Sentencia T-120 de marzo 29 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

CONCORDATO PREVENTIVO OBLIGATORIO

LA CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS CORRESPONDE AL JUEZ

EXTRACTOS: «La función jurisdiccional “es la que tiene por objeto decidir cuestiones jurídicas controvertidas, mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva”. Esta función la ejercen determinadas autoridades, según lo indica el artículo 116 de la Carta, que dice:

“ART. 116.—La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

4.2. La función jurisdiccional por autoridades administrativas

Cuando la función judicial es ejercida por autoridades administrativas, ésta debe ser señalada expresamente por la ley, según reza el mandato constitucional del artículo 116 antecitado. La función debe estar taxativamente consagrada en la ley y no nacer de una decantación intelectual fruto de una interpretación legal.

La razón jurídica de lo anterior, es la seguridad que debe garantizarle el Estado a quien se somete a la función jurisdiccional de la propia estructura estatal.

Así las cosas, la garantía de que las autoridades administrativas sólo cumplan aquellas funciones jurisdiccionales que concretamente le señale la ley, constituye un derecho fundamental de los asociados ya que de esta forma se evita que dichas autoridades asuman competencias a su arbitrio, en detrimento de las competencias regladas, del principio de legalidad y de la separación de poderes que consagra la Constitución. La violación a este precepto es tan grave que la ley la sanciona con la nulidad absoluta de lo actuado.

4.3. Actos jurisdiccionales en el proceso concordatario

El acto acusado —la calificación de créditos y para la resolución de objeciones y la graduación del proceso concordatario de Pinski & Asociados S. A.—, es un acto de trámite y de naturaleza jurisdiccional.

Es un acto de trámite porque se produce dentro de una actuación con el fin de impulsarla hacia su terminación; y en tanto acto de trámite, no era posible que el Consejo de Estado decidiera de fondo sobre su constitucionalidad e ilegalidad, debido a expresa prohibición del artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, que dice:

“ART. 49.—No habrá recursos contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa” (subrayas fuera de texto).

Y el acto acusado es jurisdiccional, porque la Corte Constitucional comparte la tesis de la Corte Suprema de Justicia cuando expresó:

“Pero resulta que dentro de las salvedades —del artículo 52— no se consagró igual reserva para la decisión atinente a las objeciones a los créditos que se susciten y a la calificación y graduación de los mismos que es función netamente jurisdiccional.

Observa la Corte que tampoco se procedió así con respecto a las peticiones de levantamiento de embargos y secuestros practicados y que terceros hayan formulado y que obviamente no puede resolver el Superintendente de Sociedades. Respecto a lo primero, advirtió esta Corporación en sentencia de agosto 18 de 1981 (Dr. Oscar Salazar Chaves, ponente) que en el estatuto ahora derogado, que lo es el Código de Comercio “las funciones jurisdiccionales le están reservadas al juez como cuando decide las controversias que ocurren respecto a existencia, cuantía, etc., de los créditos...”. Esto es así porque ya no se trata de conducir un procedimiento de composición de intereses y de disposición de derechos transigibles sin controversia propia, sino de un verdadero litigio que no ha recibido solución por anuencia de las partes y requiere la decisión imperativa de un conflicto de pretensiones.

Desde el punto de vista de técnica procesal en estas acciones y de la forma como ha de pronunciarse la decisión, se observa que la inconstitucionalidad planteada y que se encuentra fundada no está concedida en lenguaje expreso y afirmativo sobre el cual pueda recaer un pronunciamiento de inexequibilidad igualmente directo ya que, como se vio, se trata de una inconstitucionalidad por omisión en cuanto que, aunque el precepto lo haya omitido, las facultades contenidas en los artículos 15 inciso primero y 28 del decreto sub examine pertenecen exclusivamente al juez competente y no al Superintendente de Sociedades. En consecuencia, en este entendimiento, se declarará constitucional el texto expreso de la norma acusada”.

