Sentencia SU-949 de diciembre 4 de 2014

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente T-3958606

Magistrada Ponente:

Dra. María Victoria Calle Correa

Acción de tutela presentada por la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil catorce.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:

Sentencia

En el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos, en primera instancia, por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) y, en segunda instancia, por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el ocho (08) de mayo de dos mil trece (2013) dentro del proceso de tutela iniciado por la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

El proceso de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho, mediante auto proferido el veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) y su conocimiento fue asumido por la Sala Plena según decisión del diez (10) de octubre de dos mil trece (2013) en razón de la “trascendencia del tema”, de conformidad con el inciso 1º del artículo 54A del Acuerdo 5 de 1995, que establece el reglamento interno de la Corte Constitucional.

I. Antecedentes

1. Demanda y solicitud.

El veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013) la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá (en adelante Cruz Roja) representada legalmente por Laura Marina Palacio Arciniegas y actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que mediante la sentencia de casación adoptada el ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) que dejó sin efectos el fallo proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad de la entidad. En su criterio, la autoridad judicial incurrió en varios defectos al ordenarle “pagar una serie de beneficios extralegales a sus empleados, sin fundamento en el derecho positivo aplicable al caso concreto, y sin considerar la difícil situación económica que padece [la Seccional]”(1). En consecuencia, solicitó que se deje sin efectos dicha providencia de casación y, en su lugar, le restituya la firmeza a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008).

El apoderado judicial de la accionante fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos relevantes(2):

1. Afirmó que en el año mil novecientos ochenta y siete (1987) la Cruz Roja adoptó unilateralmente una serie de beneficios extralegales a favor de sus trabajadores de nómina, entre ellos, primas extralegales en junio y diciembre, primas extralegales de vacaciones y antigüedad, acceso a medicina prepagada y préstamos especiales para vivienda, calamidad doméstica y estudio, que posteriormente consignó en la “Cartilla de Servicios y Beneficios a los empleados de junio de 1999”(3). Dicha cartilla fue elevada a la categoría de convención colectiva en el año dos mil tres (2003) y fue condicionada su aplicación a la buena situación económica del empleador.

2. Señaló que desde finales de los años noventa (90) y con especial gravedad en dos mil (2000) dos mil uno (2001) y dos mil dos (2002) la Cruz Roja afrontó una difícil situación financiera, y que para el año dos mil dos (2002) “fecha en la cual se efectúo el recorte de beneficios extralegales a sus empleados, la [entidad] registró un déficit económico de alrededor de 390 millones de pesos y pasivos o deudas por más de 4 mil millones de pesos”(4).

3. Planteó que por esa época la Cruz Roja enfrentaba un conflicto colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Entidades de la Cruz Roja en Colombia (en adelante Sintracruz Roja Colombia) generado por un pliego de peticiones de cuarenta y ocho (48) cláusulas presentado por el sindicato el siete (7) de mayo de dos mil dos (2002) que fue resuelto por un tribunal de arbitramento obligatorio mediante laudo del quince (15) de junio de dos mil tres (2003)(5).

4. Relató que el laudo denegó casi la totalidad de las peticiones realizadas por Sintracruz Roja Colombia(6) y autorizó a la Cruz Roja a eliminar los beneficios extralegales reconocidos a favor de sus trabajadores bajo ciertas condiciones financieras, económicas y administrativas(7)por un lado, en razón de la naturaleza jurídica del empleador pues se trata de una asociación sin ánimo de lucro dedicada a programas humanitarios y, por otro lado, al reconocer la difícil situación económica de la entidad, “agravada por los beneficios extralegales que les venía concediendo a sus empleados, los cuales le habían costado $ 518 millones de pesos durante el año 2002, y que de seguir pagando ‘muy seguramente’ pondrían ‘en grave peligro la existencia de la entidad’”.

5. Narró que Sintracruz Roja Colombia solicitó la anulación del laudo arbitral referido ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, bajo los siguientes argumentos: (i) el tribunal de arbitramento no estudió si tenía competencia para resolver el conflicto colectivo de trabajo; (ii) no motivó su decisión, y (iii) desconoció el principio de equidad que permite resolver los conflictos de tipo económico entre trabajadores y empleadores(8)Dicha petición, según afirma, fue denegada porque (i) los recurrentes no probaron la falta de competencia del tribunal de arbitramento; (ii) el laudo sí cumplió con su carga de motivación, y (iii) no le correspondía a la Corte Suprema revisar la “equidad” de aquella decisión arbitral, toda vez que su función era evaluar su regularidad legal y constitucional(9).

6. Expuso que con estos apoyos jurisdiccionales y bajo el entendimiento de que los beneficios extralegales de la convención estaban condicionados a la buena situación económica del empleador, la Cruz Roja decidió unilateralmente suspender la aplicación de los mismos. Decisión que fue comunicada el ocho (08) de septiembre de dos mil tres (2003) a sus empleados en donde se les explicó que la medida se tomaba para “garantizar su viabilidad financiera, evitar su liquidación y asegurar su existencia”.

7. Señaló que en razón de lo anterior el sindicato presentó demanda ordinaria laboral contra la Cruz Roja, por considerar que había violado normas sustanciales del trabajo al dejar de aplicar la “Cartilla de servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999”, pretendiendo el restablecimiento de los beneficios extralegales en cuestión(10).

8. El Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá conoció en primera instancia el proceso ordinario, y mediante sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007) absolvió a la demandada “de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por [Sintracruz Roja Colombia]”(11). Según afirmó, esta decisión tuvo en cuenta que: (i) la cartilla de servicios y beneficios había sido aplicada “a mera liberalidad de la empresa”; (ii) el laudo arbitral del quince (15) de julio de dos mil tres (2003) ratificado por la Corte Suprema de Justicia el veintiuno (21) de agosto del mismo año, autorizó a la demandada a “enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios en cualquier momento fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero, económico o administrativo”(12)y (iii) la difícil situación económica que atravesaba la entidad certificada por el correspondiente revisor fiscal(13).

9. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral, conoció del recurso de apelación interpuesto por Sintracruz Roja Colombia, y mediante sentencia del treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008) decidió confirmar integralmente el fallo de primera instancia. Afirmó el apoderado de la accionante, que “el Tribunal Superior reconoció el carácter de “convención colectiva” que revestían las disposiciones contenidas en el laudo arbitral del 15 de julio de 2003”, además concluyó (i) que la aplicación y vigencia de la convención colectiva estaba condicionada a la buena situación económica de la Cruz Roja, y (ii) que estaba debidamente probada la precaria situación financiera de la entidad desde el año dos mil dos (2002) con los estados financieros que examinó el laudo arbitral dentro del proceso que resolvió el conflicto colectivo de trabajo(14).

10. Narró que contra la sentencia de segunda instancia el sindicato presentó recurso de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pretendiendo que se anularan sus efectos y, en consecuencia, se restableciera el derecho de los trabajadores de la Cruz Roja a percibir los beneficios extralegales. Allí se acusó a la sentencia de segunda instancia de violar la ley sustancial por la vía directa, en tanto no le dio efectos de convención colectiva a los beneficios de la cartilla, a pesar de que un laudo arbitral había decidido elevar a esa categoría las garantías allí contenidas. La Cruz Roja se opuso a la prosperidad de dicha recurso.

11. En la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió casar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y revocar íntegramente la providencia dictada por el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá. En su lugar, condenó a la Cruz Roja a “restablecer, a partir del 1º de septiembre de 2003, la totalidad de los derechos contenidos en la cartilla de servicios y beneficios a los empleados”(15). La Corte sostuvo que para eliminar las garantías otorgadas previamente, la Cruz Roja debía denunciar la convención colectiva (CST, art. 479) o pedir su revisión (art. 480, ibíd.) pero nunca revocar sus efectos unilateralmente. En palabras de la Corte: “cuando alguna de las partes considera que las disposiciones colectivas son lesivas a sus intereses, cuenta con dos posibilidades, la denuncia de la convención colectiva de trabajo o su revisión, cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica”. De esta forma entendió que se había violado directamente el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, pues allí se disponen mecanismos de refrendación de las convenciones colectivas para evitar arbitrariedades en su aplicación.

12. Consideró el apoderado judicial de la demandante, que el fallo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia “quebranta los derechos fundamentales de [su] representada al debido proceso y a la igualdad […] pues desconoce las normas que rigen el proceso de casación; realiza una interpretación arbitraria y errónea de las normas aplicables al caso concreto; confiere un trato desigual e injustificado(16) […] y pone en serio peligro la existencia y el cumplimiento de la labor humanitaria que voluntariamente desarrolla desde el año 1972”(17). En síntesis, planteó que la sentencia incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental y en violación directa de la Constitución. Por una parte, señaló que (i) la autoridad judicial realizó una interpretación arbitraria del derecho aplicable, en tanto el artículo cuarto del laudo arbitral proferido el quince (15) de julio de dos mil tres (2003) (que elevó a categoría de convención colectiva la cartilla de beneficios) dispuso expresamente que la Cruz Roja “podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios, en cualquier momento fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero”, y en ese sentido las garantías extralegales fueron consagradas de manera facultativa y no como una obligación(18). De otra parte, alegó que (ii) la Corte incurrió en una “falta de valoración de las pruebas sobre la difícil situación financiera de la Cruz Roja”, por lo que se configura un defecto fáctico en su dimensión negativa(19). Finalmente, adujo que la Corte (iii) admitió un recurso extraordinario de casación ‘abiertamente’ improcedente, porque el recurrente combinó cargos de violación directa e indirecta, y eso desconocía el derecho fundamental al debido proceso de la Cruz Roja(20).

2. Respuesta de la corporación accionada y de los demás vinculados.

Mediante auto del cuatro (04) de marzo de dos mil trece (2013) la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y ordenó notificar a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia accionada. Además, notificó la misma a las salas Civil y Penal de la misma colegiatura, al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, al Ministerio de Protección Social y a Sintracruz Roja Colombia, por considerar que eventualmente podrían resultar afectados con la decisión(21).

2.1. Respuesta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El siete (07) de marzo de dos mil trece (2013) los magistrados de la Sala suscriben respuesta en el sentido de considerar que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, no puede asumir el conocimiento de la solicitud de amparo debido a que el inciso 2º del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000(22)le atribuye a la propia Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las acciones de tutela que se intentan contra sus decisiones, y dicho precepto está en vigor y es de obligatoria observancia, y “no tiene ningún efecto jurídico la atribución de competencias efectuada por la Corte Constitucional para conocer de esas acciones a otras autoridades judiciales distintas de las señaladas por el ordenamiento legal”. Asimismo, precisaron que “[n]o es entonces jurídicamente posible que cualquier autoridad judicial pretenda imponerle a la Corte Suprema de Justicia un criterio interpretativo contrario a su jurisprudencia”. En consecuencia, solicitan que declare la nulidad de lo actuado por falta de competencia para conocer de dicha acción y que la rechacen o, en su defecto, la desestimen por improcedente. Finalmente, señalan que “la determinación cuestionada, no pudo conculcar derechos superiores, pues se emitió en estricto apego a la ley”(23).

2.2. Respuesta del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá. El siete (07) de marzo de dos mil trece (2013) informó la juez a cargo del despacho que la sentencia dictada en el proceso donde actuaba como demandante Sintracruz Roja Colombia, fue proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá el treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007) el cual corresponde a otro despacho diferente al que conduce, toda vez que dicho juzgado fue creado mediante Acuerdo PSAA11-8831 del primero (1º) de diciembre de dos mil once (2011) de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Razón por la cual le es imposible realizar algún tipo de pronunciamiento(24).

2.3. Respuesta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. El seis (06) de marzo de dos mil trece (2013) la presidenta de la Sala planteó que, con fundamento en el Decreto 1382 de 2000, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, carece de competencia para conocer de la acción de tutela. Además, señaló: “[…] de admitir este tipo de solicitudes de amparo, las jurisdicciones previstas en la Carta Magna se reducirían tan sólo a una, que sería el centro de unificación de la jurisprudencia nacional en todas las materias, suprimiendo de paso el recurso extraordinario de casación y el control de constitucionalidad y legalidad que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa. || […], la función del juez disciplinario no es la de unificar la jurisprudencia pues esta tarea la cumple el recurso extraordinario de casación por expreso mandato de la Carta Política. Justamente, en respeto de la separación de jurisdicciones, esta Corte se ha abstenido de conocer acciones de tutela contra determinaciones de la jurisdicción disciplinaria, pues abrir este dique a jueces y abogados sancionados, no sería acorde con la Constitución. Por ello, espera que este asunto se decida consultando la Constitución y la autonomía institucional”(25).

2.4. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social. El siete (07) de marzo de dos mil trece (2013) el director jurídico del ministerio solicitó la declaración de improcedencia de la acción de tutela en contra de dicha entidad por falta de legitimación por pasiva, por cuanto no ha violado o amenazado los derechos invocados por la accionante, toda vez que los hechos sobre los que versa la solicitud de amparo son de naturaleza laboral. En consecuencia, peticionó su desvinculación del trámite de amparo(26).

2.5. Respuesta de Sintracruz Roja Colombia. El ocho (08) de marzo de dos mil trece (2013) la representante legal del sindicato presentó oposición a la tutela de los derechos fundamentales invocados por la Cruz Roja(27)con apoyo en los siguientes argumentos:

2.5.1. Señaló que la accionante cometió una arbitrariedad al dejar de aplicar a partir del primero (01) de septiembre de dos mil trece (2003) la cartilla de servicios y beneficios que venía reconociendo a todos sus trabajadores desde el año mil novecientos ochenta y siete (1987) “amparándose para hacerlo en la interpretación errada que le dio al contenido del artículo 4º del laudo arbitral proferido el 15 de julio del mismo año, para dirimir el conflicto colectivo generado con la presentación de un pliego de peticiones por parte de la organización sindical a la [Cruz Roja], ignorando lo ya resuelto por la misma Sala de Casación Laboral al desatar el recurso de anulación interpuesto contra el mismo, al reiterar que lo decidido por el Tribunal de Arbitramento no fue otra cosa que elevar a canon convencional la referida cartilla de servicios y beneficios”.

2.5.2. Precisó que si efectivamente las razones financieras, administrativas o económicas llevaron a la accionante a tomar la “ilegal e injusta” determinación de dejar de aplicar la cartilla de servicios y beneficios, lo debió haber hecho ante la justicia ordinaria y, más puntualmente, “acudiendo al proceso de la negociación colectiva en el entendido que ninguna cláusula convencional se puede dejar de aplicar por el empleador en forma unilateral”(28).

2.5.3. Indicó que la gravísima actuación de la entidad empleadora limitó el derecho de negociación colectiva consagrado en los convenios 98 y 154 de la OIT, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad a la luz de lo establecido en el inciso 4º del artículo 53 y en el artículo 93 de la Constitución.

2.5.4. Explicó que la “entidad empleadora está buscando tapar su torpeza mediante la acción de tutela al no haber aplicado en la oportunidad procesal los mecanismos idóneos encaminados a obtener la revisión del laudo arbitral, si lo consideraba pertinente y necesario”. Asimismo, que la accionante “está actuando de forma temeraria al pretender constituir la acción de tutela como una tercera instancia a pesar de que ya existen unos pagos parciales efectuados en el Banco Agrario a nombre de algunos actores de la demanda de casación”.

2.5.5. Finalmente, planteó que el Consejo Seccional de la Judicatura no es el órgano competente para cuestionar las actuaciones y fallos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

3. Decisión del juez de tutela de primera instancia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante sentencia del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013)(29)negó el amparo de los derechos al debido proceso y a la igualdad de la Cruz Roja, bajo las siguientes consideraciones:

3.1. Frente a la falta de competencia del Consejo Seccional de la Judicatura para el conocimiento de la acción de tutela, señaló: “[e]n el caso específico, en que la acción de tutela se interpuso contra la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el Decreto 1382 de 2000 le correspondería conocer a la misma corporación, sin embargo, ante su manifestación de no dar trámite a la demanda y en acatamiento al pronunciamiento de la Corte Constitucional a este respecto en auto del 3 de febrero de 2004, cuyos criterios han sido reiterados por esa colegiatura mediante Auto 100 de 2008, la sala asumió su conocimiento, pues estando de por medio derechos constitucionales fundamentales sin definir y el de acceso a la administración de justicia, se hace imperioso acudir al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en virtud del cual son competentes para conocer de las acciones de tutela los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motiva la presentación de la demanda”.

