Sentencia T-1220 de diciembre 11 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

Sentencia T-1220 de 2003 

Ref.: Exp. T-780.925

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Accionante: Hayet Badavid Quiroz y otro

Demandado: María Estella Quiroz Mejía

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil tres

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

Sentencia

Dentro del proceso de tutela identificado con el número de radicación T-780.925, instaurado por Hayet y Gihat Badavid Quiroz contra María Estella Quiroz Mejía.

I. Antecedentes

1. La solicitud.

Los menores Hayet y Gihat Badavid Quiroz, obrando por medio de apoderado judicial designado, por ellos, presentaron acción de tutela como mecanismo transitorio contra su señora madre María Estella Quiroz Mejía, para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales que consideran violados y amenazados por la conducta de su madre que, en su concepto, está poniendo en riesgo el patrimonio familiar del que dependen para la atención de sus necesidades básicas.

2. Información a los demandados y a terceros eventualmente afectados.

Mediante auto del 16 de mayo de 2003, el Juzgado 19 Civil Municipal de Medellín decidió admitir la acción de tutela y dispuso que la misma se notificase personalmente a la demandada.

3. Oposición a la demanda.

Mediante escrito de mayo 26 de 2003, María Estella Quiroz Mejía se opuso a la demanda.

4. Los hechos.

Los accionantes son hijos del matrimonio de Carlos Hamed Badavid Madrid y María Estella Quiroz Mejía, quienes el 17 de diciembre de 1997 decidieron liquidar por mutuo acuerdo la sociedad conyugal.

En documento privado que se protocolizó con la escritura de liquidación de la sociedad conyugal, el señor Badavid Madrid expresó su voluntad de renunciar a la totalidad de los gananciales que le correspondiesen.

El activo de la liquidación, que conforme a la escritura pública 1698 de 1997 de la Notaría Primera de San Andrés Isla, se adjudicó a María Estella Quiroz Mejía, fue de $ 112.000.000, correspondientes a un inmueble ubicado en San Andrés, avaluado en $ 100.000.000; un vehículo automotor, avaluado en $ 10.000.000 y una motocicleta, avaluada en $ 2.000.000.

Los cónyuges formalizaron la separación y la custodia de los menores quedó a cargo de la madre.

De acuerdo con los accionantes, no obstante la suma que se hizo figurar en la escritura, el verdadero valor de los activos recibidos por su madre fue de 370 millones de pesos. A su vez, la accionada expresa que ese valor ascendía a 151 millones de pesos.

Expresa la accionada que vendió el inmueble en San Andrés por valor de 140.000.000 y que de esa suma invirtió 83 millones en la compra de un apartamento en Medellín, que aún conserva, y, que el resto lo destinó a gastos de instalación y a atender la educación de sus hijos, puesto que para este último propósito no ha recibido ayuda económica del padre de los menores.

Los accionantes, a su vez, expresan que el propósito de su padre al renunciar a los gananciales fue el de constituir un capital que le permitiera a su madre atender las necesidades de los menores, pero que de ese capital, la única inversión que realizó su madre fue el apartamento en Medellín, y que el resto lo ha perdido en el juego en los casinos de Medellín, al punto que, debió entregar en arrendamiento el inmueble, sobre el cual, además, constituyó gravamen hipotecario para respaldar sus deudas de juego.

En la documentación aportada con la demanda se observa que María Estella Quiroz Mejía, mediante escritura 1573 de marzo 22 de 2002 de la Notaría 12 de Medellín, adquirió un bien inmueble por valor de $ 78.400.000. Sobre dicho inmueble se constituyó gravamen hipotecario a favor de una persona natural, mediante escritura 1162 del 25 de junio de 2002, por valor de $ 18.000.000 la cual fue ampliada en el mes de septiembre en 3 millones de pesos, y en el mes de octubre del mismo año hasta $ 25.000.000.

5. Fundamento de la acción.

Los accionantes fundamentan su solicitud de amparo en las siguientes consideraciones:

El único patrimonio con el que cuentan para la atención de sus necesidades fundamentales es el apartamento en el que su madre invirtió parte del capital que le quedó como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal. No obstante que ese capital estaba previsto para asegurar su futuro, su madre lo ha dilapidado en el juego, al punto que ya no viven en su propia residencia, sino que deben mudarse de tiempo en tiempo donde distintos familiares. Del mismo modo se encuentran atrasados en el pago de la pensión escolar.