Luego de las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia consideró constitucionales todas las normas demandadas.

6. Del caso concreto

Para conceder la presente acción de tutela es necesario analizar si se dan los requisitos para que ella proceda. Así, hay que mirar si estamos frente a un derecho fundamental, si este efectivamente ha sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de la Superintendencia de Sociedades y si existen otros medios de defensa judicial para proteger el derecho, tal como lo dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional y el Decreto 2591 de 1991.

En primer lugar, el debido proceso, con sus nuevas implicaciones, como se dijo arriba, es un derecho fundamental expresamente reconocido por nuestra Constitución y como tal puede ser protegido a través de la acción de tutela. En el presente caso se trata de un problema de competencia.

Por lo tanto, es necesario determinar si los actos expedidos por la Superintendencia de Sociedades —al resolver las objeciones, graduar y calificar los créditos en un concordato preventivo obligatorio—, son de naturaleza administrativa y por consiguiente competente para ello, o si por el contrario, son de naturaleza jurisdiccional y en consecuencia de conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

Este asunto ya fue estudiado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, cuyos apartes se transcribieron arriba, la cual consideró claramente que dichos actos son de naturaleza jurisdiccional, lo que en otras palabras quiere decir que la Superintendencia de Sociedades, entidad administrativa, no es competente para resolver conflictos de esa naturaleza. Con fundamento en lo anterior, la Corte Suprema declaró inconstitucional el otorgamiento de dichas facultades, por vía de remisión, a la entidad demandada.

La Corte Constitucional considera que esta es la interpretación que se le debe dar a la sentencia de la Corte Suprema, que no es otra que lo allí expuesto diáfanamente. (Ver apartes de la sentencia citada arriba).

Así las cosas, se detecta claramente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, ya que la Superintendencia de Sociedades no tenía esas facultades, en la medida que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia al considerarlas funciones netamente jurisdiccionales.

En segundo lugar, esta Corte observa que las decisiones judiciales que son objeto de revisión, rechazaron las pretensiones del peticionario con el argumento de que existían otros medios de defensa judicial, tal como lo dispone el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política.

El anterior planteamiento jurídico del juez de tutela no es compartido por esta Corporación si se tiene en cuenta que la sociedad demandante agotó, sin ningún éxito, todos los medios judiciales que tenía a su alcance.

En efecto, Pinsky & Asociados S. A., acudió ante la jurisdicción civil para que ésta avocara el conocimiento del respectivo proceso con el fin de resolver las objeciones, graduaciones y calificaciones de los créditos. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades resolvió no remitir el expediente a dicha jurisdicción ya que, según su criterio, ella era el organismo competente para dirimir dichas controversias, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 350 de 1989.

Seguidamente, el actor solicitó al tribunal disciplinario que dirimiera el conflcto de competencia presentado ante la Superintendencia de Sociedades y los jueces civiles del circuito sobre el mismo tema. Al respecto, el tribunal profirió sentencia inhibitoria con fundamento en que sólo era competente para resolver conflictos de competencia presentados entre autoridades jurisdiccionales y no entre estas con organismos administrativos.

Finalmente, el peticionario acudió ante el Consejo de Estado, quien se declaró incompetente para pronunciarse de fondo debido a que el acto administrativo demandado no era de aquellos que ponen fin a la actuación administrativa. En otras palabras, al ser el acto demandado de trámite, la jurisdicción contenciosa no tenía competencia para pro-nunciarse sobre la legalidad de los mismos.

Entonces, al no ser resuelto el conflicto de competencias que se presentó entre la Superintendencia de Sociedades y la jurisdicción civil, la presunta violación al debido proceso, por falta de competencia de la entidad demandada, no ha sido objeto de pronunciamiento alguno, quedando así a la intemperie un problema de índole constitucional.

