Sentencia T-1016 de diciembre 13 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CONFLICTOS POR EL PAGO DE VARIOS PERÍODOS ACUMULADOS EN MORA

EXTRACTOS: «1. La actora considera que la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla —“AAA”— S.A., ESP, ha vulnerado sus derechos a la vida y a la salud con su decisión de suspender el servicio de agua para el apartamento en el que reside bajo arriendo. Solicita que le sea restituido el servicio y que la empresa instale un contador para su vivienda, con el objeto de que pueda recibir una facturación propia.

Los coadyuvantes —la propietaria del edificio en que se encuentra el apartamento, y su esposo— solicitan que se conceda la tutela y expresan que la actitud de la empresa constituye un abuso de su posición dominante. Puesto que la Triple A no suspendió el servicio dentro el tiempo prescrito por la ley, ella debe correr con los riesgos que le genera su omisión, por cuanto ya no puede exigir del propietario del edificio que responda solidariamente por la deuda que se ha acumulado. Por lo tanto, el juez debe ordenar que se reinstale el servicio de agua, previo el pago de los tres períodos de facturación dentro de los cuales no es obligatorio que la empresa proceda a suspender el servicio.

2. La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla —“AAA”— S.A., ESP, expresa que su decisión de suspender el servicio de agua a los distintos apartamentos y locales del edificio Granada tiene pleno fundamento en las disposiciones legales. Aclara que desde el mes de junio de 1996 ha interrumpido el servicio de agua al edificio en ocho ocasiones. Ello, por cuanto el multiusuario del servicio —que es uno de los coadyuvantes— incumplió en dos ocasiones los acuerdos de pago convenidos y reconectó de manera subrepticia el servicio.

3. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla concedió, de manera transitoria, la tutela impetrada. Afirma que la actividad desplegada por la Triple A vulnera los derechos a la salud, la vida y la dignidad de la actora. Agrega que la negligencia de la empresa para suspender el servicio de agua en el período señalado por la ley la imposibilita para exigir el pago de toda la deuda acumulada durante los años de disputa entre la Triple A y el multiusuario.

4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó la sentencia de primera instancia. Advierte que, si bien la Triple A obró en forma negligente, la conducta de los coadyuvantes fue desleal, puesto que conocían acerca de la deuda, incumplieron los acuerdos de pago y, en varias ocasiones, reconectaron en forma fraudulenta el servicio. Estima que la persona que ha sido asaltada en su buena fe es la arrendataria, razón por la cual ella sí podría ser merecedora de protección. Sin embargo, afirma que los perjuicios que ella sufre se derivan del arrendador y no de la empresa.

En situaciones especiales, la acción de tutela es procedente para dirimir conflictos entre las empresas prestadoras de servicios públicos y sus usuarios

5. La actora demandó a la Triple A porque ésta decidió suspender el servicio de agua para el apartamento en el que reside en arriendo, dado que el multiusuario del servicio — en este caso, el arrendador, que actúa como coadyuvante de la demanda— no ha cancelado su deuda para con la empresa.

La decisión de la empresa se fundamenta en el incumplimiento del contrato de prestación de servicios públicos por parte del multiusuario. Así las cosas, el conflicto que se analiza tiene un origen contractual. Por lo tanto, el primer interrogante que deberá resolverse es si la acción de tutela procede con el fin de desatar controversias relacionadas con el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios públicos.

La Corte ha señalado con insistencia que la acción de tutela no es procedente para resolver litigios surgidos a partir de obligaciones contractuales. Sin embargo, en el caso de los servicios públicos domiciliarios es necesario introducir algunas diferenciaciones. Para todos es claro que, por lo regular, en las sociedades modernas las personas no están en condiciones de obtener por sí mismas los elementos que son absolutamente indispensables para poder adelantar normalmente sus labores cotidianas, tales como agua, energía, etc. Precisamente para suplir a todos los asociados con esos bienes se han constituido las llamadas empresas de servicios públicos domiciliarios.

Dada la trascendencia que tiene para las personas el contar con los servicios públicos domiciliarios, la cobertura y la calidad de la prestación de los mismos se han convertido en indicadores para la calificación del nivel de vida que poseen los asociados. Ello explica que se le haya asignado al Estado la tarea de intervenir en todo lo relacionado con los servicios públicos. De allí que el artículo 365 de la Constitución señale que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” y que “es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio”. Igualmente, ello explica la decisión de someter a las empresas de servicios públicos al control del Estado, independientemente del carácter privado o público de las mismas (C.P., arts. 365, 367, 369, 370).

