Sentencia T-124 de marzo 31 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

REGLAMENTOS DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL

DERECHO DE LOS JÓVENES A DISENTIR DE LAS NORMAS EDUCATIVAS

EXTRACTOS: «En el caso que nos ocupa, considera la demandante violados los derechos constitucionales del menor, en razón a que se le saca de clase por llevar el cabello largo y los prefectos de disciplina le ponen sobre nombres. Con ello estima violados los derechos a la educación, al buen nombre del muchacho y al libre desarrollo de la personalidad, porque si bien el manual de convivencia de la jornada de la mañana en el Colegio Externado Nacional Camilo Torres habla de la presentación personal y de melenas, a juicio de la madre el corte del muchacho no controvierte dicho manual y es una expresión propia de la identidad de su hijo.

Para el colegio, por otra parte, los derechos de los menores no pueden estimarse violados simplemente por imponérseles reglas de disciplina, ya que tales elementos son indispensables en el proceso educativo. Igualmente el colegio considera que puede exigir el cumplimiento de dichas normas teniendo en cuenta que la madre y el muchacho firmaron con la matrícula, un documento en el que se comprometen a cumplir el manual de convivencia del colegio.

De lo anterior se desprende claramente un conflicto que a esta Corte le compete resolver, entre los derechos que estiman vulnerados el menor y su madre, y las atribuciones que argumenta el establecimiento educativo. Para entrar a definir si hubo violación o no de dichos derechos se tendrán en cuenta los puntos a seguir.

c) Del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Vivir en comunidad y experimentar la sensación de ser iguales y libres constitucionalmente frente a los demás, incluye también la posibilidad de actuar y sentir de una manera diferente, en lo que concierne a las aspiraciones y a la autodeterminación personal. La potestad de cada quien para fijar esas opciones de vida de conformidad con las propias elecciones y anhelos, sin desconocer con ello los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico existente, es lo que llamamos el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Este derecho, protegido constitucionalmente y ligado sin duda alguna a los factores más internos de la persona y a su dignidad, se manifiesta singularmente en la definición consciente y responsable que cada persona puede hacer frente a sus propias opciones de vida y a su plan como ser humano, y colectivamente, en la pretensión de respeto de esas decisiones por parte de los demás miembros de la sociedad.

Por consiguiente, constituye una violación a este derecho, cualquier vulneración que le impida a una persona “en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano”(1).

(1) Sentencia T-429/94. Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell.

Sin embargo, este derecho de rango constitucional, no debe ser entendido como un mecanismo para eludir las legítimas obligaciones sociales o de solidaridad colectiva, y de esta forma “abusar” de los derechos propios (C.P., art. 95), sino como el ejercicio de una potestad personal a tomar decisiones de vida, que al manifestarse en equilibrio con el normal funcionamiento de las instituciones y con un pacífico ejercicio de las libertades, permite al individuo desarrollar las alternativas propias de su identidad. En sentido inverso, si bien el libre desarrollo de la personalidad encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el ordenamiento jurídico, como se ha dicho, también exige de la sociedad una manifestación clara de tolerancia y respeto hacia aquellas decisiones que no controvierten dichos límites y son intrínsecas al individuo. Por esta razón, la represión legítima de una opción personal debe tener lugar exclusivamente frente a circunstancias que generen violaciones reales a los derechos de los demás o al ordenamiento jurídico, y no simplemente frente a vulneraciones hipotéticas o ficticias. En este sentido, el libre desarrollo de la personalidad no puede limitarse por simples consideraciones a priori de interés general o de bienestar colectivo, desarrolladas de manera vaga e imprecisa.

Por consiguiente, para “que la limitación al libre desarrollo de la personalidad sea legítima, por lo tanto, no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional. No basta que el derecho de otras personas o la facultad de la autoridad se basen en normas jurídicas válidas sino que en la necesaria ponderación valorativa se respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental mencionado. En consecuencia simples invocaciones del interés general, de los deberes sociales (C.P., art. 15), o de los derechos ajenos de rango legal, no son suficientes para limitar el alcance de este derecho” (Sent. T-532/92. Eduardo Cifuentes Muñoz). Tampoco estas restricciones pueden llegar a anular totalmente “la posibilidad que tiene la persona de construir autónomamente un modelo de realización personal. De allí el nexo rotundo que existe entre el reconocimiento del pluralismo (C.P., art. 7º) y el libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), ya que mediante la protección de la autonomía personal, la Constitución aspira ser un marco en el cual puedan coexistir las mas diversas formas de vida humana” (Sent. C-309/97. M.P. Alejandro Martínez Caballero).

c) Del derecho a la educación.