3.2. En relación con el defecto fáctico alegado, aclaró que no fue relevante para el análisis de la solicitud de amparo si la autoridad accionada, al definir el trámite de casación, valoró o no la situación económica de la entidad demandada —Cruz Roja Seccional Bogotá y Cundinamarca—, toda vez que expresamente se señaló en la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) “[…] frente a la formulación del cargo, es claro que la modalidad de violación que denuncia es la infracción directa, dado que le atribuye al ad quem la omisión en la aplicación de las normas que allí consignó, y aun cuando dice que ello lo conllevó a incurrir en error de derecho, lo cierto es que lo que realiza es un eminente reproche jurídico. || Como la vía elegida fue la directa, no hay discusión frente al contenido de la norma convencional, la decisión unilateral de la demandada de suprimir el pago de los beneficios contenidos en la cartilla, la fecha en que ello ocurrió, ni la difícil situación económica por la que aquella atravesaba cuando adoptó tal determinación…”.

Entonces, en lo que tiene que ver con la falta de valoración del supuesto fáctico relacionado con la situación económica de la Cruz Roja, concluyó que “carece de vocación de prosperidad la solicitud de amparo deprecada, dando lugar a la negativa del amparo, cuando, lo que se dijo no evidenciado en el plenario y dejado de acreditar, fue desde el principio admitido y tenido por cierto en la sentencia que se cuestiona, más cuando, se insiste, ello no fue siquiera considerado relevante para definir el trámite ordinario”.

3.3. En relación con la supuesta afectación del derecho a la igualdad y al defecto procedimental en que incurrió la Sala de Casación Laboral de la corporación accionada, análisis que realiza en conjunto, señaló: “No obstante la inflexibilidad que se considera característica del recurso de casación, lo cierto es que durante la formulación del mismo existe un amplio terreno de interpretación para el operador judicial, como quiera que la viabilidad o no del recurso depende, conforme se dejó citado, en un eminente trabajo de persuasión. || Y considera la Sala, fue ello lo que primó en el caso analizado cuando, no obstante determinar desafortunada la forma en que se planteó el disentimiento con la decisión cuestionada, se llegó a la conclusión de que su sentir era diáfano para la Sala Mayoritaria y transmitía con claridad suficiente el objeto de su disenso, tanto que se estimó correctamente planteado el cargo en lo que se refería a la violación de una ley sustancial por la vía [directa] al omitir aplicar, entre otros, los artículos 461 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo y no darle el efecto jurídico debido al laudo arbitral. || Y fue precisamente la posterior demostración de ese cargo lo que dio lugar a la decisión de casación”.

Agregó: “[…] el solo hecho de que el actor no comparta la admisión de la demanda de casación no puede dar lugar a la emisión de orden de amparo, cuando, según se desprende del mismo relato de la solicitud de amparo, el auto de admisión propiamente dicho no fue objeto de controversia o reparo alguno, y si bien al descorrer el traslado de la demanda de casación se planteó [la] improcedencia del recurso por su falta de técnica, fue hasta la emisión del fallo adverso por parte de la instancia cuestionada que se recapituló por el petente el inconformismo que le generaba el auto de admisión que, como se dijo, no fue objeto de reparo alguno luego de su emisión. || El pronunciamiento aludido fue objeto entonces de convalidación por parte del actor al abstenerse de reparar de alguna manera la decisión de esa colegiatura que accedió al análisis de la demanda de casación, sin que sea la vía de tutela la oportunidad para revivir etapas que fueron superadas en el decurso ordinario, sin que, se insiste, fuese agotada controversia alguna. || En tal medida, se desestimará el amparo deprecado en lo que al defecto procedimental y la desatención del derecho a la igualdad respecta, por no encontrarlo configurado”.

3.4. En lo que se refiere a la configuración de un defecto sustantivo por la interpretación arbitraria del derecho aplicable por parte de la autoridad accionada, luego de hacer un análisis de la finalidad de una convención colectiva de trabajo, a la luz de la normativa laboral, indicó: “Es evidente entonces que ninguna eficacia podría tener una convención colectiva donde uno de los extremos de manera unilateral decide cuándo están dados los presupuestos para obligarse o no con alguna carga que dicho documento convencional contiene y fue precisamente ese el fundamento de la decisión de la Corte, la creencia de que el empleador debió acudir a los medios previstos para desprenderse de las cargas de una convención, siendo ese el momento en que se refiere o bien a la denuncia de la convención o su revisión, mismos obviados por la demandada que optó por la imposición unilateral de su criterio para desconocer un reconocimiento económico que, al ser considerado producto de una convención, era igualmente el resultado de una concertación y por ende no era dable la implementación de mecanismos unilaterales para su inobservancia. || Así las cosas, considera la Sala que no existen presupuestos para afirmar la existencia de defecto sustancial alguno en la sentencia objeto de análisis, por lo cual habrá de desestimarse el amparo deprecado, como en efecto se hace”.

4. Impugnación.

El apoderado judicial de la Cruz Roja, mediante escrito presentado el veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013) impugnó el fallo emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(30)con fundamento en las siguientes consideraciones:

4.1. La Sala de primera instancia “no apreció las condiciones de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Bogotá y Cundinamarca, que se ve irremediablemente afectada con [el] fallo, así como ninguna de las circunstancias de vulneración del derecho al debido proceso que acaecieron durante el trámite y fallo del recurso de casación en un proceso que la Cruz Roja había ganado en las sucesivas instancias”.

4.2. Asimismo, el consejo seccional omitió hacer la relación entre la decisión de la Corte Suprema de Justicia y “las pruebas aportadas sobre la precaria situación financiera de la Cruz Roja, que la había llevado a eliminar los beneficios extralegales dispuestos en la cartilla de servicios y beneficios de 1999, y que se agrava dramáticamente con la sentencia impugnada”.

4.3. Finalmente, planteó que el fallo de primera instancia “analiza con tremenda superficialidad y benevolencia hacia la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, la existencia de un defecto procedimental denunciado, consistente en la indebida admisión del recurso de casación, que era improcedente pero que la honorable Sala Laboral había admitido a trámite no sin controversia interna”.

5. Decisión del juez de tutela de segunda instancia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil trece (2013)(31)confirmó el fallo de instancia que negó la acción de tutela instaurada por la representante legal de la Cruz Roja, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia(32).

6. Actuaciones en sede de revisión

6.1. La Sala de Revisión para efectos de adoptar una decisión informada en el asunto de la referencia, en atención a que la discusión planteada en la tutela presentada por la Cruz Roja contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se centra en el alcance que se le dio al laudo arbitral que dirimió el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cruz Roja y Sintracruz Roja Colombiana, con fecha del quince (15) de julio de dos mil tres (2003) en cuyo artículo 4º se decidió que “[l]os beneficios extralegales “Cartilla de servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999”, los podrá conceder el empleador solamente si las condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador se lo permitan, por tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios, en cualquier momento fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero, económico o administrativo”(33)requirió a la señora Miryam Luz Triana Alvis, quien actúa en calidad de presidenta y representante legal del sindicato, el envío de algunas pruebas. En respuesta a lo anterior, fue remitida la siguiente información:

6.1.1. Fotocopia de la respuesta de la coordinadora de archivo sindical del Ministerio de Trabajo, a la solicitud de certificado de depósito de laudo arbitral realizada por Myriam Luz Triana Alvis(34). En dicha comunicación se lee:

Atendiendo a su solicitud, radicado en este ministerio bajo el Nº 166721 del 26 de septiembre de 2014, de manera atenta le informo que revisado el kárdex del archivo sindical APARECE LAUDO ARBITRAL suscrito entre la organización sindical denominada SINDICATO NACIONAL DE LAS ENTIDADES DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA “SINTRACRUZ ROJA COLOMBIANA” y la empresa denominada CRUZ ROJA COLOMBIANA del 15 de julio de 2003…” (cursivas, resaltado y mayúsculas originales)(35).

6.1.2. Fotocopia del pliego de peticiones presentado por Sintracruz Roja Colombia del siete (7) de mayo de dos mil dos (2002)(36).

6.1.3. Fotocopia de la carta enviada por la secretaria general de Sintracruz Roja Colombia al director territorial del trabajo y seguridad social de Cundinamarca y Bogotá, el siete (7) de mayo de dos mil dos (2002) a través del cual se hace entrega del pliego de peticiones presentado por el sindicato a la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá, para efectos de depósito(37).

6.1.4. Fotocopia de la carta de aceptación de nombramiento como árbitro en nombre de los trabajadores, suscrita por Fabio Herrera Parra el veintiséis (26) de junio de dos mil dos (2002) para representarlos en el Tribunal de Arbitramento que ha de solucionar el conflicto surgido con la presentación del pliego de peticiones a la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Boyacá(38). Este nombramiento es comunicado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el doce (12) de agosto de dos mil dos (2002)(39).

6.1.5. Fotocopia del comunicado dirigido por Sintracruz Roja Colombia al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el veintiocho (28) de junio de dos mil dos (2002) con la finalidad de que ordene la constitución de un tribunal de arbitramento que dirima el conflicto colectivo suscitado de la presentación del pliego de peticiones por parte de Sintracruz Roja Colombia, a la empleadora Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá, debido a que durante la etapa de arreglo directo, transcurrida entre el veinte (20) de mayo y el ocho (08) de junio de dos mil dos (2002) no se llegó a acuerdo en ninguna de las 48 cláusulas contenidas en el pliego(40).

6.1.6. Fotocopia de la Resolución 1195 del veintinueve (29) de julio de dos mil dos (2002) emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se ordena la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio en la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá, para que estudie y decida el conflicto colectivo de trabajo existente entre dicha entidad y Sintracruz Roja Colombia(41).

6.1.7. Fotocopia de la comunicación dirigida al Ministerio de Trabajo, el treinta (30) de agosto de dos mil dos (2002) por parte de la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá, a través de la cual se informa el nombramiento del árbitro Jorge Enrique Carvajal(42).

6.1.8. Fotocopia de la Resolución 1414 del diez (10) de septiembre de dos mil dos (2002) emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se integra un tribunal de arbitramento obligatorio para dirimir el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá y Sintracruz Roja Colombia(43).

6.1.9. Fotocopia de la Resolución 1514 del veintiséis (26) de septiembre de dos mil dos (2002) emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se aprueba la designación de la doctora Rosana Vásquez de Torres, como árbitro del sindicato, en reemplazo del doctor Fabio Herrera Parra, para integrar el tribunal de arbitramento obligatorio que estudiará y decidirá el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cruz Roja y Sintracruz Roja Colombia(44).

6.1.10. Fotocopia de la Resolución 1550 del dos (02) de octubre de dos mil dos (2002) emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se aprueba la designación del doctor Mario Rodríguez Parra, como árbitro de la entidad, en reemplazo del doctor Jorge Enrique Carvajal, para integrar el tribunal de arbitramento obligatorio que estudiará y decidirá el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cruz Roja y Sintracruz Roja Colombia(45).

6.1.11. Fotocopia del oficio suscrito por la viceministra de trabajo y seguridad social del treinta (30) de enero de dos mil tres (2003) mediante el cual informa la designación del tercer árbitro, doctora Leyla Jiménez Murillo, para integrar el tribunal de arbitramento obligatorio, y de la Resolución 147 del veintiséis (26) de febrero de dos mil tres (2003) emanada del Ministerio de la Protección Social, en igual sentido(46).

6.1.12. Fotocopia del laudo arbitral del quince (15) de julio de dos mil tres (2003) convocado por el Ministerio de Protección Social para dirimir el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá y el Sindicato de Trabajadores de las Entidades de la Cruz Roja Colombiana(47). En el laudo, cuya vigencia se fijó en el artículo primero desde la fecha de su expedición hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil cuatro (2004) resolvió en relación con las cláusulas que tienen que ver con la “Cartilla de servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999”:

“ART. CUARTO.—Beneficios extralegales(48). Los beneficios extralegales “Cartilla de servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999”, los podrá conceder el empleador solamente si las condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador se lo permitan(49)por tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios, en cualquier momento fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero, económico o administrativo”(50).

6.1.13. Fotocopia de la constancia de interposición del recurso de anulación por parte del apoderado especial del Sintracruz Roja Colombia, contra el laudo arbitral del quince (15) de julio de dos mil tres (2003)(51)y del escrito de sustentación del mismo presentado el once (11) de agosto de dos mil tres (2003)(52).

6.1.14. Fotocopia del fallo del veintiuno (21) de agosto de dos mil tres (2003) expedido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia(53)a través del cual se decide no anular el laudo arbitral proferido el quince (15) de julio de dos mil tres (2003) por las siguientes razones: (i) el tribunal no omitió pronunciarse sobre ninguna de las cuestiones para las que fue constituido y, por tanto, no es viable la devolución del expediente como lo solicita la organización sindical; (ii) no le es dado a la Corte asumir el estudio de asuntos meramente procesales que debieron ser ventilados en las etapas propias del conflicto colectivo, entre ellos, la falta de prueba del resultado de la etapa de arreglo directo; (iii) el tribunal sí motivó su decisión de negar todas las peticiones que condujeran a un beneficio extralegal y otras por escapar de su competencia, y (iv) el tribunal tuvo por demostrada la crítica situación económica de la entidad empleadora y de allí concluyó, aplicando el principio de equidad, que era imposible imponerle cargas adicionales, porque ellas pondrían en peligro su propia existencia. En relación con el alcance que se le dio en el artículo cuarto del laudo a los beneficios extralegales contenidos en la cartilla de servicios y beneficios reconocidos por la Cruz Roja a sus trabajadores, concluyó que el tribunal no excedió sus atribuciones, porque:

“[El laudo arbitral] acogió la cláusula 7ª del pliego(54)pero limitó su aplicación a las condiciones económicas de la Cruz Roja, en tanto estas le permitan reconocer los derechos y prerrogativas que antes eran extralegales. Esta situación de ser extralegales, es la que permite definir la cuestión, porque tal como se viene diciendo, el límite para el tribunal está anclado en los derechos previstos en la Constitución Nacional, la ley o las convenciones vigentes, que no es el caso de ahora, porque se trata de unas concesiones que unilateralmente ha venido haciendo la entidad a sus trabajadores(55).

“[…].

“Tampoco resulta ser un argumento válido para la anulación del artículo cuarto, el que se diga que estaba por fuera de la órbita del tribunal limitar su alcance porque ello no era materia del conflicto; al contrario, si el fin último de una convención es crear nuevas condiciones laborales que mejoren las existencias para los trabajadores, y el laudo arbitral hace las veces de tal acuerdo, aquí se logró el cometido de elevar a canon convencional los beneficios anteriores contenidos en la cartilla, que antes no eran imperativos para el empleador, en cuanto podía a su arbitrio modificarlos o revocarlos en cualquier tiempo, cosa que ahora sólo podrá hacer por específicas razones económicas, financieras o administrativas. Por lo demás, la Sala ha convenido en que los tribunales pueden restringir hasta donde sea necesario y justo las aspiraciones del sindicato, cuando la situación económica del empleador así lo aconseje”(56) (resaltado fuera de texto).

6.2. El apoderado judicial de la Cruz Roja allegó un memorial a través del cual reitera que la decisión proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que revivió la validez de la “Cartilla de servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999”, eliminada desde dos mil tres (2003) lleva a la entidad, cuya naturaleza jurídica es de derecho privado sin ánimo de lucro, a una “grave situación fiscal y financiera que prácticamente la pone ad portas de su liquidación”. Para demostrar el hecho afirmado, anexó el informe “Análisis de la situación financiera de la institución” donde se hace un comparativo entre “la (i) aplicación de la cartilla de beneficios y (ii) su no aplicación desde el año 2003 hasta la fecha donde se evidencia sin mayor dificultad la amenaza fundada a la sostenibilidad fiscal y financiera de la institución”(57).

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Sala Plena es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3º, y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.

El apoderado de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que mediante la sentencia adoptada el ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad de la Entidad, al casar la providencia del treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, para en su lugar, revocar íntegramente la providencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007) dictada por el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, y condenar a la Cruz Roja a restablecer, a partir del primero (1º) de septiembre de dos mil tres (2003) la totalidad de los derechos contenidos en la Cartilla de Servicios y Beneficios a los Empleados.