Pues bien, la importancia que tienen los servicios públicos en la vida de los asociados es la que amerita que, en condiciones especiales, el juez de tutela intervenga en las relaciones entre las empresas y los usuarios de las mismas. Dado que la obtención de los servicios públicos tiene fuertes implicaciones sobre la calidad de vida de las personas, y de contera sobre la vigencia de los derechos a la salud, la vida y la dignidad, el juez de tutela habrá de pronunciarse en aquellos casos en los que las empresas discriminen a algunos ciudadanos, excluyéndolos del suministro del servicio que ellas brindan, sin ninguna razón justificatoria. Es decir, el juez de tutela habrá de intervenir en los casos en los que se observe que las empresas se niegan arbitrariamente a prestar el servicio que se les ha confiado. Así mismo, el juez habrá de pronunciarse en aquellas situaciones en las que la calidad del servicio prestado por las empresas amenaza en forma grave los derechos fundamentales de los usuarios.

Claro está que en estos casos la tutela solamente puede ser procedente luego de que las empresas mismas se han manifestado acerca del problema planteado por la persona o el usuario que se considera afectado por las medidas u omisiones de aquellas, es decir, luego de que se han adelantado los trámites administrativos regulares, sin haber contado con una respuesta satisfactoria.

6. El proceso bajo examen se ajusta precisamente a los criterios planteados. La actora considera que la empresa se niega arbitrariamente a prestarle el servicio de agua, puesto que ella no tiene deudas para con la Triple A y ha manifestado de manera reiterada su disposición para asumir los pagos que le correspondan por el uso que haga del servicio. Así mismo, los coadyuvantes estiman que la decisión de la empresa de suspender el servicio de agua al edificio Granada, en el que habita la actora, constituye un acto de abuso de posición dominante. Al respecto manifiestan que la empresa omitió suspender el servicio en el momento señalado por la ley y que su decisión de interrumpirlo posteriormente constituye un atropello.

Por otra parte, la demandante ha cumplido con el requisito de tramitar su inconformidad ante la empresa. Ésta respondió negativamente su solicitud, razón por la cual la actora interpuso el recurso de apelación, el cual no había sido decidido en el momento de instauración de la tutela. Ante esta situación se podría pensar que la actora debería esperar la decisión del recurso y, en caso de que ésta le fuera desfavorable, acudir a la vía judicial. Sin embargo, dado que la provisión de agua es absolutamente indispensable para poder sobrevivir, esta Sala de Revisión comparte la opinión de que en estos casos se puede utilizar la acción de tutela como mecanismo transitorio.

¿Se puede calificar de arbitraria la decisión de la Triple A de suspender el servicio de agua al edificio en el que habita la actora?

7. Los coadyuvantes y el juez de primera instancia plantean que para la solución del caso presente es perfectamente aplicable la sentencia de tutela dictada, el 6 de octubre de 1998, por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Pedro Lafont Pianetta, dentro del expediente Nº 5439, iniciado por el señor José Argemiro Caro contra la Electrificadora del Atlántico S.A. y la empresa Triple A. El demandante dentro del mencionado proceso manifestaba que los arrendatarios de un local comercial de su propiedad omitieron el pago de sus facturas de energía y agua por más de dos años y que ello había conducido a la acumulación de una deuda superior a los 50 millones de pesos. Consideraba el actor que, dado que las empresas no le habían suspendido la prestación del servicio al inmueble después de que el arrendatario había omitido el pago de tres facturas —en contra del mandato expreso contenido en el artículo 140 de la Ley 142 de 1994—, no tenía él por qué asumir el pago de esa deuda, puesto que el crecimiento de la misma se había originado en la negligencia de la Triple A y de la Electrificadora del Atlántico. El actor manifestaba que, en vista de su avanzada edad y de su escasez de recursos, la decisión de las empresas les vulneraba sus derechos a la vida, a la salud y la familia. Por lo tanto, acudía a la acción de tutela, como mecanismo transitorio, con el objeto de solicitar que se ordenara la reconexión de los servicios de agua y energía para su local, y que se lo eximiera del pago de la deuda.

