Sentencia SU-873 de noviembre 13 de 2014

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Exp. T-4324560

Magistrada Ponente:

Dra. María Victoria Calle Correa

Acción de tutela instaurada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil catorce.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

En el proceso de revisión de la acción de tutela presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en el Auto 100 de 2008(1).

El expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante auto del treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), proferido por la Sala de Selección Número Cuatro(2).

I. Antecedentes

Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, quien tiene setenta y tres (73) años de edad(3), presentó acción de tutela contra el Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, mediante los fallos proferidos dentro del proceso ordinario laboral instaurado por ella contra el Instituto de Seguros Sociales - ISS (hoy Colpensiones Eice)(4). Argumenta que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus providencias al negarle el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes sobre la base de que no cumplía el requisito de fidelidad, pues dicho presupuesto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-556 de 2009(5).

1. Hechos.

1.1. El esposo de la accionante, el señor Marco Aurelio Gómez Giraldo(6), falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004)(7) habiendo cotizado al sistema general de pensiones un total de cuatrocientas setenta y tres (473) semanas, de las cuales ciento cincuenta (150) correspondían a los tres (3) años anteriores a su muerte(8). Hasta el momento del deceso, los esposos permanecieron en comunidad de vida en forma permanente e ininterrumpida(9) y procrearon cinco (5) hijos(10).

1.2. Con base en lo anterior, la actora solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite. Dicha entidad, mediante Resolución 15743 de 2004, negó su petición porque el causante no llenaba el requisito de fidelidad contenido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993(11), modificado por la Ley 797 de 2003(12). Explicó que “el asegurado cotizó a este instituto 150 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento, [pero solo] acreditó un 16.77% de fidelidad de cotización al sistema de pensiones”, por lo que procedía únicamente el reconocimiento de la indemnización sustitutiva en la suma de $3´763.046(13).

1.3. Inconforme con esa decisión, la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez acudió a la justicia ordinaria laboral pretendiendo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Para el momento en que presentó la demanda, la Corte Constitucional no había declarado inexequible el requisito de fidelidad al sistema(14), por lo que justificó sus pretensiones en que a su caso no debió aplicarse la normativa vigente al momento del fallecimiento del causante (L. 797/2003), sino otra anterior (Ac. 49/90, aprobado por D. 758/90) que establece que las beneficiarios pueden acceder a dicha prestación si el asegurado aportó al sistema —al menos— trescientas (300) semanas en cualquier tiempo(15), pues la misma era más beneficiosa para sus intereses.

1.4. En primera instancia conoció del proceso ordinario el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que mediante sentencia del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007) declaró que “a la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Marco Aurelio Gómez Giraldo”(16). Dicha autoridad atendió completamente los argumentos de la parte demandante sobre la normativa aplicable, y señaló que el caso debía examinarse bajo el Decreto 758 de 1990 en virtud de la condición más beneficiosa, ya que el causante cumplía con el presupuesto de trescientas (300) semanas aportadas en cualquier tiempo. Pero además se hizo referencia en la sentencia al requisito de fidelidad alegado por la apoderada de la actora.

1.5. Esa decisión fue impugnada por el ISS, y en segunda instancia correspondió su estudio al Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral. En sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009), dicha autoridad decidió revocar en su integridad el fallo de primera instancia y absolver a la demandada de las pretensiones(17). Argumentó que en este caso debía exigirse el requisito de fidelidad al sistema porque el esposo de la actora falleció durante la vigencia de la norma que lo consagraba (L. 797/2003) y, de las pruebas obrantes en el expediente, se podía colegir que no cumplía con el número de semanas mínimo para satisfacerlo. Indicó que no podía aplicarse la norma anterior más beneficiosa, porque no se puede “pretender ignorar las diferentes reformas pensionales que se han presentado en el país, para encontrar la que se acomode según las circunstancias del caso concreto”.

1.6. Contra este último fallo la peticionaria interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto negativamente por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011)(18). A pesar de que al momento de proferirse esta decisión la Corte Constitucional ya había declarado inexequible el requisito de fidelidad en Sentencia C-556 de 2009, porque transgredía injustificadamente la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones, la Sala de Casación Laboral insistió en su aplicación para el caso de la accionante. Explicó que “es claro que el causante no acreditó el porcentaje de fidelidad al sistema del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la del deceso, lo que significa que no cumplió con los requisitos exigidos por la normatividad que regula la controversia, para que la demandante pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes, toda vez que la sentencia de la Corte Constitucional C-556 de 2009 que declaró inexequible tal exigencia no tiene efectos retroactivos”(19).

1.7. En este contexto la actora presentó la acción de tutela que ahora es objeto de revisión, pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital y como consecuencia de ello se dejen sin efecto las sentencias ordinarias, proferidas por el Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Explica que los fallos censurados comportan una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, comoquiera que incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución al resolver su situación pensional exigiendo un presupuesto declarado inexequible. Sostiene que reiterada jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito de fidelidad para la pensión de sobrevivientes fue inicialmente inaplicado por la Corte Constitucional en sede de tutela, por considerarlo contrario a la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones, y posteriormente, en control abstracto, declarado inexequible. Por tanto, a su juicio, no interesa si el fallecimiento de su esposo sucedió antes o después de la Sentencia C-556 de 2009, pues en ningún caso puede exigirse el requisito en cuestión.

1.8. Manifiesta que al no reconocérsele la pensión de sobrevivientes a que cree tener derecho, está sometida a un estado de precariedad económica, pues tiene setenta y tres (73) años(20), no puede trabajar, y el salario de su cónyuge era su única fuente de ingresos. Afirma que actualmente “vive de lo que le brinden sus hijos”, quienes trabajan informalmente en el “rebusque”, y que “no posee bienes, no tiene cotizaciones a pensión, no es jubilada, y se siente muy deprimida desde que faltó su esposo, pues perdió seguridad y esto se agudiza al tener que estar esperando lo que humildemente sus hijos con tanto esfuerzo le aportan”(21).

1.9. Aclara que presentó la acción luego de tres (3) años de proferida la sentencia de casación, porque su apoderada en el proceso ordinario laboral, solo hasta poco antes de presentar la tutela, “[...] dijo que el proceso se había perdido”(22).

1.10. El conocimiento de la acción de tutela correspondió en primera instancia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró improcedente el amparo constitucional mediante sentencia del trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014). En su criterio, no se cumplía “con el principio de inmediatez que rige la acción pública, [porque] la decisión cuestionada se profirió el 15 de febrero de 2011 y solo después de tres años la accionante promovió la acción constitucional”.

1.11. La actora impugnó la providencia referenciada. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado y no remitir las diligencias a la Corte Constitucional, mediante providencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014). Indicó que la acción de tutela no procede contra las providencias proferidas por las salas de casación del Alto Tribunal, por lo que no era posible ni siquiera examinar el asunto.

1.12. La señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez presentó el caso directamente en la secretaría general de la Corte Constitucional para que se surtiera su proceso de selección, de conformidad con lo dispuesto en el Auto 100 de 2008(23). Una vez efectuado el respectivo trámite, la Sala de Selección Número Cuatro escogió el proceso.

2. Respuestas de las entidades demandadas(24).

2.1. El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que tramitó en primera instancia el proceso ordinario, guardó silencio.

2.2. El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, solicitó que se denegara el amparo constitucional. En su concepto, la decisión “se ajustó en su momento a las normas sustantivas y de procedimiento sobre el tema; así como al precedente vertical de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. [...] [Por lo que] no se aprecia vulneración o amenaza a derecho fundamental alguno”.

2.3. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, solicitó declarar improcedente la acción de tutela presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, toda vez que, a su juicio, “no se satisface el requisito de inmediatez, dado que la decisión que se cuestiona se emitió el 25 de febrero de 2011, es decir hace más de 3 años”. Así mismo, manifestó que el amparo no debe prosperar porque la sentencia de casación “se fundó en las normas aplicables al asunto en el que se discutió la pensión de sobrevivientes, esto es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, así como en la Sentencia C-556 de 2009, en la cual no se dispuso su efecto retroactivo. // Aun cuando con posterioridad esta Sala modificó su tesis en punto a lo aquí controvertido, a través de la providencia 35319 de 8 de mayo de 2012, atentaría contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que cualquier cambio pudiese revivir procedimientos concluidos”.