De conformidad con la Constitución y la Ley 115 de 1994, el “proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes(2), que permite el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, es lo que denominamos educación.

(2) Artículo 1º de la Ley 115 de 1994.

La educación, por lo tanto, se constituye en un derecho de la persona y en un servicio público que debe ser acorde a las necesidades e intereses individuales, familiares y sociales, y que por ende debe cumplir con unos fines que permitan el desarrollo de la personalidad de los individuos, el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, la participación en las decisiones colectivas, el respeto de las autoridades, el acceso a las diferentes formas de conocimiento, y en general, la formación integral de las nuevas generaciones.

Para cumplir la totalidad de los fines anteriormente descritos, no se puede perder de vista la naturaleza de derecho-deber que tiene la educación. Porque precisamente en virtud de esa doble naturaleza, la comunidad educativa, —profesores, estudiantes, padres de familia, ex alumnos— goza no sólo de derechos, sino que al mismo tiempo debe cumplir con ciertas obligaciones necesarias para el ejercicio armónico de los principios educativos anteriormente señalados. Esas obligaciones contenidas para los estudiantes en los manuales de convivencia de los centros educativos, no pueden ser contrarios a la Constitución y a los principios que en sí mismos orientan esa función pública, incorporados también en la Ley 115 de 1994. Por el contrario, deben ser el fundamento que permita la adecuada convivencia social dentro de la comunidad educativa, la expresión de los principios constitucionales anteriormente señalados y la materialización de los mismos dentro del pequeño grupo que constituye la comunidad educativa.

En ese orden de ideas, un proceso de enseñanza que garantice el desarrollo armónico e integral de los menores, que estimule sus capacidades, que les permita adquirir conocimientos, estructurar su personalidad y paralelamente respete sus opciones y oriente sus disímiles formas de ver el mundo, es el objetivo base de la educación.

d) Validez jurídica de los manuales de convivencia.

La ley general de educación le otorgó a los establecimientos educativos la facultad de expedir normas que permitan garantizar la convivencia, fijando con ellas obligaciones y derechos que como se dijo son necesarios para educar a los menores en el respeto de valores superiores y en la responsabilidad. Estos reglamentos que fijan obligaciones y derechos a los estudiantes, según la Ley 115, se denominan manuales de convivencia.

La Corte ha señalado que:

“La ley general de educación (115/94) autorizó a los establecimientos educativos para expedir un “reglamento o manual de convivencia”, “en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes” y estableció, además, la presunción de que “los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo” (art. 87). De igual modo, la ley estableció que “el reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión”.

Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución Política.

En efecto el aludido poder reglamentario que implementa el legislador tiene su soporte en la Constitución Política, la cual caracteriza la educación como un servicio público (art. 67), cuya prestación puede estar no sólo a cargo del Estado sino de los particulares, y la somete “al régimen jurídico que fije la ley” (art. 365). De esta circunstancia particular resulta que las decisiones reglamentarias de alcance general adoptadas por la administración de un organismo educativo privado, tienen, en principio, un poder vinculante similar al de los reglamentos administrativos expedidos por una entidad pública, en cuanto están destinados a regular la vida estudiantil en lo relativo a los derechos y prerrogativas derivados de su condición de usuarios o beneficiarios de la educación, e igualmente en lo atinente a las responsabilidades que dicha condición les impone. De la relación armónica entre derechos y deberes de los educandos y educadores y la responsabilidad que se puede exigir a unos y a otros, se logra el objetivo final cual es la convivencia creativa en el medio educativo". (Sent. T-386/94. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).

Sin embargo, esa potestad de autorregulación no es total, porque está enmarcada dentro de un contexto jurídico constitucional y legal que no se puede desconocer, teniendo en cuenta que esa atribución reglamentaria surge precisamente de la normas superiores que le dieron origen.

En ese orden de ideas, si bien los reglamentos o manuales de convivencia obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, porque su fuerza jurídica proviene de la propia Ley 115 de 1994 que autorizó a los establecimientos educativos a expedir un reglamento o manual de convivencia que definiera los derechos y obligaciones de los estudiantes, estos manuales no pueden desconocer los principios que orientaron esa autorización, y que emanan de la Constitución, sino que deben ser la expresión de dichas normas, porque regulan los derechos y deberes de los estudiantes dentro de la comunidad educativa.

