Sentencia T-010 de enero 26 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

Ref.: Expedientes acumulados: ...

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Acciones de tutela instauradas por Alberto Enrique Maigel Noguera y otros contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, Foncolpuertos.

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintisiete días del mes enero de mil novecientos noventa y ocho.

Se revisan los fallos proferidos por distintos jueces de la República, al resolver los procesos de la referencia.

EXTRACTOS

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia

Según lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y el Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos al resolver acerca de las acciones instauradas en el asunto de la referencia.

Los fallos fueron seleccionados para revisión, y acumulados en virtud de la unidad de materia.

2. Reiteración de jurisprudencia sobre la improcedencia de la acción de tutela para lograr el pago de acreencias laborales cuando existen otros medios iniciales de defensa con suficiente eficacia. Aplicación del principio de subsidiariedad. Derecho de petición

En esta nueva oportunidad la Corte reitera la doctrina constitucional según la cual la acción de tutela, en virtud de su carácter subsidiario, no es, en principio, el mecanismo apropiado para obtener el pago de deudas laborales, pues el sistema jurídico ha establecido las pertinentes vías ordinarias para tal efecto.

Sobre el mencionado punto vale la pena hacer alusión a algunos apartes de las sentencias que esta Sala ha proferido (T-01, T-126, T-207 y T-575 de 1997), en las cuales se han precisado claramente cuáles son los límites de la acción de tutela cuando tal es la pretensión de los accionantes:

“...si para lograr los fines que persigue el accionante existe un medio judicial idóneo y efectivo que resguarde sus derechos, la acción de tutela no tiene aplicación, salvo la hipótesis del daño irreparable que hiciera tardío e inútil el fallo de la justicia ordinaria. En este último evento, no es desplazada la competencia definitiva del juez natural para resolver sobre el asunto litigioso —pues en todo caso, ante él deberá instaurarse acción dentro de los cuatro meses siguientes al fallo de tutela temporal—, sino que se brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible de los derechos fundamentales materia de proceso.

En el campo laboral, aunque está de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acción de tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aquél y otros derechos fundamentales, tiene lugar la regla general expuesta, ya que las controversias originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades públicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resolución en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atrás en nuestro sistema jurídico.

La jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-01 de 1997).

“...se ha estimado que los eventos en los cuales podría tener viabilidad la acción de tutela para el fin mencionado son excepcionales, pues el juez constitucional hace parte del sistema jurídico, no para duplicar, sustituir ni interferir las funciones de los jueces ordinarios, sino para realizar el ordenamiento superior. Por ello, con el propósito de verificar el acatamiento a los principios y mandatos constitucionales en materia de derechos fundamentales, debe procurar la coherencia y eficacia de las decisiones que los favorecen, dando libre curso a la autonomía funcional de las instancias judiciales, en la órbita de sus respectivas competencias, siempre que los procedimientos previstos, frente al caso concreto y consideradas las circunstancias del solicitante, sean eficaces para la real protección de tales derechos.

En este orden de ideas, habrán de ser negadas las tutelas incoadas con el propósito de obtener el pago de deudas laborales, sin que se configuren los supuestos extraordinarios que ha admitido la jurisprudencia, sin perjuicio de la obligación que tiene Foncolpuertos de responder —afirmativa o negativamente— las peticiones respetuosas que se elevaron ante él, pues la omisión a dicho deber genera el desconocimiento del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-207 de 1997).

“...la misión que al juez constitucional ha sido encomendada por la propia Carta, que no es en forma alguna la de sustituir a la justicia ordinaria, sino la de suplir un vacío en el acceso a la administración de justicia para la defensa material de derechos fundamentales afectados, cuando no se hallen previstos mecanismos judiciales aptos para tal fin, o cuando, habiendo sido contempladas por el ordenamiento jurídico otras vías de defensa, se establece la inminencia de un perjuicio irremediable, lo que impone una protección transitoria de los derechos vulnerados o en peligro.

Se recalca que la justicia constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo y totalmente ajeno a los medios de defensa judiciales de carácter ordinario, sino que, por el contrario, se debe procurar una coordinación entre éstos, con el fin de que no ocurran interferencias indebidas e invasiones de competencia no consentidas por el constituyente. Es precisamente la adecuada aplicación del principio de subsidiariedad lo que logra la articulación de los órganos judiciales en la determinación del espacio jurisdiccional respectivo.

Así, pues, en armonía con la doctrina constitucional imperante, esta Sala negará el amparo en los casos en que la acción se dirige a obtener el pago de deudas laborales” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-515 de 1997).

Las anteriores consideraciones pueden aplicarse íntegramente a los casos que ahora revisa la Corte, pues se trata prácticamente de las mismas circunstancias fácticas. Así, pues, se estiman improcedentes las acciones de tutela que fueron dirigidas a obtener el pago de acreencias laborales, toda vez que, no encontrándose probado un perjuicio irremediable ni habiéndose configurado ninguna de las hipótesis excepcionales que hacen ineficaz el medio judicial ordinario, los actores puedan acudir ante la justicia laboral para satisfacer sus pretensiones.

Ahora bien, algunos demandantes alegaron que los otros medios de defensa judicial no eran idóneos, toda vez que, según ellos, no podría obligarse a Foncolpuertos a cancelar las sumas adeudadas en virtud del principio de inembargabilidad de los bienes públicos. Al respecto es necesario anotar que tal apreciación es errónea, pues como lo ha dicho la Sala Plena de esta corporación (ver sentencias C-546 del 1º de octubre de 1992. M.P. Drs. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero, C-013 del 21 de enero de 1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), cuando están de por medio los derechos de los trabajadores, quienes merecen la especial protección del Estado (C.P., art. 25), el principio general de la inembargabilidad de los recursos que pertenecen al presupuesto deja de ser absoluto. Sufre restricción, por aplicación directa de la Carta Política y, entonces, los procesos laborales que se instaurasen para hacer efectivas las sumas adeudadas a aquéllos es posible solicitar y obtener que los dineros públicos sean objeto de embargo. Con lo cual pierde fundamento la supuesta ineptitud del medio judicial ordinario para la finalidad propuesta.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación ineludible a cargo de Foncolpuertos de responder —oportuna y materialmente— las peticiones respetuosas que ante él se elevaron, ya que, como lo ha repetido esta corporación, el silencio administrativo negativo no hace efectivo el mencionado derecho. Además, no puede aceptarse como excusa válida la circunstancia de que la entidad esté en mora de responder otras peticiones, pues la violación del derecho a una determinada persona no puede alegarse como pretexto para violar el de otra. El desorden administrativo de la entidad no puede justificar en modo alguno el desconocimiento del derecho fundamental de petición.