Planteó el apoderado judicial de la demandante que, con ello, la corporación accionada incurrió, supuestamente, en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental y en violación directa de la Constitución. Concretamente, el reclamo constitucional se fundamentó en la violación al debido proceso de la entidad, porque (i) realizó una interpretación arbitraria y errónea de las normas aplicables al caso concreto; (ii) ignoró las pruebas que acreditaban la difícil situación financiera por la que atraviesa la Cruz Roja, poniendo en serio peligro la existencia y el cumplimiento de la labor humanitaria que voluntariamente desarrolla desde el año 1972, y (iii) admitió y falló un recurso de casación abiertamente improcedente pues desconocía las normas que rigen el proceso de casación. Asimismo, planteó la violación del derecho a la igualdad toda vez que confirió un trato desigual e injustificado a su representada. En consecuencia, solicitó que se deje sin efectos dicha providencia de casación y, en su lugar, le restituya la firmeza a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008).

De acuerdo con estos hechos, corresponde a la Sala Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneró la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, al casar la sentencia del treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, para en su lugar, revocar íntegramente la providencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007) dictada por el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, y condenar a la Cruz Roja a restablecer, a partir del primero (1º) de septiembre de dos mil tres (2003) la totalidad de los derechos contenidos en la cartilla de servicios y beneficios a los empleados?

Para desarrollar el anterior interrogante, la Sala procederá a (i) resolver la cuestión atinente a la procedencia de la acción de tutela contra providencias de las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia; (ii) revisar las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela cuya configuración se alega en el presente asunto; (iii) constatar en el caso concreto el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela; (iv) recordar la figura del arbitramento obligatorio en materia laboral, y (v) analizar la institución de la convención colectiva de trabajo en el contexto de la legislación nacional. Finalmente, (iv) resolverá el caso concreto.

3. Cuestión previa: procedencia de la acción de tutela contra providencias de las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia

3.1. Conforme con las normas de reparto que gobiernan el ejercicio de la acción de tutela, la demandante inicialmente se dirigió ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de radicar su solicitud de amparo constitucional(58).

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del once (11) de diciembre de dos mil doce (2012) negó el amparo reclamado por considerar que la actuación acusada carecía de arbitrariedad. Sin embargo, una vez impugnada la anterior decisión, la Sala de Casación Civil de la misma corporación, a través de auto del doce (12) de febrero de dos mil trece (2013)(59)declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto que avocó conocimiento de la acción de tutela, disponiendo su inadmisión, bajo la consideración de que las sentencias proferidas por las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, no son susceptibles de ser controvertidas a través de este mecanismo constitucional(60). En razón de ello, no ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Así las cosas, el apoderado judicial de la Cruz Roja, amparado en lo dispuesto en el auto 100 de 2008, dictado por la Sala Plena de esta corporación, presentó nuevamente acción de tutela ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, quien resolvió admitirla y darle el trámite correspondiente.

3.2. Teniendo en cuenta que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y varios de los vinculados, manifestaron que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, carece de competencia para el conocimiento de la presente acción de tutela, debido a que el Decreto 1382 de 2000(61) le atribuye a la propia Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las acciones de tutela que se intentan contra sus decisiones, corresponde a la Sala de Revisión pronunciarse al respecto.

3.3. El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; y que, en todo caso, se remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en concordancia con lo previsto en el numeral 9º del artículo 241 superior, precepto que le asigna a la Corte Constitucional la función de revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.

En el mismo sentido el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de amparo, cuerpo normativo con rango y fuerza de ley estatutaria, prevé en su artículo 1º que “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto” (resaltado fuera de texto).

A su vez, el Presidente de la República expidió el Decreto 1382 de 2000, con el fin de reglamentar el reparto de las acciones de tutela, el cual en sus artículos 1º y 4º regula detalladamente lo relacionado con la competencia para el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas contra corporaciones y funcionarios judiciales. En este sentido, es especialmente claro el inciso 2º del numeral 2º del artículo 1º al prever que “[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto”.

Entonces, de los enunciados normativos antes reseñados se desprende sin ninguna discusión la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues los funcionarios judiciales son una autoridad pública cuyas actuaciones, cuando son vulneradoras de derechos fundamentales, pueden ser atacadas mediante el remedio constitucionalmente previsto para tales efectos.

3.4. Ahora bien, ante la negativa reiterada de ciertas corporaciones judiciales a dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias anteriormente señaladas, esta corporación ha sostenido que en esos casos la acción de tutela puede ser interpuesta ante cualquier juez (unipersonal o colegiado).

Cabe reiterar aquí lo planteado en el Auto 004 de 2004(62):

“Por lo tanto, si la Constitución Política (art. 86) el Decreto 2591 de 1991 (art. 1º) y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede contra cualquier autoridad pública y no solo en contra de las autoridades administrativas, y así lo han reiterado la Corte Constitucional en sus sentencias sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales por vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada, es evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de dicha corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los tratados internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25) y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99).

“Le corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna.

“Pese a lo anterior, no es posible, como regla general, que la respectiva Sala de Selección disponga lo pertinente sin que las tutelas hubieren surtido el trámite propio de las instancias.

“En estos casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer lo pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) incluida otra corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela del derecho fundamental que consideran violado. Es claro que el juez escogido por el actor o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no admitir su trámite.

“Tampoco podrá negarse la tutela respectiva con fundamento en la temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos casos, al no existir una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la administración de justicia justifica la nueva interposición de la acción de tutela.

“Finalmente, es necesario dar un tratamiento igual a otros ciudadanos que puedan encontrarse en la misma situación aquí advertida. Por ello, para los casos en que exista la misma situación de vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de casación de la Corte Suprema de Justicia”.

3.5. En el caso objeto de examen, la solicitud de amparo presentada por el apoderado judicial de la Cruz Roja ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013) tiene origen precisamente en la negativa de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, tribunal de segunda instancia en el trámite, en avocar el conocimiento de la acción de tutela instaurada inicialmente ante la Sala de Casación Penal de la misma corporación, el veinte (20) de noviembre de dos mil doce (2012) contra la Sala de Casación Laboral.

Es decir, la Cruz Roja presentó la acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (reparto) haciendo uso de la regla fijada en el auto 04 de 2004 por la Corte Constitucional, por considerar vulnerado su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, toda vez que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se negó a avocar el conocimiento de la solicitud de amparo. Así las cosas, la accionada estaba legitimada, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991(63)para acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) incluida otra corporación de igual jerarquía, en solicitud del amparo de los derechos fundamentales que considera vulnerados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

3.6. Teniendo en consideración las ideas precedentes, la Sala concluye que en el caso concreto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, sí es competente para el conocimiento de la presente acción de tutela.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

4.1. La Corte Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución Política y guardiana de su integridad, ha desarrollado una doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta línea se basa en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden constitucional, de un lado, la primacía de los derechos fundamentales y, de otro, el respeto por los principios de autonomía e independencia judicial(64).

4.2. Para lograr este adecuado equilibrio, en primer lugar, la Corte ha partido de los principios generales de procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se pretenda controvertir una providencia judicial; en segundo lugar, ha ido determinando los eventos en los cuales es posible que una providencia judicial vulnere los derechos fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos operadores judiciales. Por último, ha acentuado constantemente que la acción de tutela solo procede cuando se encuentre acreditada la amenaza o violación de un derecho fundamental.

4.3. A continuación, se reiterará brevemente la jurisprudencia de la corporación, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de 2005(65):

4.3.1. La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico(66)como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad(67) e, incluso, a partir de la ratio decidendi(68) de la Sentencia C-543 de 1992(69)siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional.

4.3.2. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales, que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales(70)(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga evidente relevancia constitucional(71)(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela(72)(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela(73).

4.4. Además de la verificación de los requisitos generales, para que proceda la acción de tutela contra una decisión judicial es necesario acreditar la existencia de alguna o algunas de las causales de procedibilidad ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional(74)a saber: defecto orgánico(75)sustantivo(76)procedimental(77) o fáctico(78)error inducido(79)decisión sin motivación(80)desconocimiento del precedente constitucional(81)y violación directa de la Constitución(82).

4.5. Acerca de la determinación de los vicios o defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, pueda producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico(83).

No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la Sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume, esto es, la preservación de la supremacía de los derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los principios de seguridad jurídica e independencia judicial(84). Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción de tutela es la vulneración grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe a los asuntos de evidente relevancia constitucional.

4.6. De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una providencia judicial debe verificarse la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad; (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales establecidas por la corporación para hacer admisible el amparo material, y (iii) el requisito sine qua non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental(85).

5. Causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela cuya configuración se alega en el presente caso.

5.1. Defecto sustantivo por interpretación errónea.

5.1.1. Esta corporación ha caracterizado el defecto sustantivo como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las normas jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez(86).Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales. En tal sentido, expresó la Corte en Sentencia T-462 de 2003(87):

“[…] una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador(88)(ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente(89) (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes(90) (irrazonable o desproporcionada) y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

En similar sentido, en las sentencias T-018 de 2008(91) y T-757 de 2009(92)la Corte Constitucional ha explicado que los siguientes supuestos pueden dar lugar a un defecto sustantivo:

“3.2.1. Ha señalado la jurisprudencia de esta corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto(93)bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional(94)(iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional(95) o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”(96).

5.1.2. Por lo tanto, la acción de tutela es procedente para controvertir la interpretación de las normas efectuada por el juez natural del conflicto, si la opción hermenéutica escogida por el juez natural resulta insostenible desde el punto de vista constitucional por (i) entrar en conflicto con normas constitucionales; (ii) ser irrazonable, pues la arbitrariedad es incompatible con el respeto por el debido proceso; (iii) devenir desproporcionada, al lesionar excesivamente los intereses de una de las partes, siempre que esa afectación ostente relevancia constitucional, o (iv) ser incompatible con la interpretación autorizada, y decantada por las altas cortes.

5.1.3. En relación con el defecto sustantivo por interpretación errónea de las disposiciones jurídicas(97)debe advertirse que es un supuesto particularmente restringido de procedencia de la tutela. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial. En efecto, en la tarea de aplicación de las normas, el juez se enfrenta a diversas posibilidades hermenéuticas que derivan de la interpretación de las disposiciones normativas, y no corresponde al juez constitucional señalar cuál es la “correcta”, o la más conveniente para la resolución de un caso específico, porque con fundamento en el artículo 230 de la Constitución Política, el funcionario judicial al administrar justicia goza de una libertad interpretativa, producto del respeto de la independencia y la autonomía judicial, que lo ponen a salvo de injerencias indebidas que afecten su imparcialidad y la sujeción al orden jurídico, y que únicamente encuentran límite en la desviación caprichosa y arbitraria de la ley(98).

5.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra interpretaciones judiciales.

5.2.1. La jurisprudencia constitucional y la doctrina especializada han sostenido en forma pacífica que el ejercicio de la función judicial no solo implica la aplicación silogística de reglas normativas para casos concretos que restringen claramente la libertad de apreciación del juez, sino también la interpretación de disposiciones de obligatorio cumplimiento que, por la complejidad propia del lenguaje, su ambigüedad o simplemente por su textura abierta, exigen que el aplicador jurídico amplíe el texto normativo y señale el alcance o sentido concreto del mismo. Es por eso que, al momento de atribuir el significado a la disposición normativa, puede verse que la función judicial se desarrolla en varios momentos, algunos de los cuales en los que la valoración del juez es determinante para la decisión y su entendimiento, resultan indispensables para concretar el carácter democrático y pluralista del Estado social de derecho, en que él se enmarca.

Precisamente porque se reconoce la especialidad de la función judicial y la importancia que ella tiene para concretar los valores y principios que la Constitución proclama, los artículos 228 y 230 consagraron la autonomía e independencia judicial —que se resumen en que únicamente está sometido al imperio de la ley— como garantías institucionales que se deben preservar para efectos de articular correctamente el principio de separación de poderes, además, como medios para lograr los fines superiores de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (C.P., art. 2º) De este modo, es claro que a pesar de que el ejercicio judicial es reglado y está sometido al imperio de la ley y la Constitución, también es evidente que la norma superior reconoció que existen situaciones en las que el juez debe gozar de un margen de discrecionalidad importante para apreciar el derecho aplicable al caso, para lo cual debe ser independiente y autónomo(99).

Pero, incluso, también como una forma de garantizar la efectiva concreción del Estado social de derecho, el constituyente consideró importante preservar y promover el principio de separación de jurisdicciones en aras de garantizar la especialidad y la solvencia en los distintos temas que se someten al análisis judicial. Por esta razón, el título VIII de la Constitución organizó a la Rama Judicial en jurisdicciones y, como órganos de cierre, ubicó a la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria, al Consejo de Estado en la jurisdicción contencioso administrativa y a la Corte Constitucional en la jurisdicción constitucional.

Puede concluirse, entonces, que un juez competente para resolver una controversia sometida a su decisión es libre y autónomo para aplicar la Constitución y la ley, pero bajo ningún punto lo será para apartarse de ellas ni para aplicar reglas que no se deriven de las mismas. De hecho, no hay más riesgo de socavar un Estado social de derecho que un juez arbitrario, por lo que también deberá existir un instrumento judicial idóneo para combatir el capricho judicial y la arbitrariedad, imponer la aplicación de la Constitución y restablecer los derechos afectados(100).

5.2.2. De este modo, para efectos de armonizar las garantías constitucionales de independencia y autonomía judicial, eficacia de los derechos fundamentales y supremacía constitucional, que resultan tan importantes para la estructura del Estado social de derecho, sin que se sacrifiquen unas a costa de las otras, la jurisprudencia constitucional ha señalado algunas premisas con base en las cuales debe analizarse la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias cuando se reprochan interpretaciones judiciales, a saber: (i) el juez constitucional no puede suplantar al juez ordinario; (ii) el juez de conocimiento tiene amplia libertad interpretativa en materia de valoración probatoria conforme al artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 176 del Código General del Proceso(101)y en el análisis y determinación de los efectos de las disposiciones normativas aplicables al caso concreto(102)(iii) la discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la arbitrariedad judicial y, (iv) las interpretaciones razonables y proporcionadas del juez de conocimiento deben primar sobre las que consideraría viables el juez de tutela(103).

En este orden de ideas, en la Sentencia SU-120 de 2003(104) la Corte Constitucional señaló que una decisión judicial constituye un defecto sustantivo por interpretación judicial, cuando: “el juez elige la norma aplicable o determina su manera de aplicación (i) contraviniendo o haciendo caso omiso de los postulados, principios y valores constitucionales(105)(ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados(106)(iii) sin respetar el principio de igualdad(107)y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio”(108).

Ahora bien, a partir de una descripción en sentido negativo, también la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que no constituye un defecto sustantivo por interpretación judicial(109)cuando se trata de (i) la simple divergencia sobre la apreciación normativa(110)(ii) la contradicción de opiniones respecto de una decisión judicial(111)(iii) una interpretación que no resulta irrazonable, no pugna con la lógica jurídica, ni es abiertamente contraria a la disposición analizada(112)y (iv) discutir una lectura normativa que no comparte(113)porque para ese efecto debe acudirse a los mecanismos de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y no a la acción de tutela, pues no se trata de una tercera instancia.

5.2.3. En síntesis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la protección de los derechos fundamentales por vía de tutela cuando estos resultan afectados por la interpretación judicial de pruebas o de normas jurídicas debe ser excepcionalísima, y únicamente procede cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por lo que en caso de que existan distintas interpretaciones razonables debe prevalecer la del juez de conocimiento en aras de preservar los principios de independencia, autonomía y especialidad de la labor judicial.

5.3. Defecto fáctico.

5.3.1. La Corte Constitucional ha entendido que el funcionario judicial que deja de decretar, practicar o valorar una prueba absolutamente imprescindible para la defensa de los derechos sustantivos de alguno de los sujetos procesales, incurre en una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela. Asimismo, cuando “el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”(114). Es decir, la corporación ha considerado que se configura un defecto fáctico cuando no existe el sustento probatorio necesario para adoptar la decisión, que puede darse por la falta de producción o de apreciación del material probatorio, o por un error grave en su valoración(115).

