Sentencia T-114 de marzo 7 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Ref.: Expediente T-3.653.007

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil trece.

Acción de tutela instaurada por Ana Paola Díaz contra la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, de Capital Salud EPS-S y del Hospital Infantil Universitario de San José.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política.

2. Procedencia de la acción de tutela.

Previo al estudio del caso planteado, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor de los artículos 86 de la Carta y 1º del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en existencia de legitimación por activa y por pasiva; evidencia de la afectación de un derecho fundamental; instauración del amparo de manera oportuna (inmediatez); y agotamiento de los mecanismo judiciales disponibles, salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad), presupuestos que a continuación serán estudiados por la Sala.

2.1. Legitimación por activa.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que es posible agenciar derechos ajenos cuando su titular no esté en condiciones de promover su propia defensa. Por otra parte, el artículo 44 de la Carta establece que cualquier persona, natural o jurídica, puede solicitar el cumplimiento de los derechos de los niños.

En el caso analizado, la accionante solicita la protección de los derechos de su nieta recién nacida, pretendiendo que Capital Salud EPS-S cubra los gastos médicos de la atención clínica prestada el 22 de julio de 2012. La Corte considera que la señora Ana Paola Díaz se encuentra legitimada para solicitar la protección de los derechos fundamentales de Hilda Valentina Angarita Samacá, puesto que es la cabeza del núcleo familiar de la neonata.

En efecto, los padres de la recién nacida son menores de edad, ya que el progenitor tiene 15 y la madre 16 años, por lo que el sustento de Hilda Valentina se encuentra en cabeza de su abuela, quien es la encargada de proveer y satisfacer las necesidades del hogar.

2.2. Legitimación por pasiva.

La Fundación Hospital Infantil Universitario de San José es una entidad privada, sin ánimo de lucro y con personería jurídica, que presta servicios de salud, por lo cual, la acción de tutela procede en su contra, al tenor del numeral 2º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991(12).

Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y Capital Salud EPS-S son autoridades públicas, puesto que la segunda es una empresa de economía mixta, con participación mayoritaria del Distrito Capital, siendo demandables a través de acción de tutela conforme a los artículos 86 de la Constitución y 5º del Decreto 2591 de 1991.

2.3. Afectación de derechos fundamentales.

2.3.1. La acción de tutela tiene como objeto la protección de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados(13). De lo anterior se desprende que no es viable el recurso de amparo: (i) cuando no tenga como pretensión principal la defensa de garantías fundamentales; o (ii) cuando la acción u omisión que atenta contra las mismas no sea actual, es decir, cuando ha cesado o se ha consumado.

2.3.1.1. En desarrollo del primer supuesto, esta Corporación ha señalado reiteradamente(14) que:

“Las controversias por elementos puramente económicos, que dependen de la aplicación al caso concreto de las normas legales —no constitucionales— reguladoras de la materia, exceden ampliamente el campo propio de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato del artículo 86 de la Constitución y según consolidada jurisprudencia de esta Corte, radica en la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales, ante actos u omisiones que los vulneren o amenacen.

En consecuencia, el rechazo de la acción de tutela por improcedente, respecto de la pretensión de orden económico, es lo que impone la Carta Política (C.P., art. 86), en la medida en que no se trata de la vulneración de un derecho fundamental y dado que el interesado cuenta con la acción y los recursos ordinarios necesarios”(15).

2.3.1.2. En ese mismo sentido ha manifestado que:

“Constituye regla general en materia del amparo tutelar, que la jurisdicción constitucional debe pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente constitucional; por lo tanto, resultan ajenas a la misma las discusiones que surjan respecto del derecho..., cuando el mismo es de índole económica, en tanto que las discusiones de orden legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su trámite y resolución.

A lo anterior debe añadirse que uno de los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela lo constituye, precisamente, la amenaza ovulneración de derechos fundamentales de las personas, cuyos efectos pretenden contrarrestarse con las respectivas órdenes de inmediato cumplimiento proferidas por los jueces de tutela, en razón a la primacía de los mismos (...)”(16).