3. La tutela del derecho de petición exige demostrar al juez que la solicitud se ha formulado

En algunos de los expedientes revisados se encuentra que, habiendo alegado los accionantes la violación de su derecho fundamental de petición, no se acompañó copia de la solicitud formulada ante la administración, ni documento alguno que acreditara que, en efecto, se elevó aquélla.

Acerca de este punto, la Corte Constitucional considera necesario resaltar que, en cuanto la tutela solamente puede prosperar ante la probada vulneración o amenaza de derechos fundamentales, debe contar el juez con la totalidad de los elementos de juicio que le permitan arribar a la conclusión de si en el caso específico se produjo o no en realidad el atropello del que se queja el demandante.

Los dos extremos fácticos —que deben ser claramente establecidos—, en los cuales se funda la tutela del derecho de petición, son, de una parte la solicitud, con fecha cierta de presentación ante la autoridad a la cual se dirige, y de otra el transcurso del tiempo señalado en la ley sin que la respuesta se haya comunicado al solicitante.

La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de soIicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional de responder.

Se confirmarán los fallos que negaron el amparo en estos casos.

4. Exacto alcance del requisito legal sobre fundamento de las peticiones

En el expediente T-79615, relativo a la demanda de tutela instaurada por José Espinosa Quiñones por violación de su derecho de petición, el juez niega el amparo con base en la falta de varios requisitos de los indicados en el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo, primordialmente el relativo a las razones en que se apoyaba el solicitante.

La petición elevada ante Foncolpuertos consistía simplemente en certificar los valores pagados al actor por concepto de mesada pensional entre la fecha de jubilación y la de la propia solicitud, indicando los reajustes aplicados.

Como puede observarse, el contenido mismo de lo pedido, expresado claramente en la solicitud, excluía la necesidad de exponer ante la administración las razones de la misma.

Es cierto que el artículo 5º, numeral 4º, del Código Contencioso Administrativo adoptado por Decreto 01 de 1984 indica, entre los requisitos que debe reunir toda petición escrita, las razones en que ella se apoya.

Pero, desde luego, tal norma debe ser interpretada con arreglo a la Constitución y de ninguna manera en contra de su preceptiva. Por ello, la aludida exigencia no puede llevarse al extremo, acogido en este case par el juez, de desconocer el núcleo esencial del derecho de petición (C.P., art. 23).

El alcance razonable, proporcionado y lógico de la citada disposición legal lleva a requerir la exposición de los fundamentos, motivos o razones del solicitante para pedir lo que pide cuando en realidad la administración ha menester de tal elemento de juicio para adoptar su decisión y responderle. No así cuando tales razones se explican por la petición misma y su expresión escrita en nada modifica la determinación que la autoridad o entidad destinataria de la solicitud debe adoptar.

Así, por ejemplo, si en ejercicio del derecho de petición se solicitan unas copias de determinado documento, un dato no reservado del cual dispone la administración, o —como en este caso— una certificación acerca de asuntos que se encuentran a cargo del organismo al cual aquélla se dirige, se vulnera el derecho de petición en su núcleo básico si la respuesta se supedita a la explicación sobre las razones en que basa el peticionario su solicitud o en torno al destino que dará a los documentos solicitados.

Resulta ostensible que en tales eventos se vulnera no sólo el derecho de petición sino el de información que asiste a toda persona (C.P., art. 20) y, en el caso de los documentos, se quebranta el artículo 74 de la Carta sobre acceso a los documentos públicos. Este, mientras no exista reserva legal, es incondicionado y abierto a cualquier solicitante, de lo cual se desprende que no puede obstaculizarse por la exigencia de sustentar las razones por las cuales se pretende obtener determinado documento.

También adujo el juez de instancia en el mencionado proceso —y así resolvieron otros jueces en eventos similares— que la petición no tenía que ser respondida por cuanto faltaba en ella la dirección del peticionario.

También entonces se vulneró el núcleo esencial del derecho de petición, en cuanto la hipótesis descrita no exime a la autoridad de su deber de resolver sino que traslada al solicitante la carga de dirigirse a ella para conocer el contenido de lo resuelto. Y, en todo caso, la administración tiene entre los instrumentos aptos para comunicar su decisión el edicto público, al cual se refiere, entre otras normas, el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

El problema enunciado, puramente formal, no puede tornarse en obstáculo insalvable para que la autoridad cumpla su deber sustancial: el de resolver las peticiones.

Se revocarán los fallos en los que la argumentación y la decisión se apartaron de los expresados criterios y, en su lugar, se concederá la tutela.

5. El titular de los derechos invocados. Legitimación en la causa para proponer acción de tutela

En algunos de los procesos bajo estudio (ver expedientes T-112310, T-113280, T-130912, T-133236, T-133099, T-121582, T-136272, T-141211, T-141358, T-124721, T-117985, T-126182, T-120067, T-120755, T-120751, T-118194, T-121909, T-125354, T-125401 y T-127641), varios abogados, al amparo de poderes otorgados por los ex trabajadores de Colpuertos para presentar las correspondientes reclamaciones ante la administración, o para actuar como apoderados en el curso de procesos ordinarios, presentaron la demanda de tutela a nombre propio, por estimar que Foncolpuertos les había violado sus derechos fundamentales, en especial, los de petición e igualdad.

Al resolver sobre los aludidos procesos, algunos despachos judiciales declararon la improcedencia de las acciones así formuladas por falta de legitimación en la causa; otros despachos judiciales, en cambio, concedieron la tutela solicitada.

Sobre el particular, debe ahora reiterarse el criterio expuesto por esta Sala en sentencias T-207 y T-575 de 1997, según el cual los abogados que así promovieron los procesos de tutela no tenían legitimación en la causa por no ser los verdaderos titulares de los derechos invocados. En el primero de los citados fallos, se expresó:

“...el derecho de petición invocado por los abogados tenía claramente una finalidad relacionada con intereses particulares, pero debía calificarse, de manera mucho más específica, como gestión profesional ante Foncolpuertos para la reclamación de prestaciones sociales, y luego ante los jueces para el ejercicio de la acción de tutela, en dos fases de la actuación de representación totalmente diferenciables.

Por lo tanto, los profesionales que obraban no estaban ejerciendo su propio derecho de petición sino concretamente el de sus poderdantes, quienes, por conducto de ellos, deprecaban algo ante la administración. Aplicando las reglas propias de las actuaciones administrativas contempladas en el código correspondiente, debían por ello acreditar la condición en que obraban.

