SENTENCIA T-1006 DE OCTUBRE 14 DE 2004

 

Sentencia T-1006 de octubre 14 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

Sentencia T-1006 de 2004 

Ref.: Exp. T-925304

Magistrado Ponente:

Jaime Araújo Rentería

Acción de tutela instaurada por Adonay González contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Bogotá, D.C., catorce de octubre de dos mil cuatro.

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Araújo Rentería, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:

Sentencia

dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela iniciada por Adonay González contra Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

I. Antecedentes

Mediante escrito presentado el 27 de abril de 2004, el señor Adonay González solicita el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente violado por la entidad demandada.

La solicitud de amparo se sustenta en los siguientes:

1. Hechos.

1.1. Narra el señor Adonay González que mediante contrato escrito ingresó a laborar el 4 de Julio de 1996 para la empresa de vigilancia Omnitempus, en el cargo de escolta de moto.

Dicho servicio —señala— lo prestaría en Texas Petroleum Company, con un salario mensual de $ 610.000 pesos. El término del mismo era el de la duración del contrato firmado entre las dos empresas en mención.

Manifiesta que el 24 de diciembre de 1996, la señora Amelia Pérez, gerente de Omnitempus, le hizo entrega de una carta por medio de la cual se le comunicaba la cancelación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, anunciando que le serían pagadas las prestaciones sociales y la indemnización oportunamente. Indica que copia de esta misiva fue enviada a la Texas Petroleum Company.

Relata que el 26 de diciembre fue citado en las instalaciones de Omnitempus. Allí —cuenta— le fue solicitada una carta de renuncia, con la promesa de que la empresa no pasaría reporte a su hoja de vida, le cancelaría la indemnización correspondiente y le facilitaría el acceso a un nuevo trabajo.

Aduce el demandante que dicho documento fue redactado por la empresa, con fecha del 23 de diciembre del 1996. Señala que no obstante lo anterior, accedió a firmarlo creyendo en las promesas hechas.

Agrega el actor que el 3 de enero de 1997 recibió el pago de las prestaciones que le adeudaban, sin que este incluyera la suma correspondiente a la indemnización por despido sin justa causa. Manifiesta que por ello procedió a reclamar a la entidad el valor faltante, sin recibir respuesta alguna por parte de esta.

Como consecuencia de lo anterior, el 18 de febrero de 1997 instauró proceso ordinario laboral ante el Juzgado 5 Laboral del Circuito de Bogotá.

En sentencia proferida el 3 de agosto del 2000, el Juzgado de conocimiento resolvió condenar a la sociedad demandada a pagar al demandante por concepto de indemnización por despido injusto la suma de $ 11.101.999 pesos.

Señala el actor que interpuso recurso de apelación contra tal decisión, por considerar que la liquidación de la indemnización no tuvo en cuenta el salario promedio devengado; de igual manera procedió la entidad demandada en lo desfavorable a ella.

El 27 de septiembre del 2002 el juzgador de segunda instancia resolvió revocar la sentencia objeto de apelación y en su lugar absolver a la empresa Omnitempus Ltda., de todas las peticiones formuladas por el señor Adonay González.

En su fallo, el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Laboral— adujo que la sentencia del a quo, en relación con las consideraciones hechas en cuanto a la existencia de un contrato de trabajo a término fijo de dos años, tiempo que dura la ejecución del contrato realizado entre Omnitempus Ltda. y Texas Petroleum Company, no se ajustaba a las probanzas. Ello por cuanto: “... es claro que los dos contratos son de estirpe distinta y con características propias dada su naturaleza, pues uno tiene carácter laboral y otro comercial, por lo cual los términos pactados en el último no pueden servir para el primero en lo que toca a los extremos del nexo laboral...” (1) .

Argumentó también el tribunal que el contrato suscrito entre el demandante y Omnitempus Ltda., no podía ser calificado como uno a término fijo, por cuanto faltaba en él un elemento esencial: la duración. Consecuentemente —consideró el tribunal— el contrato celebrado entre las partes en litigio era el denominado de obra o labor determinada.

