Sentencia SU-1061 de agosto 16 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

Sent. SU-1061 ago. 16/2000. Ref.: Expedientes T-311.113 y otros.

M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Acción de tutela de Gloria Esperanza Rincón Rodríguez y otros.

Procedencia: Juzgado 40 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C, y otros.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, ha proferido la siguiente

Sentencia

en el proceso de revisión de los fallos proferidos por distintos despachos judiciales del país dentro de los procesos de tutela instaurados por diferentes empleados y pensionados del sector público, en contra del Presidente de la República; los ministros de Hacienda y Crédito Público; Desarrollo; Educación; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y del Derecho; jefe de Departamento Administrativo de la Función Pública; el director de Planeación Nacional; el Contralor General de República; el director de la Policía Nacional; la Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura y la caja de sueldos y retiro de la Policía Nacional, entre otros.

Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional, por remisión que hicieron las secretarías de los distintos despachos judiciales. La Sala de selección Nº 5 de tutelas de la Corte Constitucional, por auto del once (11) de mayo del año 2000, ordenó la revisión de los casos de la referencia, así como su acumulación, para ser decididos en una sola sentencia, si la Sala de revisión así lo consideraba pertinente.

Correspondiéndole a la Sala Segunda de Revisión adoptar la decisión, se determinó que, al existir identidad en los hechos que motivaron las diversas acciones, era procedente la acumulación decretada por la Sala de Selección, razón por la que se proferiría un solo fallo para decidir los procesos de la referencia.

En sesión del veintiséis (26) de julio del año en curso, la Sala Plena de la Corte Constitucional, ordenó poner a su disposición los expedientes de la referencia para que la decisión se adoptase por el pleno de la corporación, tal como ahora se hace.

I. Antecedentes

Los hechos que dieron origen a las acciones de la referencia, pueden resumirse así:

A. Hechos y pretensiones.

1. Los actores, servidores públicos vinculados a distintas entidades del Estado, y algunos de ellos pensionados de la Policía Nacional, consideran que la decisión del Gobierno Nacional de no reconocer aumento alguno a los salarios de los empleados públicos, y a las pensiones de quienes devengaban para enero de 2000, más de dos (2) salarios mínimos mensuales, es contraria a sus derechos fundamentales, específicamente de los derechos a un salario digno y justo (art. 25); móvil y proporcional (art. 53); así como el reajuste periódico de las pensiones (art. 53). Y, en especial, del derecho a la igualdad (art. 13), por cuanto unos servidores públicos sí obtuvieron un aumento en sus salarios y mesadas pensionales. Así: Los empleados y pensionados cuya asignación a enero de 2000 fue inferior a dos (2) salarios mínimos, recibieron un aumento del nueve por ciento (9%). Por su parte, a los congresistas y a otros funcionarios como magistrados de las altas cortes, el Fiscal General de la Nación; el Procurador General de la Nación; el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, se les reconoció un reajuste del quince punto tres por ciento (15.3%), pese a la política de ajuste fiscal que promovió el gobierno.

2. Entienden los diversos actores que las decisiones económicas del gobierno no pueden desconocer los derechos laborales de quienes prestan o prestaron sus servicios a los distintos entes del Estado, pues las asignaciones que éste está obligado a reconocer como empleador, deben, por lo menos, mantener su valor adquisitivo. Dentro de este contexto, consideran que el gobierno tenía el deber de reconocer a todos y cada uno de los empleados y pensionados estatales, un aumento o reajuste en sus emolumentos, que les permitiese conservar el poder adquisitivo de éste, toda vez que en razón del fenómeno de la inflación, éstos resultan inferiores a los que percibían el año inmediatamente anterior.

3. En este sentido, solicitan, con fundamento en decisiones de esta corporación, específicamente en las sentencias T-102 de 1995 y C-710 de 1999, entre otras, se ordene al Gobierno Nacional aumentar los salarios y pensiones de los actores, en un porcentaje igual o similar al índice de precios al consumidor que certifique el Departamento Administrativo de Estadística, DANE, a efectos de que puedan conservar el valor adquisitivo de los mismos. Orden que debe tener un carácter retroactivo a enero del año en curso.