De esta manera, estiman, se encuentran amenazados sus derechos al mínimo vital y a la educación, al paso que se les ha vulnerado su derecho a una vivienda digna y al libre desarrollo de la personalidad.

La solicitud de amparo es el único recurso con el que cuentan, para obtener, de manera transitoria, mientras pueden acudir al proceso de interdicción, una medida judicial que proteja su patrimonio contra la actividad dilapidatoria de su madre.

6. Pretensión.

Los tutelantes pretenden que de manera transitoria, mientras se tramita un proceso de interdicción judicial por causa de disipación, el juez constitucional disponga las siguientes medidas:

6.1. Fijación de un término máximo para la presentación de la demanda de interdicción judicial por causa de disipación de la señora María Estella Quiroz Mejía.

6.2. Decretar que mientras se decide el anterior proceso, la señora Quiroz Mejía no podrá administrar sus bienes, ni los que tengan o llegaren a tener sus menores hijos. Así mismo, informar al sistema financiero sobre la congelación de las cuentas e inversiones que pueda tener la señora Quiroz Mejía y advertir a las entidades bancarias que deben abstenerse de realizar cualquier operación con la citada señora que pueda obrar en detrimento del patrimonio de sus hijos menores.

6.3. Decretar medida que saque del comercio jurídico los bienes inmuebles (apartamento y garaje) de propiedad de la accionada.

7. Oposición.

La accionada se opuso a la presente tutela, con base en las consideraciones que se sintetizan a continuación:

Con el valor de lo que recibió al liquidarse la sociedad conyugal, que es inferior a lo expresado por los accionantes, y después de vivir en un hotel por espacio de un año, adquirió el apartamento que aún conserva y el saldo lo destinó a gastos de vivienda, previos a la compra del apartamento, y a atender los gastos escolares, para lo cual ha tenido que endeudarse, dado que no recibe apoyo económico del padre de los menores. Por esa razón se vio obligada a poner en venta o en arrendamiento el apartamento.

Durante el tiempo que han vivido con ella sus hijos han recibido educación en buenos colegios y han vivido en conjuntos residenciales de buenas características.

Se separó hace seis años, y en ese tiempo no ha recibido apoyo para atender los gastos de los menores. Esa es la razón de sus dificultades económicas, y no es cierto que haya gastado parte del patrimonio familiar en el juego. Considera que su ex esposo y su suegra pueden estar manipulando a los menores en su contra.

II. Trámite procesal

1. Primera instancia.

Mediante sentencia de mayo 30 de 2003, el Juzgado Decimonoveno Civil Municipal de Medellín resolvió negar la solicitud de amparo presentada por los menores Badavid Quiroz contra su madre, la señora María Estella Quiroz Mejía, por considerarla improcedente, en la medida en que no se aprecia violación de derecho fundamental alguno y lo que está en discusión son asuntos de rango legal, para los cuales existe un medio judicial de defensa adecuado y eficaz.

2. Impugnación.

La apoderada de los accionantes impugnó el anterior fallo con base en los siguientes argumentos:

2.1. La conducta de la madre sí afecta los derechos fundamentales de los menores.

Tal como se desprende de las declaraciones que obran en el expediente, los menores se encuentran viviendo en la casa de una tía, en la cual no tienen la misma libertad y las mismas condiciones que en una vivienda propia, lo cual afecta sus derechos a la vivienda digna y al libre desarrollo de la personalidad.

Así mismo se han visto afectados sicológicamente, al pasar de una situación de estabilidad económica, a una de dificultades y privaciones, derivadas de la adicción de la madre por el juego.

La afectación del patrimonio familiar pone en riesgo la educación de los menores, que ya registran mora en el pago de la pensión del colegio en el que estudian. Del mismo modo se afectan los demás derechos fundamentales de los menores, a la seguridad social, a la salud y a una alimentación equilibrada.

2.2. Por tratarse de un proceso de jurisdicción voluntaria, en el proceso de interdicción por disipación no es posible la práctica de medidas cautelares tendientes a preservar los bienes y ni siquiera cabe la inscripción de la demanda.