Con relación a la indemnización por despido sin justa causa, consideró el juzgador de segunda instancia, que no se configuraba el despido indirecto por cuanto el actor no había indicado en su renuncia el motivo determinante, hecho que, de plano descartaba las alegaciones en torno al tema reseñado en los hechos de la demanda.

Por lo tanto —adujo el tribunal— lo que había existido era una renuncia por parte del trabajador, aceptada por el empleador con la consecuente bonificación, al haber este firmado en señal de aceptación, suceso que no perdía efectos con la posterior manifestación de dar por terminado el contrato sin justa causa por parte de la empresa.

Analizó el juzgador la existencia o no de coacción en el actor por parte de la empresa demandada para la elaboración de la carta de renuncia. En relación con ello no encontró prueba alguna que corroborara la afirmación realizada en la demanda.

Concluyó la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá afirmando la terminación del contrato de trabajo por renuncia, a partir del 23 de diciembre de 1997 sin encontrar vicios en el mismo. Además, según ese tribunal, el documento que contenía la renuncia del actor producía plenos efectos porque no había sido tachado de falso.

Manifiesta el demandante que en la sentencia reseñada con anterioridad, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en una vía de hecho por haber hecho una errada valoración de las pruebas que había en el proceso.

Con fundamento en los anteriores hechos, hace la siguiente:

2. Solicitud.

El actor dentro del presente proceso de tutela exhorta a la autoridad judicial para que se proteja el debido proceso vulnerado por el Tribunal Superior, Sala Laboral, al no realizar un estudio concienzudo del acervo probatorio allegado al proceso.

3. Trámite de instancia.

3.1. Mediante auto de veintinueve (29) de abril de 2004, la Corte Suprema de Justicia avoca conocimiento de la presente acción de tutela y corre traslado a los funcionarios judiciales y a la empresa Omnitempus Ltda. para que se pronuncien en relación con lo solicitado por el actor.

3.2. Surtido el trámite descrito, el señor Adonay González solicita al juez que tutele el derecho fundamental invocado. A la vez, que las pruebas que obran en el expediente se estudien verdadera y juiciosamente, resolviendo de modo justo el caso.

3.3. La entidad demandada y los funcionarios judiciales, no se pronunciaron en el término concedido para tal efecto.

4. Pruebas relevantes que obran en el expediente.

— Contrato individual de trabajo realizado entre Omnitempus Ltda. y Adonay González (fls. 11 y ss.).

— Contrato celebrado entre Omnitempus Ltda. y Texas Petroleum Company (fls. 58 y ss.).

— Carta de renuncia irrevocable (fl. 16).

— Carta de terminación de contrato sin justa causa por parte de la empresa Omnitempus Ltda. (fl. 15).

— Liquidación de prestaciones sociales a nombre de Adonay González (fl. 17).

— Interrogatorio de parte rendido por la señora Carmen Amelia Pérez, representante legal de la empresa demandada (fls. 40 y ss.).

— Testimonios rendidos por los señores Hernando Álvarez Serrato, Bernardo Ferro Tovar, Luis Fernando Castillo Rincón (fls. 47, 79 y 89 y ss. respectivamente).

— Sentencia proferida por el Juzgado 5 Laboral del Circuito de Bogotá (fls. 94 y ss.).

— Sentencia proferida por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral (fls. 106 y ss.).

II. La sentencia que se revisa

1. Sentencia de instancia.

Mediante sentencia de 10 de mayo de 2004, la Corte Suprema de Justicia —Sala Laboral— resuelve, denegar el amparo deprecado por el señor Adonay González.

A tal decisión llega la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al considerar que existen efectos de cosa juzgada en el fallo que se pretende controvertir en sede de tutela y que, por tanto, al juez de tutela le está vedada la injerencia en actuaciones que, como la presente, son de competencia de otro juez independiente y autónomo.

Agrega que, de manera general, no procede la tutela contra providencias judiciales.

