Sentencia T-1045 de noviembre 28 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

Sentencia T-1045 de 2002 

Exp. T-631410

M.P. Jaime Araújo Rentería

Bogotá, D.C., noviembre 28 de 2002

Acción de tutela instaurada por Benito Guaca Figueroa y otros contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “Inpec”.

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Araújo Rentería, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente,

Sentencia

Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

I. Antecedentes

1. Hechos.

El defensor del pueblo regional Tolima instauró demanda de tutela a favor de los señores Benito Guaca Figueroa, Jair Salazar y Carlos Ariel Ángel Muñoz, quienes se encuentran procesados por los Juzgados Primero Penal y Circuito de Pitalito (Huila), Juzgado Especializado de Neiva (Huila) y Juzgado Penal del Circuito de Fresno (Tolima).

Manifiesta que estas personas están siendo investigadas por el delito de homicidio y en su calidad de inimputables se encuentran recluidos en el Hospital Especializado La Granja Integral de Lérida, Tolima, en virtud del convenio 042 de julio 3 de 2001, celebrado entre el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Lérida y la Secretaría de Salud del departamento del Tolima.

Que las audiencias de juzgamiento, programadas para los días 7 de febrero y 13 de marzo del presente año, no se han podido realizar porque el Inpec aduce no contar con personal idóneo para transportarlos hasta las sedes de los despachos judiciales; como consecuencia de esto se han fijado los días 9 y 22 de mayo de 2002 para la realización de las diligencias de los señores Jair Sánchez Salazar y José Benito Guaca respectivamente.

La defensoría regional solicitó que el Inpec en coordinación con la secretaría de salud departamental dispusiera los medios para el traslado de los inimputables a los respectivos despachos judiciales, recibiendo como respuesta una evasiva interpretación de la comunicación defensorial en la cual se excusaban las dos entidades de atender el requerimiento: el Inpec adujo que entre sus funciones no se encontraba el traslado de los inimputables a los respectivos juzgados; y el hospital argumenta que carece de los medios de transporte y del personal calificado que garantice la seguridad de los procesados y ha solicitado el apoyo de esta defensoría para que se logre el traslado mencionado.

La Defensoría del Pueblo agrega que se presenta así una situación que afecta, entre otros, el derecho a la defensa de Benito Guaca Figueroa, Jair Sánchez Salazar y Carlos Ariel Ángel Muñoz, personas que al momento de realizar la conducta punible carecían de la capacidad de conocer y comprender la ilicitud de la misma y cuyas respectivas audiencias de juzgamiento no se han podido realizar porque el Inpec (a quien corresponde el traslado de retenidos, detenidos y condenados), afirma que carece del personal entrenado para efectuar la conducción de este tipo de personas a la audiencia de juzgamiento, y evadiendo así su deber de realizar todas las gestiones necesarias para garantizar dicho traslado.

2. Pretensiones.

El defensor del pueblo regional Tolima solicita sea protegido el derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, de los señores Benito Guaca Figueroa, Jair Sánchez Salazar y Carlos Ariel Ángel Muñoz.

3. Pruebas relevantes que obran en el expediente.

• Folio 14, fotocopia de oficio N:DP 5021-95302 de 28 de marzo de 2002, enviado al coronel Silvio Ballesteros director Inpec regional Caldas por ... (sic).

• Folio 15, fotocopia de la contestación del oficio enviado por el defensor del pueblo regional Tolima al director del Inpec Regional Caldas N:600-DRVC-0878 del 13 de marzo de 2002.

• Folios 16 y 17, fotocopia de oficio DP 5021-562-2002, de fecha 12 de febrero de 2002, enviado por el defensor del pueblo regional Tolima, a la doctora Patricia Ramos Rodríguez defensora delegada para la política criminal Defensoría del Pueblo Bogotá D.C. informándole de la visita realizada al hospital especializado Granja de Lérida Tolima.

• Folio 18, copia de oficio fechado 8 de abril de 2002, enviado por el coordinador de programa de inimputables del hospital especializado Granja Integral ESE, al presidente de comité de inimputable del Ministerio de Salud, manifestándole la preocupación por el incumplimiento en el transporte a las audiencias públicas programadas a las personas del programa de inimputables.

• Folio 19, copia de oficio enviado al director regional del Inpec, por la doctora María Cristina Rodríguez Aguirre donde le comunicaba a éste de la audiencia programada en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Neiva, al señor Jair Sánchez Salazar, fecha y hora de ésta.

• Folio 20, copia de oficio enviado al director regional del Inpec, por la doctora María Cristina Rodríguez Aguirre donde le comunicaba a éste de la audiencia programada en el Juzgado Penal del Circuito de Pitalito Huila, al señor José Benito Guaca, fecha y hora de ésta.

• Folios 21 al 23, fotocopia de oficio enviado a la doctora Patricia Ramos Rodríguez, de la directora general de Salud Pública, donde le manifiesta unas consideraciones respecto de los traslados de los inimputables.