2.3.1.3. Por otra parte, sobre el segundo supuesto, esto es, cuando la acción u omisión que generó la interposición de la acción de tutela ha cesado, la Corte Constitucional ha expresado que la tutela deja de ser el mecanismo apropiado para reclamar la protección fundamental, pues se está frente a un hecho superado(17).

2.3.1.4. De igual manera, la carencia actual por hecho superado, se presenta cuando la pretensión es satisfecha antes de que el fallo de tutela sea proferido, con lo cual, se torna inocuo impartir alguna orden encaminada a superar una situación ya acaecida. En tal caso, el juez constitucional deberá pronunciarse sobre los derechos invocados y la situación fáctica que generó la interposición del amparo.

2.3.1.5. Acerca del daño consumado, esta corporación ha señalado que se presenta cuando antes de proferido el fallo la situación que originó la interposición del recurso de amparo llegó a sus últimas consecuencias, impidiendo que el juez dé una orden encaminada a evitar la consolidación de la vulneración de derechos fundamentales.

2.3.1.6. De lo expuesto se concluye que para determinar el cumplimiento del presupuesto de procedibilidad denominado afectación de un derecho fundamental, se debe tener en cuenta que: (i) la acción de tutela, por regla general, solamente procede para resolver controversias relacionadas con derechos fundamentales, excluyéndose, en principio, los conflictos de carácter eminentemente económico; (ii) no se presenta una vulneración actual a las garantías constitucionales cuando ocurre un hecho superado o un daño consumado.

2.3.2. Al descender al caso en estudio, la Sala observa que la accionante instauró la acción de tutela en busca de la protección de los derechos a la salud y a la seguridad social de su nieta, derechos que conforme al artículo 44 de la Constitución son fundamentales(18), por lo cual el recurso de amparo sería procedente.

2.3.2.1. Sin embargo, del material probatorio obrante en el expediente, la Corte encuentra que la pretensión relacionada con que no se impida por cuestiones económicas la salida física de Hilda Valentina de la institución médica, se encuentra satisfecha. En efecto, el juez de primera instancia instó a la institución clínica para que evitara tal conducta y el 14 de agosto de 2012 la menor fue dada de alta, abandonando el Hospital Infantil Universitario de San José(19).

2.3.2.2. Igualmente, observa que Capital Salud EPS-S asumió la atención médica de la menor desde el día de su afiliación, por lo que se descarta la vulneración actual de sus derechos frente al cuidado clínico que requería(20). Las anteriores dos circunstancias permiten inferir la carencia actual de objeto por hecho superado.

2.3.2.3. Por otra parte, la Corte considera que las pretensiones dirigidas a que se determine a quién le corresponde el pago de la suma de $826.600 exigida por el Hospital Infantil Universitario de San José y a que se exonere a la familia de la menor de la cancelación de la misma, son improcedentes, ya que son de índole económico, contrariando la teleología del recurso de amparo, la cual, en principio(21), es la protección de derechos fundamentales.

Además, para dirimir los conflictos referentes al sistema general de seguridad social en salud existen mecanismos administrativos y jurisdiccionales ante la Superintendencia Nacional de Salud y los jueces laborales.

2.3.3. Ahora bien, a pesar de no evidenciarse una afectación actual a las garantías constitucionales de la neonata, en aplicación del principio de oficiosidad que caracteriza al juez de tutela, la Sala estima pertinente realizar las siguientes precisiones, con el objetivo de garantizar una plena reivindicación de los derechos fundamentales de Hilda Valentina y de su núcleo familiar.

2.3.3.1. En primer lugar, la Corte encuentra que a la luz de la Constitución y del ordenamiento legal, no es posible retener la salida física de un paciente no afiliado al sistema de salud, so pretexto de asegurar el pago de servicios médicos, máxime cuando es un recién nacido que, en virtud del parágrafo 2º del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, queda automáticamente vinculado como beneficiario de la entidad promotora de salud a la cual esté afiliada su madre.

2.3.3.2. Según lo expresado, la Sala advierte que la controversia en torno al pago de la atención médica prestada a Hilda Valentina el 22 de julio de 2012, se suscita únicamente entre Capital Salud EPS-S, Coomeva EPS(22) y el Hospital Infantil Universitario de San José, por lo cual, en ningún caso las acciones de cobro deberán dirigirse en contra de los padres de la neonata.