Así, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para establecer si se presentó una violación a los derechos fundamentales del peticionario, ya que a través de los otros medios judiciales, por una u otra razón, no se hizo. Esta es la naturaleza propia de un juicio constitucional, donde se entra a determinar si la Carta Fundamental, en este caso en su catálogo de derechos fundamentales, ha sido vulnerada por la autoridad demandada para entrar a corregir dicha situación y mantener así el derecho fundamental a la primacía de la Constitución, tal como lo dispone el artículo 4º de la misma.

Igualmente, esta corporación rechaza, una vez más, aquella interpretación que considera que con la sola existencia formal del otro medio de defensa judicial en el ordenamiento jurídico hace improcedente la acción de tutela.

El papel del juez en un Estado social de derecho, quien a través de la acción de tutela debe ser el guardián número uno de los derechos fundamentales, no puede ser tan simplista y alejado de la realidad. Debe, en aras de dar cumplimiento al principio de la primacía de los derechos, realizar un estudio de fondo sobre el otro o los otros medios de defensa judicial, para determinar si estos son igual o más efectivos que la acción de tutela para la protección efectiva del derecho. Si no lo son, la tutela será el instrumento inmediato para proteger los derechos fundamentales de los peticionarios.

La anterior interpretación es consecuencia directa de los nuevos principios que comportan el Estado social de derecho, donde la primacía y eficacia real —y no formal— de los derechos constituye su razón de ser con el fin de convertir al hombre y su dignidad en el centro del ordenamiento jurídico.

Por último, en cuanto a la violación del derecho, el presente caso conlleva un problema jurídico de tránsito constitucional: ¿puede un acto administrativo, expedido bajo la anterior Constitución, ser objeto de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales que se han visto vulnerados por los efectos jurídicos de dicho acto, siempre y cuando dichos efectos se presenten bajo la Carta de 1991?

Esta Corporación considera que la violación de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución del 91, puede ocurrir por actos que, si bien se presentaron bajo la vigencia de la anterior Carta, siguen produciendo efectos que vulneren dichos derechos.

Así, lo que el juez constitucional debe mirar es la actual vulneración del derecho para entrar a protegerlo, sin importar si el acto se originó en la vigencia de la anterior Constitución. Admitir lo contrario, sería como aceptar que la Constitución deja de ser norma de normas en determinados casos, lo cual carece de fundamentos y atenta contra la estabilidad del orden jurídico de un Estado social de derecho. En otras palabras, el juez de tutela debe mirar la actualidad de la violación del derecho y, una vez constatada, debe proteger con eficacia dicho derecho.

En síntesis, esta Sala estima que la violación del derecho constitucional fundamental del debido proceso es actual, como quiera que aún hoy el litigio sigue en el limbo jurídico en materia de competencia. Y no habiendo, como se vio, otro medio de defensa judicial para resolver con eficacia este asunto, la Corte concederá la tutela y revocará por tanto las decisiones de los jueces. La solución concreta en este caso en materia de competencia no será otra que la trazada por la Corte Suprema de Justicia en el caso citado, cuyos lineamientos se comparten y acogen integralmente por esta Sala.

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, por la cual se denegó la tutela solicitada por Pinski & Asociados S.A.

2. CONCEDER la tutela a la sociedad Pinski & Asociados S. A. por las consideraciones antes expuestas.

3. ORDENAR al Superintendente de Sociedades la inmediata remisión del expediente al Juez Civil de Circuito de Cali (reparto) para la calificación de créditos y para la resolución de objeciones y la graduación del proceso concordatario de Pinski & Asociados S. A.

4. A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR copia de esta sentencia al Superintendente de Sociedades, al Juez Noveno Civil del Circuito de Cali, al Tribunal Disciplinario del Valle, al Consejo de Estado y al Defensor del Pueblo.

Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al despacho de origen y cúmplase».

(Sentencia T-120 de marzo 29 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

(Nota: La presente Sentencia fue declarada nula por la Corte Constitucional mediante Auto 8 de 1993).

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