4. La acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales antes señalados, según se lee en los diversos escritos de tutela, se interpone, en algunos casos, como mecanismo transitorio a efectos de evitar un perjuicio de carácter irremediable y, en otros, como el único mecanismo judicial que existe el ordenamiento jurídico colombiano para lograr el restablecimiento de los derechos que se dicen vulnerados.

B. Las sentencias de instancia.

Después de la intervención de los distintos entes estatales, que, en términos generales, solicitaron negar las acciones de tutela interpuestas en su contra, por considerar que la decisión del Gobierno Nacional de no aumentar los salarios y pensiones de quienes reciben emolumentos en cuantía mayor a dos salarios mínimos, no desconoce derecho fundamental alguno de quienes se deciden lesionados con la medida, los diversos despachos judiciales que conocieron de estas acciones, coincidieron en denegar la protección impetrada.

Los argumentos para arribar a tal decisión, fueron coincidentes y se pueden resumir de la siguiente manera:

1. La decisión del Gobierno Nacional al estar materializada en diversos actos administrativos, puede ser objeto de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, procedimiento éste que hace de la acción de tutela un mecanismo improcedente, por existir vías judiciales diversas a ella, por medio de las cuales se puede obtener la reparación del daño que se afirma, está causando la determinación gubernamental.

2. La decisión del Gobierno Nacional no está causando un daño de carácter irremediable que haga de la acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales que se dicen vulnerados. Requisito éste indispensable para que proceda transitoriamente esta acción, ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.

3. La decisión del Gobierno Nacional es de carácter general e impersonal, hecho que hace improcedente la acción de tutela, en los términos del Decreto 306 de 1992.

4. La decisión del Gobierno Nacional, cuyo fundamento está en las competencias constitucionales y legales a él reconocida, y como parte del plan de ajuste económico de la actual administración, no puede ser discutida ni desconocida por los jueces de la República, menos a través de una acción tan breve y sumaria como lo es la acción de tutela.

Algunos de los fallos fueron impugnados, pero con idénticas consideraciones a las reseñadas anteriormente, fueron confirmadas las decisiones de instancia.

Sobre estas decisiones, la Sala Plena de la Corte entrará a decidir. Para el efecto y con el fin de dar cumplimiento al deber de motivación de las sentencias, a continuación se individualizan los datos fundamentales de las acciones de tutela a las que ha de referirse esta providencia y las consideraciones de la misma.

Expediente T-311.113 y otros

ExpedienteActorEntidad de vinculación Decisión de primera instancia Decisión2. Instancia
T-311.113Gloria Esperanza Rincón R.Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 40 Civil Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-311.150Benjamín Cuero CaicedoMinisterio de Educación. DocenteJuzgado 10 Laboral del Circuito de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-311.151.Miguel Antonio Ávila BemalCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 58 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-311.155Martha Patricia Roa Angulo Juzgado 2º Civil Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-311.363Jesús Alberto Hernández E. Tribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-311.387Jaime Nieto ParraRama JudicialTribunal Contencioso Administrativo de CundinamarcaNegadaNo hubo
T-311.421Amadeo Betancourt RodríguezRama JudicialTribunal Contencioso Administrativo de CundinamarcaNegadaNo hubo
T-311.432Gloria Elsa Mariño de MariñoInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 48 Civil Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-311.487Juan Evangelista Estupiñán O.Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 6º Laboral del Circuito de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-311.488Jairo Velásquez BustosInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 6º Laboral del Circuito de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-311.489Fanny Stella Calderón C.Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 6º Laboral del Circuito de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-311.648Luz Nay Díaz BarajasRama JudicialTribunal Superior de Santafé de Bogotá. Sala LaboralNegadaNo hubo
T-311.693Jairo Alberto Ospina y otrosRama JudicialTribunal Superior de Pereira. Sala CivilNegadaNo hubo
T-311.727Fabiola Sierra de FlórezInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-311.728Jaime Díaz UsaquénContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-311.729Nelson Suta LadinoContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-311.730Elvia Marina Rueda CamberosContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-311.731Janneth Yolima Cortés ReyesContraloría General .Tribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-311.732Javier MartínezContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-311.733Blanca Flor Villareal GuerreroContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T—311.771Rosa Cristina Aguilar MenesesContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-311.869Rómulo Augusto Rodríguez V.Rama JudicialTribunal Contencioso Administrativo de CundinamarcaNegadaNo hubo
T-311.887Olmedo ErazoRama JudicialTribunal Superior de Santafé de Bogotá. Sala CivilNegadaConfirma
T-311.948Leonor Salas Tribunal Contencioso Administrativo del TolimaNegadaNo hubo
T-312.934Nayivi Vargas GómezContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-312.023Alejandro Martínez y otros Tribunal Contencioso Administrativo de CundinamarcaNegadaNo hubo
T-312.027Luis Antonio CoguaCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 14 Civil Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.028Luis Cardenio Escobar AhucuMinisterio de Educación. DocenteJuzgado 6º Laboral del Circuito de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.120Pedro José Caballero C.Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 2º Civil del Circuito de BarrancabermejaNegadaNo hubo