• Folios 24 y 25, fotocopia del acta de visita al hospital psiquiátrico Granja Integral, por el defensor regional del Tolima.

• Folios 76 y 77, escrito enviado vía fax por el defensor del pueblo regional Tolima magistrado sustanciador donde informa sobre la situación de los inimputables de que trata la acción.

II. Decisiones objeto de revisión

1. Sentencia de primera instancia.

Conoció en primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que mediante providencia de 20 de mayo de 2002 decidió tutelar el debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y a la defensa, ordenando en consecuencia al Inpec realizar los traslados necesarios en las fechas indicadas para llevar a cabo las audiencias de los sindicados, tal y como los requieran los juzgados de conocimiento.

Manifiesta el a quo que “el Inpec, como autoridad responsable de las funciones carcelarias y penitenciarias, debe garantizar el traslado de los inimputables a los sitios determinados para su internación, así como su traslado en los casos en que se tengan “medidas precautelativas y sean llamados a diferentes audiencias o diligencias procesales, con el fin de garantizarles el debido proceso y el derecho a la defensa”, de esta manera se da cumplimiento al doble deber legal que le acude (sic) al Estado respecto de los inimputables, deber legal que surge del artículo 14 de la Ley 65 de 1993, conocida como Código Penitenciario y Carcelario, que reglamenta el “contenido de las funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario” en cuanto también le corresponde “la aplicación de las medidas de seguridad”, facultad con los inimputables que, en armonía con el 72 ibídem, se extiende a que el director general del Inpec debe señalar el establecimiento de rehabilitación donde el inimputable debe cumplir la medida de seguridad, funciones éstas que implican necesariamente que sea el Inpec quien debe cumplir la orden de remitir o trasladar a los inimputables del sitio donde se encuentren recluidos, al lugar donde deban realizarse las diligencias necesarias para el juzgamiento de tales inimputables”.

2. Sentencia de segundo grado.

En sentencia del 16 de julio de 2002 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar declaró improcedente la acción de tutela.

Manifiesta la Corte Suprema de Justicia que las disposiciones de la Ley 65 de 1993 o Código Penitenciario y Carcelario en las que se sustenta la sentencia recurrida no están vigentes. No obstante que las anteriores disposiciones establecían como función del Inpec la aplicación de las medidas de seguridad, y en cabeza de su director el señalamiento del establecimiento de rehabilitación donde el condenado debía cumplir la medida de seguridad, el artículo 24 de dicho estatuto dejó claro que se trataba de una atribución transitoria, pues el mencionado artículo en el inciso 3º dispuso que “el Gobierno Nacional en el término no mayor de 5 años incorporará al Sistema Nacional de Salud, el tratamiento psiquiátrico de los inimputables, para lo cual deberá construir las instalaciones y proveer los medios humanos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento. Durante el mismo plazo desaparecerán los anexos pabellones psiquiátricos de los establecimientos carcelarios y su función será asumida por los establecimientos especializados del Sistema Nacional de Salud”.

Agrega que esta decisión legislativa dejó claro el propósito de sustraer a los inimputables del régimen penitenciario y carcelario y de incorporarlos en su condición de enfermos, al Sistema Nacional de Salud. Esta orientación fue ratificada por el Código de Procedimiento Penal en sus artículos 381, 474 y 475.

Después de citar el contenido de los artículos señalados anteriormente, concluye la Corte Suprema de Justicia que el Inpec no tiene ningún tipo de injerencia ni en el tratamiento ni en el manejo de los inimputables bajo régimen de internación preventiva o sometidos a la ejecución de una medida de protección y seguridad, lo cual incluye los traslados que se requieran, bien por razones del tratamiento médico o del proceso penal.

Que si la condición de enfermos de los inimputables llevó al legislador a incorporarlos al sistema de salud para tratarlos en instituciones especializadas, es obvio que el cuidado profesional a que deban someterse tiene que ser extendido a los traslados eventuales que al exterior del hospital deban realizarse.

Ahora bien, si para el director de la institución donde se encuentra el enfermo resulta claro que su seguridad o la de quienes deban trasladarlo está amenazada, ha de solicitarse el apoyo respectivo de la Policía Nacional y llegado el caso del ejército.

III. Consideraciones y fundamentos de la Corte

1. Competencia.

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas en el expediente de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, al igual que en cumplimiento del auto de selección 8 del 22 de agosto de 2002.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar sin con la negativa por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec de trasladar a los inimputables a los juzgados respectivos en los cuales se les requiere para surtirse actuaciones propias del proceso penal, se les está violando sus derechos fundamentales invocados. De igual manera se debe establecer si es al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec a quien le asiste la obligación de realizar los traslados requeridos.

3. La posición que el Estado debe asumir frente a los inimputables y a los disminuidos psíquicos.

Dispone nuestro estatuto fundamental que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana (art. 1º). Así mismo, en el artículo 2º se tiene como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

De igual forma, “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (C.P. art. 2-2).