5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la valoración de la prueba es, en principio, una cuestión que atañe de manera exclusiva al juez de la causa, quien debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica” (CPC, art. 187 y CPL, art. 61)(116). No obstante, dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria, debido a que la evaluación del acervo probatorio por el juez implica, necesariamente, “la adopción de criterios objetivos(117)no simplemente supuestos por el juez, racionales(118)es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos(119)esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”(120).

Al respecto, la corporación ha reconocido que el funcionario judicial es titular de un gran poder discrecional para valorar las pruebas. Incluso, ha llegado a sostener que:

“[…] el campo en el que la independencia del juez se mantiene con mayor vigor es el de la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el juez de la causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera el material probatorio que obra dentro del proceso. Por eso la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener aplicación en situaciones extremas debe ser manejada de forma aún más restrictiva cuando se trata de debates acerca de si el material probatorio fue valorado en la debida forma. Sólo excepcionalmente puede el juez constitucional entrar a decidir sobre la significación y la jerarquización de las pruebas que obran en un proceso determinado, puesto que él no ha participado de ninguna manera en la práctica de las mismas”(121).

Los casos excepcionales a los que hace referencia la sentencia citada son aquellos eventos en los cuales resulta manifiesto que el juez ha utilizado su poder de una manera arbitraria, esto es, completamente al margen de los principios de la sana crítica. Según la jurisprudencia de la Corte, el ejercicio del poder de valoración de la prueba resulta arbitrario (i) cuando el funcionario omite por completo la producción(122) o la valoración de pruebas que inciden de manera determinante en la decisión(123)(ii) valora pruebas determinantes que no fueron conocidas ni controvertidas por el sujeto procesal afectado(124) o que fueron obtenidas con violación del debido proceso(125)o excepcionalmente, (iii) en aquellos casos en los cuales existe un error ostensible, flagrante y manifiesto en el juicio valorativo de la prueba, siempre que el mismo tenga una incidencia directa en la decisión(126). Finalmente, (iv) en aquellos eventos en los cuales una falla contundente de la defensa técnica hubiera generado que el acervo probatorio en el que se basó el juez para proferir una determinada providencia judicial, no resultara “de un proceso en el que el imputado hubiese podido solicitar las pruebas necesarias para probar su eventual inocencia o controvertir las que condujeron a demostrar su responsabilidad”, la sentencia correspondiente adolecerá de un defecto fáctico(127).

En síntesis, se configurará un defecto fáctico cuando (i) las pruebas allegadas al proceso resultan insuficientes para adoptar la decisión correspondiente, bien porque no fueron decretadas o bien porque no fueron practicadas; (ii) cuando la valoración que de ellas se haga resulte contraevidente, y (iii) cuando las pruebas sean nulas, de pleno derecho, por haber sido obtenidas con violación del debido proceso.

5.3.3. En consecuencia, el comportamiento del juez que incurre en un defecto fáctico da lugar a una violación de los derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes ante la ley procesal, al acceso a la administración de justicia, así como a obtener un trato imparcial de quien dirige el proceso, toda vez que el funcionario distorsiona la verdad para darle un alcance a los hechos que en realidad no tienen, por lo que no dicta una decisión en derecho, sino que lo quebranta. Por ello, cuando estos supuestos converjan, la acción de tutela resulta idónea, porque, además, tal error incidió de manera determinante en el sentido de la decisión final.

Con todo, la acción de tutela será viable contra una providencia judicial, cuando alegada la configuración de un defecto fáctico, el error en el juicio valorativo hecho por el juez sea “ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”(128).

5.4. Defecto procedimental.

5.4.1. La Corte Constitucional ha señalado que la figura del defecto procedimental se presenta cuando se da “una manifiesta desviación de las formas propias del juicio que conduce a una amenaza o vulneración de los derechos y garantías de alguna de las partes o de los demás sujetos procesales con interés legítimo”(129).

Bajo estas circunstancias, ha de entenderse que cada proceso definido por el legislador tiene establecidos unas determinadas etapas y formalidades, que si llegan a ser desatendidas o inobservadas en su totalidad por el operador jurídico, tal conducta injustificada no solo comprometerá la legalidad del proceso en cuestión, sino que su incidencia podrá afectar de manera contundente el derecho fundamental al debido proceso de las partes.

5.4.2. Sin embargo, si bien existe un sistema de normas que establece las etapas y formalidades a seguir en los diferentes asuntos litigiosos que deben ser respetadas por los jueces y los particulares que administren justicia, no todo desconocimiento de estas permite la procedencia de la tutela, pues para que se admita, el defecto procedimental advertido tiene que ser de tal magnitud que afecte, de manera irremediable, el contenido constitucional del debido proceso. En otras palabras, no cualquier falla en el procedimiento constituye una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela. Al respecto, la Sala Novena de Revisión en la Sentencia T-446 de 2007(130)señaló:

“Así, el procedimiento judicial previamente establecido, propio a diferentes actuaciones, da seguridad jurídica a las providencias que se dicten en el trámite de cualquier actuación judicial, garantizando no sólo, la transparencia de las autoridades en su comportamiento como operadores del derecho, sino que también da tranquilidad a las partes que pueden con certeza defender sus derechos e intereses.

“Por otra parte, toda vez que el conjunto de normas procesales no se pueden tener como fin en sí mismo, sino como medio para la efectiva garantía del derecho de defensa de las partes, para que se incurra en vía de hecho por defecto procedimental, además del desconocimiento de la norma o la insostenible interpretación de ésta, se requiere que el ejercicio del derecho de defensa se haya visto efectivamente obstaculizado por éste”.

Así las cosas, tal circunstancia implica que, a falta del cumplimiento de ciertas formalidades y ritos, el juez desborde por completo los parámetros razonables en el ejercicio de su actividad, llevando por consecuencia a que la decisión impartida sea abiertamente arbitraria, circunstancia frente a la cual se haría necesaria la protección de los derechos fundamentales en sede constitucional.

5.4.3. Entonces, el defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio, por ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación(131).

Así mismo, la Corte ha entendido que las dilaciones injustificadas de los funcionarios judiciales constituyen un defecto procesal susceptible de ser impugnado a través de la acción de tutela. En este sentido, la corporación ha establecido: “Nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo, que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales”(132).

Adicionalmente, origina un defecto procesal la conducta del funcionario judicial en virtud de la cual se dilata o se omite el cumplimiento de una providencia judicial(133). En relación con el tema, en la Sentencia T-081 de 1994(134) expresó la Sala Segunda de Revisión que “el derecho de acceso a la justicia (C.P., art. 229) que tiene el carácter de fundamental, implica no sólo la posibilidad de poner en movimiento, a través de la formulación de una pretensión, la actividad jurisdicción al Estado, sino la de obtener una pronta resolución de la misma, y que la decisión estimatoria de la pretensión logre su plena eficacia, mediante el mecanismo de la ejecución de la respectiva sentencia, que tienda a su adecuado cumplimiento”.

Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la falta de defensa técnica o material por causas imputables al Estado pueden llegar a viciar el procedimiento hasta el punto en el que la sentencia proferida adolezca de un defecto procedimental susceptible de ser impugnado a través de la acción de tutela(135). No obstante, también ha precisado que para que dicho defecto se configure, no es suficiente probar la existencia de una defensa deficiente, ya que “si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso”(136).

5.5. Violación directa de la Constitución.

5.5.1. La evolución jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ha llevado a que se adecue el concepto original de vía de hecho con el de causales genéricas de procedibilidad. No obstante, ha resultado constante en ambas etapas de dicho desarrollo conceptual, la procedencia del amparo contra decisiones judiciales cuando quiera que estas últimas sean consecuencia de una violación directa de la Constitución(137).

5.5.2. En conclusión, la corporación ha determinado que no importa qué tipo de actuación defectuosa haya producido el juez, pues lo relevante es que la misma sea de tal entidad que lleve a comprometer su legalidad y, además, conduce al desconocimiento de los derechos fundamentales que se encuentran en cabeza de las partes del proceso, circunstancia suficiente para que el juez constitucional revise dicha decisión judicial.

6. Constatación de los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto.

6.1. Antes de asumir el estudio de fondo del problema jurídico que plantea la presente solicitud de amparo, debe la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la acción.

6.1.1. Observa la Sala que el asunto sometido al conocimiento del juez de tutela tiene evidente relevancia constitucional, en tanto que se discute si la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de casar la sentencia del treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, para en su lugar, revocar íntegramente la providencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007) dictada por el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, y condenar a la Cruz Roja a restablecer, a partir del primero (1º) de septiembre de dos mil tres (2003) la totalidad de los derechos contenidos en la cartilla de servicios y beneficios a los empleados; (i) vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Cruz Roja, consagrados en los artículos 29 y 13 de la Constitución Política, respectivamente, por incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental y en violación directa de la Constitución, o, por el contrario, (ii) constituye el legítimo ejercicio de la independencia y autonomía judicial, pues se trata de una decisión que envuelve una interpretación razonable y proporcionada del ordenamiento constitucional, legal y convencional.

6.1.2. En relación con el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez constitucional, encuentra la Sala que la entidad accionante no cuenta con otro mecanismo para controvertir la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en defensa de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, el presupuesto de la subsidiaridad se haya debidamente acreditado.

6.1.3. Se constata, igualmente, el cumplimiento del requisito de inmediatez debido a que transcurrió un término razonable entre el proferimiento del fallo de casación laboral por parte de la Corte Suprema de Justicia, el ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) y la interposición de la presente solicitud de amparo, el veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013) si se tiene en consideración que en el entre tanto de estas fechas se intentó infructuosamente la defensa de los derechos fundamentales de la Cruz Roja ante la Sala de Casación Penal de la misma corporación(138). Recordemos que dicho juez colegiado mediante sentencia del once (11) de diciembre de dos mil doce (2012) negó el amparo reclamado por considerar que la actuación acusada carecía de arbitrariedad. Sin embargo, una vez impugnada la anterior decisión, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de auto del doce (12) de febrero de dos mil trece (2013)(139)declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto que avocó conocimiento de la acción de tutela, disponiendo su inadmisión y, en razón de ello, no ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

6.1.4. Como en el presente caso se discute una supuesta irregularidad de carácter procesal toda vez que, según afirma el apoderado de la accionante, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió y falló un recurso de casación abiertamente improcedente pues desconocía las normas que rigen el proceso de casación, situación que generó la vulneración del derecho al debido proceso de su representada; procede la Sala a analizar este aspecto en el marco del requisito de subsidiaridad.

El inciso 2º del artículo 93 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, establece que “[p]resentada en tiempo la demanda de casación, la Sala resolverá si se ajusta a los requisitos antes señalados. Si así lo hallare ordenará el traslado de ella a quienes no sean recurrentes, por quince días hábiles a cada uno, para que formulen sus alegatos” (resaltado fuera de texto) A su vez, el artículo 94 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, señala que “[a]dmitido el recurso [de casación] se mandará dar traslado al recurrente por veinte días para que formule la demanda de casación y al opositor por diez días para que la conteste” (resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, encuentra la Sala que la accionante disponía de un mecanismo de defensa judicial en el trámite del recurso de casación que debió activar para alegar el defecto procedimental que en esta oportunidad pretende ventilar en sede de tutela(140).

Como fue planteado con anterioridad, la acción de tutela solo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, pues no está diseñada para sustituir ni reemplazar los mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa judicial. En razón de ello, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela para controvertir el defecto procedimental propuesto por el apoderado de la Cruz Roja.

6.1.5. Finalmente, en la acción de tutela se identificaron, de forma razonable, los hechos que generaron la presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Cruz Roja, y la solicitud no se dirige contra una sentencia de tutela sino contra una providencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

6.2. Por las anteriores razones, salvo en el caso del defecto procedimental alegado por el apoderado de la accionante, encuentra la Sala cumplidos los requisitos formales de procedibilidad de la acción, por lo cual se impone examinar si la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, afectando, con ello, el debido proceso de la entidad, además, en violación directa de la Constitución en contravención del derecho a la igualdad de trato.

7. El arbitramento obligatorio en materia laboral.

7.1. La Corte ha señalado que el arbitramento es un mecanismo “en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte”(141). Este procedimiento, regido por la Ley 1563 de 2012 “por medio de la cual se expide el estatuto de arbitraje nacional e internacional y se dictan otras disposiciones”, supone conferir la jurisdicción respecto de un conflicto específico a favor de un particular, quien queda investido de la facultad temporal de resolverlo con carácter definitivo y obligatorio mediante una decisión denominada laudo arbitral.

7.2. La legislación laboral prevé dos tipos de arbitramento: el arbitramento voluntario y el arbitramento obligatorio. En este marco, existen cuatro eventos en donde por expresa disposición del legislador, la regla general de voluntariedad del arbitramento se exceptúa y se insta a alguna o a ambas partes del conflicto, según sea el caso, a formar parte del tribunal de arbitramento.

Así, el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 19 de la Ley 584 de 2000, dispone que serán sometidos a arbitramento obligatorio (i) los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo; (ii) los conflictos colectivos del trabajo en que los trabajadores optaren por el arbitramento, conforme a lo establecido en el artículo 444 de este código(142)y (iii) los conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios, siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado por la huelga cuando esta sea procedente. Asimismo, el numeral 4º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008, prevé otro evento en el cual procede el arbitramento obligatorio y ambas partes deben solicitar al Ministerio de la Protección Social la convocatoria de un tribunal: (iv) cuando una vez terminada la etapa de arreglo directo no se haya logrado un acuerdo entre el empleador y los trabajadores, luego de ejercidos los buenos oficios por parte de la comisión de concertación de políticas salariales y laborales(143).

7.3. El arbitramento obligatorio está instituido para la resolución de aquellas reivindicaciones con fines económicos y profesionales que pueden surgir entre los trabajadores con ocasión de la labor que les ha sido encomendada, las cuales se han denominado por la doctrina como conflictos económicos o de intereses(144). Estos tienen como propósito acrecentar un derecho existente o crear uno nuevo.

Es importante destacar que la diferencia existente entre la naturaleza de los conflictos económicos que deben ser solucionados por medio de un tribunal de arbitramento obligatorio y los conflictos jurídicos que se resuelven mediante un tribunal de arbitramento voluntario, implica que se les dé un tratamiento normativo diferente, pues en el primer caso, la decisión que ha de tomarse se basa en criterios de justicia material por ser una decisión que involucra aspectos económicos de las partes, en cambio, en el segundo, el litigio ha de resolverse en derecho, al ser una diferencia en la aplicación de una norma legal o convencional.

En este sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló en la sentencia de homologación del veinte (20) de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) que: “los árbitros del artículo 452 Código Sustantivo del Trabajo [Tribunal de arbitramento obligatorio] son distintos de los previstos en este artículo 130, porque aquellos tienen el carácter de árbitros de reglamentación y ejercen una jurisdicción en equidad, mientras que éstos ejercen una jurisdicción en derecho”(145).

7.4. Ahora bien, una vez surtido el procedimiento arbitral el tribunal de arbitramento debe proferir un laudo arbitral que, conforme lo precisa la Sentencia SU-837 de 2002(146)pone fin al conflicto laboral, imprime certeza a los derechos y obligaciones de las partes, fija el marco normativo para el desarrollo del contrato de trabajo y “tiene la fuerza jurídica de una convención colectiva”, con todo lo cual brinda seguridad jurídica a quienes se encuentran cobijados por él así como a la sociedad en general.

Es importante tener presente que para la época de los hechos regía el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, incorporado en el artículo 190 del Decreto 1818 de 1998(147)el cual señalaba el efecto jurídico y la vigencia de los fallos arbitrales, en el siguiente sentido: “1. El fallo arbitral pone fin al conflicto y tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo. || 2. La vigencia del fallo arbitral no puede exceder de dos (2) años. || 3. No puede haber suspensión colectiva de trabajo durante el tiempo en que rija el fallo arbitral”(148).

8. La corporación accionada, en el marco del proceso ordinario laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Cruz Roja.

