Sentencia T-10148 de mayo 24 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala de Casación Civil y Agraria

Sent. T-10148, mayo 24/2000, exp. 10148

M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles

Decídese la impugnación interpuesta por la accionante de tutela María Amor Barón Restrepo, contra el fallo del 14 de abril anterior, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, le denegó la que instauró contra la Codensa S.A.

Antecedentes

1. La demandante, anciana y enferma, es la propietaria del inmueble situado en la carrera 14 Nº 40-15 de esta ciudad; sus inquilinos durante la ejecución del contrato de arrendamiento, desatendieron la obligación de pagar el servicio público domiciliario de energía, cuya suspensión solicitó reiterada como infructuosamente la actora, originándose por ese concepto una deuda millonaria.

2. Codensa le exige a la accionante la satisfacción del crédito a su favor, que se acerca a la suma de cincuenta millones de pesos, como condición para restablecer el servicio, a la postre suspendiendo. Ese condicionamiento lo estima la actora ilegítimo, por cuanto que fue la demandada quien dio lugar al crecimiento de la deuda, correspondiente a treinta y ocho facturaciones, al no haber suspendido el servicio no obstante el incumplimiento en el pago de más de tres de ellas, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 140 de la Ley 142 de 1994.

3. Pone de presente la dramática situación que atraviesa, en razón de que la empresa de acueducto y alcantarillado le embargó el inmueble, viéndose forzada a cancelarle deuda por seis millones de pesos originada en igual circunstancia, y que a pesar de haber logrado la restitución de aquél mediante proceso judicial, por carecer de servicios públicos se halla prácticamente en estado de abandono, a merced de vándalos que lo han venido desmantelando.

4. Pide que se le dé aplicación a las doctrinas de esta Sala expuestas en la sentencia del 6 de octubre de 1998, y a la del fallo de tutela T-927 de 1999, de la Corte Constitucional, y se le amparen sus derechos a la igualdad y el debido proceso.

5. En la respuesta a la solicitud de tutela la accionada manifestó que ha respetado los derechos de la demandante, a cuyas peticiones le ha dado respuesta. Se opone a las pretensiones porque estima que es ajena a la relación contractual arrendaticia, en cuya ejecución se produjo el incumplimiento en el pago del servicio, del que es responsable la actora, en su condición de propietaria del inmueble al que se entiende prestado, circunstancia que la convierte en parte del contrato de condiciones uniformes, y obligada solidaria en conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, lo que la legítima para exigir de ésta el pago.

Afirma que sí acudió a la suspensión del servicio aplicado en trece oportunidades que relaciona, habiéndose reconectado el usuario irregularmente, en acción que es de difícil control por parte de ella, en vista del procedimiento a que acuden, consistente en la conexión de unos cables a las redes. Sostiene que dado este antecedente, en el presente caso no cabe darle aplicación a la doctrina de esta Sala plasmada en la sentencia de octubre 6 de 1998, en razón de que en éste se resolvió un caso en el que no hubo reconexión irregular.

6. El fallador de primera instancia denegó el amparo constitucional por considerar que los derechos para los que se deprecó no aparecen afectados por la acción atribuida a la empresa demandada. En este orden de ideas dijo en relación con el derecho a la igualdad, que no halló enunciado ni probado que la accionada, frente al mismo supuesto de hecho, hubiese procedido de modo diferente respecto de otros propietarios de inmuebles. Y acerca del debido proceso, que lo respetó Codensa puesto que en las respuestas que le dio a la actora la enteró de las disposiciones reguladoras de la materia y de su sujeción a ellas, “a más de que le concedió los recursos pertinentes contra su decisión, sin que se hubieran utilizado”.

Adicionalmente apuntó la corporación falladora que la demandante cuenta con otros medios de defensa judicial que hacen improcedente la tutela, como son las acciones contencioso administrativas derivadas de la relación contractual originada en la prestación de servicios públicos, y la ordinaria enderezada a cobrantes a los inquilinos.

