Estrés Postraumático el 100%.

Se evalúa el agente con el 46%, presenta una disminución de la capacidad laboral y actual, como fue ordenado menos del 50 % por la dirección de sanidad.

De imputabilidad del servicio de acuerdo al art. 24 de decreto 2796 de 2000 le corresponde el historial: no figura informe administrativo. Se trata de enfermedad común.

E, fijación de los correspondientes índices de acuerdo al art. 71 del decreto 094/2939 modificado, y adicionado por el decreto ley 1796 del 2000, le corresponde los siguientes índices.

A1. Memorial 3-040 literal B-14 enfermedad común, para que nuestra institución sea exonerada de toda indemnización y demanda administrativa.

No se le permitió el ingreso a la Junta Medica Laboral al señor abogado Alirio Serrato Reyes, identificado con la C.C. No. 58.81430 de Chaparral – Tolima, para que no ejerciera, la defensa como fue ordenado por la dirección de sanidad, se hizo saber del derecho que tiene para reclamar por escrito ante la Secretaria General del Ministerio de Defensa Nacional.

Elevando una solicitud de convocatoria al tribunal médico laboral de revisión militar y de policía con un plazo de 4 meses a partir de la fecha, de la presente notificación de acuerdo con el decreto 24 de 1989 y de 1796 del 2000. Donde lo estaremos recomendando.

Lo anterior para dar respuesta por la orden impartida por la Dirección de Sanidad que se cumplió la orden a cabalidad de este servidor.

SM214 Enivaldo Rodriguez Ojeda

Medico JML/RM447-95 C.C. 863217

Los anteriores documentos aportados por el demandante son rechazados por la entidad accionada, por cuanto “NO existe, ni mucho menos jamás la Jefe de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Sanidad ha suscrito un documento de tales características – constituyéndose el que haya aportado el accionante, como falso documento privado y por consiguiente habiendo incurrido en fraude procesal. “

Con independencia de quien tenga la razón entre los sujetos procesales sobre la veracidad de dicho medio probatorio —lo cual no puede ser objeto de decisión en tutela— la Sala, estima oportuno recordarle a las partes que las actuaciones ante la justicia deben ser acometidas con probidad y lealtad, acorde a la buena fe, de aceptarse lo contrario se rompería la búsqueda de la corrección de los sistemas jurídicos.

Y es que el fraude lo corrompe todo, —fraus omnia corrumpit—, “pues el derecho no puede avalar situaciones que atenten contra la recta impartición de justicia y la finalidad de un orden social y democrático justo.”(21)

Es por ello, que el principio fraus omnia corrumpit, desde pretéritas épocas es utilizada para remediar situaciones fraudulentas, en ese sentido, “Couture señala que el derecho romano adoptó una serie de mecanismos para resolver situaciones fraudulentas, como la exceptio doli(22), la actio doli(23), la replicatio doli, la restitutio in integrum(24), y la acción pauliana(25), hecho que demuestra que tal pretensión ha estado presente desde los orígenes mismos de los sistemas jurídicos.”

Partiendo de las anteriores premisas, la Sala estima que frente al caso en concreto, la solución al problema jurídico consistirá en negar la protección constitucional invocada, por cuanto, discernir sobre la autenticidad y veracidad de los documentos con los cuales se centra el cumplimiento al fallo de tutela dentro del radicado STL4554-2015, es un asunto que escapa a la órbita del juez de tutela, al requerir un amplio debate probatorio que contradice las características residuales del mecanismo de amparo.

En este orden de ideas, bien puede el demandante acudir a la justicia penal para que sea dicha jurisdicción a través de un estudio pormenorizado, detallado y amplio determine o no si se presentó una actuación fraudulenta en los mecanismos de convicción en referencia, que fundamentaron la negativa del otorgamiento a la pensión de invalidez requerida por el señor Rodríguez Novoa, lo cual, también se puede alcanzar mediante los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011.

Pero si en gracia de discusión, se pensase que por justicia material, esto bien puede ser dilucidado por el juez constitucional, a través de pruebas de oficio, dicha posibilidad jurídica deviene inane, si se tiene en cuenta que la manera de establecer si los documentos fueron suscritos por la Jefe Asuntos Jurídicos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional y por el médico de la Junta Médica Laboral, es a través de un dictamen grafológico, prueba que en este caso concreto se torne inconducente, por cuanto los legajos sobre los cuales deben hacerse los cotejos respectivos de las grafías son fotocopias, tornando así la imposibilidad de dar unas conclusiones llenas de certeza en el estudio científico, sobre este aspecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español considera:

