Sentencia T-116 de marzo 7 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA DE REVISIÓN

SENTENCIA T-116 DE 1997 

Ref.: Exp. Nº T-113.341

Peticionario: Ana Isabel Cucaita Robayo V.

Magistrado Ponente:

Dr. Hernando Herrera Vergara

Santafé de Bogotá, D.C., siete de marzo de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «De lo anterior, se desprende, de un lado, que la respuesta de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, mediante su jefatura de personal, fue oportuna y dirigida a aclarar a la solicitante sobre el trámite que debía adelantar para conseguir la información, ya que como se deduce de la documentación que consta en el expediente, el archivo de los actos administrativos de esa secretaría sobre el personal docente vinculado en forma interina durante los años 50, 60 y 70 se hallaba bajo la custodia del archivo general de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá; por eso es que a ese deben acudir los interesados para obtener sus tiempos de servicios “...con el propósito de que la oficina de interinidades de la secretaría elabore y traslade la información tal y como aparece en el documento oficial”, según lo expresado por el Secretario de Educación (fls. 5 y 25).

De otro lado, la información certificada por la secretaría fue elaborada en cumplimiento de sus deberes y en ejercicio de sus competencia, con base en los datos logrados en el archivo general de la administración distrital, toda vez que, según dicha entidad, la actora no suministró documentación adicional que permitiera constatar el período laborado, tales como, resoluciones de pago o las certificaciones por tiempo de servicios que se les entregaban en las correspondientes escuelas.

Fue en ese sentido que se orientaron los jueces de instancia para resolver la tutela al señalar que la acción de tutela no procedía por cuanto los documentos requeridos no se encontraban en los archivos de la Secretarla Distrital por su extrema antigüedad, de manera qua exigir la expedición de certificados sin el soporte documental suficiente sería inducir a un exceso en la competencia de la entidad, toda vez que los mismos podían obtenerse en los centros educativos donde trabajó interinamente la petente, o a través del pagador respectivo, o del jefe del archivo de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá o a través del fondo prestacional del magisterio, criterios que comparte la Sala, parcialmente.

A juicio de la Sala la entidad ante la cual se formuló la petición de información hizo todo lo que estaba a su alcance para proporcionar, de manera oportuna, respuesta a la demanda solicitada, en la medida en que certificó lo que, realmente, le constaba, es decir lo que el material documental bajo su tenencia le permitía constatar como cierto y confiable, dentro de las condiciones materiales que su propio archivo le ofrecía, sin que se pueda obligar a la misma, como se pretende, a que certifique un tiempo de servicios sin tener los soportes requeridos, lo cual excede el ejercicio de la acción de tutela y el derecho fundamental de petición.

Desde luego que el deber de certificación respecto del ejercicio de funciones y actos derivados de la actividad de una entidad o autoridad pública no puede truncarse por el descuido administrativo con que ésta mantenga su archivo documental, de todas formas, la responsabilidad de acreditar sobre la ocurrencia de un determinado acto, situación o circunstancia ocurridos durante el cumplimiento de las funciones públicas se mantiene en cabeza de la misma y le compete sólo a ella, aun cuando la colaboración del peticionario en la complementación de la documentación resulte viable y pertinente, a fin de resolver a cabalidad sobre la solicitud formulada.

Sobre el particular la Corte ha sido clara en señalar que “...Las razones expuestas por la entidad oficial como las deficiencias de personal, volumen de expedientes, orden de las solicitudes, reestructuración de los sistemas de trabajo, entre otros, no representan un interés público general que pudiera esgrimirse para justificar la desatención del deber de respuesta oportuna (...). Lo contrario sería bendecir los vicios burocráticos de una administración contraria a los principios de celeridad, economía y eficiencia que deben caracterizar el funcionamiento de las entidades públicas creadas para el servicio de los ciudadanos” (2) .

