Sentencia T-100 de marzo 9 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

ACCIÓN DE TUTELA

PREVALENCIA SOBRE OTROS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIAL

EXTRACTOS: «En conclusión, al actor no se le permitió desempeñar el cargo público para el cual fue contratado por el municipio de Medellín (dándosele trato diferente al recibido por los otros docentes ciegos al servicio del mis-mo ente estatal); pero, además, se le separó de la docencia —en la concentración educativa San Juan Bautista de la Salle— y no se le permitió iniciarla en el IDEM “Merceditas Gómez Mar-tínez”, en razón de su invidencia y, en ejercicio —por los rectores de ambas instituciones—, de funciones no autorizadas en ley o reglamento alguno, las que se arrogaron, con la anuencia del secretario de educación, cultura y recreación del municipio de Medellín. Resulta así, que al actor no se le dio el mismo trato que a los otros docentes ciegos, sino que se le dio trato ilegal y discriminatorio.

Se violó entonces el derecho a la igualdad del señor González Martínez, y la violación continuaba cuando se profirieron los fallos de instancia.

6.3. Procedencia de la acción de tutela.

Las pruebas que obran en el proceso son suficientes para constatar la violación de, al menos, dos de los derechos fundamentales del actor: el de la igualdad, como ya se ha visto, y el de una especial protección, derivado de su condición física disminuida.

Pero aún no se ha examinado la razón que indujo a los juzgadores de instancia a denegar la tutela, a saber: la existencia de una vía preferencial —la contencioso administrativa— para reparar el daño causado al accionante —si alguno se le causó— y restituirlo a una situación amparada por la legalidad.

La Corte encuentra que el actor puede acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se le reconozca lo que era su facultad legal de ejecutar el contrato que firmó, y de recibir la retribución que correspondía a su trabajo. Pero ¿resultaría así protegido su derecho fundamental a la igualdad? ¿su derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas? En el mejor de los casos, la acción contencioso administrativa prosperaría, se anularían los actos de los rectores y se indemnizarían los daños que se lograran probar. Pero, nada se diría sobre el trato discriminatorio sufrido, no se podría ordenar al secretario de educación y a los rectores que cesaran la discriminación en contra del actor, quien tiene el derecho constitucional a ejercer su profesión más allá de los términos de su primer contrato como docente, ni podría ordenar el juez administrativo —como sí lo puede hacer el juez de tutela—, que se proceda a proteger “especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” (art. 13 Constitución Política).

Hecha la diferencia para el caso, entre los mecanismos judiciales disponibles para la defensa de los derechos del actor, es claro que procede la acción de tutela en el caso planteado por el señor González Martínez, pues el fallo que correspondería a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no podría superar los límites de la actuación administrativa propia de la ejecución del contrato, mientras que el fallo de tutela tiene efectos sobre la situación jurídica en que el actor puede ejercer su profesión, durante la ejecución del contrato que motivó el presente proceso y, más allá, en las relaciones jurídicas del actor con los funcionarios encargados de administrar la educación en el municipio donde reside y ejerce su profesión de docente.

6.4. Procedencia preferente de la acción de tutela, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial.

La regla general de procedencia de la acción de tutela indica que cuando se da la violación o amenaza de un derecho fundamental, y el titular del derecho violado o amenazado cuenta con un medio de defensa judicial diferente a la tutela, ha de preferirse ese otro medio de defensa y, la acción de tutela sólo procede “como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (art. 86 de la Constitución Política).