8.1. Como ya fue indicado en líneas anteriores, el apoderado de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por estimar que mediante la sentencia adoptada el ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad de la entidad, al casar la providencia del treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, para en su lugar, revocar íntegramente la providencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007) dictada por el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, y condenar a la Cruz Roja a restablecer, a partir del primero (1º) de septiembre de dos mil tres (2003) la totalidad de los derechos contenidos en la cartilla de servicios y beneficios a los empleados. Con ello, la corporación accionada incurrió, supuestamente, en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental y en violación directa de la Constitución.

Concretamente, el reclamo constitucional se fundamentó en la violación al debido proceso de la entidad, porque (i) realizó una interpretación arbitraria y errónea de las normas aplicables al caso concreto; (ii) ignoró las pruebas que acreditaban la difícil situación financiera por la que atraviesa la Cruz Roja, poniendo en serio peligro la existencia y el cumplimiento de la labor humanitaria que voluntariamente desarrolla desde el año 1972, y (iii) admitió y falló un recurso de casación abiertamente improcedente pues desconocía las normas que rigen el proceso de casación. Asimismo, planteó la violación del derecho a la igualdad toda vez que confirió un trato desigual e injustificado a su representada. En consecuencia, solicitó que se deje sin efectos dicha providencia de casación y, en su lugar, le restituya la firmeza a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008)(149).

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante sentencia del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013)(150)negó el amparo de los derechos al debido proceso y a la igualdad de la Cruz Roja. Impugnada la anterior decisión por la entidad accionante, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil trece (2013)(151)confirmó la providencia emitida en primera instancia.

8.2. En relación con el primer cuestionamiento planteado por el apoderado judicial de la demandante, es decir, la configuración de un defecto sustantivo toda vez que, en su criterio, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, realizó una interpretación arbitraria y errónea de las normas aplicables al caso concreto, en particular, del contenido literal del artículo cuarto del laudo arbitral expedido el quince (15) de julio de dos mil tres (2003)(152)la Sala resalta que dicho tribunal de casación en la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) dispuso darle a los beneficios extralegales contenidos en la “Cartilla de servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999”, fuerza de convención colectiva.

En este marco, encuentra la Sala que la interpretación vertida en el fallo adoptado el ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) a la luz de la normativa laboral, es razonable y no constituye una violación flagrante ni grosera de la Constitución. Según la corporación accionada,

“[…] pese a QUE EL TRIBUNAL ADVIRTIÓ SOBRE EL CARÁCTER DE DISPOSICIÓN COLECTIVA DEL ARTÍCULO 4º DEL LAUDO ARBITRAL, a juicio de esta Corte, sí desconoció que, por tal motivo, la única posibilidad para que el empleador hubiese podido suprimir los beneficios allí consignados, era, precisamente, a través de la denuncia de la convención o, si se presentaba el supuesto, mediante la revisión de que trata el artículo 480 del [Código Sustantivo del Trabajo], esto bajo el respeto [del] carácter convencional que investía la cláusula. || Lo contrario sería desconocer la importancia de la negociación colectiva, específicamente, la de los derechos que por su virtud se materializaron en el documento y que son normas obligatorias para las partes.

“Permitir que el empleador pueda modificar a su arbitrio, o suprimir los derechos que tienen rango convencional, sería desconocer que, justamente, aquellos son fruto de un ejercicio de concertación, que busca poner en un plano de igualdad las relaciones obrero-patronales y ello daría al traste con un mecanismo que ha resultado eficaz en aras de la consecución de la justicia laboral.

“Justamente, cuando alguna de las partes considera que las disposiciones colectivas son lesivas a sus intereses, cuenta con dos posibilidades, la denuncia de la convención colectiva de trabajo o su revisión “cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica”, y ha entendido la jurisprudencia de esta Corte, que en estos eventos se acoge la teoría de la imprevisión(153).

“[…].

“En ese orden de ideas, es claro que los procedimientos contenidos en el ordenamiento jurídico son garantía para las partes, y adquieren connotación porque a través de ellos, entre otros, se consolidan acuerdos o se crean derechos, y su respeto es requisito sine qua non para armonizar relaciones que, como las del trabajo, implican un ejercicio democrático para concretar principios y derechos como el de la igualdad; en tal sentido es diáfano que el tribunal infringió el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, pues si como lo consideró en el texto de la providencia atacada, los beneficios extralegales contenidos en la “Cartilla servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999”, tenían fuerza de convención colectiva, aun cuando su aplicación estuviera condicionada a las circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador, esta eventualidad tan solo lo habilitaba para mantener en suspenso su reconocimiento, mientras la situación mejorara, y en su defecto denunciar la convención colectiva, mas no podía revocarla, unilateralmente, como en efecto sucedió” (resaltado fuera de texto)(154).

Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser acusada de tener un defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial aplique una norma inexistente o absolutamente impertinente o profiera una decisión que carece de fundamento jurídico; aplique una norma abiertamente inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, irrazonable o desproporcionada la norma aplicable.

Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial que se funda en una interpretación indebida de una disposición legal. Al respecto, la Corte ha señalado con claridad que prima facie, los debates sobre la adecuada interpretación de un texto legal o reglamentario no pueden dar origen a la acción de tutela contra una providencia judicial. En su criterio, los principios de independencia y autonomía funcional de los jueces consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, les confiere a estos funcionarios la facultad de escoger, entre las diversas opciones hermenéuticas de una disposición, la que consideren más ajustada al ordenamiento jurídico en su conjunto. En aplicación de esta teoría, la Corte ha negado múltiples solicitudes de tutela, pues, a su juicio, la procedencia de la tutela en estas circunstancias equivaldría a convertir al juez constitucional en una instancia más del proceso. En este sentido, la Sala Quinta de Revisión señaló:

“Sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación de las normas aplicables, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio de la autonomía judicial”(155).

A partir de la exposición precedente, no puede afirmarse que la corporación accionada haya realizado una interpretación irrazonable de la normativa laboral y convencional, cuando en su actuación ejerció su independencia y autonomía judicial y procuró que su entendimiento de la ley redundara en el goce efectivo de los derechos constitucionales y, en especial, del artículo 53 superior(156). En la indicada norma, el constituyente consagró derechos mínimos de los trabajadores, es decir, derechos inalienables, que no pueden disminuirse, renunciarse, ni es factible transigir sobre ellos; que se imponen inclusive al legislador y desde luego a los jueces y a los funcionarios administrativos.

Entre tales derechos se encuentra el que surge de la aplicación del principio de favorabilidad, que la Constitución entiende como la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”. Siendo la ley una de esas fuentes, su interpretación, cuando se presenta la hipótesis de la cual parte la norma —la duda—, no puede ser ninguna diferente de la que más favorezca al trabajador. Ella es obligatoria, preeminente e ineludible para el juez.

Como lo expone la Sala Quinta de Revisión en la Sentencia T-001 de 1999(157)“allí la autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser muy relativa: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos. El juez no puede escoger con libertad entre las diversas opciones por cuanto ya la Constitución lo ha hecho por él y de manera imperativa y prevalente”.

Al respecto, no vacila la Corte en afirmar que toda transgresión a esta regla superior en el curso de un proceso judicial constituye un defecto sustantivo e implica el desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales del trabajador, en especial el del debido proceso (C.P., art. 29). Ya lo dijo la Corte en Sala Plena y lo reitera esta Sala sin ambages en la presente oportunidad:

“[…] considera la Corte que la “condición más beneficiosa” para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos: “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, precepto que debe incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.

“De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc.) o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador (Cfr. C. Const., S. Plena. Sent. C-168, abr. 20/95, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz) (resaltado fuera de texto).

En el caso objeto de controversia, no hay duda alguna en el sentido de que como los beneficios extralegales contenidos en la “Cartilla servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999” tenían fuerza de convención colectiva, según lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) la interpretación favorable a los trabajadores era la que partía del entendimiento de que conforme a los artículos 479 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagran las figuras de la denuncia y revisión de la convención colectiva de trabajo, respectivamente, no era posible revocar dichos beneficios unilateralmente, como lo hizo la Cruz Roja, sino acudir a los mecanismos legales de denuncia o revisión de las normas convencionales con fundamento en las “circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador”. Entonces, no se reprocha la posibilidad de que un acuerdo convencional sea modificado o revisado, pues para ello hay instrumentos legales, sino que se hayan revocado unilateralmente unos beneficios convencionales sin surtir los trámites que el legislador prevé para tal efecto.

A partir de las anteriores premisas, la Sala considera que la corporación accionada no incurrió en un defecto sustantivo derivado de la interpretación contraevidente, irrazonable o desproporcionada del artículo cuarto del laudo arbitral emanado del Tribunal de Arbitramento obligatorio entre la Cruz Roja y Sintracruz Roja Colombia, a la luz del Código Sustantivo del Trabajo.

Lo anterior, es coherente con artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que establece la libre formación del convencimiento en el sentido de que “[e]l Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”.

8.3. En relación con el defecto fáctico que plantea el apoderado de la entidad accionante, en el sentido de que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ignoró las pruebas que acreditaban la difícil situación financiera por la que atraviesa la Cruz Roja, poniendo en serio peligro la existencia y el cumplimiento de la labor humanitaria que voluntariamente desarrolla desde el año 1972; la Sala encuentra que no le asiste razón al peticionario pues el juez de casación en relación con este aspecto, sostuvo:

“[…] es pertinente indicar que el laudo arbitral, de 15 de julio de 2003, en su artículo cuarto elevó a cláusula convencional los beneficios extralegales, supeditados a que el empleador los reconociera “si las condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador se lo permiten, por lo tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios, en cualquier momento, fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero, económico o administrativo”.

“Lo anterior, sin embargo, conforme lo señalado en las consideraciones del recurso, implicaba que la Cruz Roja Colombiana no podía por sí misma, sin cumplir con lo dispuesto en la normatividad, eliminar unilateralmente los beneficios; y es claro, además, que la demandada no demostró que estuviera afrontando las situaciones que comprendían dicha cláusula, para suspender el pago de la cartilla de beneficios, por cuanto tan sólo se limitó a acudir a las consideraciones del laudo arbitral, sin aportar siquiera balances de la entidad para, se reitera, demostrar su inviabilidad económica, financiera o administrativa, pese a que era ella en quien recaía la carga de la prueba, de manera tal que su actuación no está amparada y por tal motivo deberá restablecer, a partir del 1º de septiembre de 2003 los derechos contenidos en la cartilla de servicios y beneficios a los empleador, esta declaración sin perjuicio de las acciones individuales que recaen en cada trabajador, en atención a lo previsto en el artículo 476 del Código Sustantivo del trabajo, sin que por tanto sea viable acceder al resto de pretensiones incoadas”.

Ha reiterado la Sala que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia más para revivir actuaciones judiciales que no resultaron favorables a las pretensiones de las partes, en este caso, la Cruz Roja, máxime cuando tuvo la posibilidad jurídica de demostrar en el proceso laboral “las condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas” que sufría la entidad y no lo hizo. En este punto es importante recordar lo sentado por la Sala Novena de Revisión de la Corte, casi que desde los orígenes de la teoría de las vías de hecho, en cuanto a que la “procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales no autoriza al juez constitucional para entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se concreta a través de la providencia demandada. En virtud de lo anterior, si la decisión no es producto de una actuación arbitraria o abusiva sino el resultado de una confrontación objetiva y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación no puede ser objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de tutela”(158).

No se trata en el presente caso de que la corporación accionada haya dejado de decretar, practicar o valorar una prueba absolutamente imprescindible para la defensa de los derechos sustantivos de alguno de los sujetos procesales, ni que el apoyo probatorio en que se haya basado para aplicar una determinada norma sea absolutamente inadecuado, ni que se haya presentado un error grave en la valoración de la prueba. Lo que sí se hace evidente es el incumplimiento de una carga procesal que compromete a las partes a “probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, y que es definido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos(159)como carga de la prueba. En este sentido, no se configura el defecto fáctico alegado por la entidad accionante y, en razón de ello, no se constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela.

Es importante reiterar que la valoración de la prueba es, en principio, una cuestión que atañe de manera exclusiva al juez de la causa, quien debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica” conforme a los artículos 187 del Código de Procedimiento Civil(160) y 61 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social(161). Por ello se ha señalado que el campo de la valoración de las pruebas es en el que se materializa con mayor vigor la independencia y autonomía del juez.

Entonces, en el caso objeto de estudio no se observa que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, haya incurrido en un defecto fáctico y, por tanto, no puede endilgársele la violación al debido proceso.

8.4. Tampoco se observa que con la actuación de la corporación accionada se haya vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley procesal de la Cruz Roja o se haya incurrido en violación directa de la Constitución, pues se constata que la decisión adoptada a través de la sentencia del ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) en la cual se resolvió casar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y revocar íntegramente la providencia dictada por el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá y, en su lugar, condenar a la Cruz Roja a “restablecer, a partir del 1º de septiembre de 2003, la totalidad de los derechos contenidos en la cartilla de servicios y beneficios a los empleados”, es coherente con el ordenamiento constitucional, legal y convencional, y constituye un ejercicio racional y razonable de la independencia y autonomía judicial.

8.5. En relación con el defecto procedimental planteado por el apoderado judicial de la Cruz Roja y que, supuestamente, influyó en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de su representada, a raíz de que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió y falló un recurso de casación abiertamente improcedente pues desconocía las normas que rigen el proceso de casación; en el acápite de verificación del cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela, ya la Sala señaló que la Cruz Roja disponía de un mecanismo de defensa judicial en el trámite del recurso de casación que no activó oportunamente, razón por la cual anticipó la declaración de improcedencia de la presente acción de tutela para controvertir este defecto procedimental.

9. Conclusión.

En atención a lo anterior, la Sala de Revisión concluye que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso ordinario laboral adelantado por Sintracruz Roja Colombia, no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, en razón de la interpretación dada al artículo cuarto del laudo arbitral del quince (15) de julio de dos mil tres (2003) emanado del tribunal de arbitramento obligatorio entre la Cruz Roja y Sintracruz Roja Colombia, a la luz del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que esta es razonable y no constituye una violación flagrante ni grosera de la Constitución. Además, el cumplimiento de sus funciones en el trámite del recurso de casación se sujetó al ordenamiento constitucional, legal y convencional, y constituyó un ejercicio racional y razonable de la independencia y autonomía judicial.

En consecuencia, la Sala confirmará las sentencias del ocho (08) de mayo de dos mil trece (2013) proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) emanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. LEVANTAR la suspensión de términos decretada en este proceso por medio de auto del cuatro (04) de diciembre de dos mil trece (2013).

2. DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para controvertir el asunto relacionado con el defecto procedimental alegado y que tuvo ocurrencia en el trámite del recurso de casación, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

3. CONFIRMAR las sentencias del ocho (08) de mayo de dos mil trece (2013) proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) emanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

4. LÍBRESE por secretaría general las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Luis Ernesto Vargas Silva, Presidente —María Victoria Calle CorreaMauricio González CuervoLuis Guillermo Guerrero PérezGabriel Eduardo Mendoza MarteloGloria Stella Ortiz DelgadoJorge Iván Palacio PalacioJorge Ignacio Pretelt ChaljubMartha Victoria Sáchica Méndez.

Andres Mutis Vanegas, Secretario General (E).

(1) Folio 4 al 36 del cuaderno principal. En adelante, los folios que se refieran harán parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.

(2) Antes de narrar los hechos, realizó una aclaración preliminar en el siguiente sentido: “Esta acción de tutela fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia por el suscrito, en una demanda de contenido igual a la presente, el pasado 20 de noviembre de 2012, y declarada no admisible a trámite por el alto Tribunal mediante auto de la Sala de Casación Civil de 12 de febrero de 2013, del que se anexa copia auténtica [folios 218 al 249]. Así las cosas, en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional en su Auto 100 de 2008, la competencia para conocer de esta acción, en primera instancia, corresponde ahora al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y por ello acudo en solicitud de tutela ante ese honorable consejo, mediante esta demanda que no tiene variaciones respecto de la presentada ante la Corte Suprema de Justicia…”.

(3) Si bien los beneficios se otorgaron desde mil novecientos ochenta y siete (1987) ellos se encuentran consagrados en la “Cartilla de servicios y beneficios” de mil novecientos noventa y nueve (1999). Folios 64 al 71 del cuaderno principal.