“…la prueba pericial caligráfica ha sido admitida sin reticencias en los procedimientos judiciales, siempre que su práctica se ajuste a las reglas de la técnica grafológica que parte del análisis comparativo entre dos cuerpos de escritura considerando sus trazos, direcciones de los rasgos, inclinaciones de las letras y sobre todo la intensidad de la presión del objeto utilizado para imprimir las letras sobre el papel en el que se escribe. Esta especial consideración de la intensidad de los trazos en las diversas zonas de su recurrido, no se puede realizar en las fotocopias por no reflejar este aspecto tan importante para la precisión de la pericia”.(26)

En igual sentido se tiene:

“Las fotocopias no son soporte apto para la realización de la prueba pericial caligráfica pretendida”(27)

Finalmente, como la Policía Nacional, Dirección de Sanidad en su escrito de oposición, expresa que los documentos expuestos por el accionante son inexistentes o espurios, la Sala considera pertinente remitir copia de lo actuado en esta instancia constitucional, para que obre dentro de la investigación criminal iniciada por la compulsa de copias realizada por el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Laboral y reseñada en la parte motiva de este proveído.

Con fundamentos en las anteriores disquisiciones, la Sala niega la acción de tutela interpuesta por Héctor Gabriel

Rodríguez Novoa

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – En Sala de Decisión de Acciones de Tutela, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Negar la protección constitucional deprecada.

Compulsar copia de lo actuado en esta instancia constitucional, para que obre dentro de la investigación criminal iniciada por la compulsa de copias realizada por el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Laboral y reseñada en la parte motiva de este proveído.

Notificar esta sentencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión de no ser impugnada —artículo 31 del Decreto 2591 de 1991—

Notifíquese y cúmplase»

1. Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006.

2. Ibídem.

3. T-652/10 M.P Jorge Iván Palacio Palacio.

4. T-280A/12, subrayas no son originales.

5. De conformidad con la información que reposa en la página www.corteconstitucional.gov.co, que informa que la tutela T-5068010 no fue seleccionada para revisión por auto del 13 de agosto de 2015.

6. En ese sentido es enfático en señalar la sentencia de control abstracto C -243/96, que “el auto que decide el incidente de desacato sin imponer sanción, no es forzosamente apelable o consultable, por expresa autorización constitucional.”

7. Alocución en latín que significa: “El fraude lo corrompe todo”.

8. Véscovi, Teoría General del Proceso, 2006: Pág. 86 y ss. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 9Couture. E, “Revocación de los Actos Procesales Fraudulentos”, en: Segundo Machado, CH, (Comp.). Pág. 38.

9. Couture. E, “Revocación de los Actos Procesales Fraudulentos”, en: Segundo Machado, CH, (Comp.). Pág. 38.

10. Sentencia T-218 de 2012.

11. Ibíd. Pág. 88.

10. Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

11. Consultar, entre otras, las Sentencias C-416 de 1994, C-037 de 1996 y C-1341 de 2000.

12. Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

13. Consultar, entre otras, las Sentencias T-554 de 1992 y T-438 de 1993.

14. Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

15. Consultar, entre otras, las Sentencias T -554 de 1992 y T-438 de 1993.

16 T-778/10.

17. T -123/10

18. T-537/94

19. Sentencia ibídem

20. Recuérdese que por auto aclaratorio de la Corporación , se estableció que la orden debía entenderse surtida a la Dirección de Sanidad de la Policía, Seccional Bolívar

21. T-951/13

22. Entendida como la excepción de dolo que se concedía al demandado para combatir las acciones derivadas de un acto viciado por dolo, o cuyo ejercicio supone un comportamiento doloso.

23. La cual tenía como objetivo que la víctima de un acto doloso pueda recuperar lo que había dado en virtud de un acto jurídico anulable por dolo. Tal acción estaba dirigida contra el causante del engaño y por tanto no podía utilizarse contra terceros.

24. Era una figura jurídica utilizada por el Pretor en determinadas circunstancias, para anular un acto o negocio jurídico, que si bien perfectamente válido, acarreaba consecuencias inicuas y producía efectos notoriamente injustos y perjudiciales. En definitiva, con tal acto de autoridad, el Pretor no hacía otra cosa que "restablecer" la situación jurídica preexistente, como si el acto o negocio no hubiese tenido lugar.

25. Figura jurídica que permite perseguir a un deudor que se ha insolventado para no pagar, a partir de actos fraudulentos.

26. STS 1105/1998

27. STS 180/2008, en nuestra jurisprudencia se tiene en igual la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, del 14 de octubre de 1963, M.P Humberto Barrera Domínguez, Gaceta Judicial números 2268-2269, págs. 400-402.