3. Segunda instancia.

En segunda instancia conoció el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, quien decidió confirmar el fallo impugnado, con base en las mismas consideraciones que las del juez de primera instancia. Señaló el juez que no cabía el amparo, ni siquiera como mecanismo transitorio, porque “[p]ara la solución a la situación planteada a través de esta acción de tutela existe la vía propia y adecuada, cual es la instauración ante la Jurisdicción Ordinaria del proceso verbal sobre interdicción de la presunta disipadora, de que trata el parágrafo 1º, numeral 3º, del artículo 427 del Código de Procedimiento Civil...” y que, de acuerdo con la ley, “... en la demanda podrá pedirse la interdicción provisional que autoriza el Código Civil, cuestión que se decidirá mediante incidente con independencia del curso del proceso...”.

III. Fundamentos jurídicos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 al 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Procedencia de la acción de tutela.

2.1. Legitimación activa.

Los solicitantes son menores de edad que actúan a través de apoderado judicial constituido directamente por ellos.

De manera reiterada, la Corte Constitucional ha señalado que los menores de edad están habilitados para interponer directamente la acción de tutela en defensa de sus derechos fundamentales (1) . La Corte ha precisado, además, que esa posibilidad tiene particular relevancia cuando los menores tratan de obtener protección respecto de alguno de los progenitores.

Esa posibilidad, que se desprende del carácter informal que tiene la acción y de su naturaleza como instrumento de protección de los derechos constitucionales fundamentales, exige del juez de tutela una particular atención, para, por un lado, indagar, con todos los recursos procesales que tiene a su disposición, si efectivamente existe una violación o una amenaza de los derechos fundamentales de los menores, que haga imperioso el amparo constitucional (2) , y, por otro, si existen indebidas manipulaciones orientadas a obtener ventaja de la condición del menor como solicitante de amparo.

En el presente caso, los menores solicitantes confirieron poder a un abogado para que promoviese la acción. Si bien los menores carecen de capacidad para constituir apoderado judicial, no es menos cierto que dado que estarían en capacidad de interponer directamente la solicitud de amparo, y en atención al carácter informal de la acción, no cabe rechazar la demanda que sea presentada por abogado que actúa en representación de los menores, debiendo, se repite, el juez, extremar las precauciones orientadas a establecer la verdadera situación de los menores y la eventual violación de sus derechos.

Esa posibilidad de que los menores acudan ante el juez constitucional asesorados por un abogado se refuerza si se considera que para la protección de sus derechos cabría también la agencia oficiosa.

En el presente proceso, el juzgado de primera instancia, mediante auto de mayo 27 de 2003, dispuso “... citar a los menores (...) para que asistidos con su apoderada judicial, concurran al despacho a rendir declaración a fin de que amplíen los hechos que sirven de fundamento a su solicitud de amparo”.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los menores Badavid Quiroz son menores adultos —tenían 13 y 17 años respectivamente para el momento en el que se interpuso la acción de tutela— y que si bien, como lo ha puesto de presente la Corte “... la plena capacidad civil la tienen los mayores de edad, [l]os menores adultos, cuya edad está comprendida entre 12 y 18 años si son mujeres, y 14 y 18 años si son hombres, son relativamente incapaces, según el artículo 1504 del Código Civil: “Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes””. Señaló la Corte que “[e]n desarrollo de esta última norma, la ley establece excepciones a la incapacidad del menor adulto, entre las cuales pueden señalarse estas: a) según el artículo 1061 del Código Civil, el menor adulto es hábil para otorgar testamento; b) también es hábil para contraer matrimonio, de conformidad con el artículo 117 del Código Civil; c) es hábil para reconocer un hijo natural o extramatrimonial; d) puede celebrar capitulaciones matrimoniales; e) puede adquirir la posesión de bienes muebles e inmuebles; f) puede dar su consentimiento para la adopción de un hijo suyo, según el inciso segundo del artículo 94 del Decreto Extraordinario 2737, norma acusada”.

De este modo, si bien los menores Badavid Quiroz no tenían plena capacidad para conferir poder a un abogado, el que de hecho extendieron a la profesional que los representó en el trámite de la tutela, no está desprovisto de toda eficacia, por cuanto cabe que, como ocurrió en este proceso, el juez de tutela reconozca la personería del apoderado, sin perjuicio de las medidas que considere necesario adoptar para establecer de la mejor manera cuál es el interés superior de los menores.

