Sentencia T-105 de marzo 24 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-148700

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Martínez Caballero

Procedencia: Juzgado 14 penal municipal de Cali

Accionante: Mercy del Carmen Becerra

Tema: Medicina prepagada

Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS

La ejecución y cumplimiento del contrato de servicio de medicina prepagada regido por el principio de la buena fe

El contrato de servicios que suscribe una entidad de medicina prepagada y una persona interesada en obtener beneficios directo o el de terceros, o de ambos, destinados a fijar los derechos y las obligaciones derivados de la gestión de ese servicio, puede comprender aquel relacionado con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, consulta externa, general y especializada en medicina diagnóstica y terapéutica, hospitalización urgencias, cirugía, exámenes diagnósticos y odontología (D. 1570/93, arts. 1º num 6 y 6º, num 1 y 2)

La sujeción a los límites instaurados por la intervención estatal para el desarrollo de esa actividad, determina que el contenido de dichos contratos deba ser aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud, al igual que los planes de salud que con ellos se ofrezcan (D. 1750/93, art. 15, nums 1 y 4). Así pues, los acuerdos sobre las prestaciones y obligaciones contraídas por cada parte, tienen que gozar de claridad en sus términos según el régimen contractual que trae el Decreto 1750 de 1993 —en concordancia con las modificaciones introducidas por el Decreto 1486 de 1994, artículos 7º y 8º— y las demás disposiciones legales que los regulen sopena de presentar una ineficacia en la estipulación respectiva, derivándose como consecuencia esencial su obligatorio cumplimiento, en el entendido de que constituyen una “ley para las partes”.

Como quiera que la celebración de un contrato de esa clase se desarrolla dentro del campo de los negocios jurídicos en la forma de un acuerdo de voluntades para producir efectos jurídicos, lo que supone un desarrollo bajo la vigencia de los principios generales que los informan, como ocurre con el principio de la buena fe que no solo nutre estos actos sino el ordenamiento jurídico en general y el cual obtiene reconocimiento expreso constitucional en el artículo 83 de la Carta Política de 1991, como rector de las actuaciones entre los particulares, significa que, desde su inicio y especialmente durante su ejecución, al incorporarse el valor ético de la confianza mutua en los contratos de medicina prepagada se exige un comportamiento de las partes que permita brindar certeza y seguridad jurídica respecto de los cumplimiento de los pactos convenidos y la satisfacción de las prestaciones acordadas”.

Como lo ha señalado la Corte:

“Los particulares deben conducirse en todas sus actuaciones según el principio de la buena fe (C.P. art. 83). En el plano negocial, las partes deben comportarse con lealtad, lo que se traduce, en términos prácticos, en el respeto de los derechos ajenos y en el no abuso de los propios (C.P., art. 95-1). El abuso de las posiciones dominantes rompe el equilibrio contractual (...)” (Sent. T-125/94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

De otro lado, el contrato de servicios de medicina prepagada reúne las características de ser bilateral, oneroso, aleatorio, principal, consensual y de ejecución sucesiva en los términos del Código Civil y surge al mundo jurídico como un contrato de adhesión, según el cual las partes contratantes se obligan mutuamente a través de cláusulas y condiciones que no son discutidas libre y previamente, sino preestablecidas por una de las partes en los términos aprobados por el organismo de intervención estatal y sobre las cuales la otra expresa su aceptación y adherencia o su rechazo absoluto. Como lo ha señalado la doctrina en los contratos de adhesión una de las partes impone “la ley del contrato” a la otra.

De manera que, son pocos los asuntos que quedan sometidos a la discusión totalmente libre de las partes, y que en lo posible no pueden exceder el marco delimitado por el ordenamiento jurídico en rigor, pero que requieren al igual que las situaciones no expresamente pactadas en estos contratos, pero derivadas de la ejecución de los mismos, que la actuación de una y otra parte se adelante mediante una actitud de confianza y credulidad en el estricto cumplimiento de lo negociado y en la realización de las prestaciones en la forma esperada, según el objeto contratado, lo que en consecuencia demanda de una máxima expresión del principio de la buena fe para la interpretación del vínculo contractual y de los anexos que lo conforman integralmente, especialmente por ese carácter de adhesión, que como ya se dijo, se le reconoce a esta clase de contratación”.

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