Expediente T-311.113 y otros

T-312.159Jair Echeverry Ospina y otrosRama JudicialTribunal Superior de Pereira. Sala CivilNegadaNo hubo
T-312.167Óscar Ernesto Beltrán GalloContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-312.227Carmen Rosa Ardila HerreraContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-312.228Martha Lucía Cadena AguileraContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T 312.229Luis Delia Mondragón ClavijoContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativa del MetaNegadaNo hubo
T-312.268Martha Cecilia Díaz NiñoRama JudicialTribunal Superior de Bucaramanga Sala LaboralNegadaNo hubo
T-312.272Georgina Ramírez FonsecaRama JudicialTribunal Superior de Bucaramanga Sala LaboralNegadaNo hubo
T-312.314Saúl Anaya Gómez Juzgado 39 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.389María Cristina Varón ReyesInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 2º Civil Municipal de GirardotNegadaNo hubo
T-312.440Luis Fernando Fique ParraRama JudicialTribunal Superior de Santafé de Bogotá. Sala LaboralNegadaNo hubo
T- 312.456Diego Iván Rattalino BordaFiscalía General de la NaciónTribunal Superior de Santafé de Bogotá. Sala LaboralNegadaNo hubo
T-312.467Campo Elías Gutiérrez y otrosCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 87 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.470Octaviano Ortiz A. y otrosCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 68 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.557María Hernández de RojasMinisterio de Educación. DocenteJuzgado 25 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.580Antonio Romero TolosaCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 81 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.616Jorge Miguel Vides CorreaInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 2º Civil del Circuito de FacatativáNegadaNo hubo
T-312.617María Isabel Cristina Ávila T.Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 2º Civil del Circuito de FacatativáNegadaNo hubo
T-312.618Ana Mercedes Pinzón GómezInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 2º Civil del Circuito de FacatativáNegadaNo hubo
T-312.619Orlando Dimas MartínezInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 2º Civil del Circuito de FacatativáNegadaNo hubo
T-312.620Juan G. Díaz-Granados RuizInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 2º Civil del Circuito de FacatativáNegadaNo hubo
T-312.624Guillermo Bogoya ForeroRama JudicialTribunal Superior de Tunja. Sala Civil-FamiliaNegadaNo hubo
T-312.625Elizabeth Yepes de RojasRama JudicialTribunal Superior de Tunja. Sala Civil-FamiliaNegadaNo hubo
T-312.626Julia Esperanza Cely RincónRama JudicialTribunal Superior de Tunja. Sala Civil-FamiliaNegadaNo hubo
T-312.628Rubiela Ortiz OrtizRama JudicialTribunal Superior de Tunja. Sala Civil-FamiliaNegadaNo hubo
T-312.630Reina Edilma Figueredo S.Rama JudicialTribunal Superior de Tunja. Sala Civil-FamiliaNegadaNo hubo
T-312.640Héctor Alfonso Sánchez R.Rama JudicialTribunal Superior de Tunja. Sala Civil-FamiliaNegadaNo hubo
T-312.688Hilberto Fajardo FontechaCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 62 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.689José Otoniel Montes RiveraCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 62 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.703Fabio Peña CastroInvíasTribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. IIINegadaNo hubo
T-312.718Elssy del Carmen Peña J.Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 4º Civil Municipal de GirardotNegadaNo hubo
T-312.734Ana Felisa Martínez de M.Ministerio de Educación. DocenteTribunal Contencioso Administrativo del TolimaNegadaNo hubo