(4) En el laudo arbitral de fecha quince (15) de julio de dos mil tres (2003) anexo a la demanda y obrante a folios 73 al 86, cuya vigencia era desde la fecha de expedición hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil cuatro (2004) según el artículo primero; se indica en las consideraciones: “El tribunal se ocupó, de analizar los documentos presentados sobre los estados financieros auditados a 31 de diciembre de 2002, que se encuentran certificados por el señor José Guillermo Infantes, revisor fiscal, […] de los cuales se desprende la crítica situación económica de la entidad y la incidencia que en la misma tiene la deuda con Laboratorios Baxter, problema este último que ya es objeto de un proceso ejecutivo. || El estado de pérdidas y ganancias del año 2002, aprobado por la revisoría fiscal, arroja una pérdida operacional de trescientos setenta y cuatro millones ciento noventa y un mil ($ 364.191.000) pesos, igualmente, el déficit de flujo de caja disponible acumulado para los años 2002, 2003 teniendo en cuenta la incidencia de la deuda con Baxter, sería de cuatro mil veintidós millones ($ 4.022.000.000.oo) de pesos. || Es de resaltar, así mismo, que con fecha enero 22 de 2003, la Superintendencia Nacional de Salud, por intermedio de la jefe de la división de instituciones prestadoras de salud, se dirigió al representante legal de la Cruz Roja - seccional Cundinamarca Bogotá, D.C., en los siguientes términos: || “Asunto: Se advierte difícil situación económica y financiera. || […]” (fls. 72 y 73).

(5) Laudo Arbitral del quince (15) de julio de dos mil tres (2003) mediante el cual se resolvió el conflicto colectivo de trabajo entre Sintracruz Roja Colombia y la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá (fls. 73 al 85).

(6) En el laudo se lee que “[t]anto el Pliego de Peticiones como las exposiciones que las partes realizaron ante el Tribunal de Arbitramento, se menciona “La cartilla de Servicios y Beneficios a los Empleados de junio de 1999”. Beneficios extralegales [e]stos, que según la información financiera suministrada, para el año 2002, ascendía a un costo de quinientos dieciocho millones ($ 518.000.000) de pesos, consecuencia de lo cual, se debe aceptar que se trata de unas prestaciones extralegales que por mera liberalidad ha venido reconociendo la Cruz Roja Colombiana - Seccional Cundinamarca - Bogotá, D.C., pero que su impacto financiero “es tan grave que podría llevar a ser inviable la Seccional”. || Los razonamientos sobre los aspectos económicos, atrás expuestos llevan al tribunal a no conceder beneficio extralegal alguno…” (fl. 73).

(7) El artículo cuarto de la parte resolutiva del laudo, dice expresamente que los “Beneficios extralegales “Cartilla de servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999” los podrá conceder el empleador solamente si las condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas se lo permiten, por tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios en cualquier momento fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero, económico o administrativo” (fls. 83 y 84).

(8) El escrito obra a folios 87 al 94.

(9) Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013) radicado 22214, recurso de anulación, M.P. Fernando Vásquez Botero (fls. 102 al 131).

(10) Folios 134 al 141.

(11) Folios 153 al 150.

(12) Folios 79 y 80.

(13) En la sentencia del treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007) proferida por el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito, se lee: “[…] la demandada Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, D.C., no tiene obligación de dar cumplimiento a la cartilla tantas veces mencionada y mal puede el juzgado ordenar el restablecimiento de unos beneficios extralegales que como se ha dicho y se demostró dentro del proceso no son de obligatorio cumplimiento, se repite, por la grave situación económica y administrativa por la que atraviesa la empresa”.

(14) A folios 152 al 168 obra la sentencia del treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008) proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en donde se lee: “Les (sic) asiste razón por tanto al demandante en cuanto afirma que el carácter autónomo de que en principio gozaban los beneficios contemplados en la denominada cartilla se sujetan con posterioridad a una disposición legal, al ser objeto de debate por el tribunal de Arbitramento y adoptarse a (sic) una determinación de carácter colectivo, quedando por tanto sujeta su aplicación y existencia a las condiciones que el tribunal dejó planteadas. || Teniendo claro lo anterior y no obstante haberse logrado por la organización sindical el objetivo de concretar estos derechos con fuerza de convención colectiva, lo único que se garantiza con ello es la existencia y aplicación provisional de lo allí contenido, más no garantiza de fondo su perdurabilidad en el tiempo, en el entendido que es la misma determinación la que faculta a la empresa para su eliminación condicionada eso si (sic) a las circunstancias económicas, administrativas y financieras. || En otras palabras encontramos que aunque la honorable Corte Suprema, en efecto establece el deber de la entidad en respetar los derechos contenidas en la cartilla de beneficios, no significa que este (sic) igualmente garantizada su perpetuidad, pues la norma carece de suficiente fuerza vinculante para garantizar su efectividad” (fls. 159 al 160).

(15) Sentencia de casación del ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, radicado 37523 (fls. 167 al 187). Esta sentencia contó con sendos salvamentos de voto presentados por los magistrados Camilo Tarquino Gallego y Carlos Ernesto Molina Monsalve (fls. 188 al 197).

(16) En relación con la violación del derecho a la igualdad, señaló el apoderado que la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, menoscabó dicho derecho de la entidad que representa, en “su dimensión de recibir el mismo trato judicial ante casos semejantes. […] || En concreto, el derecho a la igualdad se infringió cuando la Sala laboral de la Corte Suprema admitió y resolvió favorablemente al recurrente una demanda de casación sin el lleno de los requisitos legales, no obstante su práctica constante demostrara que ante tales circunstancias la única alternativa disponible era desestimar el recurso o no casar la sentencia”. Citó como casos previos en los cuales la Sala de Casación Laboral no casó la sentencia tras evidenciar errores protuberantes en la demanda de casación, los procesos radicados 35610, acta 12 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil doce (2012) y 34142, acta 11 del veinticinco (25) de marzo de dos mil nueve (2009). En consecuencia, concluyó que se configuró una violación directa a la Constitución que debe ser remediada en sede de tutela.

(17) Se anexa al escrito de tutela un Informe de análisis de la situación financiera de la Institución (fls. 203 al 217). Agrega el apoderado de la demandada que “[d]esde el año 2001 la Cruz Roja atraviesa por dificultades financieras que la obligaron a eliminar dichos beneficios y le impiden restablecerlos en aras de garantizar su existencia. Esta situación se demuestra con el análisis de resultados financieros de la Cruz Roja desde el año 2001 hasta el año 2011, sometidos a una simulación financiera consistente en modelar dicho resultado con el respectivo pago de la cartilla de beneficios desde el año 2003, con base en lo cual resulta evidente que el pago de tales beneficios ‘sería inviable, debido a que su patrimonio estaría pronunciándose negativamente, obligándola a una inmediata liquidación. Se podría decir que la situación financiera de la seccional habría sido caótica. || Por consiguiente, la sentencia de casación laboral controvertida pone en riesgo inminente la existencia misma de la Cruz Roja, ya que le impone unos deberes laborales que le resulta imposible cumplir, so pena de afectar su sostenibilidad financiera a largo plazo” (fl. 13).

(18) Concluyó el apoderado que “es menester declarar la configuración de un defecto sustantivo en la sentencia de casación emitida por la Sala Laboral de la Corte Suprema el 8 de mayo de 2012, el cual representa una violación del derecho fundamental al debido proceso de [su] poderdante”, teniendo en cuenta: “1) que el sentido literal del artículo 4º en debate establece el carácter facultativo de los beneficios extralegales contenidos en la cartilla de servicios y beneficios de junio de 1999, 2) que el significado del verbo “poder” en el contexto normativo donde fue empleado confirma esa discrecionalidad, 3) que cuatro autoridades judiciales —incluyendo la misma Sala Laboral— y el sindicato recurrente, entendieron que los beneficios extralegales disputados fueron consagrados de manera “facultativa” a favor de la Cruz Roja, 4) que la autonomía de los jueces en la interpretación de las normas no implica que puedan hacerlo de forma arbitraria o contraevidente, y 5) que incluso dos magistrados de la Sala Laboral dejaron constancia de su inconformidad con la hermenéutica irregular adoptada por la mayoría” (fls. 18 y 19).

(19) Precisó el apoderado: “En su dimensión “negativa”, esta clase de defecto se presenta cuando el juez “se niega a practicar o a decretar una prueba o hace su valoración, ‘de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente’. ‘Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez’ […] || En el presente caso, es innegable que si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia hubiese tenido en cuenta las pruebas que llevaron a los dos jueces de instancia a rechazar las pretensiones de Sintracruz Roja Colombia, con seguridad el sentido del fallo emitido el 8 de mayo de 2012 hubiese sido diferente. || Las pruebas sobre la difícil situación económica de la Cruz Roja estuvieron presentes durante todo el recorrido del presente litigio. En particular, la Sala laboral tuvo a su alcance dos expedientes de instancia en donde se acreditó dicha situación. A su vez, el sindicato demandante nunca refutó la existencia de aquella precariedad económica, o en todo caso, nunca aportó elementos de juicio que indicaran lo contrario. […] || La única conclusión razonable ante estas circunstancias, es que dicha Sala omitió valorar las pruebas obrantes en el proceso. Esta omisión motivó la expedición de una sentencia arbitraria que condenó a la Cruz Roja a sufragar unos beneficios extralegales no debidos. En consecuencia, se configuró un defecto fáctico, en su dimensión negativa, que vulneró el derecho fundamental al debido proceso de [su] poderdante y torna procedente la acción de tutela como mecanismo de defensa judicial” (fls. 20, 21 y 22).

(20) Señaló el poderdante que “para formular correctamente la demanda de casación en el presente caso, el recurrente debía como mínimo invocar la causal correspondiente y, si era del caso, allegar las pruebas que pretendía hacer valer ante la Sala Laboral de la Corte Suprema. Así mismo, […] debía definir la vía por la cual pretendía atacar la sentencia del ad quem y establecer, de forma clara, si específicamente estaba invocando la vía directa o la indirecta. […] No obstante lo anterior, el recurrente incumplió con estas cargas formales y nunca invocó la causal correspondiente ni señaló sucintamente si la vulneración del ad quem se había producido por una aplicación indebida, una interpretación errónea o por un error de hecho o de derecho. Así las cosas, es más que evidente que su demanda no debió admitirse. || […] || En conclusión, el trámite del recurso de casación no respetó los presupuestos legales de la admisibilidad y el estudio de fondo del asunto, previstos en las normas del Código Procesal del Trabajo. || Estas graves irregularidades procesales llevaron a la expedición de una sentencia que condenó arbitrariamente a la Cruz Roja a pagar unos beneficios extralegales indebidos y que, en consecuencia, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al punto de configurar un defecto procedimental controlable mediante una acción de tutela”.

(21) Folio 265.

(22) “Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”. El inciso 2º del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dispone: “Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto”.

(23) Folios 345 al 348.

(24) Folio 279.

(25) Folios 317 y 318.

(26) Folios 338 al 343.

(27) Folios 332 al 337.

(28) El artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, dispuso: “REVISIÓN. Las convenciones colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la revisión fundada en tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre ellas; y entretanto estas convenciones siguen en todo su vigor”. En tal sentido, agregó que “al haber sido elevada a canon convencional, la cartilla de servicios y beneficios las normas y [beneficios] en ella contenidos no podían ser transgredidas y menos desconocidas unilateralmente por el empleador, por tal sentido se debió recurrir en el momento oportuno a las instancias anteriormente comentadas y en oportunidad legal, no en forma extemporánea”.

(29) M.P. Rafael Vélez Fernández, radicado 20130125500 (fls. 349 al 369).

(30) Folio 384.

(31) M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, radicado 20130125501 (fls. 7 al 36, cdno. dos).

(32) En dicha providencia señaló: “[…] en la aludida actuación de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, este juez constitucional no encuentra un quebrantamiento al debido proceso, ni la configuración del defecto sustantivo. La interpretación que se hizo de la norma está fundada en principios de autonomía, sin que ello implique una forma arbitraria de la Sala mayoritaria que consideró que la Cruz Roja Colombiana, no podía unilateralmente excluir los beneficios extralegales, sin cumplir con lo dispuesto en la normatividad. || No es irrazonable la posición jurídica de la sala de Casación Laboral de la Corte, en la medida que la entidad demandada debió obrar de conformidad con los postulados que ritualizan el procedimiento para inaplicar los beneficios extralegales a los empleados. || […] olvida el accionante que esta eliminación de los beneficios estaba supeditada a fundamentar su decisión, es decir, denunciar la convención y allí demostrar su incapacidad financiera y económica para el pago de los beneficios extralegales. || En este orden, la interpretación de la Corte no se torna grosera ni arbitraria, y la admisión del recurso extraordinario de casación es procedente frente la situación jurídica planteada, con las advertencias que de entrada hizo [la] Sala de Casación Laboral, lo que no impidió el estudio del recurso. || En lo que respecta a la vulneración del derecho a la igualdad, considera esta corporación que si la interpretación que hizo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no fue caprichosa, ni absurda frente al debate planteado, la consecuencia de la misma no puede considerarse violatoria del derecho a la igualdad. || […] Ahora bien, el reproche invocado por el actor en cuanto a la no valoración de las pruebas sobre la difícil situación financiera de la Cruz Roja, como configuración de un defecto fáctico, tampoco tiene vocación de prosperidad, por cuanto como quedó plasmado en el fallo de la Sala de Casación Laboral de la Corte, la entidad ‘tan sólo se limitó acudir a las consideraciones del laudo arbitral, sin aportar siquiera los balances para demostrar su inviabilidad económica, financiera administrativa, pese a que era en ella la que recaía la carga de la prueba, de manera tal que su actuación no está amparada y por tal motivo deberá restablecer, a partir del 1º de septiembre de 2003 los derechos contenidos en la cartilla de servicios y beneficios de los empleados’” (fls. 32 al 34).

(33) Folios 136 y 137, cuaderno de revisión.

(34) Folio 34, cuaderno de revisión.

(35) Folio 34, cuaderno de revisión.

(36) Folios 40 al 53, cuaderno de revisión.

(37) Folio 39, cuaderno de revisión.

(38) Folio 36, cuaderno de revisión.

(39) Folio 69, cuaderno de revisión.

(40) Folios 37 y 38, cuaderno de revisión. A folios 58 al 61 aparecen, en su orden, el acta de iniciación de conversaciones del conflicto colectivo suscitado a raíz de la presentación del pliego de peticiones por parte de Sintracruz Roja Colombia a la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, del catorce (14) de mayo de dos mil dos (2002) y el acta final de conversaciones del ocho (08) de junio de dos mil dos (2002).

(41) Folios 73 y 74, cuaderno de revisión.

(42) Folio 72, cuaderno de revisión.

(43) Folios 75 y 76, cuaderno de revisión.

(44) Folios 83 y 84, cuaderno de revisión. La doctora Rosana Vásquez tomó posesión del cargo el primero (01) de octubre de dos mil dos (2002) Ver acta obrante a folio 87 del cuaderno de revisión.

(45) Folios 88 y 89, cuaderno de revisión. El doctor Mario Rodríguez Parra tomó posesión del cargo el quince (15) de noviembre de dos mil dos (2002) Ver acta obrante a folio 93 del cuaderno de revisión.

(46) Folios 113 y 114, cuaderno de revisión. La doctora Leyla Jiménez Murillo tomó posesión del cargo el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) Ver acta obrante a folio 118 del cuaderno de revisión.

(47) Folios 126 al 138, cuaderno de revisión.

(48) Se refieren a la prima extralegal, la prima extralegal de navidad, la prima extralegal de vacaciones, la prima extralegal de antigüedad, el auxilio de alimentación, los permisos, los auxilios, los préstamos para vivienda, los préstamos por calamidad doméstica, los cursos de natación, los cursos de primeros auxilios, los descuentos de medicina genera especializada y servicios de ambulancia y los descuentos de odontología.