Observa la Sala, entonces, que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los menores Hayet y Gihat Badavid Quiroz se encuentran habilitados para interponer directamente la acción de tutela, y que para el efecto pueden valerse de la asistencia de un abogado designado por ellos. Destaca la Sala que el escrito de tutela presentado por el abogado fue complementado por las manifestaciones directas que realizaron los menores en la diligencia decretada por el juzgado de primera instancia.

2.2. Legitimación pasiva.

La solicitud de amparo se dirige por los menores contra la actuación de su señora madre.

Ya ha tenido la Corte oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia de la acción de tutela intentada por un menor contra uno de sus padres. En la Sentencia T-293 de 1994 la Corte señaló que si bien de conformidad con el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela cabe primordialmente contra las autoridades públicas cuando por acción u omisión violen o amenacen derechos fundamentales, también cabe interponerla frente a particulares cuando el accionante se encuentre en condiciones de subordinación e indefensión. Señaló la Corte que, de manera particular, un niño puede ejercer la acción de tutela en contra de sus padres si estos incurren en conductas positivas o negativas que lesionan sus derechos fundamentales, puesto que es clara la subordinación en que se encuentran respecto de ellos, y, en general, el estado de indefensión que puede predicarse del menor frente a ese tipo de actuaciones.

2.3. Derechos constitucionales violados o amenazados.

Los peticionarios solicitan la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la educación, a una vivienda digna y al libre desarrollo de la personalidad, dentro del contexto más amplio de los derechos fundamentales de los niños (C.P., art. 44) y de los jóvenes (C.P., art. 45).

2.4. Existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Los accionantes interpusieron la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por cuanto consideran que no obstante que para la protección de sus derechos pueden acudir al proceso de interdicción por disipación previsto en la legislación civil, es necesario evitar que mientras se tramita dicho proceso, la conducta desordenada de su madre los lleve a perder lo que resta del patrimonio familiar.

A ese efecto, solicitan que en la providencia que decrete el amparo transitorio se fije el término máximo dentro del cual debería presentarse la demanda de interdicción por disipación ante la jurisdicción ordinaria.

2.4.1. La existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales.

En el presente caso para la protección de los derechos constitucionales que los actores estiman les están siendo vulnerados o amenazados, cabe acudir ante la jurisdicción ordinaria civil para que, de encontrarse acreditados los supuestos que dan lugar a ello, se decrete la interdicción de la madre para la administración de sus bienes.

En efecto, de acuerdo con el artículo 531 del Código Civil, “A los que por pródigos o disipadores han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, se dará curador legítimo, y a falta de este, curador dativo”. Y a su vez, en el artículo 447 del Código de Procedimiento Civil se regula el proceso de interdicción por disipación, el cual, de acuerdo con el artículo 427 del mismo código, se tramitará a través del proceso verbal.

El juicio de interdicción, de acuerdo con el artículo 532 del Código Civil podrá ser provocado por el cónyuge no divorciado del supuesto disipador, por cualquiera de sus consanguíneos legítimos hasta en el cuarto grado, por sus padres, hijos y hermanos naturales, y por el Ministerio Público.

La pretensión de los accionantes es la de que se prive a su señora madre de la capacidad para administrar su propio patrimonio. Está de por medio, entonces, un aspecto esencial de la personalidad jurídica, que exige extremar las garantías del debido proceso en beneficio de quien solo presuntamente puede considerarse como disipador.

En el presente caso, los accionantes no aportan con la demanda ningún elemento de convicción que respalde su afirmación según la cual la madre ha dilapidado su patrimonio en el juego. Tampoco solicitan la práctica de pruebas específicas a ese efecto, ni indican qué elementos podrían orientar al juez en orden a establecer los supuestos de la dilapidación. Simplemente se menciona la existencia de una deuda hipotecaria por valor de 25 millones de pesos, y se afirma que se ha producido un detrimento patrimonial.

Sin embargo, ni la obligación hipotecaria, ni, de acreditarse, el detrimento patrimonial alegado, serían suficientes para adoptar una medida de interdicción. Observa la Sala que en este caso están presentes asuntos que comprometen derechos fundamentales de la accionada y cuyo esclarecimiento debe someterse a un más amplio debate probatorio, que desborda el ámbito propio de la acción de tutela.

Tal como ha sido puesto de presente por la jurisprudencia civil, para establecer la disipación no basta con acreditar un detrimento patrimonial, sino que quien pretende la interdicción debe probar los actos de repetida prodigalidad, puesto que se trata de la adopción de una medida excepcionalísima de privación de la capacidad civil contra quien por una conducta desequilibrada está derrochando su patrimonio (3) .