La Corte Suprema de Justicia concedió, de manera transitoria, la tutela solicitada, mientras se promovían las acciones pertinentes y se obtenía una decisión judicial. Por consiguiente, ordenó la reconexión de los servicios y dispuso que el actor solamente habría de pagar lo correspondiente a las tres primeras facturas que habían sido impagadas. Expuso la Sala Civil y Agraria de la Corte que cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios incumplían sus deberes y responsabilidades —consagrados en favor de los usuarios— incurrían en un abuso de posición dominante, actitud prohibida expresamente por la ley. Con base en la anterior afirmación, la Corte interpretó el artículo 140 de la Ley 142 de 1994 de la siguiente forma:

“De allí que cuando la empresa desatienda la responsabilidad que le impone el inciso segundo del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, vulnere entonces los parámetros del derecho a la prestación del servicio público domiciliario amparado por la Carta Política, sin perjuicio de que se acuda a las acciones ordinarias pertinentes. En efecto, cuando ese precepto señala que hay lugar a la suspensión en caso de "la falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin que exceda en todo caso de tres períodos de facturación" inequívocamente está consagrando una regla de equilibrio contractual entre la empresa y los usuarios (o suscriptores y responsables solidarios). De un lado, para que la empresa obtenga y satisfaga el derecho al cobro oportuno; y del otro, para garantizar a los usuarios el derecho a obtener igualmente la prestación del servicio correspondiente. Luego, se trata igualmente de una regla en beneficio de los propietarios —no usuarios del servicio— del inmueble, que a pesar de catalogársele como deudor solidario (L. 142/94, art. 130, inc. 2º), también tienen derecho a que el servicio del cual se benefician los usuarios sea suspendido a las tres facturaciones (art. 140, ib.), a fin de no resultar afectado por el suministro voluntario adicional de la empresa.

De allí que si esta norma imperativa obliga a la empresa a proceder a la suspensión del servicio, su omisión, además de indicar la asunción de los riesgos de no pago posterior, si bien no le impide suspender posterior y tardíamente el servicio prestado en forma condescendiente y tolerada sin el pago del mismo; no es menos cierto que en manera alguna puede alegar su demora o desidia para exigir en la reinstalación de los servicios no sólo el pago de las tres facturas iniciales sino también las demás posteriores. Porque estas últimas obedecen a una omisión de la suspensión imputable sólo a la empresa, cuya alegación, al ser injustificada, parece constituir en principio un abuso de su posición dominante en el contrato, prohibido expresamente por la ley (L. 142/94, arts. 133, 23), al no proceder a la reinstalación de los servicios, al parecer, por fuera del marco legal y, por lo tanto, de las prescripciones constitucionales. Por ello, en tal evento debe ampararse al propietario en su derecho, protegido por la Constitución y la ley, consistente en obtener la reinstalación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, cancelando únicamente la deuda causada durante las tres facturaciones iniciales, con los gastos de reinstalación o reconexión (L. 142/94, arts. 142 y 140) y los recargos durante ese período (art. 96, ib.), en vista de que las restantes facturas obedecen a una omisión de la empresa en su deber imperativo de suspensión”.

8. En el caso analizado por la Corte Suprema de Justicia, el monto millonario de la deuda del actor para con las empresas de servicios públicos y la exigencia de las últimas de que el demandante —el propietario— asumiera el total de la obligación para proceder a reconectarle el agua y la luz constituían en la práctica un impedimento, un obstáculo, para que el propietario pudiera beneficiarse con la prestación de los servicios.

La argumentación de la Corte Suprema de Justicia se dirige precisamente a establecer si ese obstáculo que le impide al actor acceder a los servicios es el resultado de una decisión arbitraria o tiene un fundamento legal. Por eso, la Sala Civil y Agraria se detiene a interpretar el inciso 2º del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, que preceptúa que procede la suspensión cuando se presenta “falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres períodos de facturación...”. Y es precisamente con base en la interpretación que realiza de esta norma que llega a la definición de que la interrupción de los servicios constituyó un acto de abuso de posición dominante —y, por lo tanto, una arbitrariedad—, puesto que las empresas no cumplieron con la obligación que les impone el texto citado de suspender el servicio cuando el usuario se atrasa en el pago de tres facturas. En estas condiciones, concluyó la Corte Suprema de Justicia, pierden las empresas el derecho a reclamar del propietario el pago total de la deuda, y su pretensión se debe reducir a exigirle el pago de las primeras tres facturas impagadas, además de los derechos propios de una reconexión.

Así, pues, en las circunstancias analizadas por la Corte Suprema de Justicia, constituía una arbitrariedad de las empresas de servicios públicos la decisión de suspender el suministro de agua y energía al inmueble hasta tanto el propietario no asumiera el pago total de la deuda que se había consolidado, durante dos años, a cargo de su edificación.

9. La pregunta que debe formularse ahora es si la situación analizada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de tutela comentada es análoga a la del proceso sub examine y, si, por lo tanto, se puede concluir que en este caso la Triple A también incurrió en una arbitrariedad al privar a la actora de la obtención del servicio público de agua. Esta es precisamente la posición que defienden los coadyuvantes y el juez de primera instancia, que consideran que, dado que la empresa no suspendió el servicio de agua luego de que la tercera factura fuera impagada, perdió el derecho de exigir el pago total de la deuda e incurrió en una decisión arbitraria al suspender el servicio hasta que el multiusuario asuma la obligación de cancelar su totalidad.

Esta corporación no comparte los argumentos de los coadyuvantes y del juez de primera instancia. Tal como lo consideró la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, las circunstancias de la tutela fallada por la Corte Suprema de Justicia difieren de las aquí analizadas.

En su sentencia, la Corte Suprema concluye que la ya mencionada norma del inciso 2º del artículo 140 de la Ley 142 de 1994 constituye una “regla de equilibrio contractual entre la empresa y los usuarios (o suscriptores y responsables solidarios)”, por cuanto beneficia tanto a la empresa como a los usuarios y los propietarios del inmueble. El provecho para estos últimos se cristalizaría en el hecho de que los propietarios no usuarios no pueden ser llamados a responder solidariamente por aquellas facturas de servicios públicos que sean posteriores a la tercera impagada, es decir, por aquellas cuentas que se originan luego del momento en el que la empresa de servicios públicos ha incumplido su obligación legal de suspender el servicio, momento que se define cuando se acumulan tres facturas sin pagar.

Aunque no corresponde a un enunciado constitucional, puede en el plano legal estimarse plausible la tesis según la cual las empresas de servicios públicos pierden su derecho a exigir del propietario el pago total de la deuda causada por la prestación de un servicio cuando han omitido suspenderlo luego de que el usuario ha incumplido en el pago de tres facturas. La ley impone a las empresas la obligación de suspender el suministro, a más tardar, en ese momento. Y si la empresa no lo hace, debe asumir los riesgos que ello le genera. Pero, obviamente, esta salvaguardia para los propietarios opera únicamente en los casos en los que el propietario ignora que su inmueble se encuentra en mora en el pago, o cuando, conociendo esta circunstancia, no ha logrado que la empresa proceda a suspender el servicio, a pesar de las solicitudes elevadas en este sentido.

La mencionada garantía tiene por fin proteger a los propietarios no usuarios que han sido asaltados en su buena fe por parte de los arrendatarios. En la práctica colombiana, el propietario pone a la disposición de los arrendatarios el inmueble con todos los aditamentos básicos que posee, entre los que se encuentran las conexiones a los servicios públicos domiciliarios. Además, corrientemente se acuerda que el arrendatario debe pagar las facturas originadas en el consumo de los servicios públicos domiciliarios con los que cuenta la residencia. Así, el propietario deposita su confianza en que el arrendatario cumplirá con esta obligación contractual y no cuenta con mecanismos que le permitan controlar fácilmente si el arrendatario honra su deber de pagar las facturas. Es por eso que la tantas veces mencionada norma del artículo 140 de la ley de servicios públicos puede ser entendida como una “regla de equilibrio contractual”, tal como lo asegura la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que tiende a proteger tanto a la empresa como a los propietarios y a establecer la base sobre la cual se prestará el servicio a los usuarios.

10. En el proceso que se estudia, los coadyuvantes son la propietaria del edificio Granada y su esposo, Julio Mendoza Bula, quien es a la vez arrendatario general del mismo y arrendador de los distintos inmuebles que lo conforman. De acuerdo con lo expresado por la Triple A, el edificio Granada cuenta únicamente con una acometida del acueducto, pactada con el multiusuario, quien es el señor Mendoza. Por eso, al edificio Granada llega una sola factura por los servicios públicos suministrados por la empresa a los distintos apartamentos y locales contenidos dentro del inmueble, tal como lo afirman los mismos coadyuvantes.

Dado que el edificio recibe una sola factura y que ésta va dirigida al multiusuario de los servicios —el señor Mendoza, quien es esposo de la propietaria—, se puede bien presumir que el señor Mendoza y su esposa han tenido conocimiento permanente acerca de la creciente deuda con la empresa de servicios públicos. Pero, además, los datos aportados por la empresa Triple A permiten deducir que tanto la propietaria como su esposo, el arrendatario general del inmueble, no han sido ignorantes de la omisión en el pago del servicio de agua.

La empresa informa que le ha suspendido el servicio de agua al edificio en ocho oportunidades. Las primeras ocasiones fueron en abril y junio de 1996. El servicio habría sido reinstalado luego de que el propietario del inmueble hubiera llegado a un acuerdo de pago, consistente en la entrega de seis cheques postfechados. Sin embargo, según afirma la empresa, todos los cheques fueron impagados por falta de fondos, razón por la cual procedió a interrumpir la prestación del servicio en septiembre y en diciembre de 1997. Luego se habría reinstalado el servicio con base en un nuevo compromiso, el cual fue otra vez desatendido por el multiusuario, razón por la cual fue interrumpido otra vez en septiembre de 1998. De allí en adelante, la Triple A no habría reconectado el servicio, pero ha tenido que proceder a suspenderlo en tres ocasiones, dado que ha sido reinstalado en forma fraudulenta en tres oportunidades.

Esta Sala no puede determinar con exactitud los sucesos ocurridos desde 1996 en relación con el servicio de agua que se presta al edificio Granada. Pero lo que sí aparece de bulto es que la propietaria del mismo y su esposo, el multiusuario del servicio de agua, han estado al corriente de todos los problemas que han tenido lugar en torno al suministro del líquido. Aún más, ellos han aceptado distintos pactos para solucionar el conflicto, pero los han incumplido y han llegado incluso a girar distintos cheques que después han sido devueltos por la causal de carencia de fondos.

Ante la evidencia aportada al proceso acerca de que la propietaria y su esposo han conocido desde un principio que el edificio se encontraba en mora en el pago del servicio de agua, es claro que no cabe aplicar a ellos la regla predicada por la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia aludida, acerca de que cuando la empresa no suspende el servicio de agua luego de que se acumulan tres facturas impagadas, no puede exigir al propietario del inmueble, so pena de suspender el servicio, el pago de todas las facturas no canceladas. Como se ha señalado, la regla expuesta persigue proteger al propietario desprevenido, que considera de buena fe que su inmueble se halla al día en sus deudas por concepto de servicios públicos domiciliarios. Por ello, no puede utilizarse en un caso como el presente, en el cual la propietaria y su esposo han incurrido directamente en la mora en el pago y, además, han incumplido las fórmulas de arreglo que han convenido.

11. Dos puntos tienen que ser aclarados todavía. El primero se refiere a la afirmación de los coadyuvantes acerca de que es falsa la aseveración de la empresa en el sentido de que había suspendido el servicio de agua en ocho ocasiones. Esta Sala parte de la base de que la Triple A ha rendido sus informes con base en la realidad de los hechos. No corresponde al juez constitucional entrar a indagar acerca de la veracidad de las informaciones que le son suministradas dentro de un proceso de tutela. Por lo tanto, si los coadyuvantes estiman que son falaces las afirmaciones de la empresa habrán de denunciarlo ante otras instancias judiciales.

De otra parte, la actora manifiesta que ella no tiene por qué asumir el pago de la deuda que tiene el edificio Granada para con la empresa Triple A, puesto que ella se ha mudado recientemente al edificio. Le asiste toda la razón a la demandante. La solidaridad que consagra el artículo 130 de la ley entre el propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio se refiere a los arrendatarios que han generado la deuda. Esto significa que ella no puede ser responsabilizada del pago de esa obligación. Pero de lo anterior no se deriva que ella pueda exigirle a la empresa que reconecte el servicio de agua para su apartamento, puesto que la empresa está autorizada para suspenderlo cuando el usuario del mismo incumpla con sus obligaciones, tal como ha sucedido en el presente caso.

Indudablemente la calidad de vida de la actora y de todos los demás inquilinos del edificio Granada se ha visto afectada por la carencia de agua. Sin embargo, como bien lo dice el Tribunal, el responsable de esta situación no es la empresa sino el arrendador del inmueble, el señor Mendoza, el cual manifestó en el contrato de arrendamiento que el apartamento contaba con los servicios de “agua, luz, gas, administración”. De acuerdo con ese contrato, el arrendador es la persona que debe garantizar el normal suministro del servicio de agua, obligación que no ha honrado, como bien se ha descrito en el curso de este escrito.

Por lo tanto, se puede concluir que la decisión de la Triple A de suspender el suministro de agua al edificio Granada no es arbitraria y que la inconformidad de la actora debe exponerse ante su arrendador y no ante la empresa de servicios públicos.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta sentencia, el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el día 27 de julio de 1999, por medio del cual se revocó la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla, el 15 de junio de 1999. Por lo tanto, se deniega la tutela impetrada por la señora Mirian Acosta Hormechea».

(Sentencia T-1016 de diciembre 13 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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