(49) En párrafos anteriores, el documento señala: “El tribunal se ocupó, de analizar los documentos presentados sobre los estados financieros auditados a 31 de diciembre de 2002, que se encuentran certificados por [revisor fiscal], de los cuales se desprende la crítica situación económica de la entidad y la incidencia que en la misma tiene la deuda con Laboratorios Baxter, problema este último que ya es objeto de un proceso ejecutivo. || El estado de pérdidas y ganancias del año 2002, aprobado por la revisoría fiscal, arroja una pérdida operacional de trescientos sesenta y cuatro millones ciento noventa y un mil ($ 364.191.000) pesos, igualmente, el déficit de flujo de caja disponible acumulado para los años 2002, 2003 teniendo en cuenta la incidencia de la deuda con Baxter, sería de cuatro mil veintidós millones ($ 4.022.000.000) de pesos. || Es de resaltar, así mismo, que con fecha enero 22 de 2003, la Superintendencia Nacional de Salud, por intermedio de la jefe de la división de instituciones prestadoras de servicios de salud, se dirigió al representante legal de la Cruz Roja - Seccional Cundinamarca Bogotá, D.C., en los siguientes términos: || ‘Asunto: Se advierte difícil situación económica y financiera […]’. || […] || Tanto en el Pliego de Peticiones como en las exposiciones que las partes realizaron ante el Tribunal de Arbitramento, se menciona “La cartilla de servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999”. Beneficios extralegales éstos, que según la información financiera suministrada, para el año 2002, ascendía a un costo de quinientos dieciocho millones ($ 518.000.000) de pesos, consecuencia de lo cual, se debe aceptar que se trata de unas prestaciones extralegales que por mera liberalidad ha venido reconociendo la Cruz Roja Colombiana —Seccional Cundinamarca— Bogotá, D.C., pero que su impacto financiero “es tan grave que podría llevar a ser inviable la Seccional”. || Los razonamientos sobre los aspectos económicos, atrás expuestos llevan al tribunal a no conceder beneficio extralegal alguno […]. || Como es absolutamente discutible, tratándose de un conflicto de intereses, o económico los árbitros deben proferir su decisión fundamentalmente bajo el criterio de la equidad, desde luego, sin afectar derechos o facultades de las partes reconocidas en la Constitución Nacional o en la ley, y así se ha hecho en el caso concreto, pues, se insiste, el estado financiero demostrado y ratificado por la Superintendencia de Salud, conlleva necesariamente a no crear cargas económicas, por lo menos durante el transcurso del año 2003, ya que decidir lo contrario sería eminentemente inequitativo y muy seguramente se pondría en grave peligro la existencia de la entidad, que como igualmente ya se dijo, persigue no fines de lucro, sino, por el contrario, presta un servicio social necesario e indispensable máxime las actuales circunstancias del país” (resaltado fuera de texto) (fls. 129 al 131, cdno. de revisión).

(50) Folios 136 y 137, cuaderno de revisión. La doctora Rosana Vásquez de Torres presentó salvamento de voto en relación con la anterior decisión. Consideró que como mínimo se debieron reconocer a favor del Sindicato los beneficios derivados de la cartilla de prestaciones extralegales que se aportó como prueba, que han sido admitidos en forma voluntaria por la empleadora, con lo cual sí se hubiera logrado un punto de equidad. Asimismo, señaló que no hay razón valedera para que el tribunal de arbitramento decida que los beneficios unilaterales que la Cruz Roja ha reconocido de tiempo atrás a sus trabajadores solamente los pueda conceder en caso de que las condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas se lo permitan, o que la entidad pueda enmendar, modificar, aumentar o eliminar estos beneficios en cualquier momento, pues con ello se excedió el tribunal en sus facultades.

(51) Folio 145 del cuaderno de revisión.

(52) Folios 150 al 164 del cuaderno de revisión. En esa oportunidad alegó (i) la nulidad total del laudo y, consecuencialmente, solicitó la devolución del expediente al tribunal para que se pronuncie en equidad sobre el pliego de peticiones en su integridad; (ii) falta de competencia del tribunal para decidir el conflicto, puesto que dio por probado que la etapa de arreglo directo se surtió sin que se hubiera llegado a ningún acuerdo en relación con el pliego de peticiones presentado, y (iii) falta de motivación del laudo arbitral. En relación con las facultades de los árbitros para decidir el conflicto en equidad, planteó (iv) que la decisión del tribunal es arbitraria y abusiva en cuanto desconoce la cartilla de servicios y beneficios vigente en la Cruz Roja; en concreto, se cimenta sobre el desconocimiento del principio de equidad y de los derechos constitucionales a la igualdad, a la asociación sindical y al debido proceso.

(53) Folios 166 al 196 del cuaderno de revisión, M.P. Fernando Vásquez Botero. Radicación 22214 - Recurso de anulación.

(54) La cláusula 7ª del pliego de peticiones de Sintracruz Roja Colombia, establece: “Compromisos adquiridos anteriormente: el empleador, seguirá dando cumplimiento a los compromisos adquiridos anteriormente con sus trabajadores, contemplados en la “Cartilla de servicios y beneficios a los empleados, de junio de 1999” y a los demás que por liberalidad viene reconociendo a todos sus trabajadores” (fl. 42, cdno. de revisión).

(55) Folio 191, cuaderno de revisión. Continúa explicando: “Y aunque se ha sostenido, como lo dice el impugnante, que este tipo de reconocimientos puede ser recogido por el Tribunal de Arbitramento en el laudo, no necesariamente tiene que ocurrir así, ya que de por medio está ese principio de equidad, con fundamento en el cual debe decidir el conflicto colectivo económico” (fl. 192).

(56) Folio 192, cuaderno de revisión.

(57) Folios 20 al 30, cuaderno de revisión. El informe anexo concluye que “de no haberse tomado la decisión en 2003 de retirar la cartilla de beneficios la entidad hubiera tenido un rápido deterioro financiero que la hubiera llevado a situaciones insostenibles de liquidez y solvencia, conduciendo a su quiebra en 2007. De mantenerse en vigencia la cartilla a futuro, será inevitable que un mayor número de funcionarios ingrese al sindicato, precisamente por los beneficios adicionales que esta membresía acarrea. Los ejercicios de sensibilidad presentados arriba indican que si todo el personal de la Seccional se afilia al sindicato, entre 2014 y 2015 la entidad tendrá egresos adicionales acumulados por ese solo concepto de $ 1.770 millones —lo cual equivale a casi el 80% de su patrimonio actual. Dichos egresos adicionales acumulados tendrían un valor muy superior a nuestro capital de trabajo disponible y se traducirían en un índice de endeudamiento cercano al 100%” (fl. 30, cdno. de revisión).

(58) Folios 218 al 249.

(59) Magistrado Jesús Vall de Rutén Ruiz (fls. 256 al 262).

(60) Al respecto, señaló: “[…] es un imposible lógico y jurídico tratar de abrir un nuevo espacio de discusión respecto de un asunto en el que la Sala Especializada, en el ámbito de sus privativas funciones y competencias, casó la sentencia de segundo grado en el juicio laboral aludido, merced a la calidad de órgano límite y de cierre de la jurisdicción ordinaria que tiene la Corte Suprema de Justicia por disposición constitucional, lo que impide que sus decisiones puedan ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por otras autoridades, puesto que en tal condición no existe otro organismo que pueda disputarle las resoluciones que haga dentro de su propio ámbito” (fl. 259).

(61) “Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”. El inciso 2º del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dispone: “Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto”.

(62) Posición que es reiterada en el Auto 100 de 2008 emanado de la Sala Plena de la corporación.

(63) El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, reza: “Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.

(64) Al respecto, ver las sentencias T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 2003 (todas ellas del M.P. Eduardo Montealegre Lynett) C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. Unánime) y T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) Entre muchas otras, la posición fijada ha sido reiterada en las sentencias T-743 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) T-310 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-451 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)

(65) M.P. Jaime Córdoba Triviño. Se trata de una exposición sintetizada de la Sentencia C-590 de 2005.

(66) “En la citada norma superior (C.P., art. 86) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los distintos ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de “cualquier” autoridad pública. Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función jurisdiccional y, específicamente, contra las decisiones judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(67) “La procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibídem.

(68) Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, consultar la Sentencia SU-047 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(69) M.P. José Gregorio Hernández Galindo (SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero) “Al proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones judiciales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(70) Se reitera, se sigue la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(71) Ver Sentencia T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(72) Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para controvertir un fallo judicial, ver Sentencia T-1049 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(73) Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.

(74) Es importante precisar que esta línea jurisprudencial se conoció inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, con el propósito de superar una percepción restringida de esta figura que había permitido su asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial, la corporación sustituyó la expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales” que responde mejor a su realidad constitucional. La Sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se está ante la acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar de “causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que de vía de hecho.

(75) El defecto orgánico hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la sentencia.

(76) El defecto sustantivo se configura cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión (ver Sent. C-590/2005) igualmente, los fallos T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(77) El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) T-937 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda) SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SV Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araujo Rentería) T-996 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) T-196 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) T-937 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda).

(78) El defecto fáctico está referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón al principio de independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.

(79) El error inducido, también conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la administración de justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, las sentencias SU-014 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Hernández) T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y SU-846 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra; SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa; AV Álvaro Tafur Galvis).

(80) La decisión sin motivación se configura en una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela, en tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver Sentencia T-114 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(81) Conforme a la Sentencia T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) el desconocimiento del precedente constitucional “[se presenta cuando] la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime) y SU-168 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime)

(82) La violación directa de la Constitución se presenta cuando el juez le da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la Constitución. Al respecto, ver sentencias T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez) SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) Asimismo, cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver, Sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(83) Ver Sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).

(84) Es decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.

(85) Ver sentencias C-590 de 2005 y T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) En el mismo sentido, la Sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).

(86) El defecto sustantivo, como causal genérica de procedencia de la acción de tutela ha sido ampliamente estudiado por la Corte. Para una exposición completa del tema, ver las sentencias C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. Unánime) T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-757 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

(87) M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(88) Cfr. Sentencia T-573 de 1997 (M.P. Jorge Arango Mejía).

(89) Cfr. Sentencia T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(90) Cfr. Sentencia T-001 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(91) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(92) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(93) Sobre el particular, además de la Sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) pueden consultarse, entre varias, las sentencias T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-984 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

(94) Cfr. la Sentencia SU-1722 de 2000 (M.P. Jairo Charry Rivas). Tal es el caso, por ejemplo, de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio in pejus”.

(95) Cfr. la Sentencia C-984 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

(96) Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SV Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araújo Rentería).

(97) En este aparte, la Sala seguirá el esquema expositivo de la Sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) En este caso, un miembro de un grupo armado al margen de la ley que se hallaba fuera del país, ofreció colaboración a la Fiscalía General de la Nación a cambio de los beneficios previstos por la ley para este tipo de asuntos. La fiscalía consideró que no podrían otorgarse tales beneficios sino una vez se entregara a la justicia. La interpretación fue considerada irrazonable, pues no existía norma que prohibiera otorgar los beneficios en las condiciones descritas. La Sala de Revisión recalcó que los jueces son independientes, pero que su independencia no es absoluta. La falta de una razón jurídica para negar una interpretación penal más favorable, fue considerada suficiente para otorgar el amparo.

(98) Así lo expresó la Sala Séptima de Revisión en la Sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) “Para la realización de este ejercicio hermenéutico, el juez ha de estar rodeado de algunas garantías, que corresponden a su independencia (pretensión de neutralidad y ausencia de inherencias horizontales —frente a las otras ramas del poder—) y autonomía (ausencia de inherencias verticales —libertad frente al superior—) que han tenido consagración constitucional apropiada”.

(99) Ver la Sentencia T-1263 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla).

(100) Ibídem. En este sentido, la Sala Séptima de Revisión en la Sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) señaló: “La “efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, constituyen el parámetro de la actuación legítima de los poderes públicos. || Así las cosas, resulta evidente que la labor de los jueces al interpretar el derecho para aplicarlo al caso concreto, si bien supone que sea realizada de manera autónoma, no puede convertirse en patente de corzo para aplicar cualquier interpretación posible. El sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento”.

(101) El artículo 176 del Código General del Proceso, establece: “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. || El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

(102) La Sentencia T-588 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) explicó al respecto: “[…] no es posible cuestionar, por vía de tutela, una sentencia, únicamente porque el actor o el juez constitucional consideran que la valoración probatoria o la interpretación de las disposiciones legales por el juez ordinario fueron discutibles. Es necesario que las interpretaciones y valoraciones probatorias del juez ordinario sean equivocadas en forma evidente y burda para que pueda proceder el amparo constitucional. Cualquier tesis distinta implicaría no sólo desconocer la autonomía funcional que tienen los jueces para interpretar el derecho y valorar las pruebas (C.P., art. 230) sino que además desconocería la separación funcional entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria”.

(103) En este sentido, pueden verse las sentencias T-066 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) T-345 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) T-588 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) T-070 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) T-028 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) T-1263 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla) T-661 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. AV Nilson Pinilla Pinilla) entre otras.

(104) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(105) Sobre la posibilidad de controvertir interpretaciones judiciales que resulten contrarias a la Constitución, y en relación con la procedencia de la acción de tutela en los casos en que la interpretación que el juez hace de una norma contraría un criterio hermenéutico establecido por esta corporación, ver las sentencias T-001 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) T-842 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) entre otras.

(106) La Corte se ha referido a los casos en que la interpretación judicial resulta contra evidente o irracional, entre otras, en las sentencias T-1017 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-1072 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

(107) Sobre las decisiones proferidas en contravención del principio de igualdad se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-123 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) T-321 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) SU-1300 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) T-068 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-1306 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(108) La jurisprudencia constitucional tiene definido que el derecho procesal no puede ser un obstáculo para la efectiva realización del derecho sustantivo, entre otras, en las sentencias C-596 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y T-1306 de 2001(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(109) Ver la Sentencia T-1263 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla) entre otras.

(110) La Sentencia T-565 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) señaló: “[…] siempre que la interpretación normativa que los operadores jurídicos hagan de un texto legal permanezca dentro de los límites de lo objetivo y lo razonable, la mera divergencia interpretativa con el criterio del fallador no constituye una irregularidad que haga procedente la acción de tutela contra providencias judiciales”.

(111) Al respecto, la Sentencia T-1001 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) reiterada en la Sentencia T-565 de 2006 del mismo ponente, explicó: “En materia de interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no coincidan con la interpretación acogida por el operador jurídico a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de una vía de derecho distinta que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho”.

(112) Es clara la Sentencia T-1036 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) al afirmar: “[…] las divergencias en la interpretación de las normas legales, en principio, no son materia que pueda ser objeto de acción de tutela, sobre todo en presencia de recursos ordinarios, diseñados precisamente para lograr ‘la superación de las diferencias de interpretación de las normas y promover, a su vez, la unificación de criterios entre los funcionarios judiciales, con vista a una aplicación uniforme de la ley’. Por lo tanto, cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser ‘cuestionada, ni menos de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será improcedente’ […]. En suma, el juez de tutela no puede controvertir la interpretación que de las situaciones de hecho o de derecho realice el juez de la causa en el respectivo proceso, salvo que esta hermenéutica sea arbitraria e irrazonable y, por ende, vulnere los derechos fundamentales de la persona que acude a la acción de tutela”.

(113) En la Sentencia T-955 de 2006 (M.P. Jaime Araújo Rentería) la Sala Primera de Revisión concluyó lo siguiente: “[…] la labor adelantada por el tribunal hace parte de su función interpretativa de las normas, y que la decisión que profirió en el presente caso no surge subjetiva o irrazonable, por el simple hecho de que el accionante no comparta la forma en que dicho tribunal aplicó las normas pertinentes en su caso. || Ciertamente en materia de interpretación judicial, es claro que los criterios para definir la existencia de una vía de hecho se circunscriben a la actuación arbitraria que adelante el juez, y que por ello sea abiertamente contraria al derecho, lo cual no se aprecia en el presente caso”.

(114) Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-932 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería) T-902 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-162 de 2007 (M.P. Jaime Araújo Rentería)

(115) Sentencia T-554 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) También puede consultarse la Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(116) Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(117) Sentencia SU-1300 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil; AV Rodrigo Uprimny Yepes) En esa ocasión la Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el juez regional en la sentencia anticipada. El juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de [varios testigos], y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.

(118) Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(119) Sentencia T-538 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.

(120) Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SV Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil).

(121) Ver la Sentencia T-055 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(122) Por ejemplo, en la Sentencia T-589 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) la corporación encontró configurado un defecto fáctico en un caso en el cual el fiscal había dejado de practicar la totalidad de las pruebas oportunamente solicitadas por el sindicado y que tenían la función de desvirtuar la cadena indiciaria que, según el funcionario judicial, permitía demostrar la participación del sujeto en el hecho delictivo investigado. En el mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-005 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía) T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) T-324 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) T-329 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-654 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(123) Al respecto pueden verse las sentencias T-576 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía) T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y T-329 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) En esta última providencia, la Sala Quinta de Revisión sostuvo que “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.