Expediente T-311.113 y otros

T-312-793Germán Martínez B. y otrosRama judicialTribunal Superior de Ibagué. Sala LaboralNegadaConfirma
T-312.862José Santander Ortega ZorroCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 77 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.863Luis Eduardo Peña ForeroCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 77 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.864Manuel Antonio CardozoCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 77 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-31 2.866Luis Domingo Figueroa MurilloMinisterio de HaciendaTribunal Contencioso Administrativo de CundinamarcaNegadaNo hubo
T-312.867José Aristóbulo Rodríguez P.Caja de Sueldos de Retiro de la PolicíaTribunal Contencioso Administrativo de CundinamarcaNegadaNo hubo
T-312.871Gerardo Bautista BuenoCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaTribunal Contencioso Administrativo de CundinamarcaNegadaNo hubo
T-312.872Gloria Cecilia Manosalva M.Rama JudicialTribunal Contencioso Administrativo de CundinamarcaNegadaNo hubo
T-312.880Manuel Alcibes Pérez MejíaCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 85 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.909Martha Caipa de AlvarinoInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 9º Laboral del Circuito de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.910Ismael Reyes CorredorInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 9º Laboral del Circuito de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.911Beatriz Alarcón LombanaInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 9º Laboral del Circuito de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.913Laura Inés Malagón NavasInvíasTribunal Contencioso Administrativo de CundinamarcaNegadaNo hubo
T-312.923Pablo Emilio Romero y otrosCaja de Sueldos de Retiro de la PolicíaJuzgado 10 Penal Municipal de Santafé de BogotáNegadaNo hubo
T-312.928Joselín Trigos SolanoContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-312.929Sandra Edith Romero ParradoContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-312.930Oswaldo Vidales MéndezContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-312.931Jorge Julián SandovalContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-312.932Óscar Harvey Gómez ÑuztesContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-312.933Argenis Muñoz BarragánContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del MetaNegadaNo hubo
T-312.397Marco Tulio Parra RodríguezInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 2º Civil Municipal de GirardotNegadaNo hubo
T-312.946Libia Beatriz Torres ZornosaInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 1º Civil del Circuito de EspinalNegadaNo hubo
T-312.955María Susana del Pilar RomeroInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJuzgado 2º Civil Municipal de GirardotNegadaNo hubo
T-313.012Nilton Grajales HenaoContraloría GeneralTribunal Contencioso Administrativo del QuindíoNegadaNo hubo
T-313.020Nancy Escobar SernaInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarTribunal Contencioso Administrativo del Valle del CaucaNegadaNo hubo
T-313.021Lidia Esperanza TrujilloInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarTribunal Contencioso Administrativo del Valle del CaucaNegadaNo hubo
T-313.042Yesid Rodríguez AyalaMinisterio de Educación. DocenteJuzgado 2º Civil Municipal del Espinal. TolimaNegadaNo hubo
T-313.126Rosario R. Román MontesRama JudicialConsejo Seccional de la Judicatura. Sala Disciplinaria -Sucre-NegadaNo hubo
T-313.127Wiston Antonio Julio FuentesRama JudicialConsejo Seccional de la Judicatura. Sala Disciplinaria -Sucre-NegadaNo hubo
T-313-128Oswaldo Sinciliani GandaraRama JudicialConsejo Seccional de la Judicatura. Sala Disciplinaria -Sucre-NegadaNo hubo

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Sala Plena es competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.