Sin embargo, parece razonable exigir que el otro medio de defensa judicial para la protección del derecho violado o amenazado, sea al menos tan eficaz para la defensa del derecho como lo es la tutela; en caso contrario, la acción de tutela pierde su carácter de procedimiento subsidiario y se convierte en vía procesal preferente, pues no sólo el juez de tutela, sino toda la rama judicial y el Estado, tienen como fin esencial de su actuación y razón de su existencia: “... garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...” (art. 2º de la Carta). Al respecto, dijo la Corte en la Sentencia T-495/92 —12 de agosto, magistrado ponente, Dr. Ciro Angarita Barón—:

“En diversas sentencias de esta Corte (Cfr. entre otras, T-414/92), se ha insistido en que el juez de tutela debe examinar, en cada caso, si el otro mecanismo de defensa judicial que es aplicable al caso es igual o más eficaz que la tutela. Sólo si la respuesta es afirmativa, podrá rechazar la tutela argumentando esa causal de improcedencia. De otro modo y con miras a hacer prevalecer el derecho sustancial y los derechos inalienables de la persona humana, deberá conceder la tutela. De no hacerlo, estaría violando el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales”.

Ahora bien: en el ordenamiento constitucional vigente, el constituyente definió los principios, los derechos y los deberes de las personas; especificó, en la parte atinente a los principios, que Colombia es un Estado social de derecho; y organizó normativamente ese Estado social, de manera tal que los derechos fundamentales de las personas son desarrollados por el legislador en cumplimiento de la función esencial que le incumbe. Algunos derechos fundamentales, como el derecho de petición, han sido desarrollados legalmente (Código Contencioso Administrativo), sin que el legislador los descomponga en derechos de rango legal que, haciéndose efectivos, conjuntamente permiten garantizar la efectividad del derecho fundamen-tal desarrollado; ocurre así, con otros, como el derecho a tener una familia, en cuyo desarrollo legislativo se crearon y diferenciaron, en cuanto a los medios judiciales para su defensa, varios derechos de rango legal: derecho a la investigación de la maternidad, de la paternidad, derecho a solicitar alimentos, asistencia, guía, derecho a aceptar o rechazar la legitimación, el reconocimiento, etc.

Ese diferente desarrollo legal de los derechos fundamentales, es el que obliga al juez de tutela a examinar, en cada caso particular, si existe otro mecanismo de defensa judicial del derecho vulnerado o amenazado; pero, también, si ese otro medio de defensa es, siquiera, tan efecti-vo como puede ser la acción de tutela, para lograr que el Estado sí garantice la protección inmediata de los derechos constitucionales.

Así las cosas, es perfectamente posible que, cuando la persona cuyo derecho fundamental ha sido violado, interpone los medios de defensa prejudiciales —recursos de la vía gubernativa, querellas de policía, conciliación, etc.— o judiciales apropiados para la defensa de los derechos de rango legal —procesos ante las jurisdicciones ordinarias—, a través de ellos logre la protección inmediata del derecho fundamental violado. Esto no sólo es posible, sino que coincide con la práctica corriente; y ha llevado a que la Corte Constitucional, en su función de revisar los fallos de instancia de los procesos de tutela, haya elaborado una doctrina sobre la carencia de objeto en esa materia. Véase, por ejemplo, la Sentencia T-033/94 (2 de febrero, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

En general, la reglamentación de los medios de defensa judicial de los derechos de rango meramente legal, impone al juez ordinario la limitación de circunscribir su conocimiento y valoración de los hechos y, por ende, la limitación del tema de decisión, a los estrictos límites de los supuestos y consecuencias normativos contemplados en la reglamentación del derecho de esa clase, para cuyo conocimiento se le atribuyó competencia.

Dentro del imperio de la ley, en casos como el que se revisa en esta providencia, la violación de un derecho fundamental puede ser puesto en conocimiento de la rama judicial, utilizando una acción ordinaria, para la protección de un derecho de rango legal: el derecho del particular a impetrar que la administración cumpla los contratos que celebre con un particular, de acuerdo con el principio de legalidad de las actuaciones administrativas. Sería entonces pertinente que el juez se ocupara del daño sufrido por el particular, de la ilegalidad de las actuaciones de los funcionarios y de la relación de causalidad existente entre las actuaciones ilegales y el daño sufrido. Y el derecho a la igualdad, que no está desarrollado por el legislador de manera específica, quedaría por fuera del tema de decisión correspondiente a la sentencia. También el derecho a ejercer la profesión para la cual se obtuvo título de idoneidad (art. 26 superior), más allá de los estrechos límites temporales de un contrato anual, quedaría por fuera del tema de decisión.