(2) Sentencia 426/92. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Ahora bien, la Corte ha establecido que ni el derecho de petición ni la acción de tutela tienen la virtualidad de obligar a las autoridades a lo imposible. Así lo expresó, mediante su Sala Quinta de Revisión, en la Sentencia T-464 de 1996, con ponencia del Magistrado Dr. José Gregorio Hernández Galindo, en un caso en el cual la autoridad pública (Fiscalía General de la Nación) no entregó la copia de un expediente, solicitada por la peticionaria, en razón a su extravío:

“Ahora bien, una cosa es que resulte violado el derecho de petición cuando no se resuelve material y oportunamente acerca de la solicitud presentada y otra muy distinta que, ya respondido lo que la autoridad tiene a su alcance como respuesta, el peticionario aspire a que se le conceda forzosamente y de manera inmediata algo que resulte imposible.

(...)

El derecho de petición no ha sido vulnerado y, por tanto, no cabe la protección judicial, pues la acción de tutela tampoco es procedente para alcanzar efectos fácticos que están fuera del alcance de la autoridad contra la cual se intenta”. (Subraya la Sala).

En este orden de ideas, se concluye que la respuesta de la Secretaría de Educación del Distrito Capital se fundamentó en la documentación que detentaba en su poder y que estaba a su alcance, aun cuando no implicó una respuesta favorable a las pretensiones de la actora, ya que como lo ha señalado en varias ocasiones la entidad distrital, no contaban con más información que la certificada. Por esto, se estima que no existió vulneración al derecho de petición de la actora y, por lo tanto, el amparo solicitado no es procedente ya que, como lo indica la cita, la acción de tutela no es el instrumento para forzar la obtención de resultados más allá de las posibilidades materiales de la autoridad contra la cual se formula la acción.

Lo anterior no es óbice para que las entidades públicas puedan eludir el deber de implementar mecanismos apropiados para la guarda de la información institucional, en especial, aquella relacionada con las materias laborales del personal a su servicio, debido a la importancia de la misma frente a una eventual reclamación de los derechos de los empleados que allí han laborado, así como el establecimiento de instrumentos conducentes a garantizar el acceso a una información fidedigna y veraz sobre los distintos aspectos de la actividad administrativa de la respectiva entidad.

Por consiguiente, en el entendido de que la patente lo que pretende es reunir las constancias de los requisitos legalmente establecidos para solicitar se le reconozca y pague el derecho a la pensión de jubilación, se precisa que tiene abierto el camino para hacer uso de la prueba supletoria, a fin de promover su obtención bien ante la entidad a la cual corresponda el reconocimiento prestacional o, en su lugar, por la vía judicial ante la autoridad competente para demostrar su cumplimiento, con las garantías legales requeridas; así las cosas, podrá contar con diversos medios de prueba (testimonios, declaraciones, etc.) que le facilitarán comprobar el tiempo exacto de servicio prestado a la Secretaría de Educación del Distrito Capital y, en consecuencia, su ingerencia en la decisión definitiva.

De otra parte, resulta importante destacar que en lo referente al derecho de petición ejercido por la señora Cucaita Robayo, ante el Fondo Prestacional del Magisterio, con el propósito de obtener el reconocimiento de su derecho a la pensión de jubilación, no se observa transgresión alguna del mismo por parte de la accionada; esto en virtud de que la administración para dar respuesta a las solicitudes planteadas necesariamente debe someterse a los mandatos y requerimientos de ley, para no configurar una extralimitación de funciones, de manera que si se hace necesario que el peticionario adjunte otros documentos adicionales para complementar los ya aportados o precisar la información en ellos contenida, dentro de los términos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente, perfectamente podrá solicitarlos sin que constituya una violación al derecho de petición, como así lo indicó la Corte, en la Sentencia T-393 de 1993, con ponencia del Magistrado Dr. Fabio Morón Díaz.

Por último, la Sala comparte las decisiones de los jueces de primera y segunda instancia de tutela en lo que respecta a los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo en condiciones justas, denunciados como transgredidos por la accionante, en virtud de que la actuación de la entidad accionada no representa menoscabo alguno de los mismos, ni afectación o desconocimiento de su núcleo esencial ».

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