Análisis sentencia T-069 de 2015 de la Corte Constitucional “Protección del Derecho de Asociación Sindical”

Revista Nº 191 Sep.-Oct. 2015

Ricardo Barona Betancourt 

Asesor Laboral 

La Sentencia T-069 de 2015 de la Corte Constitucional con ponencia de la Doctora Martha Victoria Sachica Méndez será analizada de la siguiente forma:

En primer lugar, los hechos relacionados con los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) fueron los siguientes:

a) Los demandantes se desempeñan como pilotos de la empresa Avianca.

b) Entre los meses de septiembre y octubre del año 2013, los directivos de la empresa Avianca y los miembros del sindicato ACDAC celebraron una mesa de diálogo dirigida por el Ministro del Trabajo, con el fin de acordar mejoras a las condiciones laborales de los pilotos. Sin embargo, las partes no llegaron a acuerdo alguno.

c) Los directivos de Avianca ofrecieron el Plan Voluntario de Beneficios (PVB) a los trabajadores no sindicalizados. EL PVB incluye los incrementos económicos de: i) remuneración mensual pactada en régimen de salario global; ii) régimen de salario integral; iii) prima de antigüedad; iv) prima de alimentación; v) auxilio de transporte; vi) prima de vacaciones; vii) auxilio de maternidad; viii) auxilio por traslado permanente; ix) auxilio educativo; x) viáticos; xi) prima de navegación; xii) incentivo por no ausentismo; xiii) seguro de vida; xiv) uniformes, y xv) aumentos salariales (sumas que acuerden en el PVB).

d) Más adelante, la compañía envió por correo electrónico y a las direcciones de residencia de todos los pilotos el plan salarial referido con el fin de que suscribieran dicha oferta.

e) En atención a las comunicaciones, los trabajadores se reunieron con miembros de la empresa en diferentes lugares de la ciudad para suscribir los PVB, acuerdos que implicaban la adscripción integral a ese régimen salarial y la exclusión de los beneficios convencionales.

f) El 9 de octubre de 2013, Avianca envió una comunicación a todos los pilotos solicitando que se acogieran de manera integral al PVB. Además, la empresa ofreció un bono especial que cubriría el retroactivo salarial, siempre que la persona suscribiera en integridad el Plan Voluntario de Beneficios.

g) Los pilotos sindicalizados solicitaron a Avianca que extendiera el pago del bono especial y los otros incrementos que se reconocieron a los trabajadores que suscribieron el pacto colectivo sin perder los beneficios convencionales. La empresa negó esas peticiones, porque las prestaciones contenidas en el PVB solo se causan con la aceptación integral de ese régimen jurídico por parte del trabajador.

h) Avianca otorgó un plazo para que los pilotos aceptaran el PVB y recibieran el bono especial, tiempo que venció el 25 de octubre de 2013.

i) Como resultado de las actuaciones señaladas anteriormente, 150 miembros del sindicato suscribieron el PVB motivado por sus beneficios económicos.

j) El 17 de diciembre de 2013, la asociación sindical a la que pertenecen los solicitantes presentó pliego de peticiones a Avianca, documento que incluye nuevos beneficios para los aviadores sindicalizados. Dicha presentación se notificó al Ministerio del Trabajo.

k) Avianca se negó a iniciar los procesos de negociación con el sindicato.

En segundo lugar, los hechos relacionados con los afiliados al Sindicato de Auxiliares de Vuelo(ACAV) son los siguientes:

a) Desde junio de 1987, el señor Guillermo Enrique Robayo Garrido ingresó a trabajar en Avianca como auxiliar de vuelo.

b) La empresa reconoció al actor las bonificaciones de alimentación y ayuda especial para gastos de salud, rubros que se encontraban reconocidos en el Plan Voluntario de Beneficios.

c) En el año de 1990, el peticionario se afilió al sindicato de auxiliares de vuelo (ACAV). Como resultado de esa vinculación, la compañía dejó de cancelar los auxilios referidos.

d) La empresa cancela los beneficios citados a otros auxiliares que no pertenecen al sindicato, dado que suscribieron el PVB que ofertó Avianca.