2. Lo que se debate.

Corresponde decidir si la decisión del gobierno de no aumentar los salarios y pensiones en el sector público para el año 2000, cuando la cuantía de éstas fuera mayor a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, desconoce derecho fundamental alguno de los actores, y si tal decisión puede ser revisada mediante la acción de tutela.

3. Reiteración de jurisprudencia.

3.1. La Sala Plena de esta corporación, en decisión unánime del diez (10) de agosto del año en curso, y contenida en la Sentencia SU-1052 de 2000, resolvió denegar las acciones de tutela que, por los mismos hechos y pretensiones contenidas en los expedientes que ahora son objeto de revisión, interpusieran distintos servidores estatales. En el mencionado fallo, se explicaron las razones por las cuales la acción de tutela era un mecanismo improcedente para controvertir la determinación gubernamental que originó la interposición de las acciones de la referencia.

3.2. En relación con la improcedencia de la acción de tutela para resolver sobre la decisión del Gobierno Nacional de no reajustar los salarios y pensiones estatales para el año 2000, afirmó esta Sala:

"al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales, aunque sí podría, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el propósito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisión general, resultan discriminados y por tanto desprotegidos.

"De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de tutela no es posible sustituir al Gobierno Nacional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a esta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución Política. Este ordenamiento determina con claridad las funciones de los diferentes órganos del poder público delimitando las concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y cooperación en la consecución de los fines del Estado, pero nunca como inmisiones o interferencias (C.P., art. 113.).

"Así las cosas, corresponde al Gobierno Nacional la formulación anual del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder al plan de desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución Política y compete al Congreso Nacional su aprobación. Por su parte, esta corporación es la encargada de estudiar y decidir respecto de su constitucionalidad, si en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se llegare a controvertir.

"En consecuencia si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Crédito Público y lo ha sostenido esta corporación, compete al gobierno presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política económica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificación con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores públicos, porque, de hacerlo, se inmiscuiría por vía de tutela, en los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando así la competencia constitucional conferida en el artículo 86 de la Constitución Política y deberá responder por extralimitación de funciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º del mismo ordenamiento.

"De otra parte, debe recordarse que en la contestación a las acciones de tutela cuyas decisiones se revisan, el Ministro de Hacienda y Crédito Público relaciona la decisión del gobierno de no incluir en el proyecto de presupuesto un rubro destinado a incrementar la remuneración de los servidores públicos que devengan más de dos salarios mínimos, con la necesidad de incluir en el proyecto de ley de presupuesto compromisos que cuenten con los correspondientes recursos para que puedan efectivamente ser atendidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto 111 de 1996, estatuto orgánico del presupuesto.

"Esta mención del Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la función pública, esta corporación no podría crear la obligación a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el Gobierno Nacional lo haga, porque además de transgredir los artículos 6º y 86 de la Constitución Política, como quedó explicado, quebrantaría los artículos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como también el artículo 71 del estatuto orgánico del presupuesto (D. 111/96). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136 del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en el presupuesto" al igual que invertir las incluidas en éste en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la acción de tutela como por el principio de legalidad del gasto público, el juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga.

"3.2. Los tutelantes además de estar inconformes con la decisión del gobierno relativa al no incremento de sus salarios, discrepan de los reajustes previstos en el ordenamiento, tanto para los miembros del Congreso por el artículo 187 de la Constitución Política, como para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de otros funcionarios al servicio del Estado, por el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992. Al respecto consideran, que los incrementos previstos en estas normas desconocen el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Arguyen que la medida del Gobierno Nacional los discrimina, porque sólo algunos servidores públicos resultarían afectados con el no incremento de sus salarios para el presente año. Al respecto, precisa reiterar que las anteriores disposiciones no pueden ser controvertidas por vía de tutela porque tienen previsto en el ordenamiento un trámite especial que hace de suyo a la tutela improcedente.

"De lo anterior se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la acción de tutela, tal como quedó expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar o modificar las orientaciones o directrices del gobierno en materia de gasto público, en razón a que la política fiscal del Estado se hace realidad en la ley orgánica del presupuesto y ley de apropiaciones para una vigencia determinada, que debe controvertirse, ante esta corporación, pero en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a consideración de esta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 —por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2000— radicadas con los números 2780, 2804, 2922 y 3051.