De las disposiciones constitucionales referidas se infiere sin asomo de duda la especial protección que el constituyente primario de 1991 le dio a la persona humana y no debe ser para menos pues el Estado como organización político-social depositario del interés general se funda en el ser humano y es en él en el que se agota su razón de ser y de existir.

Es entonces el antropocentrismo una de las características esenciales de nuestra Carta Política de 1991, por ello, el Estado al desplegar toda su actividad debe ser sumamente cuidadoso con la finalidad de garantizar los derechos inherentes a la persona humana.

Así, la Fiscalía General de la Nación con sus funciones de investigación y acusación y los jueces de la República, con la de juzgamiento (salvo algunas excepciones), deben cumplir en nombre del Estado la delicada tarea de aplicar las penas y las medidas de seguridad para imputables e inimputables respectivamente.

La calidad de inimputables la otorga la normatividad penal a aquellas personas que “en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuvieren la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, transtorno mental, diversidad sociocultural o estados similares” (C.P. art. 33, L. 599/2000).

De la norma penal citada se infiere que el legislador clasificó la inimputabilidad de acuerdo a la conducta punible desplegada por sujetos con inmadurez psicológica, trastorno mental y diversidad sociocultural o estados similares. De donde se tiene que de acuerdo a la clase de inimputabilidad de que se trate, así mismo será el tratamiento que debe dárseles.

La calidad de inimputables no sustrae a las respectivas personas del deber que tiene el Estado de investigar sus conductas punibles y de imponer las medidas correspondientes (1) , pues para ellos, de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, se presenta una dualidad en su tratamiento (2) : de un lado son sujetos pasivos de la facultad investigativa y sancionadora estatal por la conducta punible realizada, y de otro, dada la condición en la que se encontraban al momento de incurrir en la misma, deben ser objeto de especial protección estatal.

(1) Al igual que la pena, la medida de seguridad es, cuando menos, limitativa de la libertad personal, así se establezca que la medida de seguridad tiene un fin “curativo” no está sometida a la libre voluntad de quien se le impone. Ella es una medida coercitiva de la que no puede evadirse el inimputable por lo menos en relación con la internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada de carácter oficial. Las medidas de seguridad no tienen como fin la retribución por el hecho antijurídico, sino la prevención de futuras y eventuales violaciones de las reglas. La prevención que aquí se busca es la especial. De acuerdo con este objetivo se conforma su contenido. Otra cosa es que, por su carácter fuertemente aflictivo, también tenga efectos intimidatorios (C. Const., Sent. C-176/93. M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(2) Frente a los imputables el Estado tiene un doble deber al igual que los imputables, el Estado tiene el deber de privar de la libertad al inimputable que ha cometido un hecho punible. Pero a diferentes de aquellos, el Estado tiene frente a los inimputables un deber distinto, adicional y específico, según los artículos 13 y 47 de la Constitución debe adelantar una política de rehabilitación de las personas diferentes desde el punto de vista síquico. Por eso, mientras el inimputable que ha cometido un hecho punible se encuentre siendo objeto de una medida de seguridad, el Estado debe proveer obligatoria e ininterrumpidamente todo el tratamiento científico especializado para curar, tutelar y rehabilitar a la persona, como el fin de que ella tenga dignidad. Se establece pues un especial vínculo jurídico entre el inimputable que ha cometido un hecho punible y el Estado (C. Const., Sent. C-176/93. M.P. Alejandro Martínez Caballero).

En este sentido la Constitución establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan” (art. 13-3).

De la misma manera, “el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a quienes se prestará la atención especializada que requieran” (C.P. art. 47).

En lo que respecta a la medida de seguridad a aplicar a los inimputables por trastorno mental, el Código Penal (L. 599/2000) establece lo siguiente:

“ART. 70.—Internación para inimputable por trastorno mental permanente. Al inimputable por trastorno mental permanente, se le impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde se le prestará la atención especializada que requiera.

Esta medida tendrá un máximo de duración de veinte (20) años y el mínimo aplicable dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. Cuando se establezca que la persona se encuentra mentalmente rehabilitada cesará la medida.

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se desenvolverá su vida.

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser tratada ambulatoriamente.

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del respectivo delito.

ART. 71.—Internación para inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica. Al inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica, se le impondrá la medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde se le prestará la atención especializada que requiera.

Esta medida tendrá una duración máxima de diez (10) años y un mínimo que dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. La medida cesará cuando se establezca la rehabilitación mental del sentenciado.

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se desenvolverá su vida.

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser tratada ambulatoriamente.

En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del respectivo delito.

ART. 75.—Trastorno mental transitorio sin base patológica. Si la inimputabilidad proviene exclusivamente de trastorno mental transitorio sin base patológica no habrá lugar a la imposición de medidas de seguridad.

Igual medida procederá en el evento del trastorno mental transitorio con base patológica cuando esta desaparezca antes de proferirse la sentencia.

En los casos anteriores, antes de pronunciarse la sentencia, el funcionario judicial podrá terminar el procedimiento si las víctimas del delito son indemnizadas”.