Es necesario advertir, entonces, que en los casos que se enuncian, los verdaderos titulares del derecho de petición eran los ex trabajadores afectados o interesados en el fondo de la decisión. Ello es así por cuanto, en virtud de un contrato de mandato, los abogados actúan en representación de otros. Cuando éstos acuden ante la administración para formular peticiones o reclamaciones, lo hacen amparados en un poder previa y debidamente otorgado.

Así, en caso de no obtener respuesta por parte de la administración, a quien se viola el derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución, no es al representante, sino al representado.

Si se admitiera la tesis expuesta en los casos bajo examen, sobre la radicación del derecho de petición en la persona del representante, se podría arribar a una de dos conclusiones, igualmente perversas: la exclusión del derecho de petición en cabeza de los trabajadores, desconociendo flagrantemente el artículo 23 de la Carta, o la existencia de dos sujetos titulares del derecho de petición, de manera simultánea y en cuanto a las mismas pretensiones, y así la administración estaría obligada a responder no sólo al apoderado sino a cada uno de los poderdantes.

En la primera hipótesis no cabría la posibilidad de que los representados pudieran desistir de obtener una respuesta de la administración, o de que éstos propusieran una acción de tutela con el fin de obtener una contestación a sus pedimentos. Y en la segunda se desconocería la naturaleza y concepto del contrato de mandato.

Por otra parte, como ya lo había establecido esta Corte en sentencia T-01 del 21 de enero de 1997, es necesario tener un poder otorgado en la forma que establece la ley, para instaurar la acción de tutela a favor de otros, salvo que se den los requisitos de la agencia oficiosa —que no concurren en los casos estudiados—, según lo establece el Decreto 2591 de 1991.

Así las cosas, esta Sala encuentra que no existe legitimidad en la causa para instaurar la acción de tutela a nombre propio, por parte de los abogados que apoderaron, ante la administración, a los antiguos trabajadores de la Empresa Puertos de Colombia.

Para la Corte, tales abogados requerían poder para actuar ante Foncolpuertos en el campo de las reclamaciones laborales, y también lo necesitaban, no siendo el caso de agencia oficiosa, para ejercer la acción de tutela, dado que cumplían una gestión profesional regida por el Decreto 196 de 1971 y disposiciones concordantes”.

De conformidad con lo expuesto, esta Sala dejará en firme las decisiones judiciales por medio de las cuales se negó el amparo a los abogados que incoaron la acción a nombre propio con el fin de obtener la protección de derechos de los que no eran titulares; y revocará los fallos que concedieron la tutela a pesar de no existir legitimación en la causa para proponer la acción.

6. Los poderes para actuar en los procesos de tutela

En el grupo de expedientes que ahora se revisa, la Corte verificó que en muchos de ellos no se aportaron los poderes judiciales de los abogados para actuar en nombre de todas o algunas de las personas que señalaron como demandantes. Tal es el caso de los expedientes T-84385, T-113325, T-113970, T-85750, T-103504, T-71077, T-119631, T-122265, T-123850, T-123923, T-124134, T-123157, T-123837, T-130908, T-131205, T-124038, T-125331, T-125156, T-126338, T-126709 y T-129364.

En el proceso T-120761 el abogado Arnulfo Portocarrero (T.P. 32026) afirmó actuar como apoderado y agente oficioso de varias personas, pero no se aportó el poder ni se acreditaron los presupuestos de que habla el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que el firmante no demostró que los agenciados se encontraran en imposibilidad para promover su propia defensa, motivo por el cual no se accederá a las pretensiones de la demanda.

De igual forma, en el expediente T-138738, el mismo abogado aseveró, en el escrito de demanda, estar actuando como agente oficioso de Leandro Viáfara Valencia, pero no invocó las circunstancias por las cuales éste no podía proponer la acción directamente. En vista de ello, se revocará el fallo que tuteló el derecho de petición.

También se encontraron casos en los cuales se aportó una simple fotocopia del poder (expedientes T-113970, T-120630 y T-119833).

En relación con los señalados casos, es pertinente recordar que si bien el principio de la informalidad rige la acción de tutela, ello no obsta para que cuando se actúa a nombre de otro, se deba aportar un poder debidamente otorgado para tal fin, sin que pueda considerarse como suficiente una fotocopia del mismo.

Al respecto se reitera:

“Los poderes se presumen auténticos, según lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pero, obviamente, tal autenticidad no puede predicarse de poderes no presentados, ya que el juez no está autorizado para presumir que alguien apodera los intereses de otro, sin que en el respectivo expediente ello aparezca acreditado.

Ahora bien, cabe en materia de tutela la agencia oficiosa, pero ella únicamente tiene cabida cuando el titular de los derechos fundamentales alegados “no esté en condiciones de promover su propia defensa”, circunstancia que, por mandato legal expreso, deberá manifestarse en la solicitud (D. 2591/91, art. 10.).

(...).

De lo expuesto se deduce que no podían los abogados en los casos bajo examen atribuirse, sin poder, la facultad de agenciar los derechos de ex trabajadores de Colpuertos, menos todavía si no se configuraba ejercicio de una agencia oficiosa, que ni tenía lugar, por cuanto faltaba el requisito de la indefensión de los solicitantes, ni fue puesta de presente en las respectivas demandas, ni tampoco ratificada por los interesados.

(...).

En ese orden de ideas, mal puede concebirse la utilización de un original del poder para presentar una demanda y el uso de fotocopias del mismo documento con el objeto de presentar otras, a no ser que se trate del ejercicio temerario de la acción, proscrito por la ley” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997).

Al tenor de los criterios precedentes, se negará el amparo de los derechos invocados por los abogados que no estaban legitimados para incoar la acción a nombre de otros.

7. Ejercicio de la acción de tutela a nombre de otro como apoderado judicial. Distinción legal entre las licencias provisionales y las temporales

En algunos de los procesos materia de estudio (expedientes T-123868, T-123105, T-123804, T-120299, T-119008, T-119519, T-123999, T-123547), Giovanni Alfonso Guillot Calderón ejerció la acción de tutela como apoderado judicial de varias personas, sin que tuviera tarjeta profesional —o licencia provisional— para ello.

Es verdad que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona, sin necesidad de acudir a la representación de un abogado. Allí es la propia Carta Política la que consagra excepción al principio plasmado en el artículo 229 ibídem, en razón de la prevalencia del derecho sustancial y dada la urgencia de alcanzar protección de los derechos constitucionales afectados.