2.4. Colpensiones Eice intervino en el trámite de revisión y solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, pues en su criterio no se cumplía con el presupuesto de inmediatez.

3. Actuaciones surtidas en el trámite de revisión.

Mediante auto del veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014) se ofició a la Sala Civil de la Corte Suprema de justicia para que remitiera a esta corporación una copia del expediente de tutela completo. Dicha autoridad remitió las copias solicitadas el veintinueve (29) de julio de dos mil catorce (2014).

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Sala es competente para revisar el trámite referido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución; 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991; y el Auto 100 de 2008.

Competencia de la Corte Constitucional para conocer el asunto en virtud del Auto 100 de 2008.

1.1. El artículo 241 de la Constitución Política, numeral 9º, asigna a esta Corte la función de revisar “las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”. En este trámite se expidieron las sentencias respectivas en la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, la Sala Penal declaró improcedente la solicitud por no cumplirse con el requisito de inmediatez, y en segunda instancia, la Sala Civil declaró la nulidad de todo lo actuado, decidiendo además no remitir las diligencias a la Corte Constitucional.

1.2. En el Auto 100 de 2008(25), la Sala Plena de esta corporación estableció que los ciudadanos a quienes le fuera declarado nulo un proceso de tutela por haberlo presentado contra una alta corte, podían presentar su solicitud ante “cualquier juez (unipersonal o colegiado)” o radicar su petición directamente en la secretaría general de la Corte Constitucional, dada la intensa restricción que el rechazo de las acciones de tutela genera en los derechos fundamentales a la administración de justicia (art. 228, C.P.); al ejercicio de la acción de tutela (art. 86, C.P.); y a la existencia de un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos (art. 25, CADH). Específicamente, con fundamento en el Auto 4 de 2004(26), se explicó que “[...] lo resuelto por las diferentes salas de casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de dicha corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los tratados internacionales (CADH, art. 25), y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99). // Le corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna”(27).

1.3. En el caso de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado en el trámite de tutela sobre la base de que “ninguna autoridad está facultada para alterar la condición inmutable de que están revestidas las decisiones [de la Corte Suprema de Justicia]”, y no remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión porque la providencia proferida no definía de fondo el amparo. Luego la actora presentó su caso directamente en la secretaría general de la Corte Constitucional para que se surtiera el proceso de selección.

En este asunto, la accionante no ha recibido todavía un pronunciamiento de la administración de justicia sobre el conflicto constitucional que plantea, pues todo el trámite relacionado con su tutela fue declarado nulo. Por tanto, se hace necesario que esta Corte asuma el estudio en revisión de las sentencias de instancia, pues lo contrario sería incompatible con la vigencia plena de los derechos al acceso a la administración de justicia, la existencia de un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos, y al ejercicio de la acción de tutela, consagrados en los artículos 86 y 228 de la Constitución Política y 25 de la Convención americana de derechos humanos(28).

2. Planteamiento del caso y problema jurídico.

2.1. La accionante pretende que se dejen sin efecto las decisiones judiciales que, en el marco de un proceso laboral ordinario, negaron el reconocimiento de su pensión de sobrevivientes en razón de que el causante no acreditó el requisito de fidelidad al sistema. Estima que tales decisiones incurrieron en un defecto sustantivo porque le exigieron cumplir un presupuesto declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-556 de 2009, en tanto violaba injustificadamente la prohibición de regresividad en la protección de los derechos sociales y económicos.

Por su parte, las autoridades judiciales demandadas alegan que no vulneraron el derecho al debido proceso de la actora. Explican que (i) al momento de emitirse la sentencia del tribunal todavía no se había declarado inconstitucional el requisito de fidelidad al sistema, por lo que no era factible inaplicarlo al caso concreto; y que (ii) si bien el fallo de casación se profirió luego de la Sentencia C-556 de 2009, el causante falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004)(29), antes de que se surtieran los efectos de la inexequibilidad(30). Además, advierten que la acción de tutela es improcedente, toda vez que transcurrieron cerca de tres (3) años desde que se profirió la sentencia acusada de inconstitucional y la presentación de la tutela, y por tanto no se reúne el requisito de inmediatez.

2.2. En este contexto, la Sala Primera de Revisión deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿una autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social y al mínimo vital de una persona de la tercera edad, al negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes argumentando que el causante no acreditó el requisito de fidelidad al sistema, a pesar de que la Corte Constitucional lo declaró inexequible y ha sostenido consistentemente que desde siempre fue inconstitucional y en todo caso debe inaplicarse?

2.3. Para resolver el problema jurídico, la Sala (i) examinará si la acción de tutela es procedente para atacar las providencias judiciales referenciadas; luego, de cumplirse los requisitos generales de procedibilidad, (ii) verificará si efectivamente las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, teniendo en cuenta que este mismo problema jurídico ha sido estudiado en numerosas ocasiones por esta corporación.

3. Condiciones de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.1. El artículo 86 de la Carta establece que los ciudadanos pueden acudir a la acción de tutela cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. En tanto los jueces son autoridades públicas y algunas de sus acciones toman la forma de providencias, si con una de ellas se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de los mismos.

3.2. Desde la Sentencia C-543 de 1992(31), la Corte Constitucional sostuvo que la acción de tutela procede contra providencias judiciales si de manera excepcional se verifica que la autoridad que la profirió incurrió en una vía de hecho(32). Y actualmente, tras un desarrollo jurisprudencial que decantó esta postura, dentro del cual debe mencionarse la Sentencia C-590 de 2005(33), se sustituyó el concepto de vía de hecho por el de causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.3. Según esta doctrina, la tutela contra providencias judiciales está llamada a prosperar siempre y cuando satisfaga todo un haz de condiciones. En primer lugar, la acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad general, a saber: (i) si la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario; (iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación); (iv) si se trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si (de haber sido posible) lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la providencia impugnada no es una sentencia de tutela(34).

3.4. Solo después de superados los requisitos anteriores, el juez de tutela debe verificar en segundo lugar si se configura alguna de las condiciones de prosperidad del amparo, o causales especiales de procedibilidad(35). En este plano, el juez debe evaluar si la providencia cuestionada incurrió en alguno de los siguientes yerros: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de la Constitución(36). Además, debe definir si el haber incurrido en alguno de esos defectos supuso la violación de derechos fundamentales.

4. La acción de tutela presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez es procedente para censurar las providencias judiciales referenciadas.

La Sala observa que en este asunto concurren los requisitos generales de procedibilidad mencionados, por lo que la acción de tutela presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez es apta para controvertir las sentencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

4.1. En efecto, (i) la cuestión debatida tiene relevancia constitucional, porque debe examinarse si las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, al negarle la pensión de sobrevivientes bajo el entendimiento de que el causante no acreditó el requisito de fidelidad, aun cuando el mismo fue declarado inexequible en la Sentencia C-556 de 2009. De la definición de ese punto no solo depende el alcance del derecho reclamado y el respeto hacia la jurisprudencia constitucional, sino también la protección de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, quien es sujeto de especial protección constitucional debido a su avanzada edad (73 años)(37). Toda su vida ella se ocupó del cuidado de los hijos y su casa, y su esposo del ingreso económico para el mantenimiento del hogar, por lo que la garantía de una renta regular se torna indispensable para llevar una vida en condiciones dignas.

4.2. Igualmente, (ii) la accionante agotó todos los recursos eficaces para la protección de sus derechos fundamentales. Ella impetró una demanda ordinaria laboral buscando específicamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su esposo, la cual correspondió en primera instancia al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que accedió a sus pretensiones en sentencia del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007)(38). El fallo fue impugnado por la parte demandada, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión de primera instancia en sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009)(39). Posteriormente, la actora interpuso recurso extraordinario de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en providencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011) decidió no casar la sentencia(40).

Cabe aclarar que el recurso de revisión no era procedente, en tanto las causales para proponerlo son taxativas y ninguna de ellas se presentaba en este caso(41).

En consecuencia, la peticionaria agotó todos los medios judiciales eficaces para la defensa de su derecho a la pensión de sobrevivientes, y el único mecanismo existente para la protección de sus derechos fundamentales es la acción constitucional.