La impugnación

1. Insiste la recurrente en que se solucione la petición de amparo en la misma forma en que lo hizo en las sentencias memoradas en los antecedentes, en atención a no haber aplicado con severidad el correctivo de la suspensión del servicio a los usuarios, no obstante mediar su solicitud en ese sentido.

2. Alega que Codensa sí le vulneró el debido proceso porque no retiró definitivamente la acometida luego de acumulados tres meses de facturación, con desconocimiento de lo que establece la Ley 142 de 19944. Que si hubiese obrado en sentido contrario y no ejerciera ahora la posición dominante que envuelve el cobro, distinta sería su suerte. La igualdad sí resulta afectada porque la acreedora pretende cobrarle únicamente a la propietaria a pesar de que por su incuria no hizo lo propio respecto de los usuarios permitiendo acumular la escandalosa suma debida.

Se considera

Para la Sala es claro que la actuación desarrollada por la empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía accionada Codensa, que la accionante estima lesiva de sus derechos, se concreta en la negativa de su reconexión, que condiciona al pago de la deuda insoluta.

2. Por otra parte, es evidente que los tenedores del inmueble fueron los consumidores del servicio que se cobra, y que éstos reiteradamente incumplieron con la obligación de pagar, contando con una actitud complaciente de la empresa demandada, que aunque aplicó el correctivo de la suspensión, no obró con severidad al advertir que aquéllos, como lo pone de presente en la réplica de la solicitud, se reconectaban fraudulentamente, sin que sea de recibo la excusa de que la verificación de tal irregularidad fuera tarea difícil.

3. En situación semejante, la Sala, en sentencias del 6 de octubre de 1998, y más recientemente en la del 16 de diciembre de 1999, sostuvo que, en principio, no es precedente la tutela, por virtud de su carácter limitado y excepcional, en el caso de actuaciones relativas a instalaciones, suspensiones o reinstalaciones de servicios públicos domiciliarios, admitiendo su procedencia excepcionalmente y como mecanismo transitorio, “en las eventualidades en que la conducta de las empresas de servicios públicos amenacen o quebranten un derecho fundamental de manera ilegítima o arbitraria, y el afectado corre el peligro de sufrir un daño irreparable en tan caros atributos, pues que en tales situaciones resulta viable la acción como mecanismo transitorio, esto es, mientras el interesado acude a instaurar las acciones judiciales correspondientes, dentro de los términos legales”. (Sent. dic. 16/99).

4. Ahora bien, la actitud omisiva de la empresa accionada, no ya frente al deber de suspender el servicio, sino de repeler el fraude cometido con la reconexión irregular, que era de su conocimiento como lo hizo saber en el escrito de réplica a la solicitud de tutela, circunstancia que al a quo no le mereció ninguna significación, contrariamente, y como la impugnación lo sostiene, sí tienen indiscutible trascendencia en el análisis de a cuestión que se resuelve.

5. Con ese propósito vienen al caso citar la Sentencia T-927 de 1999 de la Corte Constitucional, que abordó una situación semejante a la del sub judice. En ese pronunciamiento expresó que tiene significación la pasividad de a accionada que, conocedora de la burla del usuario a la medida de la suspensión en virtud de la reconexión fraudulenta, se limita, no obstante, a seguir facturando sin interrupción, y aun a incrementar el saldo a su favor, sin perseguir el pago de los usuarios que actuaron fraudulentamente y por ello ilegalmente, pretendiéndolo de la propietaria que se situó dentro de los marcos legales, conducta de la que dijo que constituye comportamiento administrativo que “no sólo es a todas luces desleal para con la segunda de las personas nombradas (refiriéndose a la propietaria, vale aclarar ahora para la cabal comprensión de esta cita), sino que vulnera su derecho a recibir igual trato —uno acorde a derecho—, no sólo de las autoridades —ambas firmas demandadas son empresas estatales prestadoras de servicios públicos—, sino de quienes sin serlo, concurren a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y, por esto, deben comportarse frente a todos los suscriptores y usuarios como si fueran agentes estatales”.