Pero, como lo ha señalado esta Corte, cuando por su propia voluntad la persona, que podría obrar directamente, decide acudir a los servicios de un apoderado judicial, se somete a los requerimientos legales previstos para el ejercicio de la aludida profesión.

Sobre el particular reitera la Sala:

“Del expresado carácter informal de la acción se desprende que quien la ejerza no requiere ninguna calidad especial ni necesita ser abogado titulado pues se trata de un procedimiento preferente y sumario que puede iniciarse, como lo dice la Constitución, por toda persona que estime pertinente reclamar ante los jueces, “...por sí misma o por quien actúe a su nombre...”, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Estamos ante una acción con características singulares que, en razón de su objeto, han sido trazadas por la misma Carta Política, de lo cual resulta que no podrían el legislador ni el intérprete supeditar su ejercicio a los requisitos exigidos corrientemente por la ley para otro tipo de acciones.

Así mismo, tampoco tendría sentido que se exigiera que quien representa a otro para el ejercicio de la acción de tutela —a título de agente oficioso o en virtud de una representación legal— fuera abogado o que cumpliese determinados requerimientos propios del litigio en las distintas ramas del derecho —por ejemplo, tener la tarjeta profesional— pues con ello se desvirtuaría la informalidad propia de la tutela y se pondría en peligro la efectividad de la protección judicial a los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Esto implicaría una traba innecesaria y carente de todo fundamento constitucional.

Caso distinto es el de quien ejerce la acción de tutela a nombre de otro

Ello no solamente por razón de la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se concreta en el campo disciplinario, sino por la necesaria defensa de los intereses del cliente, a quien conviene establecer con certidumbre que quien lo apodera puede actuar, de acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y que responderá por su gestión.

Al respecto debe recordarse que, según el artículo 26 de la Constitución, si bien toda persona es libre de escoger profesión u oficio, la ley podrá exigir títulos de idoneidad y las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones.

El artículo 229 de la Carta garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia pero advierte expresamente que la ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin representación de abogado.

El caso específico de los procesos de tutela ha sido regulado directamente por la Constitución (art. 86) en los ya expresados términos, pero en concreto sobre la representación judicial no estableció norma alguna, luego en ese aspecto son aplicables las reglas generales que establecen como principio el de que toda representación judicial —salvo los casos determinados en la ley— únicamente tendrá lugar a través de abogado”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-550 del 30 de noviembre de 1993).

El Decreto 196 de 1971, que reglamenta el ejercicio de la abogacía, señala los casos excepcionales en los cuales la persona que haya terminado y aprobado los estudios de derecho —y que obtenga la licencia temporal— puede ejercer la profesión de abogado. Dentro de dichos casos, que corresponde al legislador definir, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución, no se encuentra la posibilidad de ejercer la acción de tutela, motivo por el cual estima la Corte que Guillot Calderón no tenía esa facuItad. Se negará entonces el amparo solicitado.

Según lo ha recalcado la Corte, refiriéndose a la licencia provisional contemplada en el Decreto 196 de 1971, ella, “a diferencia de las temporales, permite el ejercicio de la profesión sin restricciones ante los jueces y tribunales del país, pues constituye el documento que acredita el título y la inscripción del abogado mientras se expide la correspondiente tarjeta profesional” (sentencia citada).

Acerca de las licencias temporales, señalan los artículos 31 y 32 del Decreto 196 de 1971 —que, en cuanto excepcionales, deben ser interpretados de manera restrictiva— lo siguiente:

“ART. 31.—La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de abogado, sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los siguientes asuntos:

a) En la instrucción criminal, y en los procesos penales, civiles y laborales de que conozcan en primera o única instancia los jueces municipales o laborales, en segunda los de circuito y, en ambas instancias, en los de competencia de los jueces de distrito penal aduanero;

b) De oficio, como apoderado o defensor, en los procesos penales en general, salvo para sustentar el recurso de casación, y

c) En las actuaciones y procesos que se surtan ante los funcionarios de policía.

ART. 32.—Para poder ejercer la abogacía en las circunstancias y asuntos contemplados en el artículo anterior, el interesado deberá obtener la respectiva licencia temporal, en la cual se indicará la fecha de su caducidad.

Para este efecto, elevará solicitud al Tribunal Superior de Distrito Judicial de su domicilio, acompañada de certificación expedida por la correspondiente universidad en que conste que ha cursado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho”.

8. Desistimiento de la acción de tutela antes de que se profiera sentencia de primera instancia. Improcedencia del desistimiento en sede de revisión

En los procesos T-115210, T-123837 y T-120644, una vez ejecutoriadas las providencias que resolvieron favorablemente las pretensiones invocadas, los demandantes expresaron su voluntad de desistir de las acciones de tutela propuestas.

Como en múltiples ocasiones lo ha dicho la jurisprudencia, una vez se han proferido las sentencias que decidieron el litigio planteado y se han remitido a esta Corte para que sean eventualmente revisadas, la manifestación de desistimiento —en razón de la naturaleza y funciones de la revisión, y por la índole pública de los intereses que entonces entran en juego— deviene en improcedente.

Ha señalado la corporación:

“...cuando se adelante la revisión de un caso seleccionado por la Corte, las personas que han solicitado la protección judicial de sus derechos no pueden desistir de sus pretensiones iniciales, pues en ese nivel no están disponiendo ya de su interés particular, concreto y específico, sino que está comprometido un interés público. La revisión de la Corte no opera por la voluntad de ninguno de los intervinientes en el trámite adelantado ante los jueces de instancia, ni por virtud de recurso alguno, sino por ministerio de la norma constitucional que dispuso: “El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión” (artículo 86 C.P. Destaca la Corte).

Por ello, en los procesos materia de revisión, se rechazarán los escritos de desistimiento y se resolverá en todos los casos” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-260 del 20 de junio de 1995).

Por los anteriores motivos, la Sala decidirá de fondo en los citados procesos. No ocurre lo mismo en el caso del expediente T-132398, pues el actor desistió de la acción antes de que se hubiera proferido el fallo de primera instancia. Se confirmará entonces la providencia dictada por el juzgado 33 penal municipal de Cali, por medio de la cual aceptó el desistimiento de Ricardo Tangarife García.

9. Necesidad de facultad expresa cuando es el apoderado quien desiste de la acción de tutela

En el proceso T-105610, la juez primera civil municipal de Santa Marta dio cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala en sentencia T-01 del 21 de enero de 1997, respecto de la demanda incoada por Miguel Escalante Ebrath, a quien en el fallo entonces revisado se le había resuelto.