4.3. En lo referente al principio de inmediatez, (iii) la Corte ha sostenido que dado el carácter imprescriptible e irrenunciable del derecho a la pensión de sobrevivientes, la vulneración que se presente en relación con el mismo es actual, si la negativa se fundamenta en un criterio abiertamente inconstitucional y está comprometido el derecho al mínimo vital. En la Sentencia SU-407 de 2013(42), la Sala Plena señaló en un caso similar que una acción de tutela interpuesta dos (2) años después de proferida la providencia censurada cumplía con el presupuesto general de inmediatez, puesto que “[...] la supuesta violación de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la peticionaria permanece; es decir, continúa y es actual, ya que priva a la señora Orrego Monsalve y sus hijas de los recursos necesarios para garantizar una subsistencia digna”(43).

Esta misma interpretación ha sido sostenida por diversas salas de revisión de la Corte. Por ejemplo, en la Sentencia T-1028 de 2010(44), la Sala Octava de Revisión se pronunció sobre la inmediatez de la tutela promovida por una persona contra una providencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se resolvió negarle la pensión de sobrevivientes reclamada. En esa ocasión transcurrieron dos (2) años y ocho (8) meses entre la expedición del fallo de casación y la presentación de la tutela. La Corte estimó que la acción debía considerarse procedente porque “a pesar del paso del tiempo, la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales permanece, es decir, continúa y es actual”, precisamente porque la persona se encontraba en una situación económica difícil que al momento de presentar el amparo no había podido superar(45).

Al analizar el requisito de inmediatez, en este tipo de casos la Corte ha sostenido el carácter imprescriptible del derecho irrenunciable a la seguridad social, según el cual las personas beneficiarias de alguna prestación pueden reclamar su derecho en cualquier tiempo, siempre que llenen los requisitos legales exigidos(46). Basta entonces con demostrar que la vulneración es permanente en el tiempo y que la situación desfavorable derivada del irrespeto por los derechos, continúa y es actual.

En el caso objeto de estudio se encuentra que la acción de tutela es procedente, pues la violación a los derechos fundamentales de la actora es permanente y actual. Hoy en día la accionante no percibe su pensión de sobrevivientes y eso le impide llevar una vida con contenidos mínimos de dignidad, pues se sostiene con los aportes voluntarios y esporádicos que sus hijos le hacen, aunque al igual que ella carecen de recursos financieros. Manifiesta que la ausencia de la prestación la tiene sometida a un estado de precariedad económica, en tanto carece de alguna renta regular que le permita procurarse autónomamente las necesidades básicas, como alimentación, vestido y vivienda. La ayuda que actualmente le brindan sus hijos proviene de la buena voluntad que les asiste, pero como lo manifiesta en su escrito de tutela, las condiciones económicas de ellos son desfavorables por cuanto sus ingresos provienen del “rebusque” y de trabajos esporádicos, y son muy exiguos. Pero además, el paso del tiempo tiende a agravar su situación, pues a su avanzada edad (73 años) se suman las dificultades propias de la vejez, que demandan mayores gastos para atender su salud.

Adicionalmente, para el análisis de inmediatez cabe tener en cuenta que, en este caso, solo transcurrieron diecisiete (17) días desde que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió la providencia que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tutela, y la presentación del expediente por parte de la actora ante la secretaría general de la Corte Constitucional, con fundamento en el Auto 100 de 2008(47). Esto demuestra que las actuaciones realizadas por la peticionaria en la jurisdicción constitucional se llevaron a cabo dentro de un tiempo razonable, lo que denota su interés y cuidado en la defensa de sus derechos fundamentales(48).

4.4. De otra parte, la accionante argumenta que la sentencia censurada incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución al haberse basado la Corte Suprema —Sala Laboral— para decidir su caso en una norma declarada inexequible. Además, de argumentar que dentro del proceso ordinario no podía negarse su pensión de sobrevivientes sobre la base de que no cumplía el requisito de fidelidad, porque eso desconocía la jurisprudencia constitucional y la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones(49).

De esta forma, cumplidos los presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y de conformidad con la metodología propuesta, la Sala examinará el asunto de fondo.

5. El requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes debe inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la muerte del causante sucedió antes de su declaratoria de inexequibilidad. Reiteración de jurisprudencia.

5.1. Este tribunal constitucional ha sostenido que ninguna autoridad administrativa o judicial puede, so pena de violar los postulados constitucionales, aplicar el requisito de fidelidad contenido en los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003(50). Tal presupuesto establecía que para acceder a la pensión de sobrevivientes los interesados debían acreditar que el causante tuviera un 20% o un 25% de cotizaciones entre el momento que cumplía veinte (20) años de edad y el deceso, dependiendo de si la muerte era causada por enfermedad o por accidente(51).

5.2. En la Sentencia C-556 de 2009(52), la Corte Constitucional declaró inexequibles esas disposiciones que contenían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes. La Sala Plena sostuvo que “la exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes”. Concretamente, se argumentó que la imposición de ese presupuesto hacía más gravoso el acceso al beneficio pensional en relación con las disposiciones previas, porque antes solamente se exigía que el afiliado fallecido hubiera aportado un mínimo de semanas al momento de producirse el deceso, y con el requisito de fidelidad se necesitaba además cotización al sistema de al menos el 20% o el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha del fallecimiento. Esa medida no ofrecía un trato equitativo a los afiliados y desconocía el deber de protección a la población más vulnerable, pues quienes tuvieran más años de edad debían aportar un número de cotizaciones superior para satisfacer el requisito(53). Por tanto, al no estar justificada la regresividad en alguna finalidad constitucional de mayor entidad, ni contarse con mecanismos para mitigar el impacto del tránsito legislativo, la Corte declaró inexequible las disposiciones contentivas del requisito de fidelidad en pensión de sobrevivientes (lit. a y b, L. 797/2003).

5.3. A esa providencia no se le asignaron efectos retroactivos. Sin embargo, esta corporación había sostenido en reiteradas decisiones de las diferentes salas de revisión, de manera unívoca y pacífica, que en todo caso debía inaplicarse el requisito de fidelidad al sistema para acceder a la pensión de sobrevivientes. Se dijo que la exigencia de ese presupuesto “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones”(54), precisamente porque desde su expedición fue entendida como una medida desproporcionada que contraría injustificadamente la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, económicos y culturales.

En la Sentencia T-1036 de 2008(55), por ejemplo, la Sala Segunda de Revisión sostuvo que en un caso concreto no podía exigirse el requisito de fidelidad al sistema porque esa actuación implicaba violar los derechos fundamentales de una mujer y sus hijos, en tanto dicha disposición era regresiva. Se estableció que aun cuando la normativa vigente requería satisfacer el presupuesto de fidelidad para otorgar una pensión de sobrevivientes, el mismo no podía exigirse en el caso analizado por cuanto arrojaba un resultado desproporcionado, por lo que resultaba necesario aplicar la excepción de inconstitucionalidad. En palabras de la Corte:

“[...] si se hubiera aplicado el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original al momento del fallecimiento del señor López Ospina, la accionante h[abrí]a tenido derecho al reconocimiento de la pensión y, por lo tanto, respecto de ella y sus menores hijas, se presenta una regresión en el ámbito de protección de sus derechos. Dicha regresión tiene sobre la tutelante y sus hijas un impacto desproporcionado porque sus actuales ingresos no superan lo equivalente a un salario mínimo, y con ellos debe subsistir en compañía de sus hijas menores, una de las cuales tiene bronquitis aguda y rinitis alérgica, lo cual aumenta los gastos familiares. // Así, tal como ha procedido esta corporación en los precedentes reseñados, esta Sala procederá a aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 con el objetivo de proteger los derechos de la accionante y de sus menores hijas”(56).

5.5. Posteriormente, cuando la Corte retiró del sistema jurídico las normas que consagraban el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes, mediante la Sentencia C-556 de 2009, lo que hizo fue corregir una situación que desde siempre fue inconstitucional, por lo que dicha providencia tiene un efecto declarativo y no constitutivo. Las normas que contenían ese presupuesto no fueron inconstitucionales desde el momento en que la sentencia las declaró inexequibles, sino que desde su entrada en vigencia resultaban contrarias a los postulados superiores, en tanto desconocían injustificadamente la prohibición de regresividad en la protección de los derechos sociales, económicos y culturales, al imponer un requisito que hacía más riguroso el acceso a la pensión de sobrevivientes.

5.6. Como ya se ha mencionado, el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes debía inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la muerte del causante ocurrió antes de la declaratoria de inexequibilidad de la norma mediante la Sentencia C-556 de 2009(57).