III. Consideraciones y fundamentos de la Corte

1. Competencia.

Esta Corte es competente para revisar el fallo de tutela dictado en la acción iniciada por Adonay González contra Omnitempus Ltda., de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por lo dispuesto en Auto de la Sala de Selección Número 7 de 9 de julio de 2004.

2. Problema jurídico.

En el presente caso la Sala procederá a establecer si existió vía de hecho violatoria del derecho al debido proceso en la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor Adonay González contra Omnitempus Ltda. Deberá, entonces, determinar, si esa Sala incurrió en una vía de hecho al dar validez a la carta de renuncia presentada por el actor, siendo que este alega haber sido despedido sin justa causa con anterioridad a la presentación de la misma.

Antes de abordar la resolución del problema jurídico planteado es necesario reiterar la doctrina de esta corporación acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Luego, esta Sala analizará los siguientes temas: (i) la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y (ii) el término en los contratos de trabajo.

3. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

Fue la propia Constitución Política de 1991 la que estatuyó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Así, el inciso 1º de su artículo 86 dispone que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces [...] la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (destacado fuera de texto). Cuando la disposición en cita preceptúa “cualquier autoridad pública”, se entiende sin lugar a titubeos que son todas las autoridades públicas que componen el poder público.

En consecuencia, este solo argumento per se basta para desechar la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la acción de tutela no procede contra providencias judiciales cuando se está en presencia de una vía de hecho.

Ahora bien, en reiterada y abundante jurisprudencia de esta corporación se ha sostenido que la acción de tutela es procedente de manera excepcional contra providencias judiciales, cuando en estas se incurre en las denominadas vías de hecho. Por estas se entiende, en términos generales, la actuación de la autoridad pública realizada con total desprendimiento de las normas constitucionales y legales, obedeciendo a su sola voluntad o capricho, con quebranto de los derechos fundamentales de la persona (2) .

Cabe señalar que para alegar la procedencia de la acción de tutela es necesario demostrar, no solo que el funcionario judicial incurrió en una vía de hecho, sino además que con su actuación vulneró un derecho., fundamental y la inexistencia e ineficacia de los recursos ordinarios y extraordinarios, o de los mecanismos previstos por el legislador para prevenir las posibles anomalías que se susciten en el curso de un proceso. Entonces, no toda irregularidad que se produzca en el trámite de un proceso puede dar lugar a la procedencia de la acción de tutela. Es esencial que el acto que se califica como arbitrario quebrante un derecho de rango fundamental y contra el mismo no proceda recurso alguno, o este sea ineficaz (Sent. T-790/99, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

Por consiguiente, procede la Sala, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional sobre la materia, a reiterar que en punto de la configuración material de una vía de hecho siempre habrá lugar a tal vicio cuando la actuación procesal se encuentre incursa en un defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental. Según la propia hermenéutica constitucional, se presenta un defecto orgánico cuando la autoridad que dirige el proceso y profiere la decisión de fondo, no tiene competencia para ello. Asimismo, el defecto sustantivo se configura cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea por que perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Por su parte, el defecto fáctico tiene lugar cuando las pruebas que han sido aportadas al proceso resultan inadecuadas para tomar la decisión, ya sea por ineptitud jurídica o por simple insuficiencia material. Finalmente, los defectos procedimentales se originan en una manifiesta desviación de las formas propias del juicio que conduce a una amenaza o vulneración de los derechos y garantías de alguna de las partes o de los demás sujetos procesales con interés legítimo.

Esta corporación también se ha pronunciado respecto de la existencia de vías de hecho por indebida interpretación:

“Así, es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquel que en todo se ajuste a la Carta Política. La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces comprender, en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Según lo ha expresado la propia jurisprudencia, toda trasgresión a esta regla superior en el curso de un proceso constituye una vía de hecho judicial, la cual debe ser declarada por el juez constitucional cuando no existan otros medios de impugnación para reparar esta clase de actuaciones ilegítimas, contrarias a los postulados que orientan la Constitución Política.