Dijo la Corte en tal oportunidad:

“Quien ejerce acción de tutela tiene derecho, en los términos de los artículos 29, 86, 228 y 229 de la Constitución, a que el juez competente resuelva acerca de la demanda presentada, con independencia del sentido en que lo haga.

Ello es propio de la actividad confiada por la Carta Política a los jueces y corresponde al debido proceso y a un concepto material del acceso a la administración de justicia, máxime si se trata de definir situaciones que comprometen los derechos fundamentales de los solicitantes.

En los procesos acumulados objeto de verificación, en relación con cinco de los peticionarios, los jueces a cuyo cargo estaba la sentencia no hicieron pronunciamiento alguno en la parte resolutiva de la misma, con lo cual, de no ser por la temeridad en que incurrieron cuatro de tales solicitantes al presentar la misma demanda dos veces, habría lugar a la devolución de los respectivos expedientes a los juzgados de origen para que procedieran a fallar, ya que no les habría sido resuelta su situación, con protuberante desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia.

Establecida, sin embargo, la temeridad, solamente se dispondrá lo dicho en el caso del accionante Miguel Ángel Escalante Ebrath, quien tiene derecho a que se adopte decisión judicial en cuanto a la tutela impetrada. Para los demás, lo pertinente es la negación de todas sus pretensiones”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997).

Remitido el expediente al despacho de origen, la juez resolvió acerca de la tutela, pero insistió en que sólo lo hacía “atendiendo lo ordenado en la sentencia T-01 de 1997”.

Con el objeto de destacar que dicho juzgado había obrado correctamente al abstenerse de resolver en el caso objeto de análisis, pese a la decisión de esta Corte —que, en consecuencia, quiere hacer ver como equivocada—, la juez explica:

“No puede este despacho desconocer la situación especial que se plantea en este asunto, ya que el señor Miguel Escalante Ebrath, previa a la admisión de la tutela conocida, fue excluido expresamente como accionante por el doctor Montenegro Padilla como se constata en memorial visible a folios 305 y 306 del expediente, habiendo acatado el despacho tal solicitud en el auto admisorio de la demanda que consta a folios 329 al 331 ibídem, concretamente en el 2º inciso del numeral 3º de la parte resolutiva de dicho auto (fl. 331).

Así mismo en el fallo de primera instancia, en el aparte “resultandos y considerandos”, concretamente en el primer párrafo del folio 431, se dice textualmente: “y se excluyó de esta acción a los señores Rafael Espitia Ortiz y Miguel Escalante Ebrath, incluyéndose al señor Alfredo Molina Díaz, tal como lo solicitó al despacho el mencionado profesional del derecho, en su memorial presentado a la secretaría del juzgado el día once (11) de julio de 1996”.

El juzgado de instancia no reparó, sin embargo, en las siguientes características de la actuación procesal que la Corte Constitucional, en cambio, consideró y considera decisivas, con miras a la eficaz aplicación del artículo 86 de la Carta:

— La decisión judicial de no resolver sobre el fondo de la acción instaurada se fundó, según destaca el transcrito proveído, en el desistimiento expreso del apoderado del actor. Este obra a folios 305 y 306 del expediente, y se refiere no sólo a Escalante Ebrath sino a otro solicitante que había conferido poder al mismo abogado: Rafael Espitia Ortíz. En ambos casos el apoderado justifica el desistimiento en el hecho de haber conocido que sus poderdantes acudieron a otros abogados para ejercer la misma acción.

— La Corte Constitucional encontró, en efecto, en el mismo grupo de expedientes acumulados, que Espitia Ortiz había ejercido la acción de tutela ante dos jueces diferentes, con base en los mismos hechos y con iguales pretensiones y, hasta el momento de proferirse la sentencia T-01 de 1997, que cobijaba parte de los expedientes por revisar, no ocurrió lo mismo con Escalante Ebrath, quien sólo aparecía como demandante en un proceso.

— Examinados los documentos que obran en el expediente (fl. 9), se verificó que el poder conferido por Escalante Ebrath a su abogado sólo era para promover acción de tutela, con el fin de obtener “el pago de la suma que se me adeuda por concepto de...”. No se confirió poder para desistir de la demanda y, por tanto, el apoderado no gozaba de facultades, en ese proceso, para disponer de los intereses procesales de su cliente ni para pedir al juzgado que se abstuviera de fallar en su caso. Menos todavía con el argumento de que, sin haberle sido revocado el poder expresamente y sin manifestación alguna del accionante, éste había conferido poder a otros abogados.

En primer lugar, para la Corte es claro que ninguna persona distinta del interesado en la defensa de sus derechos fundamentales puede retirar la demanda, ni desistir, sin la expresa manifestación de aquél. Y el juez de tutela no puede basarse en el dicho de un tercero —que lo es el apoderado cuando carece de facultad en cuanto al desistimiento se refiere— para abstenerse de fallar, como es su deber.

Por otra parte, como ni la juez ni la Corte podían presumir la mala fe de Escalante Ebrath, tampoco les era posible aceptar en ese momento, sin confirmar, la aseveración del abogado en el sentido de que su prohijado acudiría a otra acción de tutela por los mismos hechos, pues ello habría implicado aceptar de antemano que obró temerariamente, sin prueba alguna al respecto.

En cambio, en ese instante, la Corte Constitucional sí tenía evidencia acerca de tal actuación en el caso de Espitia Ortiz, respecto de quien, por eso y no por el desistimiento, se abstuvo de ordenar al juzgado de instancia que resolviera. En aplicación de perentoria norma legal, el camino en tal evento consistía en negar de plano todas las pretensiones.

Todo lo dicho deja sin fundamento la forzada explicación judicial, que sobraba en el caso considerado, pues la instancia ha debido limitarse a cumplir lo ordenado en sede de revisión.

10. Copia de demanda y suplantación

La Corte encuentra que en los expedientes T-112694 (actor: Antonio Rojas Sarmiento), T-112912 (demandante: Carmen Zárate de J.) y T-113993 (actor: José Luis Rodríguez R.) se utilizó como formato una demanda elaborada por el abogado Bernardo Yepes Lalinde, sin su autorización, usando también su número de cédula para identificarse. En dichos procesos el mencionado abogado denunció la aludida circunstancia, motivo por el cual los juzgados de instancia negaron la tutela por falta de legitimación para actuar.

No ocurrió lo mismo en relación con el proceso T-112912, en el cual el juez negó la protección por existir hecho superado, pues el ente demandado contestó la petición formulada.