A igual desprotección del derecho constitucional, lleva el negar la procedencia de la acción de tutela, so pretexto de que existe otro medio judicial de defensa del derecho, cuando un menor reclama judicialmente, a través del proceso alimentario, no sólo los alimentos que le debe el padre, sino también su amor, cuidado y guía; o cuando un trabajador reclama, a través del proceso laboral ordinario, no sólo la nivelación salarial con sus iguales en el trabajo, sino la terminación definitiva del trato discriminatorio con el que se le vulnera permanentemente la propia dignidad.

En conclusión, la Corte mantiene su doctrina, reiterando que: el juez de tutela debe examinar, en cada caso, si el mecanismo alternativo de defensa judicial que es aplicable al caso, es igual o más eficaz que aquella.

La Corte, empero, encuentra necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluidos TODOS los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y COMPLETA del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de tramitarse como la vía procesal prevalente. Así como la Constitución no permite que se subplante al juez ordinario con el de tutela, para la protección de los derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, sea impedida o recortada por las reglas de competencia de las jurisdicciones ordinarias.

En los casos en los que, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela, por las razones anotadas, resulte prevalente, el juez de tutela podrá señalar en su fallo, la libertad del actor para acudir al otro medio de defensa del derecho, a fin de reclamar la responsabilidad en que ya haya incurrido quien lo violó o amenazó.

6.5. Promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.

Nuevamente insiste la Corte Constitucional en señalar que el artículo 13 de la Carta Fundamental, ordena a las autoridades dar igual tratamiento jurídico a las situaciones de hecho iguales; pero también les ordena actuar positivamente en la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en aquellos casos en los que las situaciones de hecho no son iguales y, por ello, el tratamiento idéntico constituye un desconocimiento de las circunstancias de debilidad manifiesta y una discriminación en contra de las personas que las viven.

En el caso que ocupa a la Corte, son aplicables dos mandatos constitucionales consagrados en el artículo 13 de la Carta, que se pasan a exponer:

Dice el artículo 13, último inciso: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan”.

El señor González Martínez quedó ciego al terminar su infancia, y ese hecho lo convirtió en una persona que por su condición física se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta frente a sus congéneres y a sus colegas que no padecen esa limitación.

Lo que se encuentra en la ejecución de su primer contrato profesional, es que los agen-tes del Estado —rectores y secretario de educación—, no le otorgaron la protección especial que les ordena el artículo 13 de la Constitución; más aún, violando abierta y claramente el artículo 122 del Estatuto Fundamental, uno de los rectores ejerció la función —no atribuida a él en ley o reglamento—, de desvincularlo del servicio por su ceguera, y el segundo rector ejerció la función —tampoco atribuida a él por ley o reglamento—, de vetar su desempeño profesional en el plantel que administra, por la sola causa de su ceguera. Y el superior de estos dos funcionarios, en lugar de introducir los correcti-vos legales, toleró la arrogación de funciones de los rectores, lo que, según las declaraciones de estos, es pauta acostumbrada de comportamiento administrativo en el manejo de la educación en el municipio de Medellín —véanse las declaraciones y certificación que obran a folios 30, 31, 34, 35 y 36 a 38—.

En consecuencia, se advertirá a esos tres funcionarios, en la parte resolutiva de esta providencia, que no incurran nuevamente en las violaciones constitucionales anotadas, so pena de las sanciones propias del desacato y se enviará copia del expediente a la Procuraduría Regional de Medellín, para lo de su competencia.

Dice también el artículo 13 de la Constitución, en su inciso segundo: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva...”.