Entonces, es por la especial situación en que se encuentra el inimputable por trastorno mental que se le impone al Estado el deber de proveer de una forma continua e ininterrumpida al tratamiento médico científico adecuado con miras a su tutela, curación y desde luego a su rehabilitación para su reincorporación al medio social.

Es tan especial el tratamiento que debe darse a los inimputables por trastorno mental que “si una vez cumplido el tiempo previsto para el máximo del hecho punible, la persona no se ha rehabilitado a nivel psíquico debe ser puesta en libertad, termina para ella el tiempo de reclusión en calidad de inimputable, sin perjuicio de que el estado le garantice el tratamiento especial que requiera, pero ya no como inimputable sino como disminuido psíquico. En estos casos deberá asegurarse la presencia de un representante legal para el disminuido psíquico” (3) .

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-176 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Así, es claro que “los convictos inimputables sujetos a una injusta y prolongada privación de su libertad, cesado el motivo de la correspondiente medida de seguridad, deben ser objeto de la protección integral por parte del Estado si se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. La situación descrita, transforma la obligación genérica del Estado frente a las personas débiles o marginadas, en obligación específica y hace nacer el correlativo derecho a exigir las prestaciones correspondientes por parte de las personas en quienes concurran las circunstancias de debilidad manifiesta” (4) .

(4) Corte Constitucional. Sentencia T-401(sic) de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

4. Garantía del debido proceso y del derecho a la defensa de los inimputables - Traslados para cumplir con actuaciones pendientes en despachos judiciales que los requieren.

La Carta Política de 1991 considera al ser humano como un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar las finalidades propuestas por las autoridades estatales o por los particulares, de suerte que toda la actividad estatal debe desarrollarse de tal manera que se cause el menos daño posible a la persona humana.

Por donde, el Estado como titular del poder punitivo y sancionador, en el discurrir del proceso penal debe garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del sometido a su potestad. En esta medida, la Fiscalía General de la Nación como titular de las funciones de investigación y acusación y los jueces de la República como titulares del juzgamiento deben asegurar que tal cometido se cumpla. Sin embargo, de ninguna manera se puede desconocer que para el cumplimiento de sus funciones estas entidades deben contar con el apoyo y colaboración de otros organismos, particularmente en el caso de que los investigados se encuentren bajo medida de aseguramiento de detención preventiva (imputables) o bajo medida de protección (inimputables) según el caso, y tengan que ser trasladados desde sus respectivos sitios de reclusión o de internación en centros psiquiátricos, pues de lo que se trata es de rodear de garantías a esa unidad denominada “proceso penal”. En otras palabras: el proceso penal está compuesto por una serie de etapas y en todas y cada una de ellas el Estado debe garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del investigado. Etapas en las cuales fungen como actores en representación del Estado los fiscales y los jueces, pero para que esta tarea se realice cumplida y eficazmente es necesario apoyarse en otros entes como, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, y en el Ministerio de Salud, según el caso.

La Corte Constitucional sobre el tema de la necesidad de colaboración oportuna del Inpec con la rama judicial, en la Sentencia T-986 de 2002, con ponencia del doctor Alfredo Beltrán Sierra, sostuvo:

“4.1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Carta aun cuando existen funciones separadas de las ramas de poder público y de los demás órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las funciones del Estado, ellos han de colaborar, por mandato constitucional de manera armónica para la realización de los fines del Estado. Esa colaboración, como es obvio ha de realizarse conforme a la ley y no puede quedar en el plano simplemente teórico, sino que ha de reflejarse en la realidad concreta del acontecer diario en las actividades que cumplan los distintos funcionarios del Estado para evitar que por la falta de colaboración se interfiera de manera negativa en el funcionamiento eficiente de otras autoridades.

En armonía con el citado artículo 113 de la Constitución, el artículo 201 de la misma le ordena al gobierno, en relación con la rama judicial prestar a los funcionarios judiciales “los auxilios necesarios para ser efectivas sus providencias”. No puede ser de otra manera, pues es a la rama ejecutiva del poder público a la que corresponde esa función, ya que los jueces agotan la suya en las decisiones que adoptan en el curso del proceso y en la sentencia respectiva.

4.2. Así las cosas, es claro para la Corte que en relación con el proceso penal corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el cumplimiento de las providencias judiciales que dispongan la detención de los sindicados o la ejecución de las penas privativas de la libertad que por los jueces se impongan a quienes sean condenados.

4.3. De la misma manera, y precisamente en ejercicio de esa función, el instituto mencionado debe disponer lo conducente para trasladar al sindicado hasta el despacho judicial que corresponda siempre que los jueces así lo requieran.