Considera la Corte que la conducta de los demandantes, tal como se expuso en Sentencia T-575 de 1997, “es altamente reprochable, pues no resulta ético ni se ajusta a la particularidad que en derecho ofrece cada caso el comportamiento consistente en apropiarse de la forma en que otra persona se ha dirigido a la administración de justicia y ha planteado los hechos peculiares objeto de su interés, trasladándolos gratuitamente a la propia situación. Ello resta certidumbre y autenticidad a lo que se expone ante el juez, con el agravante de que, en este caso, se utiliza el número de identificación de un abogado que no actúa en el proceso”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirmarán los fallos que negaron el amparo.

11. Correcta determinación de la parte demandante. Beneficiarias sustitutas

En cuanto se refiere a los expedientes T-113970, T-123850 y T-125401, considera la Sala pertinente hacer algunas aclaraciones alusivas a la correcta determinación de las demandantes en esos procesos.

Así, en el expediente T-113970, en la demanda aparece como accionante Juan Antonio Ortega Bolaño, y así lo entendió el juez de instancia, pero debe aclararse que quien otorgó poder e instauró la acción es Dora Vargas de Bolaño, en condición de beneficiaria sustituta. Es a ella a quien favorece el fallo que amparó el derecho de petición.

De la misma forma, en el expediente T-123850, en la demanda se enuncian como demandantes Walter Fabio Cruz Díaz, Henry Micolta Camacho, Justino Espinosa Arroyo, Senen Ruiz Rodríguez y Luciano Torres, pero debe entenderse que las accionantes son quienes afirman ser sus respectivas beneficiarias sustitutas: Cirila Gómez de Cruz, Elodia Díaz de Micolta, María Liliana Barahona, Carmelita Rodríguez Mosquera y Lucrecia Garcés Cortés, y es a éstas a quienes cobija el fallo favorable.

Y en el proceso T-125401, debe tenerse como demandantes no a Ángel María Gómez Jaramillo y Henry Micolta Camacho, sino a quienes dicen ser sus respectivas beneficiarias sustitutas: María Edilma Marín de Gómez y Virgilia Córdoba.

12. Personas excluidas en los fallos que decidieron sobre las acciones de tutela. Derecho de acceder a la administración de justicia

En los procesos T-114229, T-119572, T-122122 y T-122604, los despachos judiciales que decidieron sobre las acciones de tutela incoadas por varias personas omitieron incluir a varias accionantes en los respectivos fallos.

En vista de lo anterior, se devolverán los expedientes a los jueces de instancia para que se pronuncien acerca de los demandantes que no fueron incluidos en los fallos, en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia, el cual se vería truncado si no se resuelve la situación de quien acude ante los jueces precisamente para que diluciden el conflicto planteado.

13. La segunda instancia en el proceso de tutela. Trámite de la impugnación. Recurso presentado en forma extemporánea

En el expediente T-115030 (actor: Julio Mendoza Padilla), contra el fallo proferido en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Foncolpuertos interpuso el recurso de impugnación, motivo por el cual dicho tribunal ordenó su remisión al Consejo de Estado para que se surtiera la segunda instancia. No obstante, el expediente fue erróneamente remitido a esta corporación para su eventual revisión.

Por lo anterior, se dispondrá el envío del expediente al Consejo de Estado para que dé trámite a la segunda instancia.

En relación con el proceso T-130908, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá —Sala Civil— recibió un escrito de impugnación cuando el término para impugnar había vencido y el expediente ya se había remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. El tribunal decidió enviar el escrito a esta corporación para que se adoptara alguna decisión al respecto.

Esta Sala considera que, como el recurso fue presentado en forma extemporánea, no es procedente enviarlo a la Corte Suprema para que se surta la segunda instancia, motivo por el cual se revisará el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá.

14. El juez de tutela debe notificar sus providencias para asegurar el derecho de defensa

Como en el proceso T-116760 no consta que el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá —Sala Laboral— haya notificado el fallo de tutela al accionante, la Corte remitirá el expediente al tribunal con el fin de que se subsane esa irregularidad y se asegure el derecho de defensa.

15. Límites del juez constitucional en el proceso de tutela. No puede afectar los derechos subjetivos de terceros

En el expediente T-133170 la demandante María Colombia Cuero Ramos alegó que Foncolpuertos le había vulnerado su derecho de petición al no responderle una solicitud referente al reconocimiento de la pensión sustitutiva.

El juez de tutela consideró que efectivamente la entidad demandada había violado el derecho de petición y, en consecuencia, ordenó a Foncolpuertos que contestara la mencionada solicitud. Además, estimó el juez que el reconocimiento de la pensión de sustitución a Luz Dary Carvajal —quien también había sido compañera permanente del causante— constituía un acto arbitrario de Foncolpuertos, ya que no se había tenido en cuenta la documentación aportada por la accionante, ni la que reposaba en la hoja de vida del ex trabajador, en las cuales se encontraba plenamente demostrado que María Colombia Ramos y dos de sus hijos tenían derecho a la reclamada prestación. Por lo anterior dispuso “suspender el pago de la sustitución de la pensión a la señora Luz Dary Carvajal Echeverri, hasta tanto defina la justicia ordinaria, en proporción del 50% de la sustitución de pensión del extinto Sinforiano Gutiérrez Alomia” y estableció que en relación con dicho porcentaje el fondo debía —previo el lleno de los requisitos legales— estudiar la petición formulada por la demandante, en representación de sus hijos —uno de ellos estudiante y la otra inválida—.

Considera la Corte que la decisión adoptada por el juez de instancia en cuanto atañe a la protección del derecho de petición es acertada, pero no sucede lo mismo con la orden de suspensión de pago del 50% de la mesada pensional pues, en principio, el juez de tutela a través de sus fallos no puede afectar los derechos subjetivos reconocidos por la administración a terceras personas ajenas al proceso de tutela, y de las cuales debe presumirse la buena fe, sobre todo si no hay prueba alguna que demuestre lo contrario.

De la misma forma en que la administración no puede revocar sus propios actos cuando éstos reconocen derechos subjetivos —salvo en los casos expresamente consagrados en la ley—, al juez constitucional también le está vedado hacerlo. En este tipo de eventos, sólo el juez de lo contencioso administrativo tiene competencia para anular el acto administrativo que crea una situación jurídica particular y concreta a favor de un tercero.

En mérito de lo expuesto, esta Sala confirmará parcialmente la providencia proferida por el juzgado 5 civil municipal de Buenaventura en cuanto tuteló el derecho de petición, y revocará parcialmente dicha providencia en la medida en que afectó injustificadamente los derechos de terceros.