(124) Ver la Sentencia C-609 de 1996 (MsPs Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. SV José Gregorio Hernández Galindo, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).

(125) Ver las sentencias T-538 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(126) Ver la Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(127) Ver la Sentencia T-654 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(128) Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell)

(129) Sentencia T-1006 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería) Entre otras, como antecedentes es posible consultar las sentencias T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) T-784 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) T-408 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-819 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

(130) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(131) Ver la Sentencia T-996 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) La Corte ha indicado que un acto a través del cual se pretermite por entero una de las instancias judiciales, o se impide arbitrariamente la utilización de un recurso necesario para la defensa (sents. T-538/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y SU-478/97, M.P. Alejandro Martínez Caballero) o se omite por completo la notificación a uno de los sujetos interesados (Sent. T-654/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) puede ser atacado a través de la acción de tutela. No obstante, también ha señalado la corporación que una falla en el proceso de notificación que no impida que la persona pueda conocer el acto que se notifica —como un error mecanográfico prácticamente intrascendente en la publicación de un edicto— no da lugar a una vía de hecho judicial.

(132) Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo (SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero).

(133) Al respecto, puede ser consultada la Sentencia T-055 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(134) M.P. Antonio Barrera Carbonell. En este mismo sentido se ha pronunciado la corporación frente al incumplimiento de sentencias de habeas corpus cuando quiera que la autoridad judicial, con el fin de legalizar una situación irregular profiere una decisión que tiende a impedir la ejecución de la orden de libertad. Ver, al respecto, la Sentencia T-046 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(135) Ver, entre otras, las sentencias T-654 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-589 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) En la Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideró que el defecto procedimental puede producirse, a título de ejemplo, “cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado —en los eventos en los que sea necesario—, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas”.

(136) Sentencia T-654 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(137) Sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) En esa oportunidad, la Sala Séptima de Revisión sostuvo: “Esta evolución de la jurisprudencia implica que la Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial. No sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad) Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez) ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución”. En este sentido, explicó la Sala Séptima de Revisión en la Sentencia T-1216 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) que “la Corte Constitucional desarrolló la tesis de la vía de hecho en la que pueden incurrir los jueces al dictar sus fallos. Dicha postura tuvo como base que ante errores groseros y burdos en que se incidiera en una sentencia judicial, se debía proteger a los ciudadanos de lo que ello implicaba: la arbitrariedad y el capricho desprendidos de la conducta del juez. Ello se consideró como un deber del juez constitucional […]. || Ahora bien, la referencia a la expresión vía de hecho, si bien es cierto que resulta clara en la medida en que reseña algunos supuestos que pretende describir, tales como errores burdos o arbitrariedad desprendidos de las decisiones judiciales, no lo es menos que no en todos los casos en que se determina la existencia de una vía de hecho judicial, ésta es atribuible a una equivocación producto de la ignorancia o la mala fe del juez. De hecho, los jueces pueden elaborar sentencias correctas desde el punto de vista formal, pero basadas en una lógica ajena al ideario de protección de los derechos fundamentales. De ahí, que se deba admitir la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales, en aras que el juez constitucional repare la vulneración de los derechos constitucionales; y es allí justamente, donde la Corte Constitucional debe decir la última palabra”.

(138) En esa primera oportunidad la demanda de tutela fue presentada el veinte (20) de noviembre de dos mil doce (2012) es decir un poco más de seis (6) meses después de emitida la decisión que se discute. Término que, igualmente, la Sala estima razonable.

(139) Magistrado Jesús Vall de Rutén Ruiz (fls. 256 al 262).

(140) Al respecto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante sentencia del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) negó el amparo de los derechos al debido proceso y a la igualdad de la Cruz Roja, bajo las siguientes consideraciones: “[…] el solo hecho de que el actor no comparta la admisión de la demanda de casación no puede dar lugar a la emisión de orden de amparo, cuando, según se desprende del mismo relato de la solicitud de amparo, el auto de admisión propiamente dicho no fue objeto de controversia o reparo alguno, y si bien al descorrer el traslado de la demanda de casación se planteó [la] improcedencia del recurso por su falta de técnica, fue hasta la emisión del fallo adverso por parte de la instancia cuestionada que se recapituló por el petente el inconformismo que le generaba el auto de admisión que, como se dijo, no fue objeto de reparo alguno luego de su emisión. || El pronunciamiento aludido fue objeto entonces de convalidación por parte del actor al abstenerse de reparar de alguna manera la decisión de esa colegiatura que accedió al análisis de la demanda de casación, sin que sea la vía de tutela la oportunidad para revivir etapas que fueron superadas en el decurso ordinario, sin que, se insiste, fuese agotada controversia alguna. || En tal medida, se desestimará el amparo deprecado en lo que al defecto procedimental y la desatención del derecho a la igualdad respecta, por no encontrarlo configurado” (fls. 363 y 364).

(141) Sentencia C-242 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara) reiterada en la Sentencia C-330 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) Las características del arbitramento: (i) la voluntariedad; (ii) la temporalidad; (iii) la excepcionalidad; (iv) fungir como un mecanismo alternativo de solución de controversias, y (v) ser una institución de orden procesal, han sido objeto de estudio y análisis por parte de la corporación en las sentencias T-057 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. AV Carlos Gaviria Díaz) C-294 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía. SV Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz) C-242 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara) C-163 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. Unánime) C-330 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. Unánime) C-1436 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) C-060 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) C-098 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Unánime) y C-330 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Unánime)

(142) El artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990, establece: “Decisión de los trabajadores. Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. || La huelga o la solicitud de arbitramento serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores…”.

(143) Al respecto puede ser consultada la Sentencia C-330 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

(144) La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, en la sentencia de homologación del dieciocho (18) de mayo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) diferencia entre los conflictos jurídicos y los conflictos económicos o de intereses: “En el conflicto jurídico las partes si lo quieren derogan la jurisdicción ordinaria por mutuo acuerdo, mediante el compromiso o la cláusula compromisoria, y someten su diferendo a los árbitros para que ellos, al igual que lo haría el juez ordinario a quien reemplazan en el cumplimiento de sus funciones, falle en derecho con aplicación de una forma preexistente al litigio; mientras que en el conflicto de intereses económicos —y el originado por la presentación de un pliego de peticiones que puede desembocar en una convención colectiva de trabajo o pacto colectivo (y en ciertos casos en un laudo arbitral) es el conflicto económico por antonomasia— no se trata ya de aplicar normas existentes sino de crearlas, de dar nacimiento a un nuevo derecho, siendo aquí por ello la función de los árbitros —llamados por un sector de la doctrina arbitradores para distinguirlos— la de solucionar hacia el futuro y por medio de un fallo de índole constitutiva, y no meramente declarativa como lo es la sentencia o laudo que termina un litigio de naturaleza jurídica, el conflicto que enfrenta a las partes insatisfechas con la normatividad imperante y que precisamente han promovido en procura de obtener una nueva que mejor convenga a sus intereses”.

(145) El tema puede ser consultado en la Sentencia SU-837 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) en el que se señala: “5.4. Límites de los árbitros. El artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo enuncia, de manera general, límites de orden constitucional, legal y convencional a los árbitros. Uno de ellos es el de respetar los derechos constitucionales fundamentales de las partes, dentro de los cuales se encuentra el derecho al debido proceso. Ello es compatible con los mandatos derivados del principio de Estado social de derecho relativos a cómo se han de tomar las decisiones. Es claro que éstas no se pueden adoptar de manera caprichosa ni arbitraria. Así como es claro, también, que la carga de razonamiento es distinta respecto de cada autoridad. Por eso, a los jueces, como autoridades que deciden en derecho, se les exige que sus providencias sean motivadas y que lo sean de una manera ajustada a reglas y principios jurídicos. El juez debe fundar sus decisiones en razones vinculadas a un referente objetivo de orden normativo. Sobre los árbitros que deciden en equidad no recae el mismo deber de razonar en derecho, puesto que, como su nombre lo indica, deciden en equidad. Su deber es distinto. Consiste en razonar en equidad, lo que implica entre otras cosas que sus decisiones lejos de ser caprichosas o arbitrarias sean sustentadas a partir de las especificidades de cada caso. Por eso, y dado que el concepto de equidad ha sido constitucionalizado, el debido proceso arbitral en equidad comprende unos límites sustanciales de orden constitucional. Un claro límite constitucional de las decisiones de los árbitros en equidad consiste en que éstas tienen que ser razonadas, no en derecho, pero sí en equidad. De ello depende que no sean caprichosas y, sobre todo, que el juez de homologación tenga bases para revisar el laudo e impedir que sea arbitrario. El control judicial, materialización del Estado social de derecho, que ejerce el juez de homologación se hace imposible o inocuo si el laudo correspondiente carece de motivación en equidad. || […] || Ahora bien, la motivación de una decisión puede ser de diversa naturaleza —p. ej. jurídica, en equidad, política, moral, económica, etc.— dependiendo del tipo de razones que se esgriman para respaldarla. En el caso de la decisión en equidad, es claro que las razones de respaldo no requieren ser normativas, a diferencia de lo que sucede con la decisión en derecho. Aun cuando el marco mínimo en el que se adopta la decisión en equidad esté fijado en la Constitución y la ley —los árbitros en equidad deben decidir respetando los derechos y facultades constitucionales, legales y convencionales de las partes (CST, art. 458)—, el referente para justificar la decisión es otro, diferente a las normas jurídicas. La decisión en equidad ausculta las circunstancias concretas del conflicto y propugna por la justicia del caso, sin necesidad de basarse en referentes normativos positivos. La decisión en equidad se basa en una constelación de factores diferentes y relevantes relativos a las especificidades de cada caso— como por ejemplo los intereses en juego, las necesidades de los involucrados en el conflicto o la situación económica de las partes. En cuanto a su justificación, la decisión en equidad debe entonces presentar razones para entenderse motivada. Cuando no existen razones que sustenten la decisión en equidad, ésta no puede ser tenida como ejercicio legítimo de una función pública, al tornarse incontestable y sinónimo de un acto inexpugnable y arbitrario”.

(146) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este fallo fue analizado el principio de estabilidad de los laudos arbitrales y la procedencia de la acción de tutela en contra del laudo arbitral y la sentencia de homologación.

(147) Por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

(148) El artículo 190 del Decreto 1818 de 1998, “por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”, fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, “por medio de la cual se expide el estatuto de arbitraje nacional e internacional y se dictan otras disposiciones”, que entró a regir.

(149) Folios 4 al 36.

(150) M.P. Rafael Vélez Fernández, radicado 20130125500 (fls. 349 al 369).

(151) M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, radicado 20130125501 (fls. 7 al 36, cdno. dos).

(152) El artículo cuarto del laudo arbitral, establece: “Beneficios extralegales: Los beneficios extralegales “Cartilla de servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999”, los podrá conceder el empleador solamente si las condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador se lo permiten, por tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios, en cualquier momento fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero, económico o administrativo” (fl. 99, exp. de revisión).

(153) En este punto, cita la providencia del veinte (20) de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) del Tribunal Supremo del Trabajo, mediante la cual se explica que el derecho del trabajo acoge la doctrina de la cláusula “rebus sic stabilus”, según la cual un contrato solo vincula mientras las circunstancias en que fue concluido no se modifiquen en lo fundamental. En esa oportunidad, señaló el tribunal: “El derecho del trabajo sí ha acogido la mencionada doctrina para el supuesto de que cambien las condiciones económicas en que se haya celebrado el contrato individual o la convención colectiva de trabajo. || […] es obvio que aun sin precepto expreso tiene lugar, respecto de dichas convenciones, la teoría de la imprevisión, tanto más cuanto que no limitando la ley el término de su duración, como sí lo ha hecho para los contratos individuales, pueden celebrarse aquellas por un tiempo más o menos largo, con lo cual aumenta la contingencia de los cambios en las condiciones económicas. || Otro tanto cabe decir de los Laudos arbitrales que ponen fin a los conflictos colectivos y que están equiparados por la ley a las convenciones colectivas de trabajo” (cita original de la sentencia) No obstante lo planteado, continúo explicando la Sala de Casación Laboral, “esta Corte delimitó que tal revisión sólo operaba en el evento en el que sobrevinieran situaciones desconocidas para las partes, al momento de suscribir la citada convención, y estableció que para los eventos en que alguna de ellas considerara necesario un cambio debía utilizar la denuncia a la convención” (este último análisis se apoyó en la sentencia del doce (12) de junio de mil novecientos setenta (1970) de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia) y en la Sentencia C-1319 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. AV José Gregorio Hernández y Carlos Gaviria Díaz).

(154) Folios 181 al 188.

(155) Ver la Sentencia T-100 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) En esa oportunidad la Sala de Revisión confirmó los fallos de instancia por medio de las cuales se negó el amparo de los derechos al debido proceso y a la defensa del accionante, quien mediante la acción de tutela pretendía que se revocara una decisión adoptada en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, en virtud de la cual se declaró la ilegalidad de la diligencia de entrega y se ordenó la entrega de unos locales a la poseedora y dueña de los inmuebles, al considerar que la providencia atacada no desconoció en forma alguna la cosa juzgada, pues la sentencia del juzgado civil había recaído sobre la suerte de la administración del establecimiento de comercio y no sobre los locales comerciales. Señaló: “Esa —aunque pudiera no compartirse, a partir de enfoques jurídicos diferentes acerca de la normatividad aplicable— es una distinción respetable, que puede sostenerse y sustentarse sin que comporte desobediencia a las disposiciones vigentes, y sin que signifique agravio a los derechos fundamentales de la parte no favorecida con la decisión judicial”. Bajo esta misma línea argumentativa, la Sentencia T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) señaló: “Las actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las convierte —pese a su forma— en verdaderas vías de hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter de providencias para los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez. La doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales —que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico— y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. La violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho. El objeto de la acción y de la orden judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza un derecho fundamental”.

(156) Incluso, en la Sentencia T-001 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) señaló una Sala de Revisión que “[e]s evidente que dentro de ese concepto constitucional de autonomía, que impide al juez de tutela ingresar en el terreno propio del examen que únicamente atañe al juez competente ordinario, éste goza de independencia cuando, en el ámbito de sus atribuciones, interpreta las disposiciones legales que le corresponde aplicar. Por ese motivo, no cabe tampoco proceso disciplinario alguno que busque responsabilizarlo por el entendimiento que, dentro de su competencia y autonomía, haya dado a determinado precepto” (resaltados originales).

(157) M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En esa oportunidad la Sala Quinta de Revisión revocó las sentencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso laboral adelantado por un trabajador que gozaba de fuero sindical contra Foncolpuertos, y concedió la tutela impetrada, al considerar que “[c]omo consecuencia de la interpretación del tribunal, desfavorable para el trabajador, se aplicaron erróneamente las normas procesales y, por tanto, fueron desconocidas las reglas que gobiernan el juicio, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29) negando a la persona el derecho de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229) y haciendo prevalecer sobre el derecho sustancial un necio concepto formal acerca de la contabilización del término de prescripción, con lo cual fueron violados los artículos 53 y 228 de la Carta. || Esto ha repercutido, además, en que no se ha podido establecer judicialmente si fueron vulneradas o no las disposiciones legales sobre fuero sindical, haciendo nugatoria para el actor la garantía consagrada en el artículo 39 de la Carta Política…”.

(158) Sentencia T-518 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) La providencia agrega: “[…] es importante reiterar que la labor del juez constitucional en lo que se refiere a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se limita a determinar si la actuación de la autoridad es producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, mas no hace parte de sus funciones el inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las que cumple quien en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho consagrados en la Carta Política de 1991”.

(159) Dicho texto normativo fue derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, vigente a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014) en los términos del numeral 6º del artículo 627 ibíd.

(160) El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos, establece: “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. || El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. El presente texto normativo fue derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, vigente a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014) en los términos del numeral 6º del artículo 627 ibíd.

(161) El artículo 61 del CPTSS, dispone: “Libre formación del convencimiento. El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. || En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.