4.4. Muy especialmente se hace indispensable el estricto y oportuno cumplimiento de esa delicada función asignada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para que efectivamente comparezca el sindicado a la audiencia pública de juzgamiento, dado que sin su presencia tal audiencia no puede realizarse. Esa falta de colaboración cuando ocurre, tiene como consecuencia inmediata la no realización de la audiencia, vale decir que en esa hipótesis se aplaza el juzgamiento del sindicato. Ello equivale a la dilatación del proceso, que no puede realizarse entonces en forma oportuna y que por ello puede significar una vulneración del Estado a derechos fundamentales del procesado. Desde luego, que si el Inpec no traslada al sindicado al despacho judicial donde la audiencia ha de celebrarse, en algunas ocasiones podrá obedecer a circunstancias específicas que podrían explicar o justificar la falta de presencia del sindicato, pero en todo caso, no podrán ser alegadas para incumplir ese deber razones fútiles, pues no puede servir como excusa una falla de orden administrativo para violar derechos fundamentales del sindicado de una parte y, de otra, auspiciar o facilitar que por ese medio se llegue al vencimiento de términos judiciales perentorios en virtud de lo cual podría generarse impunidad sobre acciones delictuales, pues el vencimiento de tales términos podría traer como consecuencia, como en muchos casos suele ocurrir, la libertad del sindicado, que de otra manera no lo habría obtenido”.

Ahora bien, para determinar a quien corresponde el traslado de los inimputables por trastorno mental para el cumplimiento de diligencias pendientes en los despachos judiciales por cuenta de los cuales se encuentren éstos, debemos analizar las siguientes disposiciones del Código de Procedimiento Penal:

“ART. 374.—Medidas de protección. Adquirida la calidad de sujeto procesal y verificado que se trata de un inimputable y esté demostrada la existencia de una conducta típica y antijurídica en el mismo grado probatorio exigido para el caso de imputables, el funcionario judicial podrá disponer a favor del sindicato una medida de protección que consistirá en internación o libertad vigilada de acuerdo a lo aconsejado por un perito.

ART. 375.—Lugar de internación. La internación podrá cumplirse en establecimiento psiquiátrico o clínica para su rehabilitación, de carácter oficial o privado, conforme a lo aconsejado por los peritos oficiales.

ART. 376.—Internamiento en establecimientos privados. Si se aconsejare un establecimiento privado, el funcionario judicial podrá disponerlo cuando la persona de la cual dependa del inimputable, se comprometa a ejercer la vigilancia correspondiente y a rendir los informes que se le solicite.

ART. 381.—Entidad competente. El tratamiento de los inimputables por trastorno mental estará a cargo del sistema general de seguridad social en salud, a quien corresponderá la ejecución de las medidas de protección”.

Las precitadas normas son claras en establecer que desde el mismo momento en que se adquiere la calidad de sujeto procesal, y se demuestre que la conducta punible fue cometida por un inimputable, el funcionario judicial puede decidir la aplicación de la medida de protección a imponer de acuerdo con el caso tratado y el lugar de internación puede ser en centro psiquiátrico o clínica de carácter público o privado, adecuada para su rehabilitación. Así mismo se establece como competente al sistema de seguridad social en salud para la ejecución de las medidas de protección impuestas a los inimputables.

Una vez culminado el proceso penal con la aplicación definitiva de la medida de seguridad, es decir, una vez en firme ésta, la ejecución de la misma también es del resorte del sistema general de seguridad social en salud. Lo anterior, se desprende del análisis de las siguientes normas del Código de Procedimiento Penal.

“ART. 474.—Entidad competente. El tratamiento de los inimputables por trastorno mental estará a cargo del sistema general de seguridad social en salud, a quien corresponderá la ejecución de las medidas de protección y seguridad.

ART. 475.—Internación de inimputables. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenará a las autoridades competentes del sistema de seguridad social en salud el traslado del inimputable a un establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada para su rehabilitación, de carácter oficial o privado adecuado para el cumplimiento de la medida de seguridad.

Si fuere un establecimiento privado los parientes se comprometerán a ejercer la vigilancia correspondiente y rendir los informes que se soliciten, su traslado se hará previo el otorgamiento de caución y la suscripción de la respectiva diligencia de compromiso”.

En síntesis, sobre el punto tratado se tiene que la intención del constituyente derivado fue la de sustraer del conocimiento, manejo y competencia de las autoridades penitenciarias y carcelarias a los inimputables por trastorno mental sometidos a la potestad punitiva del Estado, pues dada las condiciones en que se encuentran estas personas, requieren de un especial manejo por parte del Estado.

5. El caso concreto.

De acuerdo con lo manifestado por el defensor del pueblo regional Tolima, los inimputables, Benito Guaca Figueroa, Jair Sánchez Salazar y Carlos Ariel Ángel Muñoz quienes se encontraban internados en el hospital especializado Granja Integral de Lérida, debían ser trasladados para la realización de diligencias pendientes en los despachos judiciales que los estaban requiriendo, encontrándose con la negativa por parte del Inpec para el traslado de los mismos a los lugares referidos, aduciendo su incompetencia y la falta de técnicos y personal calificado idóneo y en número suficiente para cumplir tal actividad.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué decidió tutelar los derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y a la defensa.