En concreto, frente a la interpretación de las normas que regulan la materia laboral:

“... el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos” (Sent. T-800/99, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

i. Primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Atendiendo a las desigualdades existentes en la realidad entre empleador y trabajador, el Constituyente de 1991 introdujo en la Carta Política una regulación garantista del trabajador. De forma concreta en el artículo 53 superior estableció un conjunto de principios que amparan al trabajador. Dentro de ellos se encuentra el de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Precisamente, en su jurisprudencia, la Corte ha señalado que:

“La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional (C.P., art. 53). La entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia. La prestación efectiva del trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a los intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera imperativa cuandoquiera se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan querido dar al contrato” (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-555 dic. 6/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

“Este principio guarda relación con el de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas externas, consagrado en el artículo 228 de la Constitución en materia de administración de justicia.

“Más que las palabras usadas por los contratantes para definir el tipo de relación que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los ojos del juez y por mandato expreso de la Constitución, el contenido material de dicha relación, sus características y los hechos que en verdad la determinan.

“Es esa relación, verificada en la práctica, como prestación cierta e indiscutible de un servicio personal bajo la dependencia del patrono, la que debe someterse a examen, para que, frente a ella, se apliquen en todo su rigor las normas jurídicas en cuya preceptiva encuadra.

“Eso es así, por cuanto bien podría aprovecharse por el patrono la circunstancia de inferioridad y de urgencia del trabajador para beneficiarse de sus servicios sin dar a la correspondiente relación jurídica las consecuencias que, en el campo de sus propias obligaciones, genera la aplicación de las disposiciones laborales vigentes, merced a la utilización de modalidades contractuales enderezadas a disfrazar la realidad para someter el vínculo laboral a regímenes distintos” (Sent. T-166/97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo) (3) .

ii. Término de duración de los contratos de trabajo.

El Código Sustantivo del Trabajo diferencia entre los contratos celebrados a tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio (art. 45).

El contrato de trabajo a término fijo es aquel, que además de constar siempre por escrito, debe quedar establecido el término, que no podrá ser superior a tres (3) años, pero que se puede renovar (art. 46). A término indefinido, se entiende aquel que no ha sido estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o se refiera a un trabajo ocasional o transitorio.

4. El caso concreto.

4.1. El actor en la presente acción de tutela estima vulnerado su derecho al debido proceso, atendiendo a que, según su parecer, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, incurrió en una vía de hecho al no considerar que su antiguo empleador lo despidió sin justa causa y luego procedió, mediante engaño, a hacerlo firmar, colocándole una fecha anterior, una carta de renuncia.

4.2. Debe estudiar la Sala el problema probatorio que existe dentro este proceso, considerar en ello la valoración de las pruebas documentales contradictorias (la carta de despido y la de renuncia) e indagar sobre la posible existencia de una vía de hecho por defecto fáctico o por un defecto en la interpretación que hiciere la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

Además, la Sala deberá tener en cuenta en este punto que la autoridad judicial demandada no dio respuesta a la tutela cuando el despacho de conocimiento le diera traslado de aquella. El silencio de la demandada, tal y como lo estipula el artículo 20 del Decreto-Ley 2591 de 1991 da lugar a la presunción de veracidad de los hechos afirmados por el demandante de tutela.

4.3. Así las cosas, quepa recordar que la razón fundamental que aduce la demandada para revocar el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado 5 Laboral del Circuito de Bogotá es que la carta de renuncia presentada por el señor Adonay González no había sido tachada de falsedad y por ello producía plenos efectos. Así que se entendía como una renuncia voluntaria, que daba lugar a la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento.

Ahora bien, si bien el argumento presentado por el tribunal se apoya en razones que se pueden considerar de derecho, observa la Sala que en la valoración que se hizo de tal documento debía observarse críticamente la existencia de aquella otra carta, fechada con un día de posterioridad, en la que se despedía sin justa causa al demandante y los testimonios que en este sentido se habían causado durante el trámite del proceso.