6. Las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus providencias, al exigirle a la actora acreditar el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes

La Sala debe establecer entonces si las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la accionante. Ella manifiesta que, en efecto, las demandadas incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus providencias por cuanto resolvieron su situación pensional exigiéndole el requisito de fidelidad, el cual ha sido contrario a los postulados constitucionales desde su expedición. En concepto de las demandadas, sus providencias judiciales no vulneraron derecho fundamental alguno, porque la muerte del causante sucedió antes de que se profiriera la Sentencia C-556 de 2009 y en la misma no se dispusieron efectos retroactivos.

6.1. Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución(58); o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso(59).

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no solo vulneran el derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico (art. 4º, C.P.), por cuanto se apartan de sus mandatos con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”(60).

6.2. En materia de pensión de sobrevivientes, esta Corte ha sostenido en diferentes oportunidades que cuando una autoridad judicial niega ese derecho argumentando que no se cumple el requisito de fidelidad, se incurre en un defecto por violación directa de la Constitución. Los artículos 48 y 53 superiores consagran expresamente la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones(61), y el requisito de fidelidad desconoce esa proscripción en tanto impone una barrera adicional para el acceso a la pensión de sobrevivientes, que no se encuentra justificada en un Estado social de derecho.

Por ejemplo, en la Sentencia SU-132 de 2013(62), la Sala Plena de la Corte amparó los derechos al debido proceso y al mínimo vital de una persona a quien, en el marco de un proceso laboral ordinario, le negaron el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes porque no llenaba el requisito de fidelidad al sistema, el cual consideraban aplicable porque el causante había fallecido antes de su declaratoria de inexequibilidad. Al respecto, se indicó que “la actuación de los jueces competentes configuró una violación directa a la Constitución por la aplicación de la norma contraria a la Carta”, toda vez que “no debió darse aplicación al requisito de fidelidad al sistema, consagrado en el literal a) del artículo 12 de la ley 797 de 2003, dentro del proceso de solicitud de pensión de sobrevivientes interpuesto por la señora Piedad del Socorro Gómez Roldán, ya que la norma es contraria a la Constitución y debió inaplicarse mediante la excepción de inconstitucionalidad”, pues la misma contravenía la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones.

De igual forma, en la Sentencia SU-158 de 2013(63), la Sala Plena sostuvo que una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justica incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución, al resolver sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes aplicando el requisito de fidelidad, el cual consideraba exigible porque aún estaba vigente al momento de la muerte del causante. La Corte sostuvo que “[...] la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en un defecto por desconocimiento directo de la Constitución ya que [el requisito de fidelidad] que exigía aplicar resultaba inconstitucional. El defecto consistió, puntualmente, en no haber inaplicado la ley pese a ser contraria a la Constitución, tal y como esta última había sido interpretada en numerosos pronunciamientos por la Corte Constitucional, que es la corporación que tiene asignada la función primigenia de guardar la integridad y supremacía de la Constitución Política (art. 241, C.P.)”. Esta misma regla decisional fue aplicada en la Sentencia SU-407 de 2013(64), a propósito de un caso similar.

6.3. Cuando una autoridad judicial exige el requisito de fidelidad para resolver sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, incurre en un defecto por violación directa de la Carta Política, porque desconoce que ese presupuesto transgrede la prohibición constitucional de regresividad en materia de seguridad social en pensiones y el principio de proporcionalidad.

Esta interpretación puede extenderse a las providencias ordinarias proferidas antes de la Sentencia C-556 de 2009, en las cuales se haya exigido el requisito de fidelidad. Los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 desde siempre han sido contrarios a los principios y valores superiores estatuidos en la Constitución, y en tal sentido, las autoridades judiciales han tenido la obligación de inaplicarlo vía excepción de inconstitucionalidad. Incluso antes de la declaratoria de inexequibilidad la Corte había dejado a un lado el requisito de fidelidad en casos concretos, en tanto lo encontró contrario al mandato de progresividad y proporcionalidad, tal como se hizo en la Sentencia T-1036 de 2008(65), antes reseñada.

6.4. En el asunto objeto de estudio, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009), y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011), le negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a Dilia del Socorro Muñoz de Gómez porque su esposo no acreditó el requisito de fidelidad al sistema antes de fallecer.

6.4.1. En efecto, (i) la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín resolvió en segunda instancia del proceso ordinario revocar la decisión del Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que en primera instancia había concedido el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la accionante. Argumentó el tribunal que no debía prosperar la pretensión de reconocimiento pensional, porque el causante no llenó el requisito de fidelidad al sistema, el cual consideraba aplicable en tanto el causante falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004), durante la vigencia de la norma que lo consagraba (L. 797/2003). Y luego de presentado el recurso de casación contra esa providencia, (ii) la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del tribunal, pues, a su juicio, era “claro que el causante no acreditó el porcentaje de fidelidad al sistema del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la del deceso, lo que significa que no cumplió con los requisitos exigidos por la normatividad que regula la controversia, para que la demandante pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes, toda vez que la sentencia de la Corte Constitucional C-556 de 2009 que declaró inexequible tal exigencia no tiene efectos retroactivos”(66).

6.4.2. Las providencias controvertidas incurrieron en un defecto por violación directa de la Carta Política, precisamente porque resolvieron sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la accionante exigiendo el requisito de fidelidad.

6.4.3. El artículo 48 constitucional prevé de manera expresa que el Estado “ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social”, lo cual implica que aquellas medidas regresivas en materia pensional son en principio contrarias a dicho mandato, si es que no están justificadas en fines superiores de mayor entidad(67). Como se mencionó anteriormente, “la exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes”(68), y no se encuentra una justificación poderosa en el marco de un Estado social de derecho, en tanto sacrifica intensamente la protección progresiva del derecho a la seguridad social en relación con los beneficios para la sostenibilidad financiera del sistema mediante la cultura de la afiliación(69). Así lo ha establecido este tribunal en múltiples oportunidades, como se vio en el apartado quinto de las consideraciones de esta sentencia.

6.4.4. Exigirle a la peticionaria que acredite fidelidad al sistema para efectos de serle reconocida la pensión de sobrevivientes, significa imponerle el cumplimiento de un presupuesto regresivo que no es aceptable en el marco constitucional actual. De hecho, requerirle un 20% de cotizaciones entre la fecha que su esposo cumplió veinte (20) años de edad y la muerte, le impone una barrera infranqueable para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues, además de las cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores al fallecimiento, él tendría que haber aportado adicionalmente en ese lapso un aproximado de setecientas cuarenta (740) semanas(70). Esa situación es regresiva en comparación con las disposiciones de la Ley 100 de 1993, que exigían el cumplimiento de un número de semanas mínimo para garantizar el derecho. Pero además es desproporcionada, si se tiene en cuenta que a las personas con mayor edad les exige un número superior de aportes, a pesar de que por el paso del tiempo han visto menguada su fuerza de trabajo(71).

6.4.5. Las autoridades judiciales demandadas tenían, entonces, la obligación de inaplicar al caso de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez el requisito de fidelidad, habida cuenta de su contradicción con los postulados superiores. Sin embargo, omitieron ese deber bajo el argumento de que el causante falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004), antes de que fuera declarada inexequible la norma mediante la Sentencia C-556 de 2009, y porque a esa decisión no se le dieron efectos retroactivos.

Pero ese argumento no es de recibo. En primer lugar, porque la exigencia de fidelidad “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones”(72). Desde su vigencia fue una medida desproporcionada que violó injustificadamente el principio de progresividad en materia de derechos sociales, económicos y culturales, y con antelación a su declaratoria de inexequibilidad, la Corte había decidido inaplicarla en casos concretos tras encontrar que sometía a las personas reclamantes a una situación incompatible con la Constitución Política(73).

Y en segundo lugar, porque no se puede aceptar la posibilidad de que alguna autoridad le otorgue efectos jurídicos a una disposición inconstitucional que ya fue declarada inexequible. De conformidad con el artículo 243 superior, los fallos que emite esta corporación en ejercicio de control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, y “[n]inguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo”. La Sentencia C-556 de 2009 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y, en consecuencia, a todas las autoridades les está vedado reproducir el contenido material del requisito de fidelidad en pensión de sobrevivientes y otorgarle efectos jurídicos, inclusive a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

6.4.6. Por estas razones, resulta inconstitucional la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de basar sus decisiones en la exigencia del requisito de fidelidad en el caso de la actora, bajo el entendimiento de que el causante falleció antes de que ese presupuesto fuera retirado del ordenamiento jurídico, pues era necesario inaplicarlo para garantizar el mandato de progresividad en materia de seguridad social en pensiones y el principio constitucional de proporcionalidad.