El a quo, después de analizar los artículos 14 y 72 de la Ley 65 de 1993 (estatuto penitenciario y carcelario) consideró que el Inpec, como autoridad responsable de las funciones carcelarias y penitenciarias, debe garantizar el traslado de los inimputables a los sitios determinados para su internación así como su traslado para el cumplimiento de diligencias pendientes en despachos judiciales que los requieran, con el fin de garantizarles el debido proceso y el derecho a la defensa.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar declaró la improcedencia de la misma, por considerar que las disposiciones de la Ley 65 de 1993 en que se fundamentó la sentencia recurrida no están vigentes, pues el artículo 24 del estatuto penitenciario y carcelario consagró de una manera transitoria la competencia en cabeza del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para la ejecución de las medidas de seguridad impuestas a los inimputables por trastorno mental o inmadurez psicológica, dejando también como otra de sus funciones el señalamiento del establecimiento de rehabilitación donde el condenado deba cumplir la medida de seguridad.

A juicio del ad quem, la Ley 65 de 1993 dejó claro el propósito de sustraer a los inimputables del régimen penitenciario y carcelario, y de reincorporarlos, por su condición de enfermos, al Sistema Nacional de Salud. El Código de Procedimiento Penal consagrado en la Ley 600 de 2000 ratificó esa orientación en sus artículos 381, 474 y 475.

Concluye diciendo que no es el Inpec sino el sistema general de seguridad social en salud a quien corresponde totalmente el manejo de los inimputables que son tratados en sus establecimientos especializados y que si el director de la institución en la que se encuentre internado el enfermo tiene razones fundadas para pensar que su seguridad o la de quienes deben trasladarlo está amenazada se debe solicitar el apoyo de la Policía Nacional y llegado el caso del Ejército.

Para esta Sala no hay lugar a dudas en cuanto a la intención que tenía el legislador de sustraer de la competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la ejecución de las medidas de seguridad impuestas a los inimputables por trastorno mental, pues éstos aunque sujetos pasivos de la potestad investigativa y sancionatoria estatal, dada su condición especial de enfermos deben ser objeto de un trato diferente al que se le da a los imputables, tendiente a su tutela, curación y rehabilitación para que una vez cumplida la medida de seguridad impuesta sean reincorporados al seno de la sociedad, y en el caso de no poderse rehabilitar, en el tiempo que se le impuso tal medida y para que esta no se convierta en indefinida (5) , el Estado a través del sistema de seguridad social en salud debe protegerlos integralmente por su estado de debilidad manifiesta, ya no como inimputables sino por su condición de disminuidos psíquicos.

(5) La prolongación indefinida de las medidas de seguridad vulneró el derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política. Si bien los jueces al negarse a ordenar la cesación de las medidas de seguridad, lo hacían en desarrollo de precisas competencias a ellos atribuidas por el Código Penal, no advirtieron en las diferentes situaciones, cómo los efectos de la ley contrariaban las mencionadas disposiciones constitucionales, justo a partir del momento en que perdía sustento la razonabilidad de las medidas de seguridad y su reiterada negativa a levantarlas producía una prolongación indefinida e injusta de las mismas.

La dignidad humana fue aquí desconocida, olvidándose que toda persona, en razón de su condición humana, exige igual consideración y respeto y debe reconocérsele capacidad de autodeterminación y posibilidad de goce de los bienes inapreciables de la existencia. Tratándose de enfermos incurables, la autodeterminación y la posibilidad de gozar de la existencia no les puede ser negada y ellas son las que resulten más adecuadas y ajustadas a su disminuida condición física y mental. Corte Constitucional (Sent. T-401/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Entonces, con la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal, las disposiciones de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, que facultaban al Inpec para el manejo y la ejecución de las medidas de seguridad impuestas contra los inimputables por trastorno mental, han perdido vigencia, competencia que ahora se le ha dado al sistema de seguridad social en salud, siendo este organismo el encargado del manejo de las mismas.

En lo atinente al traslado de los inimputables de los centros psiquiátricos a las dependencias judiciales para el cumplimiento de diligencias pendientes, en estos momentos se cierne una discusión con respecto a si es el Inpec o el sistema de seguridad social en salud el encargado de tal obligación. Aunque en el nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000) no se advierte en forma expresa a quién corresponde el traslado aludido cuando todavía esté en trámite el proceso penal, esta obligación del Estado se desprende del análisis sistemático de las disposiciones de la ley procesal penal ahora vigente: artículos 374, 375, 376, 381, 474 y 475, anteriormente transcritos.

En las anteriores normas es claro que desde el mismo momento en que se tenga la calidad de sujeto procesal y se advierta, que se trata de un inimputable por trastorno mental, y se ha establecido la conducta típica y antijurídica, “el funcionario judicial podrá disponer a favor del sindicado una medida de protección que consistirá en internación o libertad vigilada de acuerdo a lo aconsejado por un perito (CPP., art. 374), estando a cargo del sistema de seguridad social en salud la ejecución de las medidas de protección impuestas (art. 381), competencia que es ratificada en el artículo 474 ibídem.