De este modo, en el presente caso, sería necesario establecer cuál era el efectivo valor del capital que recibió la señora Quiroz Mejía como producto de la liquidación de la sociedad conyugal; que se haya producido un detrimento significativo en ese capital y que tal detrimento sea atribuible a su adicción por el juego, lo que a su vez exigiría probar esta última condición. Pero todo eso es precisamente el objeto del proceso de interdicción previsto en la legislación civil.

Observa la Sala, además, que los menores están habilitados para iniciar directamente el proceso de interdicción, no solo porque en su condición de hijos de la presunta disipadora se encuentran legitimados para ello, de acuerdo con el artículo 532 del Código Civil, sino porque, además, el ordenamiento civil ha previsto la manera como los menores pueden acudir a un proceso en el que pretendan demandar a quien ejerce la patria potestad. En efecto, el artículo 305 del Código Civil dispone que “[s]iempre que el hijo tenga que litigar contra quien ejerce la patria potestad, se le dará un curador para la litis, el cual será preferentemente un abogado defensor de familia cuando exista en el respectivo municipio; y si obrare como actor será necesaria la autorización del juez”. Y en el artículo 45 del Código de Procedimiento Civil, que establece las reglas para la designación del curador ad litem del incapaz, se señala que “(...) 3. El juez nombrará curador ad litem al incapaz que pretenda demandar a su representante legal, o que sea demandado por este, o confirmará el designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo. En el segundo caso, el juez dará aviso al incapaz de la admisión de la demanda como se dispone en el numeral anterior”.

2.4.2. La tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Los accionantes han planteado que solicitan el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por el detrimento patrimonial que todavía podría ocurrir mientras se tramita el proceso de interdicción por disipación. Sin embargo, observa la Sala que dentro de ese proceso es posible solicitar la interdicción provisional y que tal solicitud de interdicción provisional, que cabe presentarse con la demanda, debe tramitarse brevemente por el juez, puesto que la ley permite que la medida se adopte a partir de las declaraciones verbales que permitan establecer sumariamente la existencia de la disipación, sin perjuicio de la decisión definitiva una vez agotado todo el trámite probatorio de rigor.

En efecto, de acuerdo con el artículo 535 del Código Civil, “[m]ientras se decide la causa podrá el juez o prefecto, a virtud de los informes verbales de los parientes o de otras personas, y oídas las explicaciones del supuesto disipador, decretar la interdicción provisoria”. Y de conformidad con el artículo 447 del Código de Procedimiento Civil, esa interdicción provisional que autoriza el Código Civil, podrá pedirse en la misma demanda y el asunto se decidirá mediante incidente con independencia del curso del proceso. Agrega la citada disposición que “[d]ecretada la interdicción provisional, en el mismo auto se nombrará el curador interino...”.

De este modo, encuentra la Sala que, en la medida en que los menores pueden acudir directamente ante la jurisdicción civil para iniciar un trámite de interdicción por disipación, y que en ese proceso cabe que el juez decrete la interdicción provisional, lo que comporta la separación del presunto disipador de la administración de sus bienes, resulta improcedente la acción de tutela, aun como mecanismo transitorio.

IV. Decisión

Con base en las anteriores consideraciones, la Corte habrá de confirmar las decisiones proferidas por el Juzgado Diecienueve Civil Municipal de Medellín y por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política

RESUELVE:

1. CONFIRMAR las decisiones proferidas en primera y en segunda instancia por el Juzgado Diecienueve Civil Municipal de Medellín y por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín.

2. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

(1) Ver sentencias T-341 de 1993, T-293 de 1994, T-456 de 1995, T-409 de 1998, T-182 de 1999 y T-355 de 2001.

(2) Sobre este particular, en la Sentencia T-409 de 1998 se expresó: “... el juez de tutela está obligado a desempeñar un papel esencialmente activo con miras a la efectividad de los derechos, y que basta su conocimiento acerca de que están en juego los de un menor —aun a partir del informe de este— para que deba desplegar de inmediato su gestión investigativa y probatoria, pues la función constitucional que se le confía es la de resolver, haciendo que imperen los postulados básicos de la Constitución en el caso concreto, con apoyo en la directa verificación de los hechos, en un plano sustancial y no puramente formal”.

(3) (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 27/38).

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