6.4.7. Esa situación, además, genera un grave perjuicio al mínimo vital de la peticionaria, pues la ausencia de la pensión la tiene sometida a un estado de precariedad económica por cuanto sobrevive con los aportes de sus hijos, quienes no cuentan con un empleo regular(74). Aunado al hecho de que es una persona de la tercera edad (73 años) con pocas posibilidades para generarse autónomamente fuentes de ingresos, por la pérdida paulatina de su fuerza de trabajo.

6.5. En consecuencia, la Sala Plena amparará los derechos fundamentales invocados por la accionante y dejará sin efectos las sentencias censuradas, en tanto no accedieron a las pretensiones de la accionante porque no cumplía el requisito de fidelidad.

7. Conclusión y órdenes a proferir.

7.1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social y al mínimo vital de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, al negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que su esposo fallecido no acreditó el requisito de fidelidad al sistema. Dicho requisito resultaba contrario al mandato superior de progresividad en materia de seguridad social desde su expedición, por cuanto impuso a los usuarios una obligación más gravosa a las ya existentes en el pasado para acceder a la pensión de sobrevivientes. Incluso la Corte Constitucional lo declaró inexequible en la Sentencia C-556 de 2009. Por tanto, las demandadas incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus decisiones, pues en todo caso debieron inaplicarlo.

Toda providencia judicial que le otorgue efectos al requisito de fidelidad al sistema es inconstitucional, sin importar si es proferida antes o después de la Sentencia C-556 de 2009, en la que se declararon inexequibles los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues tal requisito siempre ha sido contrario a los postulados superiores. En consecuencia, aun cuando el fallo de segunda instancia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que revocó la decisión de conceder el derecho pensional a la actora, fue expedido con anterioridad a la Sentencia C-556 de 2009, debió inaplicarse la norma por ser contraria al mandato constitucional de progresividad en materia de seguridad social en pensiones. Pero además, cuando se expidió la providencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que no casó la sentencia del tribunal, la corporación fundamentó su decisión en la exigencia del requisito de fidelidad, cuando ya para entonces la Corte Constitucional había retirado del ordenamiento las disposiciones que contenían tal requisito y había dicho que: “[n]inguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo” (art. 243, C.P.).

7.2. Con base en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará la providencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014) emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de todo lo actuado por tratarse de una tutela contra un fallo de la Corte Suprema, y dejó sin efectos la sentencia de primera instancia proferida el trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se declaró improcedente el amparo por no cumplirse el requisito de inmediatez, en el proceso de tutela presentado por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y la seguridad social de la actora.

Como se explicó en el apartado primero de las consideraciones de esta sentencia, las autoridades judiciales no pueden declarar la nulidad de los procesos de tutela argumentando que no procede la tutela contra decisiones de una alta corte, y en todo caso debe remitirse el expediente a la Corte Constitucional para que se surta el trámite de revisión. Dicha actuación resulta contraria a los derechos al acceso a la administración de justicia, la existencia de un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos, y al ejercicio de la acción de tutela, consagrados en los artículos 86 y 228 de la Constitución Política y 25 de la Convención americana de derechos humanos(75).

7.3. Como consecuencia del amparo otorgado, se dejará sin efecto la sentencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011) proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que no casó la sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009) emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual se absolvió en segunda instancia al ISS (hoy Colpensiones) de la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la accionante, porque no cumplía el requisito de fidelidad al sistema. Y se restablecerán los efectos de la sentencia del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007) proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que en primera instancia del proceso ordinario declaró que “a la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Marco Aurelio Gómez Giraldo”, pero por las razones expuestas en esta providencia.

7.4. Así mismo, se ordenará a Colpensiones Eice (antes ISS) que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, cumpla las órdenes contenidas en la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el treinta (30) de julio de dos mil siete (2007), dentro del proceso laboral ordinario iniciado por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra el ISS. Para ello deberá tener presente los valores actualizados de cada una de las condenas y podrá descontar lo pagado a la accionante por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, sin afectar su derecho al mínimo vital(76).

Igualmente, tendrá en cuenta la regla general de prescripción, contenida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo(77), según la cual prescriben aquellas mesadas comprendidas dentro de los tres (3) años anteriores desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible(78).

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE

1. LEVANTAR la suspensión de términos decretada por auto del dieciocho (18) de julio de dos mil catorce (2014).

2. REVOCAR la providencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014) emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de todo lo actuado por tratarse de una tutela contra un fallo de la Corte Suprema, y dejó sin efectos la sentencia de primera instancia proferida el trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se declaró improcedente el amparo por no cumplirse el requisito de inmediatez, en el proceso de tutela presentado por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y la seguridad social de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez.

3. DEJAR SIN EFECTOS (i) la sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, y (ii) la sentencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011) emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que absolvieron al ISS (hoy Colpensiones) de la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, porque no cumplía el requisito de fidelidad al sistema.

4. DEJAR EN FIRME la sentencia del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007) proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que en primera instancia en el proceso ordinario correspondiente resolvió que “a la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Marco Aurelio Gómez Giraldo”, pero por las razones expuestas en esta providencia.

5. ORDENAR a Colpensiones Eice (antes ISS) que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, emita un nuevo acto administrativo de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, dando cumplimiento a las órdenes contenidas en la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el treinta (30) de julio de dos mil siete (2007), dentro del proceso laboral ordinario iniciado por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra el ISS, teniendo presente los valores actualizados de cada una de las condenas.

6. ORDENAR al Gerente de Colpensiones Eice que, una vez emitido y notificado el acto administrativo de que trata el ordinal anterior, remita copia del mismo a la Corte Constitucional, con constancia de su notificación a los interesados.

7. AUTORIZAR a Colpensiones Eice para que descuente lo pagado a Dilia del Socorro Muñoz de Gómez por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, sin afectar su derecho a su mínimo vital.

8. Por secretaría general, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

Magistrados: Luis Ernesto Vargas Silva, presidente, ausente en comisión—María Victoria Calle Correa—Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Martha Victoria Sáchica Méndez.

Andres Mutis Vanegas, secretario general (E).

(1) La acción de tutela fue inicialmente presentada ante la Corte Suprema de Justicia. En primera instancia, mediante sentencia del trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), la Sala Penal declaró improcedente el amparo constitucional. En segunda instancia, en providencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014), la Sala Civil declaró la nulidad de todo lo actuado y decidió no remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, sobre la base de que no procede la tutela contra providencias de la alta corte. Dada la declaratoria de nulidad, el expediente respectivo no fue enviado a este tribunal para que se surtiera el proceso de revisión. Frente a esta barrera para el acceso a la justicia, la Sala Plena de la Corte Constitucional dispuso en el Auto 100 de 2008, que cuando se declarara la nulidad de todo lo actuado con base en esa argumentación, las personas interesadas podrían “[...] escoger alguna de las siguientes alternativas: (i) acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte o (ii) solicitar a la secretaría general de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, acompañada de la correspondiente acción de tutela y de la providencia objeto de la misma, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección”. La señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez optó por la segunda opción y presentó la tutela directamente en la secretaría general de la Corte Constitucional para que se surtiera su proceso de selección. Una vez surtido el respectivo trámite, la Sala de Selección Número Cuatro escogió el caso.

(2) El dieciséis (16) de julio de dos mil catorce (2014), a partir de reporte presentado por la magistrada ponente, la Sala Plena decidió asumir la revisión del presente asunto.

(3) Copia de la cédula de ciudadanía de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, en la cual se puede constatar que nació el diecinueve (19) de agosto de mil novecientos cuarenta y uno (1941) (fl. 15, cdno. ppal.). En adelante, cuando se haga mención a un folio del expediente, se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.

(4) El Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación del ISS mediante Decreto 2013 de 2012 (art. 1º). Colpensiones Eice (que asumió sus veces), tiene la obligación de cumplir las sentencias judiciales que afecten a los fondos de prestaciones de invalidez, vejez y muerte, o las relacionadas con la función de administración del régimen de prima media con prestación definida (art. 35).

(5) M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(6) Acta del matrimonio católico celebrado entre Marco Aurelio Gómez con Dilia del Socorro Muñoz, el veinticinco (25) de diciembre de mil novecientos sesenta y tres (1963) (fl. 13).