Dos documentos, dos cartas, datadas ambas con una breve separación de un día, de contenidos absolutamente contrarios y de implicaciones totalmente opuestas, considera esta Sala, requerían de una apreciación crítica e integral por parte del juzgador. Es esto que no bastaba con observar el documento llamado carta de renuncia de forma aislada, sino que su evaluación como pieza probatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 187 debía ser apreciado en relación con la integridad de las pruebas que existían en el expediente y de acuerdo con los valores y principios subyacentes al proceso ordinario laboral.

El evento probatorio al que se veía enfrentada la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá era bastante peculiar y requería de un verdadero ejercicio crítico por parte del juzgador. Aparte de lo que cada uno de los documentos como medio probatorio independiente aportaban dentro del proceso, existía en relación con ellos una prueba indiciaria que, de haber sido tenida en cuenta, hubiese modificado el resultado del proceso. Así las cosas, resultaba necesario que el juez se preguntara ¿por qué una empresa despide sin justa causa a un empleado que ha renunciado? Las reglas de la experiencia general, a las que se ajusta la prueba indiciaria, señalan hacia una conclusión que se aparta de los derroteros que señaló el juez en su análisis. Es necesario concluir que no se despide a una persona que haya renunciado a menos de que tal renuncia no haya existido. Es decir, las cartas contradictorias, de fechas cercanas, apoyadas en la declaración del demandante dentro del proceso ordinario y de los diferentes testimonios recaudados en este sentido, señalaban con claridad al hecho de que la carta en la que el señor Adonay González había presentado su renuncia realmente era posterior a la carta de despido sin justa causa.

¿Pero por qué la valoración meramente formal que hace el tribunal podría ser contraria a la Constitución y consolidar una vía de hecho? Cabe recordar aquí lo que se dijo en un acápite superior de esta sentencia en relación con la premisa que alimenta la relación empleador-empleado, y que es una premisa de disparidad de fuerzas que se ha intentado remediar a través de la Ley. Así las cosas, el ordenamiento legal en materia laboral se encuentra condicionado por un principio de favorabilidad en la interpretación que se haga de la ley, en beneficio del trabajador.

La interpretación que realiza la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, desconoce totalmente aquel criterio interpretativo, omitiendo a través de tal desconocimiento, de manera absoluta, la valoración de una fuerte prueba indiciaria que, de haber sido evaluada, habría modificado el resultado del proceso.

La Corte no comparte las apreciaciones del tribunal y entiende que en ellas hay un flagrante desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política en desmedro del derecho al debido proceso del actor. Como se probó con distintos testimonios surtidos en el proceso laboral instaurado por el aquí demandante, así como con la carta de despido sin justa causa del señor Adonay González, la realidad consistió en que el contrato laboral fue terminado de manera unilateral y sin justa causa por parte de su empleador, el 24 de diciembre de 1996. Que luego de que la representante legal de la empresa demandada se percatara del monto de la indemnización que debería pagarle, procedió a citarlo a su oficina el 26 de diciembre de 2004 para proponerle que firmara una carta de renuncia, fechada un día antes de que le fuera finiquitado su contrato (23 de diciembre de 1996). Oferta que se acompañó con la promesa del pago de una indemnización y la consecución de un trabajo en la Embajada Americana. Circunstancia que nunca se presentó.

A juicio de la Corte está más que comprobado que lo que verdaderamente sucedió fue que el señor Adonay González fue despedido, sin justa causa, por la empresa Omnitempus Ltda. Ninguna incidencia tiene en este hecho el que se le haya hecho firmar al trabajador una carta de renuncia. Esta constituye una mera formalidad, que no recoge la realidad.

Conforme al principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, la Corte otorgará mayor fuerza al hecho de que el trabajador fue despedido de manera injusta. De nada sirve que él con su empleador hayan pactado su renuncia. Pues, esta constituye un ardid con el fin de desconocer realidad y, por esa vía, los derechos del trabajador. Deberá, entonces, desecharse la postura del tribunal contenida en la sentencia objeto de tutela.