16. Temeridad. Abuso en la proposición de acciones de tutela

La Corte encuentra que en los expedientes T-133551 y T-134242 (ver cuadros 17, pág. 25, y 18, pág. 1), el abogado Nelson González Valencia (T.P. 70.838) instauró acción de tutela a favor de Sinforosa Esterilla Mancilla contra Foncolpuertos, con base en idénticos fundamentos de hecho y de derecho. En el primero de los procesos, el Tribunal Superior de Pasto —Sala Penal— negó el amparo invocado mientras que en el segundo, el juzgado 9 laboral del circuito de Santafé de Bogotá decidió proteger el derecho de petición de la accionante.

Vale la pena resaltar que en el proceso T-113551, el abogado no aportó el poder para actuar a favor de Sinforosa Esterilla Mancilla, mientras que en el proceso T-134242 tal poder sí se anexó al escrito de demanda.

De lo anterior, la Corte deduce que, a la luz del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, el abogado González Valencia ha incurrido en temeridad al ejercer las acciones de tutela. Por tal motivo, se remitirán copias al Consejo Superior de la Judicatura para que inicie investigación disciplinaria en su contra.

Vale la pena recordar que el inciso 2º del aludido precepto dispone lo siguiente:

“ART. 38.—(...) El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.

Se revocará la decisión judicial que protegió a Sinforosa Esterilla Mancilla, teniendo en cuenta, además, que en el primero de los mencionados procesos ya se había negado la protección en cuanto Foncolpuertos había dado respuesta a la solicitud.

De igual forma, se detectó por la Corte que Esaú Palacio Berrío incurrió en temeridad en la proposición de acciones de tutela (ver exps. T-114163 y T-122747). Por tal razón, se negará la protección solicitada.

17. Falta de competencia por factor territorial en los procesos de tutela

Se observa en el expediente T-133798 que el juzgado 1º penal del circuito de Barranquilla, el cual debía resolver la impugnación dirigida contra el fallo de primera instancia, consideró que no era competente para decidir el asunto por carecer de competencia territorial y en consecuencia decidió devolver el expediente al a quo.

Al respecto es necesario recordar los criterios expuestos por la Sala Primera de Revisión en Sentencia T-080 del 28 de febrero de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía):

“...si es el juez de segunda instancia el que observa la carencia de competencia del de primera, la situación es diferente, pues se estará ante una de las nulidades procesales de que trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, nulidad que puede ser saneada, excepto cuando se trate de falta de competencia funcional, asunto que se tratará más adelante.

De acuerdo con el artículo 145, del código citado, “en cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insanables que observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se notificará como se indica en los numerales 1º y 2º del artículo 320. Si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará” (se resalta).

Es decir, este procedimiento, poner (sic) en conocimiento la falta de competencia, es el que debe seguir el ad quem cuando advierta que está en presencia de una nulidad, bien sea carencia de competencia, falta de notificación, etc.”.

En este orden de ideas, se remitirá el proceso al juzgado 1º penal del circuito de Barranquilla para que aplique la aludida regla.

18. Los derechos a la salud, a la vida y a la seguridad social. La especial protección a los niños, a los inválidos y a las personas que sufren trastornos mentales

Esta Sala confirmará las decisiones judiciales que, tomando en consideración las circunstancias y la necesidad de amparo por parte de sectores débiles o marginados, concedieron la tutela de sus derechos a la salud, a la vida y a la seguridad social (Exps. T-71236, T-134577, T-143657 y T-127954).

No se concederá la protección en aquellos eventos en los cuales, aun invocados tales derechos, no se encuentran quebrantados o la orden judicial carece de objeto por haber operado la sustracción de materia.

a) En el proceso T-134577 aparece que la extinta empresa “Puertos de Colombia” reconoció a Gustavo Adolfo Vega Anez la pensión de jubilación proporcional y su derecho a la prestación de servicios médicos por parte de la empresa, de conformidad con lo dispuesto por la convención colectiva de trabajo.

Afirmó el actor que el 21 de abril de 1994 solicitó por escrito que le prestaran los servicios médicos, pero afirmó que para la época en que incoó la acción, no había recibido respuesta.

El tribunal superior de Santafé de Bogotá —Sala Laboral— concedió el amparo invocado y, en consecuencia, ordenó al demandado prestar dichos servicios.

Vale la pena destacar que, con ocasión del proceso de tutela, después de proferido el fallo de instancia, Foncolpuertos informó que el actor “aparece adscrito en los servicios integrales de salud de la Clínica General del Norte y que en ningún momento ha sido excluido”.

En relación con la solicitud, alegó que debido al cúmulo de peticiones había sido imposible responder oportunamente.

Así las cosas, en virtud del certificado expedido por el ente demandado, la Corte encuentra que la acción de tutela carece actualmente de objeto, por lo que simplemente se prevendrá a Foncolpuertos para que en el futuro se abstenga de incurrir en la omisión que dio origen a la acción instaurada;

b) En el Expediente T-143657 se encuentra que el peticionario es hijo (mayor de edad) de un pensionado de la Empresa Puertos de Colombia. Afirmó en la demanda que, como afiliado adscrito a los servicios médicos de la empresa, se le venía prestando la atención requerida. Según el escrito, padece una enfermedad que lo tiene “al borde de la invalidez, pues tiene casi perdida la tibia y existe desviación de columna”, pero Foncolpuertos, en forma arbitraria, decidió suspenderle los servicios médicos.

Alegó que, al tenor de la convención colectiva, los hijos inválidos de cualquier edad de los afiliados forzosos tendrían derecho a la atención médica, y que la omisión del ente demandado vulneraba sus derechos a la salud y al debido proceso.

El juzgado 4 civil municipal de Santa Marta tuteló el derecho a la salud, y ordenó a Foncolpuertos que afiliara nuevamente al peticionario a los servicios médicos de la empresa.

Según el informe médico que solicitó el juez de tutela al médico laboral de la división de empleo y seguridad social de la dirección regional del Magdalena, el peticionario tiene “una limitación importante de su cadera izquierda, con acortamiento del mismo lado, necrosis de la cabeza femoral, atrofia muscular, osteoporosis e hiperteroidismo y esas patologías lo invalidan en un 51.2% de su capacidad laboral”.