(7) Registro civil de defunción del señor Marco Aurelio Gómez Giraldo, en el que se informa que falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004), en la ciudad de Medellín, Antioquia (fl. 14).

(8) Resolución 15743 de 2004 del ISS, mediante la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la accionante, en su calidad de cónyuge supérstite. En dicha resolución se indicó lo siguiente sobre las semanas cotizadas por el afiliado fallecido: “[...] el asegurado cotizó a este Instituto 150 semanas en los 3 años anteriores al momento del fallecimiento, [...] así mismo acredita un total de 473 semanas cotizadas en toda su vida laboral” (fls. 56 y 57).

(9) En el expediente obran tres declaraciones juramentadas que dan cuenta de la convivencia entre la peticionaria y el causante, así: (i) el veintinueve (29) de enero de dos mil catorce (2014), compareció ante el Notario 24 de Medellín la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, y manifestó bajo la gravedad de juramento que “por espacio de cuarenta (40) años, desde el día 25 de diciembre de 1963 hasta febrero de 2004, conviví casada con sociedad conyugal vigente, bajo el mismo techo, en forma permanente e ininterrumpida y dependía económicamente en todo sentido de mi esposo Marco Aurelio Gómez Giraldo [...]” (fl. 16); y el once (11) de marzo de dos mil catorce (2014), comparecieron ante la Notaría 19 de Medellín las señoras (ii) Luz Dolly Restrepo López y (iii) Luz Marina González Bedoya, para declarar que “conocemos de vista, trato, comunicación y relación de amistad y vecindad desde hace más de 20 años a la señora Dilia del Socorro Muños de Gómez [...]. De dicho conocimiento nos consta que estuvo casada por ritual católico desde el año 1963 con el señor Marco Aurelio Gómez Giraldo [...]. Estuvieron viviendo bajo el mismo techo familiar hasta la fecha del fallecimiento del señor Marco Aurelio, el día 29 de febrero del año 2004” (fl. 58).

(10) La accionante manifiesta que, en efecto, tuvo cinco (5) hijos con el causante, quienes son todos mayores de edad y se identifican con los nombres de Fabio de Jesús Gómez Muñoz, Hernán Darío Gómez Muñoz, Nicolás Edison Gómez Muñoz, Lady Berenice Gómez Muñoz y Freneyder Augusto Gómez Muñoz. Así mismo, indica que dos (2) de ellos están en situación de discapacidad (Hernán Darío y Nicolás Edison) (fl. 16).

(11) “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

(12) “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales”.

(13) Folios 56 y 57.

(14) La Sentencia C-566 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), mediante la cual se declaró inexequible el requisito de fidelidad al sistema para acceder a la pensión de sobrevivientes, fue proferida el veinte (20) de agosto de dos mil nueve (2009).

(15) Ciertamente, el artículo 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, dispone que “[c]uando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos: a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común [...]”. Y para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común, el literal b) del artículo 6º de ese mismo cuerpo normativo, exige “[...] haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez [muerte], o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez [muerte]”.

(16) Sentencia del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007), proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, con ocasión de la demanda ordinaria laboral instaurada por la actora contra el ISS. En la parte resolutiva de esa providencia, se decidió lo siguiente: “Primero: se declara que la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Marco Aurelio Gómez Giraldo. // Segundo: se condena al ISS a reconocer y pagar a favor de la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez [...] la suma [correspondiente a las] mesadas pensionales atrasadas; Tercero: se absuelve al ISS [de] reconocer ni pagarle a la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez el interés solicitado; // Cuarto: Condenar al ISS para que siga reconociendo a la actora [...] a partir del mes de agosto del año 2007, las mesadas pensionales de sobrevivientes”(fls. 17 al 25).

(17) Sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009), proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación contra la sentencia que examinó en primera instancia la demanda ordinaria presentada por la actora contra el ISS (fls. 26 al 34). Esta decisión contó con el salvamento de voto del Magistrado Gildardo Valencia Hernández, en el cual explicó que se apartó de la decisión mayoritaria porque exigir el requisito de fidelidad rompe injustificadamente con la prohibición de regresividad de los derechos sociales, y desconoce arbitrariamente reiterada jurisprudencia constitucional.

(18) Sentencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011), proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la cual se resolvió el recurso extraordinario propuesto por la actora contra la sentencia del tribunal mencionada (fls. 44 al 55).

(19) Ibíd.

(20) Copia de la cédula de ciudadanía de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, en la cual se puede constatar que nació el diecinueve (19) de agosto de mil novecientos cuarenta y uno (1941) (fl. 15).

(21) Folio 4.

(22) Ibíd.

(23) Auto de Sala Plena.

(24) Las entidades demandadas fueron vinculadas al proceso por la Corte Constitucional, mediante auto del veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014). Allí se dispuso poner “[...] en conocimiento del Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y Colpensiones Eice el expediente de tutela T-4324560, [...] para que se pronuncien acerca de las pretensiones y del problema jurídico que plantea la aludida sentencia”.

(25) Auto de Sala Plena.

(26) Auto de Sala Plena.

(27) Este apartado pertenece al Auto 4 de 2004 de Sala Plena, y fue transcrito íntegramente en el Auto 100 de 2008 para justificar la competencia de la Corte Constitucional para examinar trámites de tutela rechazados por otras corporaciones.

(28) En múltiples oportunidades las salas de revisión de la Corte Constitucional han asumido directamente la competencia para conocer un trámite de tutela en virtud del Auto 100 de 2008. Al respecto pueden observarse, entre otras, las Sentencias T-013 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-859 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-214 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-1038 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-1095 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Varas Silva), T-255 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-450 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo), y T-362 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

(29) Registro civil de defunción del señor Marco Aurelio Gómez Giraldo, en el que se informa que falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004), en la ciudad de Medellín, Antioquia (fl. 14).

(30) La Sentencia C-556 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) fue expedida el veinte (20) de agosto de dos mil nueve (2009).

(31) M.P. José Gregorio Hernández Galindo, S.V. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero. En esa oportunidad la Corte declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Si bien allí se declararon inexequibles las disposiciones acusadas por considerar que vulneraban las reglas de competencia fijadas por la Constitución Política, también se dijo en la parte motiva que la acción de tutela podía llegar a ser procedente contra actuaciones judiciales en circunstancias excepcionales, cuando ellas resultaran ser una vía de hecho.

(32) La misma regla ha sido reiterada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, por ejemplo, en las sentencias C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, SPV Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Hernando Herrera Vergara, S.V. José Gregorio Hernández Galindo, A.V. Vladimiro Naranjo Mesa, Hernando Herrera Vergara, José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra) y, más adelante, en la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(33) M.P. Jaime Córdoba Triviño, unánime. En ella se declaró inexequible la expresión “acción” contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, en tanto excluía toda posibilidad de interponer acciones de tutela contra las sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

(34) Corte Constitucional, Sentencia T-282 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En ese fallo la Sala Cuarta de Revisión de la Corte recordó la improcedencia de la tutela contra tutela, y se explicaron los presupuestos generales de procedibilidad de la misma.

(35) Véase, al respecto, la Sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) en la cual la Sala Tercera de Revisión tipificó algunos de los defectos en que pueden incurrir las providencias judiciales, con la virtualidad de afectar derechos fundamentales.

(36) Sobre la caracterización de estos defectos, puede verse, entre muchas otras, la Sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(37) Folio 15.

(38) Folios 17 al 25.

(39) Folios 26 al 43.

(40) Folios 44 al 55.

(41) El artículo 30 de la Ley 712 del 2001 “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”, consagra la procedencia del recurso de revisión en los siguientes términos: “[e]l recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las salas laborales de los tribunales superiores y los jueces laborales del circuito dictadas en procesos ordinarios”. Igualmente, el artículo 31 de la mencionada ley dispuso las causales para interponer el recurso, así: “Causales de revisión: || 1. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. || 2. Haberse cimentado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas. || 3.Cuando después de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez, decidido por la justicia penal. || 4. Haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido determinante en este. || PAR.—Este recurso también procede respecto de conciliaciones laborales en los casos previstos en los numerales 1º, 3º y 4º de este artículo. En este caso conocerán los tribunales superiores de distrito judicial”. Las causales anteriores fueron adicionadas por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual se refiere a la revisión de aquellas actuaciones que impongan la obligación de reconocer sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o a fondos públicos, en razón de una violación al debido proceso. Se debe anotar que el Gobierno tiene la titularidad del recurso de revisión con fundamento en esta causal.