Ahora, la Sala debe aclarar que una cosa es el traslado del inimputable a la clínica pública o privada escogida para el cumplimiento de la medida de protección impuesta al inimputable por trastorno mental, y otra muy diferente es la del traslado de este sitio a los despachos judiciales que lo requieran para el cumplimiento de diligencias propias del proceso penal que se le sigue. Así mismo, también se distingue el traslado del inimputable por trastorno mental a la entidad escogida para el cumplimiento o ejecución de la medida de seguridad impuesta cuando ya ha finalizado el proceso penal.

En el primer evento la responsabilidad del traslado del inimputable al sitio escogido para la ejecución de la medida de protección recae en cabeza del sistema de seguridad social en salud, cuya coordinación está a cargo del ministro de Salud (L. 100/93, art. 171) para lo cual el funcionario judicial que profirió tal medida deberá coordinar dicho traslado con el director o gerente del centro psiquiátrico o quien haga sus veces. No obstante, por no encontrarse implementado tal sistema en lo concerniente al manejo del traslado de los inimputables a los centros psiquiátricos, provisionalmente y hasta tanto sea implementado el sistema, corresponderá al funcionario judicial que ordenó tal medida coordinar dicho traslado para lo cual contará con la colaboración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Se reitera que tal obligación se impone a dicho instituto sólo hasta cuando el sistema de seguridad social en salud sea implementado bajo la responsabilidad del ministro de Salud en este punto específico, para lo cual la Corte establecerá un término improrrogable de cuatro meses en la parte resolutiva de la presente sentencia.

Si el inimputable es requerido por el despacho judicial para la realización de diligencias propias del proceso penal, estando a cargo del sistema de seguridad social en salud, el encargado de transportarlo hasta las instalaciones de dicho despacho judicial será el centro psiquiátrico o la clínica pública o privada en la cual se encuentre internado.

Para esta Sala, los traslados a que se ha hecho referencia deben ser cumplidos sin demora, de una manera adecuada, oportuna y eficiente por los funcionario a cargo de quien se encuentre el inimputable, pues el no hacerlo podría comprometer los derechos al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administración de justicia, incurriendo dichos funcionarios de la entidad obligada en la responsabilidad a que hubiere lugar por el incumplimiento de sus obligaciones.

Esta Sala comparte la tesis de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que si existen razones fundadas para pensar que la seguridad del trasladado y la de quienes lo trasladan pueden estar en peligro, es deber del director o gerente del centro psiquiátrico o clínica, por cuenta de la que se encuentre el inimputable, coordinar el apoyo de la fuerza pública para realizar el desplazamiento. Esto último para precaver eventuales peligros externos, toda vez que para el manejo del propio trasladado, el sistema de seguridad social en salud debe contar con el personal idóneo (médicos, enfermeras, etc.) y los medios adecuados (vehículos, sedantes, camisas de fuerza, etc.), para proveer al traslado sin contratiempos, y en todo caso teniendo especial cuidado por el respeto de la dignidad humana del enfermo.

En lo que no se presenta duda es en la competencia del sistema de seguridad social en salud, con respecto al traslado del enfermo, una vez que ha culminado el proceso penal, pues en este caso, “el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenará a las autoridades competentes del Sistema de Seguridad Social en Salud el traslado del inimputable a un establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada para su rehabilitación, de carácter oficial o privado adecuado para el cumplimiento de la medida de seguridad” (CPP, art. 475).

Enseguida la Sala analizará la situación en que se encuentran cada uno de los inimputables a favor de quienes el defensor del pueblo regional Tolima interpuso la acción de tutela objeto de revisión.

A folios 76 y 77 obra escrito dirigido a esta Sala por el doctor Francisco Taborda Ocampo defensor del pueblo donde manifiesta:

“Mediante oficio 1.338 procedente del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Neiva, dirigido a la dirección de la Cárcel del Circuito Judicial de Guayabal - Armero, se informó que el interno Jair Sánchez Salazar fue trasladado por el personal del Inpec, el día (20) de junio de dos mil dos (2002), a ese juzgado para la celebración de la audiencia pública, dentro de la causa 2001-0082 (31.671) contra el mencionado, el que continuará recluido en el hospital especializado Granja Integral de Lérida, a orden y disposición de ese despacho.

Mediante fallo de Sentencia 056 de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil dos (2002), el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, impuso en nombre del inimputable Jair Sánchez Salazar, medida de seguridad consistente en internación en establecimientos psiquiátricos, clínicas o institución adecuada de carácter oficial o privado, que tendrá una duración máximo de 10 años como autor inimputable de los delitos de homicidio agravado, homicidio simple, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, la cual se suspenderá condicionalmente previa suscripción de diligencia o compromiso. Adujo copia del fallo.

Respecto a la situación del imputable, Benito Guaca Figueroa, procesado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, Huila, el pasado 10 de octubre se llevó a cabo audiencia pública, el proceso se halla para proferir fallo. El referido fue trasladado por la empresa social del estado hospital especializado Granja Integral de Lérida, Tolima. Adujo copia de oficio emanado del despacho judicial en mención.