Además ha de tenerse en cuenta que las consideraciones presentadas por esta Sala se encuentran también sustentadas en la presunción de veracidad ya enunciada, lo que hace que los hechos expuestos por el actor en la demanda de tutela sean tenidos por ciertos.

4.4. La Corte estima que para hacer efectivo el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no es necesario acudir al procedimiento de la tacha de falsedad. Dado que la aplicación del principio referido opera ipso jure, pues, estas “formalidades”, normalmente quedan recogidas en formas escritas. Una vez establecida la realidad, a través de diferentes medios de prueba, hay que otorgarle supremacía sobre ellos.

4.5. Ahora bien, en cuanto al término de duración del contrato de trabajo celebrado entre el señor Adonay González y Omnitempus Ltda., la Sala considera que este se suscribió bajo la modalidad de término fijo. Así se desprende de su cláusula 2 del contrato, la cual establece que:

“TÉRMINO: El presente contrato se celebra por el tiempo que dure la ejecución del Contrato BOG 01-58ón del Contrato BOG 01-5832, entre Omnitempus Ltda. y Texas Petroleum Company para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad, pero podrá terminar antes por cualquiera de las causales determinadas en la ley y como consecuencia de la terminación, por cualquier causa, del contrato BOG 01-5832 celebrado con la Texas Petroleum Company” (fl. 12, cdno. de prueba).

Por su parte, el contrato suscrito entre la Texas Petroleum Company y la Empresa Omnitempus Ltda., fue de dos (2) años, como reza la cláusula tercera del mismo (fl. 60 ibíd.).

Luego, debe entenderse lógicamente que lo que hace el primer contrato es atar su término de duración al del segundo, puesto que la prestación del servicio depende de este, por lo cual remite al término del segundo. Por ello no es factible predicar, como lo hace la Sala Laboral del Tribunal, que comoquiera que el segundo es un contrato de índole comercial debe entenderse el contrato de trabajo como un contrato de obra y, por ello, no sea posible establecer el otro extremo del término.

Este argumento no tiene asidero alguno. Independientemente de la naturaleza del segundo contrato, el contrato de trabajo goza de autonomía. Y si este establece un término para la relación laboral, siempre y cuando no sobrepase de los tres (3) años como en el presente caso, este será de término fijo. En nada incide para ello que tal término se establezca por remisión. Lo verdaderamente esencial, es que se indique y que sea menor de tres (3) años (4) .

4.6. Por lo anterior, la Corte revocará la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, ordenándole a dicha autoridad judicial que profiera nueva sentencia. En aquella deberá observar el hecho real acontecido en esa relación laboral. Esto es, la circunstancia según la cual el señor Adonay González fue despedido el 24 de diciembre de 1996 por la empresa Omnitempus Ltda., sin que mediara justa causa para ello.

De igual manera, al momento de proferir nueva sentencia, el tribunal deberá tener en cuenta de que se trata de un contrato a término fijo y no de un contrato de obra, como se sostuvo en la sentencia que en esta oportunidad la Corte Constitucional revocará.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 10 de mayo de 2004, por medio de la cual se negó el amparo al señor Adonay González, dentro de la acción de tutela que este inició contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

En su lugar, CONCEDER el amparo solicitado del derecho al debido proceso.

2. En consecuencia DECLARAR sin efectos la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso laboral iniciado por Adonay González contra Omnitempus Ltda., y ORDENAR a la demandada que en el término de treinta (30) días dicte nueva sentencia de conformidad con los planteamientos de la presente.

3. Por Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral. Folio 108.

(2) Cfr. Sentencia T-79 de 1993, T-204 de 1998, T-442 de 1994, C-543 de 1992, T-79 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-500 de 1995, T-716 de 1996, T-8 de 1998, T-420 de 1998, SU 195 de 1998, SU 960 de 1999, entre otras.

(3) Ver sentencias T-243 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-327 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz; T-500 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-1001 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil entre otras.

(4) El artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, señala: “El contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente...”.

________________________________