Así, pues, estando plenamente demostrado que el demandante ha perdido más de la mitad de su capacidad laboral, y que por tanto, puede calificarse de inválido para los efectos del acceso al servicio médico, de acuerdo con lo establecido en la convención colectiva de trabajo, esta Sala confirmará el fallo del juzgado 4º civil municipal de Santa Marta, no sin antes recordar la especial protección que debe brindar el Estado a las personas que se encuentran en la situación descrita. En efecto, el inciso 3º del artículo 13 de la Carta Política, desarrollando el principio de igualdad, dispone que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos que contra ellas se cometan”. A su vez, el artículo 47 de la Constitución ordena al Estado adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran;

c) Los mismos criterios se pueden aplicar al proceso de tutela T-127954, en el cual María Ariza vda. de Castro, en representación de su hijo (mayor de edad) Antonio Jesús Castro Ariza —quien padece una enfermedad mental—, incoa la acción contra Foncolpuertos, debido a la negativa de éste en cuanto a la prestación del servicio médico requerido.

El juzgado 11 civil del circuito de Barranquilla tuteló el derecho a la seguridad social, pues consideró que Foncolpuertos había retardado en forma injustificada la autorización para la atención médica del hijo de la demandante. Así fue, según el análisis efectuado por la Corte, lo que amerita la confirmación del fallo, y

d) La hija menor de un pensionado de la empresa “Puertos de Colombia” padece de retinitis pigmentosa, enfermedad que ocasiona la pérdida gradual de la visión (Exp. T-71236).

Afirmó el padre de la niña que, debido a la recomendación de médicos colombianos, su hija debía ser operada en Cuba, pues en el país no existían los medios necesarios para IIevar a cabo la cirugía que se requería. Elevó entonces una petición al director de Comedi, quien respondió que dicha compañía, “de acuerdo con el contrato suscrito con Foncolpuertos, sólo asume las modalidades de tratamiento estipuladas en el contrato de la referencia y en lugares señalados por la convención colectiva de trabajo vigente y el reglamento de los servicios médicos de Foncolpuertos”.

Debido a esa respuesta, el padre de la menor decidió sufragar, con base en préstamos, los costos de la operación en Cuba. Afirmó que los especialistas que atendieron a su hija en dicho país recomendaron una nueva operación, pero que ya no está en condiciones económicas como para cubrir los gastos que ello implica. Por tal motivo, solicitó al juez de tutela que “el fondo de pasivo social de la empresa Puertos de Colombia y Comedi dispongan la remisión de la menor Evy Gissela Portocarrero Torres a Cuba con un acompañante corriendo con todos los gastos (...) que se produzcan con motivo de la enfermedad retinitis pigmentosa que sufre la menor (...) para que se realice la segunda intervención quirúrgica definitiva para salvarle parcialmente la visión”.

La sentencia fue confirmada por el Juzgado segundo civil del circuito de Buenaventura.

Aunque el actor pretendió, además, que Foncolpuertos le pagara la indemnización por perjuicios materiales y morales, los jueces de instancia negaron la protección en ese aspecto por estimar que, con tal fin, contaba aquél con otros medios de defensa judicial.

La Corte confirmará la determinación judicial adoptada, en los términos en que quedó concebida por el juez de segundo grado, por cuanto, en las circunstancias descritas y ante la prevalencia constitucional de los derechos de la menor (C.P., art. 44), la negativa de la entidad demandada en lo relativo a la forzosa atención médica de la niña en país extranjero, dada la especialidad exigida y su grave estado de salud, implica evidente amenaza para sus derechos fundamentales, en particular el de la vida.

19. Cuando la orden impartida por el juez de tutela no se cumple, lo procedente es proponer un incidente de desacato y no promover un nuevo proceso de tutela para hacer ejecutar esa orden

Esta Sala confirmará la decisión del juez 2 penal del circuito de Barranquilla (Exp. T-130105), por medio de la cual inadmite la demanda para hacer cumplir un fallo de tutela, pues según lo prescrito en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, es el juez de primera instancia, que profirió el fallo incumplido, el llamado a hacerlo ejecutar.

El ordenamiento constitucional consagra el indicado mecanismo como suficiente para obtener la protección de derechos fundamentales violados o amenazados, sin que su eficacia quede supeditada a las decisiones sucesivas de varios jueces. Basta el ejercicio de la acción de tutela una sola vez para que, si prospera, la orden judicial impartida goce de la necesaria virtualidad jurídica en lo relativo a la realización y efectividad de lo mandado, así como para deducir las responsabilidades disciplinarias, pecuniarias y aun penales de quienes, estando obligados por los términos de la decisión correspondiente, se niegan o se resisten a darle pleno cumplimiento.

20. Revocación de actos administrativos. Debido proceso

En el proceso T-121779 la demandante María Marleni Ramos afirmó que Foncolpuertos le había reconocido su derecho a la pensión sustitutiva y le venía cancelando las correspondientes mesadas, pero que dicho ente decidió unilateralmente suspender el pago de la mencionada prestación.

En el informe que obra a folio 16 del expediente, Foncolpuertos señaló que debido a la aparición de un nuevo reclamante de la pensión —un hijo del difunto ex trabajador de “Puertos de Colombia”—, y también en cuanto éste afirmó que para la época en que murió su padre la demandante no hacía vida marital con él, procedió a suspender los pagos “porque se presume que la señora María Marlene Ramos Ávila, no es derechosa (sic) a sustituir pensión...”.

El juzgado 3 penal municipal de Buenaventura estimó que Foncolpuertos había actuado arbitrariamente al desconocer el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 29 de la Carta y que, por contera, se había violado el derecho a la seguridad social, por lo que el demandado debía cancelar las sumas retenidas y seguir pagando las mesadas hasta que la jurisdicción contenciosa no dispusiese lo contrario.

Sobre el particular la Corte reitera lo siguiente:

“...razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo” (Cfr. C. Const., S. Segunda de Revisión. Sent. T-347. ago. 3/94. M.P. Antonio Barrera Carbonell).

En reciente sentencia afirmó esta Sala:

“...no obstante la facultad de la administración de revocar sus propios actos, carece ella de un carácter absoluto, pues en su ejercicio no puede atropellar los derechos de los particulares.

Por eso, según lo manda el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, para que tal revocación pueda efectuarse, en el evento de haberse creado una situación jurídica particular y concreta o un derecho de la misma naturaleza, debe contar con la autorización expresa y escrita de su titular.

(...).

Cabe la tutela, entonces, para dejar sin efectos el acto de revocación y ordenar a la respectiva autoridad que cumpla, a favor del afectado, el acto inicial por ella proferido, en el que hubiese reconocido o creado un derecho individual”. (Cfr. Sent. T-336. jul. 15/97. S. Quinta de Revisión).

En este orden de ideas, se confirmará la providencia del juez de instancia, toda vez que se ha violado a la peticionaria el debido proceso administrativo.

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