Al inimputable Carlos Ángel Muñoz, procesado por el delito de homicidio, se le realizó audiencia de juzgamiento sin su presencia y fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Fresno, a una medida de seguridad consistente en internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, que tendrá una duración de trece (13) años, en el juicio brilló por su ausencia la defensa ya que se limitó a coadyuvar la tesis del fiscal. Además, para convencer al juez de las bondades de sus tesis, argumentó que su representado “tiene varios antecedentes de agresión injusta a las personas”.

La sentencia fue dictada el 3 de abril de 2002 y además de la medida de seguridad se le impuso “pena accesoria” la interdicción de derechos y funciones públicas de 10 años, cuando los inimputables no son sujetos de pena. Cosa distinta es que se le pueda restringir algunos derechos según voces del artículo 76 del Código Penal. No obstante lo anotado, la sentencia quedó debidamente ejecutoriada el 24 de abril de 2002.

El anterior panorama seguramente, no es ajeno al tratamiento que se viene dando a los inimputables, quienes durante el término de duración del proceso deben revestirse de todas las garantías procesales previstas para los sindicados, incluso la de asistir al estado judicial. Otra cosa, muy distinta ocurre cuando se produce la sentencia condenatoria y se ordena la aplicación de la medida de seguridad, que suponga asistencia psiquiátrica, porque en este caso la responsabilidad de su cumplimiento está radicada en cabeza del Servicio Nacional de Salud.

La tutela invocada buscaba que el sistema de salud y el Inpec aunaran esfuerzos para garantizar la asistencia de los inimputables a la audiencia”.

De acuerdo con lo transcrito anteriormente, es claro que nos encontramos frente a un hecho superado, pues las diligencias que se debían realizar en los despachos judiciales que requerían a los inimputables, ya se surtieron.

No obstante lo anterior, la preocupación demostrada por el defensor del pueblo regional Tolima es compartida por esta Corte, ya que no se puede ser ajeno al manejo que viene dándose a los traslados de los inimputables sometidos a medidas de protección, y que son requeridos por los despachos judiciales encargados del trámite del proceso penal que se les sigue, cuya ejecución con la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 está a cargo del sistema de seguridad social en salud, organismo que aún no ha implementado la estructura compuesta por el personal idóneo y los medios tendientes al cumplimiento de estas funciones legales encomendadas. Por ello, en la parte resolutiva de esta providencia esta Sala ordenará al Gobierno Nacional (ministro de salud, o a su delegado) para que en el término improrrogable de cuatro meses contados a partir de la notificación de esta sentencia tome las medidas necesarias tendientes a que el Sistema de Seguridad Social en Salud cumpla de manera oportuna y sin demora sus funciones.

Sin embargo, con miras a que no se vulneren los derechos al debido proceso, derecho a la defensa, igualdad y acceso a las administración de justicia de los inimputables sometidos a medidas de protección (y que por falta de implementación de la estructura del sistema de seguridad social en salud no son trasladados de forma inmediata a los despachos judiciales que los requieren), esta Sala ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que mientras la implementación se realiza, disponga de lo necesario para los traslados de estas personas a los despachos judiciales que los requieran.

Por consiguiente, esta Sala procederá a confirmar parcialmente el fallo de segunda instancia.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 16 de julio de 2002, mediante la cual revocó la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Ibagué el 20 de mayo de 2002 (dejando sin efectos las órdenes allí dispuestas) y declaró improcedente la acción de tutela instaurada en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec por el defensor regional del pueblo del Tolima a nombre de Benito Guaca Figueroa, Jair Sánchez y Carlos Ángel Muñoz.

2. ORDENAR al Gobierno Nacional (ministro de Salud, o sus delegados) para que en el término improrrogable de cuatro (4) meses contados a partir del momento de la notificación de esta sentencia tome las medidas necesarias tendientes a que el sistema de seguridad social en salud implemente los medios y asigne el personal idóneo para que se cumplan de manera oportuna las funciones relacionadas con el traslado de los inimputables (a quienes se les ha impuesto medidas de protección o de seguridad) a los despachos judiciales que los requieran.

3. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que mientras la implementación anterior se realiza, disponga de lo necesario para los traslados de los inimputables sometidos a medidas de protección o de seguridad y que sean requeridos por despachos judiciales para el cumplimiento de diligencias pendientes.

4. ENVIAR copia de esta providencia a las ministerios de Salud y Seguridad Social, de Justicia, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, Defensoría del Pueblo y a la Defensoría del Pueblo Regional Tolima.

5. ENVIAR copia de la presente sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que vigile el cumplimiento no solamente de lo ordenado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, sino también de la responsabilidad del sistema de seguridad social en salud respecto del traslado de los inimputables sometidos a medidas de protección o de seguridad.

6. ORDENAR al sistema de seguridad social en salud, en cabeza del señor ministro de Salud y Seguridad Social o a quien delegue para que INFORME a la Corte Constitucional cada dos meses sobre las actividades implementadas para el cumplimiento de lo aquí dispuesto.

Por secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

___________________________________