Dicha afirmación encuentra sustento en el mencionado artículo 163 de la Ley 100 de 1993 y en que las actuaciones desplegadas por los progenitores de la recién nacida; quienes la vincularon al sistema de salud prontamente(23), a pesar de que por circunstancias fortuitas, se encontraron imposibilitados para formalizar la afiliación el día siguiente su nacimiento, debido a que el 22 de julio 2012 era domingo y no había atención al público.

2.3.3.3. En segundo lugar, la Sala manifiesta que la acción de tutela no es el instrumento jurídico para resolver las controversias económicas y contractuales surgidas entre las distintas entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en salud, puesto que existen otros mecanismos idóneos para el efecto.

2.3.3.4. Por lo anterior, en la parte resolutiva la Corte se limitará a advertir al Hospital Infantil Universitario de San José que las acciones de cobro, por la atención clínica prestada el 22 de julio de 2012, no podrán ser dirigidas en contra del núcleo familiar de la recién nacida, y mucho menos podrá afectarse de manera alguna la atención médica que llegaré a necesitar.

2.3.4. Síntesis y órdenes a proferir.

2.3.4.1. En conclusión, en esta oportunidad no es procedente analizar de fondo el caso estudiado, por cuanto no se cumple con el presupuesto denominado afectación de derechos fundamentales, ya que, por una parte se presenta un hecho superado de las pretensiones que involucraban garantías fundamentales, y por otra, se ventila una controversia económica sin relevancia constitucional. No obstante, la Corte realizó una serie de precisiones con el fin de permitir la plena reivindicación de los derechos afectados.

2.3.4.2. Por lo expuesto, la Sala confirmará parcialmente el fallo revisado, en el sentido de declarar improcedente el amparo solicitado, en lo atinente a la controversia económica. Sin embargo, declarará carencia actual de objeto por hecho superado frente a la presunta amenaza del Hospital Infantil Universitario de San José de impedir la salida física de la menor de la institución clínica, y en relación a la negativa de Capital Salud EPS-S de suministrar la atención médica requerida por Hilda Valentina Angarita Samacá.

Asimismo, se advertirá al Hospital Infantil Universitario de San José que se abstenga de dirigir acciones de cobro, relacionadas con la atención médica prestada el 22 de julio de 2012, en contra de la familia de Hilda Valentina Angarita Samacá.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo de tutela proferido por el Juzgado Catorce Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, D.C., el 15 de agosto de 2012, en el sentido de declarar improcedente el amparo solicitado, frente a la controversia económica relacionada con el pago de la atención médica prestada por el Hospital Infantil Universitario de San José.

2. DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con la presunta amenaza del Hospital Infantil Universitario de San José de impedir la salida física de la menor de la institución clínica, y frente a la negativa de Capital Salud EPS-S de suministrar la atención médica requerida por Hilda Valentina Angarita Samacá.

3. ADVERTIR al Hospital Infantil Universitario de San José que las acciones de cobro, relacionadas con la atención prestada el 22 de julio de 2012, no podrán ser dirigidas en contra del núcleo familiar de la recién nacida, y tampoco podrán condicionarse los servicios médicos, que llegaré a requerir Hilda Valentina Angarita Samacá, a la cancelación de dichos gastos.

4. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(12) ART. 42.—Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (...) 2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud (...).

(13) Artículo 1º del Decreto 2591 de 1991.

(14) Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-015 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-155 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-449 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-650 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(15) Sentencia T-470 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(16) Sentencia T-606 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(17) Al respecto, el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 26, lo regula de la siguiente manera: “Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

(18) ART. 44.—Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia (...). (resaltado fuera del texto original).

(19) Folio 26 del cuaderno de revisión.

(20) Al respecto, en los folios 24 y 25 constan los servicios prestados con posterioridad a la instauración de la acción de tutela.

(21) En casos excepcionales, la acción de tutela pude llegar a resolver conflictos ecónomos, situación que ocurre como consecuencia de la protección de un derecho fundamental, pero no como problema jurídico principal resuelto por el juez constitucional.

(22) Ver el hecho 2.

(23) La menor nació el 21 de julio de 2012 (sábado) y su afiliación al sistema general de seguridad social en salud se formalizó el 23 del mismo mes y año.