(42) M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla. En esa oportunidad, la Sala Plena examinó el caso de una persona que reclamaba la protección de su derecho al debido proceso, porque mediante una sentencia de casación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia le había exigido acreditar el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes de su esposo, dado que este último había fallecido antes de la declaratoria de inexequibilidad de la norma que lo contemplaba. La Corte amparó los derechos fundamentales de la accionante, y ordenó el reconocimiento pensional. Explicó que la aplicación de las normas que consagran el requisito de fidelidad comporta un desconocimiento de la Constitución Política, sin importar el momento de causación del derecho, pues desde siempre ha sido contraria a la prohibición de regresividad de los derechos sociales y económicos.

(43) Ibíd. Al respecto, puede observarse también la Sentencia SU-132 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada, A.V. Nilson Pinilla Pinilla), mediante la cual la Sala Plena de la Corte, en un asunto similar al estudiado en esta oportunidad, decidió declarar procedente una acción de tutela presentada contra un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, puede verse la Sentencia SU-158 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. Nilson Pinilla Pinilla).

(44) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(45) Igualmente, en la Sentencia T-450 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo), la Sala Segunda de Revisión declaró procedente una acción de tutela mediante la cual se cuestionaba una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que previamente negó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes por no llenarse el requisito de fidelidad. En esa oportunidad transcurrieron ocho (8) meses entre la expedición de la sentencia demandada y la presentación de la tutela, y aunque el tiempo era razonable, se advirtió que cuando “la afectación al derecho fundamental se esté dando de forma reiterada —como resulta de la negativa injustificada al reconocimiento de un derecho pensional— la acción de tutela será procedente hasta tanto cese la vulneración”.

(46) La implicación directa del carácter imprescriptible e irrenunciable del derecho a la seguridad social, y específicamente a la pensión de sobrevivientes, es que las personas beneficiarias pueden reclamar su titularidad en cualquier tiempo, siempre que se llenen los requisitos legales establecidos. El derecho a determinada pensión nace cuando una persona cumple los presupuestos legales vigentes al momento del causarse el mismo, y ese derecho es irrenunciable. Un beneficiario puede abstenerse de reclamar el pago efectivo de las mesadas, e inclusive le puede ser negado el reconocimiento, pero este no podrá despojarse de la titularidad del derecho, ni de la facultad de reclamar en el futuro el pago periódico de su prestación. Sobre la imprescriptibilidad e irrenunciabilidad del derecho a la pensión de sobrevivientes puede verse, entre otras, la Sentencia T-479 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa), en la que se explicó que “[e]l carácter imprescriptible del derecho a la pensión se deriva directamente de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir la sociedad, y además, se constituye en un instrumento para garantizar la especial protección que el Estado debe a las personas de la tercera edad, con el propósito de asegurar el mantenimiento de unas condiciones de vida digna”, por lo que en virtud de la misma “[...] la persona que se crea con derecho a [determinada pensión], puede ejercer el derecho e insistir en su reconocimiento cuantas veces estime necesarias, porque de lo contrario, el derecho pensional que es imprescriptible, ya no podría ser reclamado por vía judicial, lo cual resultaría a todas luces contradictorio y haría nugatoria la protección del derecho”. En el mismo sentido, pueden verse las sentencias T-164 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-231 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-427 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-072 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-732 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-395 de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo). En esas providencias, las diferentes salas reiteraron la jurisprudencia sobre imprescriptibilidad del derecho a la pensión de sobrevivientes, y establecieron que debido al carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social, acompasado con los principios de protección especial a las personas en situación de debilidad manifiesta, esa prestación puede reclamarse en cualquier momento.

(47) La sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tutela, fue proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014) (fl. 69), y la accionante presentó el expediente en la Secretaría General de la Corte Constitucional el tres (3) de abril de dos mil catorce (2014) (fl. 1).

(48) Sobre este punto, vale resaltar que en la ya citada Sentencia SU-132 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada, AV Nilson Pinilla Pinilla), respecto de un caso similar al presente, la Sala Plena examinó el cumplimiento del requisito de inmediatez desde el momento en que se profirió la providencia que “inadmitió la acción constitucional sin dar la oportunidad de una revisión por parte de la Corte Constitucional”, hasta cuando la persona interesada presentó la acción de tutela motivo de estudio con fundamento en el Auto 100 de 2008. En ese lapso transcurrieron solo dos (2) meses y, por tanto, la Corte halló que “las actuaciones realizadas por la tutelante, encaminadas a la búsqueda de protección de sus derechos, se llevaron a cabo dentro de un tiempo razonable”.

(49) En el recurso de casación presentado ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, la peticionaria alegó, igualmente, que la aplicación del requisito de fidelidad consagrado en “el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, rompe el equilibrio y el respeto de los principios de proporcionalidad y progresividad, consagrados en el preámbulo y los artículos 13 y 48 de la Constitución Política”, y que al respecto “se debió observar la Sentencia C-556 de 2009, [...] para resaltar que se excluyeron del ordenamiento jurídico los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003” (fls. 48 y 49).

(50) Esta posición ha sido reiterada por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Al respecto véanse las sentencias de unificación de jurisprudencia: SU-132 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada, A.V. Nilson Pinilla Pinilla), SU-158 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. Nilson Pinilla Pinilla) y SU-407 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. Nilson Pinilla Pinilla). Igualmente, pueden verse, entre otras, las siguientes sentencias de revisión: T-730 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-846 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-950 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-006 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-166 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-534 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-755 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-925 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-950 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-995 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-453 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-576A de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-586A de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-722 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-772 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-868 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-028 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-043 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-127 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-687 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-038 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-118 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), T-260 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-779 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-450 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo), y T-886 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). En todas estas providencias se sostuvo que es inconstitucional exigir el requisito de fidelidad para conceder el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sea que estas se hubieren causado antes o después de la Sentencia C-556 de 2009.

(51) Los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 establecían: “Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: [...] Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando: [...] a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento, b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento”. Las expresiones subrayadas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-556 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).

(52) M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(53) En la Sentencia C-556 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) se explicó que el requisito de fidelidad creaba una barrera de acceso a los beneficiarios de aquellos afiliados que fallecían a una edad avanzada, en el sentido de que ellos debían acreditar un número mayor de cotizaciones para satisfacer el presupuesto si se comparaba con otros usuarios menores. Allí se sostuvo, por ejemplo, que “si una persona al fallecer por enfermedad tiene 40 años de edad, debe contar con un mínimo de 5 años de cotizaciones, que correspondería al 25% del tiempo cotizado, el cual se ve incrementado en la medida que pasen los años, pues siguiendo el mismo ejemplo si el afiliado al fallecer cuenta ya no con 40 sino con 60 años de edad, el requisito correspondiente al 25% del tiempo, ascendería a 10 años de cotizaciones”.

(54) Corte Constitucional, T-730 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa oportunidad, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de una persona a la cual le negaron la pensión de sobrevivientes porque el causante no cumplía el requisito de fidelidad, el cual le era exigible porque falleció cuando estaba vigente la Ley 797 de 2003 y antes de proferida la Sentencia C-556 de 2009. En ese contexto, la Corte dijo que tal exigencia “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones”, y agregó: “si en gracia de discusión se aceptara que resultan constitucionalmente posibles tanto la interpretación que restringe la eficacia de la protección desde el momento en que se profirió la decisión y hacia el futuro, como la que predica su eficacia incluso para las situaciones que se configuraron antes de proferirse la decisión de la Corte, la vigencia del principio pro homine en nuestro orden constitucional obligaría a preferir la interpretación más garantista para los afectados, de manera que también en este caso se estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir única y exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron conforme a la Constitución, en cuanto no incurrían en limitaciones ilegítimas de los derechos sociales fundamentales”.

(55) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(56) En esta sentencia se hizo referencia al precedente constitucional sobre la inaplicación del requisito de fidelidad en pensión de invalidez. Aun cuando se examinaba el caso de una persona que reclamaba una pensión de sobrevivientes, la Sala encontró que los argumentos relativos a que dicho presupuesto era regresivo, se podían extender también a la pensión de sobrevivientes para efectos de aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Allí se citaron las siguientes providencias: T-974 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-1291 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-221 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-043 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-699A de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-580 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-628 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

(57) Esta interpretación ha sido reiterada por diferentes decisiones de esta corporación, entre las cuales pueden verse las sentencias T-730 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-166 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-772 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-043 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-687 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-260 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En todas ellas, la Corte tuteló el derecho a la seguridad social de unos ciudadanos a quienes se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por no cumplir el requisito de fidelidad, el cual era aplicable —a juicio de las administradoras de pensiones— porque estaba vigente al momento de la muerte del causante.