En el caso que ocupa a la Corte, los señores rectores, al enterarse de que un docente ciego había sido adscrito al establecimiento a su cargo, en lugar de vetarlo o de prescindir de sus servicios a causa de la ceguera que padece, debieron promover las condiciones para que el señor González Martínez —en situación de hecho diferente—, pudiera ejercer su profesión en pie de igualdad con los demás docentes, para lo cual sí tenían facultad legal, pues, según lo certificó el señor secretario de educación —ver folio 37—: “Los rectores o directores de establecimientos educativos de conformidad con el literal b) de la cláusula primera del contrato pueden ampliar o restringir las funciones de los profesores, teniendo en cuenta el reglamento y el pénsum educativo”.

Empero, cuando se llegó el momento de promover las condiciones para que la igualdad fuera real y efectiva para el señor González Martínez, las autoridades competentes no actuaron como debían y el Estado dejó de cumplir los fines esenciales que le señaló el constituyente en el artículo 2º de la Carta. Cuando el Estado, a través de sus autoridades, falta al cumplimiento de esos fines esenciales, por la violación clara de los derechos fundamentales de una persona, debida a la actuación inconstitucional e ilegal de sus agentes, procede la acción de tutela, como mecanismo tendiente a garantizar la efectividad de esos derechos.

Ahora bien: si el desarrollo del proceso lleva a que prospere la acción, la garantía de que los derechos fundamentales violados serán protegidos inmediata y eficazmente, se debe concretar en un mandato del juez de tutela a la autoridad que conculcó el derecho del actor y, esa orden, ha de tener un contenido tal que, ejecutándose, logre la protección actual, cierta y completa del derecho infringido.

Dijo la Corte Constitucional en la Sentencia T-036 del 2 de febrero de 1994, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo: “Si la acción de tutela tiene por objeto la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales cuando han sido conculcados o enfrentan amenaza, es natural que, en caso de prosperar, se refleje en una orden judicial enderezada a la protección actual y cierta del derecho, bien sea mediante la realización de una conducta positiva, ya por el cese de los actos causantes de la perturbación o amenaza, o por la vía de una abstención. De lo contrario, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser”.

Examinando la efectividad del derecho violado al señor González Martínez, la Corte encuentra que: si la parte resolutiva de esa providencia se limita a revocar los fallos de instancia y a ordenar a los funcionarios implicados en la vulneración del derecho que, en el futuro, se abstengan de ejecutar los actos discriminatorios con los que se atropelló el derecho a la igualdad del actor, éste se queda sin la protección actual y cierta que le corresponde, porque, a condición de que no lo repitan, el juez de tutela estará tolerando que se mantengan todos los efectos de su incorrecta actuación, en detrimento del derecho del actor.

Por tanto, en esta providencia se ordenará al señor Secretario de educación, cultura y recreación del municipio de Medellín, que reasigne al señor González Martínez a la planta de docentes de la concentración educativa San Juan Bautista de la Salle y que a su vez ordene, inmediatamente le sea notificada esta sentencia, al señor rector de la citada concentración educativa, que proceda, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de la orden del señor secretario, a ejecutar debidamente el contrato existente entre el municipio de Medellín y Jorge Alfonso González Mar-tínez, asignándole a éste la carga académica que le corresponde en el área de las ciencias sociales y a ampliar y restringir las funciones de los profesores adscritos al establecimiento educativo a su cargo, a fin de promover las condiciones existentes en ese establecimiento, para proteger especialmente al señor González Martínez y lograr que pueda ejercer su profesión docente, en pie de igualdad real y efectiva con sus colegas videntes. El honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, será informado por el señor secretario de educación y por el señor rector de la concentración educativa, sobre la manera en que procedan a dar cumplimiento a este mandato de la Corte y vigilará para que la protección especial que se brinde al señor González Martínez, le permita ejercer su profesión, bajo las condiciones actuales, en igualdad con los otros docentes del plantel al que fue adscrito».

(Sentencia T-100 de marzo 9 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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