La disparidad en el trato dado por parte de la accionada a los usuarios del servicio y a la propietaria del inmueble como deudores solidarios, lo sustentó la citada corporación en el artículo 141 de la Ley 142 de 1994, que faculta a las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios para cortar las acometidas fraudulentas, y asimila la energía eléctrica a un bien mueble para efectos de la tipificación del delito de hurto en el caso de “la obtención del servicio mediante acometida fraudulenta”, de manera que tolerar “a ciencia y paciencia un comportamiento que puede constituir un delito continuado contra el patrimonio” limitándose a “facturar mensualmente el costo del bien mueble sustraído por medio de una acometida fraudulenta”, traduce incumplimiento durante todo el lapso que duró ésta “del deber de actuar de acuerdo con la ley para poner término a tal situación irregular, y para procurar que se exigiera la responsabilidad correspondiente al autor de la conducta irregular detectada”, así como del deber de “reclamar de él pago correspondiente al daño y los perjuicios que ocasionó”.

Dentro del indicado contexto, anota la Corte Constitucional en opinión que hace suya la Sala que “es indudable, en consecuencia, que las empresas accionadas incurrieron de esa manera en una vía de hecho, y con ella vulneraron los derechos fundamentales de la actora al debido proceso y a la igualdad”.

6. Aplicando esta doctrina al caso de autos, estima la Sala que al no haber desplegado la demanda la actuación administrativa que le obligaba frente a la situación por ella conocida de la reconexión fraudulenta de los usuarios, incurrió en actuación irregular que, en este caso, como lo sentó la Corte Constitucional en la Sentencia T-927 de 1999, afecta los derechos por cuya protección abogó la accionante.

7. Su derecho a alcanzar la reconexión es indiscutible, pues como lo dijo esta Sala en la sentencia de octubre 6 de 1998, no puede la accionada alegar su propia negligencia “para exigir, además del pago de las mencionadas tres facturas iniciales, todas las posteriores, porque, en principio, éstas últimas se causaron por su mera voluntad, la cual hay que entenderla aceptable sin que ello afecte los derechos ajenos. De allí, que, entonces, la abstención de las accionadas empresas de reinstalar los servicios suspendidos tardíamente no tenga en su regulación imperativa aparente sustento legal, cuando, además de las tres facturas, exige la totalidad de lo adeudado. Pues si la deuda adicional a las tres facturas tiene su causa en un servicio que se prestó por una omisión, ...su exigencia revela más bien un abuso de una posición dominante que tiene en la reinstalación, contra el cual, como se dijo debe proceder el amparo transitorio mientras se promueven las acciones contenciosas administrativas y se obtienen las decisiones pertinentes”.

8. En razón de lo anterior se debe revocar la providencia impugnada para disponer, en su lugar, que se conceda la tutela como mecanismo transitorio, en protección de los derechos al debido proceso y la igualdad de manera que la accionante pueda contra con la instalación del servicio público domiciliario de energía, mientras se promuevan las acciones contencioso administrativas y se obtienen las decisiones pertinentes.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la república, y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo de 14 de abril de 2000 proferido por la Sala Civil del tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en el procedimiento de tutela de la referencia y, en su lugar,

RESUELVE:

1. TUTELAR transitoriamente los derechos al debido proceso y la igualdad de los que es titular la accionante María Amor Barón Restrepo, frente a la accionada Codensa S.A.

2. ORDENAR a la accionada que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la petición de la accionante, y previo el pago de la deuda correspondiente a las tres primeras facturas, más los gastos de reconexión y recargo de esos períodos, proceda a la reinstalación del servicio de energía eléctrica en el inmueble de la carrera 14 Nº 40-15 de esta ciudad capital.

3. La protección concedida tendrá una duración hasta de cuatro (4) meses, a la espera de que la demandante promueva las acciones contenciosas administrativas pertinentes y el competente adopte las providencias provisionales o definitivas del caso. En el evento de no promoverse dichas acciones, el amparo quedará extinguido al vencimiento de dicho plazo.

Notifíquese a las partes interesadas por el medio más eficaz, y en su oportunidad remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolas Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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