"Igualmente, tampoco la acción de tutela es el procedimiento idóneo para controvertir la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992. Esta disposición, al igual que las anteriores, debe demandarse ante esta Corte en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.

"Así mismo, el mandato del artículo 187 de la Constitución Política, de conformidad con el cual la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año, no puede objetarse por ningún procedimiento, puesto que su incuestionable jerarquía la hace inmune a las controversias, incluso ante esta corporación a la cual corresponde velar por su guarda e integridad. No obstante cabe recordar que las mismas pueden ser reformadas por los canales previstos para el efecto en el mismo ordenamiento (C.P., arts. 374 a 379).

"4. Improcedencia de la acción de tutela como medida transitoria.

"(...).

“... se observa que todos los accionantes invocan la protección transitoria arguyendo que se disminuyó el poder adquisitivo de su salario al no haberse decretado su reajuste de conformidad al incremento del IPC para el año inmediatamente anterior. Ninguno se refiere a circunstancias especiales, como tampoco se aportan pruebas de hechos excepcionales que ameriten protección. De ahí que ha de considerarse que éstos han sido afectados por el incremento del costo de vida, al igual que todos los habitantes del territorio, problemática que debido a su generalidad y a su componente estructural, no puede remediarse mediante las órdenes que compete impartir al juez de tutela.

"Además, de conformidad con lo expuesto por la apoderada de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, corroborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no contradicho por los actores, “debido a que a los servidores públicos tuvieron en 1999 un incremento real de 3 puntos, al comparar el aumento salarial del 15% frente a una inflación esperada del 12%. Como la inflación prevista para el año 2000 es de un 10% y la masa salarial crecerá un 5.6%, se presenta en el presenta (sic) año una pérdida de 4 puntos que prácticamente es compensada con el aumento real obtenido por los servidores públicos en el año inmediatamente anterior". Quiere decir entonces que la violación general impersonal y abstracta del derecho al trabajo de los servidores públicos, invocada para fundamentar el amparo provisional, no ha sido grave e irreparable porque, en términos globales, de llegar la inflación al 10% en el presente año, la pérdida del poder adquisitivo de la masa salarial que conforman estos servidores sería mínima”.

"Por consiguiente, la Corte estima que en el presente asunto la tutela no puede concederse como mecanismo transitorio, en razón a que deben ser las instancias correspondientes las que decidan si los actos generales que se controvierten, vulneran el derecho a la igualdad y al trabajo de los servidores públicos; y, como ha quedado expuesto, ninguno de los accionantes adujo ni probó un perjuicio irremediable que amerite la protección transitoria".

3.2. Al existir identidad tanto en los hechos como en las pretensiones de las acciones de tutela que fueron revisadas mediante el fallo de diez (10) de agosto del año en curso —Sentencia SU 1052 de 2000—, y las que ahora ocupan la atención de esta Sala, habrá de reiterarse lo dicho en esa oportunidad, para confirmar así, las decisiones judiciales que en esta ocasión se someten a la revisión de esta corporación, mediante las cuales se denegó el amparo que solicitarán distintos servidores y pensionados estatales.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFÍRMANSE las sentencias proferidas por los despachos judiciales que decidieron en instancia las acciones de tutela de que tratan los expedientes T-311.113 y los acumulados a éste, en las cuales se denegó el amparo que solicitaron los actores, de sus derechos a la igualdad, al trabajo y al reajuste periódico de pensiones, por la decisión del Gobierno Nación de no aumentar los salarios y pensiones estatales para el año 2000, cuando éstas, en su cuantía, fueran superiores a dos (2) salarios mínimos.

7. Por secretaría general, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

Magistrados: Fabio Morón Díaz—Antonio Barrera Carbonell—Alfredo Beltrán Sierra—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Alejandro Martínez Caballero—Vladimiro Naranjo Mesa—Álvaro Tafur Galvis.

Martha V. Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

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