De otro lado, la Corte Constitucional reiteró que las asociaciones de trabajadores, tienen legitimidad para presentar la acción de tutela en dos eventos: a) Cuando ejercen la defensa de sus propios derechos fundamentales. b) Cuando buscan la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores sindicalizados. En la primera situación, el sindicato solicita directamente la protección de sus derechos, como en el caso de vulneración del debido proceso. En la segunda hipótesis, la citada persona jurídica actúa para salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos que la conforman, verbigracia, los derechos a la igualdad o de asociación sindical. Por tal razón, el representante del sindicato solo deberá demostrar la pertenencia de los trabajadores al sindicato, sin que sea obligatorio probar una manifestación específica de los afiliados sobre el mandato de representación. Lo anterior, en razón de que se está protegiendo derechos que tienen un mayor impacto en la persona moral que en la natural, sin desconocer que puede repercutir en esta.

Así mismo, la Corte Constitucional reiteró las siguientes reglas de procedencia de la acción de tutela en aquellos eventos en que dentro de una relación de trabajo en materia colectiva se afecta un derecho fundamental de los trabajadores o de las organizaciones sindicales:

a) Cuando el empleador desconoce el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, o afiliarse a estos, o promueve su desafiliación, o entorpece o impide el cumplimiento de las gestiones propias de los representantes sindicales, o de las actividades que competen al sindicato, adopta medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al sindicato. Igualmente, cuando el empleador, obstaculiza o desconoce, el ejercicio del derecho de huelga, en los casos en que esta es permitida.

b) Cuando el empleador obstruye o dificulta la afiliación de su personal a una organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios.

c) Cuando el empleador despide, suspende o modifica las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales.

d) Cuando el empleador se niega a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales.

e) Cuando el empleador despide, suspende o modifica las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de asociación.

f) Cuando el empleador adopta medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar la violación del derecho de asociación sindical.

g) Cuando el empleador obstaculiza o impide el ejercicio del derecho a la negociación colectiva.

Igualmente, la Corte Constitucional materia de protección del derecho de asociación sindical por medio de la acción de tutela reitera la exigencia del principio de inmediatez o que el amparo sea promovido dentro del plazo razonable al hecho que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Para verificar el cumplimiento de este principio, el juez debe confrontar el tiempo trascurrido entre la posible afectación o amenaza del derecho con la fecha de la presentación de la demanda, con el objeto de establecer si esa interposición es razonable. En caso de que se llegue a una conclusión contraria, se debe evaluar si existe una justificación para la demora del interesado en interponer la acción de tutela. En esa labor, el juez de tutela debe evaluar el cumplimiento de este requisito en relación con las circunstancias que rodean el caso concreto, entre las cuales se encuentran: i) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; ii) las situaciones personales o coyunturales que le hayan impedido acudir de forma inmediata ante la jurisdicción constitucional; iii) el aislamiento geográfico; iv) la vulnerabilidad económica, además de la persistencia o agravación de la situación del actor; v) la eventual vulneración de derechos de terceros; vi) la ausencia absoluta de diligencia por parte del afectado; y vii) la posibilidad de que el amparo represente una seria afectación a la seguridad jurídica. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha manifestado que los siguientes factores justifican el transcurso de un lapso prolongado entre el momento de la vulneración del derecho y la fecha de interposición de la acción: a) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo en el entendido de que si bien el hecho que la originó es muy antiguo, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto a sus derechos continúa y es actual. b) Que la especial situación del actor convierta en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de ejercer los medios ordinarios de defensa judicial.

De forma similar, la Corte Constitucional manifestó que existe violación al derecho de asociación sindical y a la negociación colectiva en los siguientes casos:

a) Cuando la empresa establece un régimen jurídico diferenciado entre los trabajadores no sindicalizados y aquellos que pertenecen a la organización sindical o se benefician del régimen convencional.

b) Que los empleadores soliciten al personal la renuncia al sindicato para acceder a las prestaciones fijadas en los pactos colectivos.

c) Que los empleadores incluyan en los contratos laborales cláusulas que impliquen la renuncia al régimen convencional para acceder a los planes de beneficios.

d) Cuando el pacto colectivo contiene cláusulas que crean condiciones de trabajo para los trabajadores no sindicalizados, diferentes a las previstas para los trabajadores sindicalizados, y las circunstancias fácticas no justifican desde el punto de vista de su diferencia, racionalidad, razonabilidad y finalidad un tratamiento distinto. Es decir, se viola el derecho a la asociación sindical, porque las aludidas diferencias en las condiciones de trabajo estimulan la deserción de los miembros del sindicato, con el resultado de que un sindicato que antes era mayoritario se puede tornar en minoritario con las consecuencias jurídicas que ello implica e incluso puede llegar a desaparecer.

e) La omisión reiterada por parte de una empresa de iniciar conversaciones colectivas con el sindicato, aun cuando existe una Resolución del Ministerio del Trabajo, ordenando su inicio; desconoce la fuerza vinculante de las decisiones de dicha entidad, es una práctica antisindical y vulnera la garantía constitucional a la negociación colectiva, pues obstruye de manera injustificada y desproporcionada la realización del proceso de negociación.