(58) Corte Constitucional, sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). También la Sentencia T-047 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). En estos casos, si bien el juez de la causa es quien le fija el alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquel que se ajuste a la Carta Política.

(59) Sobre el tema pueden consultarse además, las sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-047 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). En la Sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte señaló que: “es evidente que se desconocería y contravendría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medidas de aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces especializados, razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad”.

(60) Corte Constitucional, sentencias T-555 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-1028 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-111 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-178 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).

(61) El texto de las normas es el siguiente: Constitución Política, artículo 48 (parcial), “[e]l Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley”; artículo 53 (parcial), “[l]a ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

(62) M.P. Alexei Julio Estrada, A.V. Nilson Pinilla Pinilla.

(63) Ob. cit. M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. Nilson Pinilla Pinilla.

(64) M.P. María Victoria Calle Correa, A.V. Nilson Pinilla Pinilla. En esa sentencia, la Sala Plena de la Corte estableció que las autoridades, bajo ningún pretexto, pueden aplicar o exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad al sistema, so pena incurrir en un defecto por violación directa de la Constitución y a los derechos fundamentales de la persona interesada. En ese caso, se dejaron sin efecto dos providencias judiciales que habían negado el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a una ciudadana por no cumplir ese requisito, el cual consideraban exigible porque el causante falleció antes de proferida la Sentencia C-556 de 2009. Al respecto, se sostuvo lo siguiente: “[...] el defecto [por violación directa de la Constitución] consistió en no haber inaplicado el mencionado requisito de fidelidad consagrado en la citada norma, a pesar de ser contrario a la Constitución, tal y como lo había interpretado en numerosos pronunciamientos la Corte Constitucional, que es la corporación que tiene asignada la función de guardar la integridad y supremacía de la Constitución Política (art. 241, C.P.). // En conclusión, cuando una autoridad judicial aplica o exige que se apliquen las normas que establecían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a una pensión de sobrevivientes, vulnera el derecho a la seguridad social (art. 48, C.P.), dado que esa exigencia de fidelidad desde siempre ha sido incompatible con la Carta, por lo que debe inaplicarse en todos los casos (art. 4º, C.P.)”.

(65) Ob. cit. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(66) Sentencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011), proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la cual se resolvió el recurso extraordinario propuesto por la actora contra la sentencia del tribunal mencionada (fls. 44 al 55).

(67) En la Sentencia C-507 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), sobre el principio de progresividad en materia de derechos sociales, la Corte explicó que “cuando una norma retrocede, por cualquier vía, el nivel de satisfacción de un derecho social, inmediatamente debe presumirse inconstitucional. Sin embargo, esta presunción admite, prueba en contrario. En este sentido la Corte ha señalado que la prohibición de regresividad es apenas una prohibición prima facie y no absoluta. Lo anterior significa que cuando el Estado ha obtenido un mayor nivel de satisfacción de derechos sociales, la decisión política de disminuir el alcance de la protección debe contar con una justificación suficiente para superar la prohibición de regresividad”. Al respecto pueden observarse, también, las sentencias C-671 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynnnet) y C-428 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo).

(68) Ob. cit. Corte Constitucional, Sentencia C-556 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).

(69) En la Sentencia C-428 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), la Corte declaró inexequible el requisito de fidelidad al sistema para acceder a la pensión de invalidez, el cual disponía que para obtener el derecho, los afiliados debían cotizar el “veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”. Allí se explicó que ese requisito buscaba garantizar la sostenibilidad financiera del sistema mediante la cultura de la afiliación, pero que el medio para lograrla (el requisito de fidelidad) implicaba un “costo social” muy alto, por lo que debía declararse inexequible, así: “el requisito de fidelidad no logra desvirtuar la presunción de regresividad, a diferencia del anterior caso analizado, respecto del cual la reforma mostró matices de progresividad a pesar del aumento en el número de semanas requeridas. A pesar de poder tener un fin constitucional legítimo, en tanto buscaría asegurar la estabilidad financiera del sistema pensional mediante la cultura de afiliación y disminución del fraude, la norma no es conducente para la realización de dichos fines al imponer una carga mayor a las personas a quienes no se les había exigido fidelidad -los afiliados de la tercera edad. [...] [Por tanto], el costo social que apareja la modificación introducida por el requisito de fidelidad incluido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 es mayor que beneficio que reportaría para la colectividad. En efecto, como se expuso anteriormente, implica la exclusión de determinadas situaciones previamente protegidas, a través de un requisito que no conduce realmente a la realización de los propósitos perseguidos por la norma”.

(70) El causante falleció a la edad de setenta y cuatro (74) años en razón de una enfermedad. Por tanto, el veinte por ciento (20%) de cotizaciones entre el momento que cumplió veinte (20) años de edad y la muerte corresponden 14.8 años, equivalentes aproximadamente a setecientas cuarenta (740) semanas.

(71) Recuérdese que una de las razones por las cuales se declaró inexequible el requisito de fidelidad en pensión de sobrevivientes, fue que creaba una barrera de acceso a los beneficiarios de aquellos afiliados que fallecían a una edad avanzada, en el sentido de que ellos debían acreditar un número mayor de cotizaciones para satisfacer el presupuesto si se comparaba con otros usuarios menores. Así por ejemplo, como se expuso en la Sentencia C-556 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla ): “si una persona al fallecer por enfermedad tiene 40 años de edad, debe contar con un mínimo de 5 años de cotizaciones, que correspondería al 25% del tiempo cotizado, el cual se ve incrementado en la medida que pasen los años, pues siguiendo el mismo ejemplo si el afiliado al fallecer cuenta ya no con 40 sino con 60 años de edad, el requisito correspondiente al 25% del tiempo, ascendería a 10 años de cotizaciones”.

(72) Ob. cit. Corte Constitucional, T-730 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(73) Ob. cit. Corte Constitucional, Sentencia T-1036 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(74) Folio 4.

(75) En múltiples oportunidades las Salas de Revisión de la Corte Constitucional han asumido directamente la competencia para conocer un trámite de tutela en virtud del Auto 100 de 2008. Al respecto pueden observarse, entre otras, las sentencias T-013 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-859 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-214 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-1038 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-1095 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Varas Silva), T-255 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-450 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo), y T-362 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

(76) En diferentes oportunidades la Corte ha autorizado a las entidades demandadas para que descuenten lo pagado por indemnización sustitutiva cuando reconocen algún derecho pensional. Esto, para efectos de armonizar el mandato de incompatibilidad de las prestaciones con el respeto a los derechos adquiridos y el carácter irrenunciable de la seguridad social. Al respecto, puede observarse, entre otras, la Sentencia T-003 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), en la cual se amparó el derecho a la seguridad social de una persona que reclamaba la pensión de sobrevivientes, y previamente al causante le había sido reconocida una indemnización sustitutiva. Sobre el descuento de esta última prestación se resolvió lo siguiente: “la Sala le ordenará a Colpensiones que revise la historia laboral de la señora Odeilda Franco García y en caso que cumpla con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años anteriores a su fallecimiento, se ordena que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a su hijo Giovanni Jaramillo Franco. En caso que haya reclamado la indemnización sustitutiva, la entidad accionada deberá hacer un cálculo y descontarle esta prestación de manera periódica, sin que la pensión de sobrevivientes sea inferior a un salario mínimo legal”. En el mismo sentido, puede observarse la Sentencia T-599 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).

(77) Código Sustantivo del Trabajo, artículo 488. “Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto” (resaltado fuera del texto).

(78) Reiterada jurisprudencia constitucional ha señalado que los derechos pensionales son imprescriptibles, pero que las prestaciones periódicas o mesadas que no han sido cobradas sí son susceptibles del vencimiento. Esto, en virtud de la protección de los derechos adquiridos, la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social (art. 48, C.P.). Sobre la imprescriptibilidad de la pensión de sobrevivientes pueden observarse, entre muchas otras, las sentencias T-479 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-164 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-231 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-427 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-072 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-732 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-395 de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo).