Sentencia T-1040 de diciembre 3 de de 2012

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Ref.: Expedientes T-3590358 y T-3590363, acumulados.

Magistrado sustanciador:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Acciones de tutela instauradas por Jorge Humberto Silva Velasco, contra la Fundación Grupo Empresarial y Consultores G&C y otro (T-3590358), y Roberto Antonio Tijera Quintana, contra Armando Pezzano Cía. Ltda., y otro (T-3590363).

Procedencia: Juzgados 19 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali (T-3590358) y 3º Civil del Circuito de Cartagena (T-3590363).

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil doce.

II. Consideraciones de la Corte Constitucional.

Primera. Competencia.

Esta corporación es competente para examinar las actuaciones referidas, en Sala de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

Segunda. El asunto objeto de análisis.

Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si las entidades demandadas, vulneraron los derechos fundamentales de los demandantes al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso, a la salud y la garantía de estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad o en períodos de incapacidad, al dar por terminados, unilateralmente y por presunta justa causa, los contratos previamente celebrados con los actores.

Para resolver lo anterior, se abordarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares; (ii) la improcedencia general de la acción de tutela para obtener el reintegro al trabajo, salvo que se trate de resguardar el derecho a la protección laboral reforzada; (iii) la protección laboral reforzada que se le otorga al trabajador con discapacidad, en acatamiento de normas nacionales e internacionales; (iv) la protección laboral reforzada del trabajador durante el período de incapacidad.

Tercera. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares. Reiteración de jurisprudencia.

El inciso final del artículo 86 de la Constitución, establece que la acción de tutela procede, de manera excepcional, contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, o cuando se afecte de manera grave y directa el interés colectivo, o en aquellos casos en los que el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión.

Por su parte, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 señaló que dicho medio procede contra un particular, en eventos en los que (i) presten servicios públicos (nums. 1º, 2º y 3º); (ii) cuando el afectado esté en indefensión o subordinación frente al sujeto accionado (nums. 4º y 9º); cuando se le atribuya la vulneración del derecho fundamental de habeas data (nums. 6º y 7º); cuando el particular contravenga lo dispuesto por el artículo 17 superior (num. 5º); o (v) cuando ejerza funciones públicas (num. 8º)(63).

Interesa en el presente caso el entendimiento y alcance que la jurisprudencia constitucional le ha dado al numeral 9º del artículo 42 superior, primero en cuanto a la subordinación, que se refiere a la condición de una persona que la hace sujetarse a otra o depender de ella. En esa medida, se puede aludir a una relación jurídica, como la que se origina en virtud de un contrato de trabajo, o de las relaciones entre estudiantes y directivas de un plantel educativo, o la de los hijos en virtud de la patria potestad(64).

Adicionalmente, esta corporación ha indicado que la subordinación se entiende subsistente incluso cuando el contrato laboral ha terminado, siempre que durante la vigencia de dicha relación, se hubiere producido la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales en el contexto de dicha relación(65).

En cuanto al estado de indefensión, la Corte ha señalado que se presenta cuando las circunstancias fácticas en las cuales se encuentra ubicada una persona, le impiden satisfacer una necesidad básica, debido a una decisión, omisión o actuación desarrollada por otro sujeto, en ejercicio de un derecho del que es titular, pero de manera arbitraria(66).

Lo anterior ilustra que la acción de tutela constituye el mecanismo excepcional, idóneo para enfrentar las agresiones de particulares contra personas que por sus condiciones o limitaciones se encuentran desposeídas de los recursos físicos o jurídicos eficaces para proteger y mantener sus derechos fundamentales, ante una situación vulneradora inadmisible e insostenible(67).

Cuarta. Improcedencia general de la acción de tutela para obtener el reintegro al trabajo, salvo que se trate de resguardar el derecho a la protección laboral reforzada. Reiteración de jurisprudencia.

La Corte ha señalado que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar un reintegro laboral, independientemente de la causa que generó la terminación de la vinculación respectiva, al existir las vías estatuidas ante la jurisdicción ordinaria laboral o la contencioso administrativa, según la vinculación del interesado, salvo que se trate de sujetos en condición de debilidad manifiesta, a quienes constitucionalmente se les protege con estabilidad laboral reforzada(68), a saber, los menores de edad, las mujeres en estado de embarazo o durante la licencia de maternidad y, como se precisará, el trabajador discapacitado o con limitaciones en su salud.

Ante lo imperioso de un mecanismo dinámico para proteger los derechos de aquellas personas privilegiadas constitucionalmente, la Corte ha puntualizado, frente al caso específico de empleados con discapacidades o limitaciones despedidos sin la autorización previa del Ministerio de la Protección Social —hoy del Trabajo—, que ameritan reintegro para restablecer su derecho a la estabilidad laboral reforzada(69) (no está resaltado en el texto original):

“Otro tanto sucede en materia de la regulación de un trámite expedito que permita a los trabajadores discapacitados, despedidos sin la autorización del Ministerio de la Protección Social, ejercer el derecho a la estabilidad reforzada y obtener de manera inmediata el restablecimiento de sus condiciones laborales, en cuanto tampoco las normas procesales prevén un procedimiento acorde con la premura que el asunto comporta, conminando al trabajador a adelantar procesos engorrosos que no restablecen su dignidad y nada hacen por ‘romper esquemas injustamente arraigados en nuestro medio, como aquel de que un limitado físico, sensorial o psíquico es ‘una carga’ para la sociedad’(70).

… En armonía con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional considera la acción de tutela procedente para ordenar el reintegro al trabajo de la mujer que va a ser madre o acaba de serlo, sin la necesaria confrontación de las razones esgrimidas por el empleador ante el inspector del trabajo(71) y en la misma línea se estima que al juez de amparo compete disponer el reintegro de los trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, despedidos sin autorización de la oficina del trabajo, así mediare una indemnización(72)”.

Ante tales eventos, la acción tutelar aventaja al mecanismo ordinario de defensa judicial, por su eficacia y oportunidad, para restablecer los derechos fundamentales del actor en cada caso concreto.

Quinta. Protección laboral reforzada que se le otorga al trabajador con discapacidad, en acatamiento de normas nacionales e internacionales. Reiteración de jurisprudencia.

Aunque esta Corte acepta que el concepto de discapacidad no ha tenido un desarrollo pacífico, ha concluido que “la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez”(73).

Bajo tal supuesto, el amparo cobija a quienes sufren una disminución que les dificulta o impide el desempeño normal de sus funciones, por padecer i) deficiencia, entendida como una pérdida o anormalidad, permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica de estructura o función; ii) discapacidad, esto es, cualquier restricción o impedimento para la realización de una actividad, ocasionado por un desmedro en la forma o dentro del ámbito normal del ser humano; iii) minusvalidez, que constituye una desventaja humana, que impide o limita el desempeño de una función normal de la persona, acorde con la edad, sexo y los factores sociales o culturales(74).

En consecuencia, “la merma en las condiciones de salud de un trabajador puede hacer del mismo susceptible de una protección laboral reforzada que corresponde a la idea de estabilidad en el trabajo y que resulta de una aplicación directa de la Constitución Política, que en artículos como el 13, 48 y 53 obliga al Estado a la custodia especial de aquellas personas que presenten una disminución en sus facultades físicas, mentales y sensoriales. Esto coincide con aquella interpretación del concepto de limitación que se ha venido pregonando”(75).

Las exigencias que en relación con la protección de los derechos de aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad, bien sea de carácter permanente o transitorio, emergen del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual acontece igualmente en el ordenamiento jurídico colombiano, que evidencia la especial preocupación por los individuos que se hallan en circunstancias de indefensión y se ordena adoptar un conjunto de medidas para protegerlos(76).

Así, en procura de mejorar la calidad de vida y el acceso igualitario a mejores oportunidades para la población con discapacidad, el ordenamiento jurídico internacional impulsó la expedición de estatutos tendientes a incentivar la adopción de esas políticas en los Estados.

De tal forma, entre otros, surgieron las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad(77), la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad(78); la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(79), con sus respectivos organismos de control y promoción(80).

Con igual propósito, los incisos 2º y 3º del artículo 13 de la Constitución colombiana, estatuyen:

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 47 superior consagra:

“El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.

Así mismo, el artículo 54 ídem impone expresamente al Estado y a los empleadores el deber de “propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”, y el artículo 68 ib., determina en su último inciso, que la “erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.

Con fundamento en las normas citadas, se erige la obligación del Estado colombiano de ofrecer, para el caso, una protección especial a las personas que se encuentran en situación manifiesta de debilidad física o psíquica, que se ha materializado en diversas leyes emitidas por el Congreso, entre las más significativas, la Ley 361 de 1997(81), pertinente en estos casos, la Ley 1145 de 2007(82) e incluso la Ley 1346 de 2009(83).

Así la citada Ley 361 de 1997, fue expedida con fundamento en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución, en consideración “a la dignidad que le es propia a las personas con limitación”, para proteger sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, en procura de su completa realización personal y total integración social (L. 361/97, art. 1º).

El artículo 26 de la referida Ley consagró que “en ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar”; además, se proscribió que las personas sean despedidas o su contrato laboral terminado a causa de una discapacidad, “salvo que medie autorización de la oficina de trabajo”(84).

Además, el inciso 2º ídem señala que aquellas personas con discapacidad, que fueren despedidas o su contrato terminado sin la previa autorización del hoy Ministerio del Trabajo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, “sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar según el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”, inciso que fue declarado exequible por esta corporación en la Sentencia C-531 de mayo 10 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, bajo el entendido de que en dichos eventos el despido o la terminación del contrato de trabajo por razón de una discapacidad del empleado “no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización”.

Entonces, se concluyó que la indemnización a la que alude el artículo 26 citado no otorga per se eficacia al despido o terminación del contrato, que se efectúe sin autorización previa del referido ministerio, sino que constituye una sanción para el empleador que contraviene esa norma, “adicional a todas las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar según la normatividad sustancial laboral” (no está resaltado en el texto original).

Ahora bien, si de los elementos probatorios que obran en el proceso, el juez de tutela deduce que la finalización del contrato laboral de un trabajador con discapacidad, se produjo sin la previa aquiescencia de la autoridad administrativa, podrá presumir que esa decisión obedeció a la limitación física o mental, infiriendo de esa manera que se configura una afectación grave del derecho a la dignidad humana(85). Por tal razón, al constatarse la presencia de tales condiciones, se deberá declarar la ineficacia del despido, ordenando el reintegro del trabajador al mismo empleo u otro de igual o superior nivel, que esté acorde con su situación.

La Corte ha considerado que la estabilidad laboral reforzada “conlleva la reubicación en un puesto en el que el discapacitado pueda potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no obstante la discapacidad que le sobrevino, de forma que se concilien los intereses del empleador de maximizar la productividad de sus funcionarios y los del trabajador en el sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas”(86).

Sexta. Protección laboral reforzada del trabajador durante el periodo de incapacidad.

El artículo 49 superior establece que “se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. Así, con el fin de desarrollar este postulado, se consagró en la normatividad que rige el sistema general de seguridad social, el reconocimiento y pago de incapacidades, bien sean por enfermedad común, o por enfermedad profesional.

El pago de incapacidades a una persona, que durante un período sufre algún menoscabo en su salud, se relaciona íntimamente con los derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital, ya que “las sumas líquidas de dinero reconocidas como subsidio por incapacidad, vienen a sustituir al salario durante el lapso en el cual el trabajador se encuentra al margen de sus labores”(87); además de constituir una garantía para una efectiva recuperación, de manera tranquila, pues se le releva de procurar los ingresos necesarios para su congrua subsistencia y la de su familia durante ese lapso, ya que en la mayoría de los casos, dicho pago constituye su único ingreso.

Conforme al sistema general de seguridad social, regulado por la Ley 100 de 1993, y las disposiciones que la modifican y complementan, las incapacidades pueden ser de dos orígenes, común o profesional. La calificación del origen de la enfermedad de un trabajador o afiliado, indicará entre otros puntos, el ente encargado de responder por el pago de las sumas que se cause; así, ante las contingencias de origen común, deben responder las entidades promotoras de salud EPS, por el contrario, las enfermedades de origen profesional, deben ser atendidas por las ARP.

Según el Decreto 2346 de 2001(88), como regla general, “se puede establecer que en Colombia el sistema integral de seguridad social amparará al trabajador que se incapacita, con ocasión de un accidente laboral o enfermedad profesional, durante todo el tiempo necesario para su recuperación o hasta la calificación y pago de la indemnización por incapacidad parcial permanente o invalidez; cuando la patología surge como consecuencia de una enfermedad general o por accidente de origen común, el sistema reconoce el auxilio por incapacidad hasta por un término máximo de 540 días, de los cuales los primeros 3 días los asume directamente el empleador, desde el día cuarto y hasta los 180 días los paga la EPS, y los 360 restantes los asume la ARP o las AFP con autorización de la aseguradora que ampara los riesgos de invalidez”.

La legislación laboral colombiana ha protegido la estabilidad laboral de la persona que se encuentra en ese período de incapacidad por merma en su estado de salud, hasta tanto se defina su situación jurídica para que no quede por fuera del sistema integral de seguridad social, proscribiendo el despido de un trabajador con incapacidad laboral menor a 180 días y consagrando la reubicación laboral cuando es posible.

Entonces, el concepto general de reubicación, entendido como el derecho de retornar al trabajo en la misma empresa, con similares condiciones y con la continuidad del derecho a la seguridad social, está directamente relacionado con la limitación que tiene el empleador de dar por terminada la relación laboral amparándose en un período de incapacidad del trabajador(89).

Séptima. Análisis de los casos concretos.

A partir de los elementos constitucionales, legales, jurisprudenciales y fácticos planteados en precedencia, la Corte debe analizar si la actuación de los entes demandados en los asuntos de la referencia, a los accionantes les fueron desconocidos sus derechos al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso, a la salud y a la garantía de estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad o deterioro en su salud.

7.1. Procedencia de las acciones.

7.1.1. Se realizará el estudio de la procedencia de las acciones de tutela, pues son incoadas, principalmente, contra empresas privadas o particulares.

Esta Sala debe precisar que en virtud del numeral 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, explicado ut supra, la tutela resulta procedente contra particulares cuando entre las partes exista una relación de subordinación o indefensión, indicándose que la protección se mantiene aún cuando la relación laboral haya terminado, habiéndose producido la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales en el contexto de la misma(90).

Así mismo, se dejó claro que la condición de indefensión, atiende a la situación de una persona que no logra satisfacer una necesidad básica por una decisión, omisión o actuación de otro sujeto, aún en ejercicio legítimo de un derecho, pero de manera arbitraria(91).

De esta manera, respecto de los casos concretos cabe anotar que en todos ellos existió una relación de subordinación y los actores se encontraban en estado de indefensión frente a las decisiones tomadas por sus empleadores, así:

a) Entre la Fundación Grupo Empresarial y Consultores G&C y Jorge Humberto Silva Velasco, existió relación laboral mediante contrato escrito a término indefinido desde abril 5 de 2011 y la decisión de terminación unilateral del mismo afectó gravemente su necesidad básica de proveerse un salario, afectando su mínimo vital (exp. T-3590358).

b) Entre la empresa Armando Pezzano Cía. Ltda., y Roberto Antonio Tijera Quintana, existió relación laboral mediante contrato escrito a término fijo inferior a un año desde mayo 29 de 2001, cuya terminación afectó su posibilidad de continuar el tratamiento médico necesario para su rehabilitación por lesión fibrilar parcial de las distales del peroneo lateral largo izquierdo (exp. T-3590363).

7.1.2. Igualmente, esta Sala debe determinar la procedencia de las acciones de tutela, en cuanto son instauradas para lograr el reintegro de personas en condiciones de discapacidad o en períodos de incapacidad laboral.

En esa medida, cabe resaltar lo indicado anteriormente, respecto de la improcedencia general de la acción de tutela para perseguir derechos de índole estrictamente laboral, como podría ser el reintegro.

Sin embargo, se indicó que existen excepciones constitucionales a esa regla general, sustentadas en que la eficacia de los recursos ordinarios, especialmente respecto de personas con discapacidad o limitaciones en su salud (sujetos de especial protección estatal), muchas veces se ve menguada en perjuicio de dichos sujetos, carga desproporcionada que, a la luz del ordenamiento superior (art. 13, inc. 3º), no puede ser impuesta a ellos.

Así, debe evaluarse la procedencia de la tutela, aún cuando existan otros medios judiciales de defensa, desde una óptica constitucional, cuando se trata de sujetos de especial protección y frente a las situaciones de debilidad manifiesta o perjuicio irremediable, como las que concurren en los presentes asuntos, cuando el despido laboral se produjo, ya sea en condición de discapacidad valorada, o en estado de incapacidad laboral.

En estos casos, la terminación de las relaciones laborales afectó gravemente, entre otros, el derecho fundamental a la salud de los accionantes, ya que al suspenderse las cotizaciones al sistema general de seguridad social, se suspendieron los tratamientos médicos necesarios para sus rehabilitaciones.

Igualmente, se pudo establecer que al terminarse los contratos laborales en las condiciones señaladas, los demandantes sufrieron un menoscabo en su derecho al mínimo vital, quedando en una situación de vulnerabilidad que se agravaría si se los obliga a transcurrir un proceso ordinario.

7.2. Expediente T-3590358.

El señor Jorge Humberto Silva Velasco instauró esta acción contra la empresa Fundación Grupo Empresarial y Consultores G&C, por considerar que el despido conculcó sus derechos fundamentales, pues se encontraba en un período de incapacidad laboral, no superior a 180 días.

La demandada alegó que “la desvinculación del señor Jorge Humberto Silva Velasco obedeció a la terminación del contrato de prestación de servicios…, cuyo vencimiento se produjo el 15 de noviembre de 2011 y aún después de habérsele notificado la terminación del convenio, se le cancelaron salarios y prestaciones sociales hasta el 30 de noviembre del mismo año, considerando su situación personal y laboral”(92).

Sin embargo, dicho argumento no resulta válido, pues el contrato entre la referida entidad y el actor, es de naturaleza indefinida y para su terminación unilateral se requeriría justa causa.

Además, según lo explicado en precedencia, es claro que la empresa también incumplió la prohibición implícita que se encuentra en los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo y 16 del Decreto 2351 de 1965, de no despedir a un empleado en período de incapacidad laboral, menos aún sino ha sobrepasado los 180 días, en el entendido que el actor solo tuvo 106 días de incapacidad laboral.

Por tal razón, será revocado el fallo de segunda instancia, dictado en junio 25 de 2012 por el Juzgado 19 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, que confirmó el proferido en mayo 8 del mismo año por el Juzgado 3º Promiscuo Municipal de Jamundí, Valle del Cauca. En su lugar, serán tutelados los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada de Jorge Humberto Silva Velasco.

En consecuencia, se ordenará a la Fundación Grupo Empresarial y Consultores G&C, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que, si no lo ha efectuado aún, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a reintegrar al señor Jorge Humberto Silva Velasco, en una labor que pueda desempeñar teniendo en cuenta su estado de recuperación, sin solución de continuidad y en iguales o superiores condiciones a las existentes al momento de la desvinculación, con el pago retroactivo de los salarios, aportes y las prestaciones sociales dejadas de percibir, lo anterior con fundamento en la prohibición de discriminación del mencionado actor por encontrarse en estado de debilidad manifiesta frente a la empresa demandada y aunado a la exigencia del principio de solidaridad.

7.3. Expediente T-3590363.

Roberto Antonio Tijera Quintana promovió acción de tutela contra la empresa Armando Pezzano Cía. Ltda., al estimar violatoria de sus derechos la decisión de dicha empresa de dar por terminado el contrato de trabajo, vigente desde 2001, mientras se encontraba en período de incapacidad laboral.

Al actor le fue diagnosticada “lesión fibrilar parcial de las fibras distales del peroneo lateral largo izquierdo”(93), por la cual ha estado incapacitado por un período no superior a 180 días, así, desde febrero 11 de 2012 hasta marzo 27 del mismo año, para un total de 43 días.

Por su parte, Armando Pezzano Cía. Ltda., alegó que “para la fecha de terminación del contrato celebrado con el señor Roberto Antonio Tijera Quintana, éste se encontraba cubierto por la seguridad social hasta el día 31 de marzo de 2012 además gozaba de la protección de su ARP, a quien la empresa le subrogó las obligaciones asistenciales, de incapacidades y prestaciones económicas a favor del trabajador para que éste recibiera los beneficios que por ley su ARP debe asumir como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido”(94), argumento que no tiene cabida en este caso, porque si bien el demandante recibió por parte de la ARP las asistencias económicas en virtud de su estado de salud, resulta para esta Sala desproporcionado el proceder de la empresa demandada al dar por terminado el contrato laboral, ya que dicho convenio había sido renovado por varios años desde el 2001.

De tal manera, el actor fue desvinculado después de haber sufrido un accidente laboral, que le causó 43 días de incapacidad, resultando claro que la empresa incumplió la prohibición implícita en los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo y 16 del Decreto 2351 de 1965, de no despedir a un empleado en período de incapacidad laboral, menos aún si es inferior a 180 días.

Por tal razón, será revocado el fallo de segunda instancia dictado en junio 26 de 2012, por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Cartagena, que revocó el proferido en mayo 14 del mismo año, por el Juzgado 10 Civil Municipal de esa ciudad, en la tutela solicitada por Roberto Antonio Tijera Quintana.

En su lugar, serán tutelados los derechos invocados por el mencionado señor y, en consecuencia, se ordenará a la empresa Armando Pezzano Cía. Ltda., por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que, si no lo ha efectuado, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, reintegre al señor Roberto Antonio Tijera Quintana, en una labor que pueda desempeñar teniendo en cuenta su estado de recuperación, sin solución de continuidad y en iguales o superiores condiciones a las existentes al momento de la desvinculación, con el pago retroactivo de los salarios, aportes y las prestaciones sociales dejadas de percibir, lo anterior con fundamento en la prohibición de discriminación del demandante por encontrarse en estado de debilidad manifiesta frente a la empresa demandada y aunado a la exigencia del principio de solidaridad.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida en junio 25 de 2012, por el Juzgado 19 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, mediante la cual confirmó la dictada por el Juzgado 3º Promiscuo Municipal de Jamundí, Valle del Cauca, en mayo 8 del mismo año, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jorge Humberto Silva Velasco, contra la empresa Fundación Grupo Empresarial y Consultores G&C (exp. T-3590358).

En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada de Jorge Humberto Silva Velasco, y ORDENAR a la Fundación Grupo Empresarial y Consultores G&C, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a reintegrar al actor, en una labor que pueda desempeñar teniendo en cuenta su estado de recuperación, sin solución de continuidad y en iguales o superiores condiciones a las existentes al momento de la desvinculación, con el pago retroactivo de los salarios, aportes y las prestaciones sociales dejadas de percibir.

2. REVOCAR el fallo dictado en junio 26 de 2012, por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Cartagena, mediante el cual confirmó el proferido por el Juzgado 10 Civil Municipal de esa misma ciudad, en mayo 14 del mismo año, que negó el amparo dentro de la acción de tutela promovida por el señor Roberto Antonio Tijera Quintana, contra la empresa Armando Pezzano Cía. Ltda. (exp. T-3590363).

En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada del señor Roberto Antonio Tijera Quintana, y ORDENAR a Armando Pezzano Cía. Ltda., por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a reintegrar al actor, en una labor que pueda desempeñar teniendo en cuenta su estado de recuperación, sin solución de continuidad y en iguales o superiores condiciones a las existentes al momento de la desvinculación, con el pago retroactivo de los salarios, aportes y las prestaciones sociales dejadas de percibir.

3. Por secretaría general, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.»

(63) Cfr. T-118 de febrero 16 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(64) Cfr. T-735 de septiembre 13 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

(65) Cfr. T-231 de marzo 26 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.

(66) Cfr. T- 375 de agosto 20 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(67) Cfr. T- 382 de mayo 21 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(68) Cfr. T-011 de enero 17 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-198 de marzo 16 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-661 de agosto 10 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras.

(69) T-661 de agosto 10 de 2006, precitada.

(70) “… C-073 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Examen constitucional del artículo 33, parcial, de la Ley 361 de 1997 ‘por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones’”.

(71) “Sobre la necesidad de contar con la autorización del Inspector del Trabajo, para proceder al despido de la mujer durante el embarazo y después del parto, se puede consultar la Sentencia C-710 de 1996 y, en materia de procedencia de la acción de tutela para disponer su reintegro al trabajo, entre muchas otras, las sentencias T-014, 053 y 217 de 2006, MM.PP. Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araújo Rentería y Álvaro Tafur Galvis respectivamente”.

(72) “… T-530 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-002 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño”.

(73) T-198 de marzo 16 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(74) Cfr. T-198-06 precitada.

(75) T-449 de junio 15 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(76) T-190 de marzo 17 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(77) Normativa adoptada por medio de Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre 20 de 1993.

(78) Convención adoptada en junio 7 de 1999, en Guatemala.

(79) Adoptada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en diciembre 13 de 2006, asumida en Colombia mediante Ley 1346 de julio 31 de 2009.

(80) Ejemplo. Observación número 5, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Documento E/1995/22, párrafo 34.

(81) Publicada en el Diario Oficial Nº 42.978, de febrero 11 de 1997.

(82) La mencionada Ley fue promulgada con el objeto de promover “la implementación de la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos”.

(83) Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

(84) El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 fue modificado por el artículo 137 del Decreto-Ley 19 de 2012, declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-744 de septiembre 26 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, conservándose así el texto original.

(85) Cfr. T-490 de junio 16 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(86) Cfr. T- 504 de mayo 16 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(87) T-468 de junio 16 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(88) El artículo 23 del Decreto 2463 de 2001 preceptúa: “Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la junta de calificación de invalidez. La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral sólo podrá tramitarse cuando las entidades del sistema de seguridad social integral, el Fondo de Solidaridad y Garantía, los regímenes de excepción o el empleador, según sea el caso, hayan adelantado el tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad para su realización. // Cuando se requiera la calificación de pérdida de la capacidad laboral para acceder a los beneficios otorgados por las cajas de compensación familiar, entidades promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado o para acceder al subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional y a los beneficios a que se refiere la Ley 361 de 1997, no será necesaria la terminación previa de los procesos de tratamiento y rehabilitación para la formulación de la solicitud ante las juntas de calificación de invalidez.// Las administradoras de fondos de pensiones y administradoras de riesgos profesionales deberán remitir los casos a las juntas de calificación de invalidez antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150) de incapacidad temporal, previo concepto del servicio de rehabilitación integral emitido por la entidad promotora de salud. // Expirado el tiempo de incapacidad temporal establecido por el Decreto-Ley 1295 de 1994, las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán postergar el trámite ante las juntas de calificación de invalidez y hasta por trescientos sesenta (360) días calendario adicionales, siempre que otorguen una prestación económica equivalente a la incapacidad que venía disfrutando y exista concepto médico favorable de rehabilitación. // Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la administradora de fondos de pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las juntas de calificación de invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal otorgada por la entidad promotora de salud, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador. // Cuando el trabajador no se encuentre afiliado a una entidad promotora de salud o se encuentre desvinculado laboralmente, el concepto de rehabilitación lo otorgará la administradora de fondos de pensiones o administradora de riesgos profesionales que tenga a cargo el trámite de calificación correspondiente. En dichos casos, cuando se trate de una contingencia de origen profesional, el tratamiento y la rehabilitación integral estarán a cargo de la administradora de riesgos profesionales, con personal especializado propio o contratado para tales fines. // Cuando la junta de calificación de invalidez encuentre incompleto el proceso de tratamiento y rehabilitación, existiendo una administradora de riesgos profesionales o empresa promotora de salud obligada a continuar dicho tratamiento, se abstendrá de calificar y devolverá el caso a la entidad respectiva. // De conformidad con lo señalado en la ley, la administradora del sistema de seguridad social integral o la entidad de previsión social correspondiente que incumpla con el pago de los subsidios por incapacidad temporal, será sancionada por la autoridad competente” (No está resaltado en el texto original).

(89) Esta limitación, también se encuentra regulada en el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, “sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”, que fue ratificado por la Ley 82 de 1988, y reglamentado por el Decreto 2177 de 1989.

(90) Cfr. T-231 de marzo 26 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.

(91) Cfr. T-375 de agosto 20 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(92) Folio 86, cdno. inicial respectivo.

(93) Folios 12 a 14, cdno. inicial respectivo.

(94) Folio 94, ib.