La Corte Constitucional al revisar el caso concreto concluyó los siguientes aspectos:

a) Que Avianca vulneró los derechos a la asociación sindical de los actores y de paso de la ACDAC, porque creó un pacto colectivo que tiene mayores beneficios que la convención colectiva, escenario que produjo la deserción de miembros del sindicato y la exclusión de los trabajadores del régimen convencional. La empresa conculcó los derechos de los peticionarios, como quiera que condicionó el acceso de los beneficios del PVB a su suscripción integral o a la modificación del clausulado de la convención colectiva. Las vulneraciones señaladas se presentaron en el marco de una línea de conducta que evidencia que la sociedad de aviación accionada pretende presionar al sindicato con el que se encuentra en una discusión colectiva. En consecuencia, como mecanismo de reparación de la infracción constitucional, el empleador debe proceder a igualar los beneficios que se encuentran en el PVB a las prestaciones que se regulan en la convención.

b) Que Avianca vulneró los derechos a la asociación sindical y a la negociación colectiva de ACDAC, como quiera que se negó a comenzar la etapa de arreglo directo, soslayando que el sindicato cumplió con los requisitos legales de la denuncia de la convención y presentación de pliego de peticiones.

c) Que Avianca vulneró los derechos a la asociación sindical y a la igualdad del tutelante y de paso de la ACAV, porque creó un pacto colectivo que tiene mayores beneficios que la convención colectiva, escenario que implica la exclusión de los trabajadores del régimen convencional. Además, la empresa conculcó los derechos del señor Guillermo Enrique Robayo, como quiera que condicionó el acceso de los beneficios del PVB a su suscripción integral y/o a la modificación del clausulado de la convención colectiva. Lo anterior en el marco de una línea de conducta que evidencia que la sociedad de aviación accionada pretende presionar al sindicato. En consecuencia, el empleador debe proceder a igualar los beneficios que se encuentran en el PVB a los trabajadores sindicalizados.

Finalmente, podemos manifestar que los aspectos fundamentales del derecho de asociación sindical son los siguientes:

1. Concepto.

La doctrina Constitucional ha señalado que la asociación sindical es un concepto que engloba una dimensión individual, una colectiva y una instrumental. La primera se traduce en la posibilidad de ingresar, permanecer y retirarse de un sindicato, mientras la segunda hace referencia a la facultad de que gozan los trabajadores asociados para decidir, de conformidad con el orden legal y los principios democráticos, la organización interna y el funcionamiento de la asociación a la que pertenece, es decir, una facultad para autogobernarse. Al mismo tiempo, el derecho de asociación sindical comprende una dimensión instrumental, debido a su estructuración “sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social, en sí, la negociación y suscripción de una convención colectiva.

El tratadista Antonio Baylos determina que la libertad sindical es la asociación voluntaria y permanente para la defensa de los intereses de los trabajadores. Tiene una vertiente individual, que se refiere fundamentalmente a la adhesión de los trabajadores individualmente considerados a la organización sindical, aceptando sus estatutos y su programa de acción, y a la participación en las actividades sindicales. Tiene así mismo una vertiente colectiva, organizativa, que se refiere al conjunto de facultades que corresponden al sindicato como sujeto colectivo. Entonces, se hace referencia al sindicato como sujeto que representa a los trabajadores para defender los intereses económicos y sociales que le son propios.

De otro lado, Guillermo Gianibelli proclama la noción de los derechos de libertad sindical como derechos instrumentales, “derechos para obtener derechos”, se inscribe en aquella lógica de actuación del Estado Social de Derecho, en la que el sindicato activa democráticamente la tutela de la clase trabajadora y la mejora de sus condiciones de vida.

Igualmente, Guillermo Cabanellas afirma que el derecho colectivo laboral es aquel que teniendo por sujetos a conjuntos o grupos de trabajadores y patronos en relación a condiciones de solidaridad provenientes de su condición de prestadores o dadores de trabajo, desarrolla su objetivo en organizaciones grupales determinado o fijando reglas comunes a las categorías profesionales y actuando en forma conjunta en la defensa de sus derechos e intereses.

2. Contenido a partir de la Constitución de 1991.

El modelo sindical consagrado en la Constitución Política de 1991, tiene las siguientes características:

En primer lugar, los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado o de los Empleadores; por tal razón, su reconocimiento jurídico se produce con la simple inscripción del acta de constitución del sindicato. Es decir, el derecho de asociación destaca dentro de sus particularidades el carácter voluntario, el cual depende de la autodeterminación del individuo frente a la constitución, afiliación y permanencia al interior de una organización sindical; por ello, cualquier determinación adoptada por el empleador tendiente a generar en los miembros del sindicato la idea de retirarse del mismo, ya sea por mejora en las prestaciones o diversos incentivos a aquellos trabajadores no sindicalizados, son considerados como comportamientos abiertamente violatorios del derecho de libertad de asociación.

Adicionalmente, la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se deben sujetar al orden legal y a los principios democráticos. Es decir, el derecho de asociación sindical no es absoluto o ilimitado, porque la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano autorizan su restricción mediante una ley para garantizar determinados valores y principios comola seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos y los derechos y deberes ajenos. Sin embargo, las restricciones o limitaciones que establezca el legislador al derecho de asociación sindical deben sujetarse al principio de razonabilidad, como se exige respecto de todos los derechos fundamentales, lo que significa que la finalidad de aquellas debe ser legítima a la luz de la Constitución Política y que los medios utilizados para alcanzarla deben ser idóneos, necesarios y proporcionados.

Igualmente, la cancelación o la suspensión de la personería jurídica de un sindicato solo procede por la vía judicial y no procede por vía administrativa. Entonces, la creación de una organización sindical no permite la intervención del Estado, pero, su terminación o cancelación exige la intervención de la rama judicial.

En sentido similar, se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. Es evidente, que la actuación de los sindicatos, exige protección a los trabajadores para la efectividad del derecho de asociación sindical. Por ello, en el derecho de asociación sindical, se prevé la existencia de distintas maneras de llevar a efecto tal protección, siempre garantizando a los trabajadores la estabilidad laboral, esto es la conservación y mantenimiento de su puesto de trabajo, sin variación de las condiciones o del sitio o lugar en que este se realiza.

De otro lado, no gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública, es decir, los miembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía; no pueden constituir sindicatos.

Así mismo, el derecho de asociación sindical incluye la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones establecidas en la ley. Por tal razón, es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Es decir, la negociación colectiva es un concepto genérico que alude a las negociaciones que tengan lugar entre un empleador, grupo de empleadores u organización de empleadores con una o varias organizaciones de trabajadores, con el propósito de fijar las condiciones que habrán de regir el trabajo y el empleo, o con el fin de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores a través de las diferentes organizaciones de unos y otros.

Por lo anterior, el derecho de negociación colectiva no se limita a la presentación de los pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, sino que incluye todas las formas de negociación que se den entre trabajadores y empleadores y que tengan el fin de regular las condiciones del trabajo mediante la concertación voluntaria, la defensa de los intereses comunes entre las partes involucradas en el conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de unos y otros sean oídos y atendidos, así como la consolidación de la justicia social en las relaciones que se den entre los empleadores y los trabajadores.

En todo caso, el derecho de asociación sindical incluye el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. En Colombia, la huelga no es un derecho absoluto, sino relativo, pues puede ser restringido por el legislador siempre y cuando se presenten tres condiciones:en primer término es necesario que esta sea materialmente un servicio público esencial. En segundo término, desde el punto de vista formal, es necesario que el Legislador haya expresamente definido la actividad como servicio público esencial y restringido el derecho de huelga en ella. En tercer término, las restricciones que se impongan al ejercicio del derecho de huelga deben ser necesarias, indispensables, razonables y proporcionadas a la finalidad que se pretende alcanzar, con el fin de no hacerlo nugatorio o impracticable, pues si ello no es así, se atentaría contra la libertad sindical.

Finalmente, podemos manifestar que los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que regulan el derecho de asociación sindical hacen parte del bloque de constitucionalidad, se encuentran incorporadas a la Constitución Política y son de aplicación directa en Colombia. Entonces, analicemos en primer lugar, el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, la cual estableció lo siguiente:

a) Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

b) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

c) Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho de asociación sindical o a entorpecer su ejercicio legal.

d) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.

e) Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores.

f) La legislación nacional es la encargada de determinar hasta qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la Policía las garantías relacionadas con el derecho de asociación sindical”.