Es por eso que, tal como ha dicho la Corte en situaciones anteriores:

“Los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social principio de práxis general. Por tanto, en la relación educativa que se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad...” (Sent. T-065/93. M.P. Dr. Ciro Angarita Barón).

Por consiguiente los manuales de convivencia deben ser la expresión y garantía de los derechos de los asociados, enriquecidos y expresados en un contexto claramente educativo, más aún cuando la Corte “ha subrayado en reiteradas oportunidades que los manuales de convivencia y demás reglamentos educativos son, en alguna medida, un reflejo mediato de las normas superiores, razón por la cual su validez y legitimidad, depende de su conformidad con las mismas”. (Sent. T-459/97. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

En pocas palabras y con fundamento en el artículo 95 inciso primero de la Constitución, así como los estudiantes tienen derechos y obligaciones que cumplir, también los establecimientos educativos, deben “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” dentro del ambiente comunitario, a la hora de consolidar los manuales de convivencia.

e) Relación de los manuales de convivencia con el libre desarrollo de la personalidad, la educación y la disciplina.

Luego de las anteriores reflexiones, surge necesariamente una pregunta: ¿Puede un manual de convivencia de un establecimiento educativo si lo estima conveniente dentro de su plan pedagógico, limitar válidamente el derecho a el libre desarrollo de la personalidad de los menores educandos en lo que se relaciona con el corte de cabello y la presentación personal?

Para responder esta pregunta, se debe tener en cuenta el llamado juicio de proporcionalidad, mediante el cual se estudia si los mecanismos y la restricción que se proponen son adecuados para lograr el fin que se quiere alcanzar; si es necesaria la restricción porque no existen otros medios menos onerosos en términos de ponderación de principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, si es “proporcionada stricto sensu, lo que se refiere a que no se sacrifiquen valores y principios de un mayor peso constitucional que los que se pretende proteger(3). En otras palabras, lo que se busca es que la medida sea válida y realice objetivos constitucionalmente claros y fundamentales, que ponderados, legitimen la injerencia en un determinado derecho.

(3) Sentencia C-309/97. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En ese orden de ideas, y con el fin de consolidar la reflexión, debe concretarse el conflicto que se presenta en ese caso: De un lado la posibilidad de una institución educativa de propugnar por el cumplimiento de normas a través de las cuales se pretende consolidar un modelo de virtud correspondiente a un plan educativo institucional y de otro lado el libre desarrollo de la personalidad de los menores, el pluralismo y su dignidad.

1. En primera instancia, a juicio de esta corporación las instituciones educativas pueden imponer normas que limiten aspectos relativos al cabello y a la presentación personal, si el objeto de esas medidas es el de proteger valores que tienen sustento constitucional expreso o el de fortalecer tales valores, incluso los que conforman el derecho mismo que se pretende limitar. Por ello, el fundamento de la restricción no debe ser sólo el de la conveniencia o el interés general, sino el de la realización de objetivos constitucionales importantes y necesarios para el desarrollo personal de los menores.

En ese orden de ideas, es sin duda alguna un objetivo constitucional claro, inculcar en los educandos “principios, valores y reglas” “(...) que garanticen una estructura personal” en los jóvenes, “apta para cumplir después un papel en el seno de la sociedad y para asumir en ella las responsabilidades y deberes que les incumban”(4) y consolidar así en el individuo el conocimiento y respeto por los demás valores constitucionales que se desprenden del ejercicio de la convivencia. Es por eso que establecer normas y manuales con postulados relativos a la presentación personal, siempre y cuando estén justificadas dentro del concepto educativo del plantel como una herramienta para promover en los estudiantes la formación de su personalidad, la necesidad de cumplir con normas superiores, el deber de garantizar el ejercicio pacífico de los demás derechos o la necesidad de evitar la discriminación de los estudiantes, pueden ser admitidas como una restricción adecuada y constitucionalmente aceptable para lograr el fin educativo que se propone. Por eso la Corte ha concluido que “la gestión del plantel resulta adecuada a sus finalidades, cuando los criterios formativos que lo inspiran le han permitido entregar al alumno los elementos básicos indispensables a la configuración de su personalidad y de su carácter”(5).

(4) Sent. T-393/97. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(5) Ibídem.

Sin embargo, debe resaltarse que, si bien “el colegio privado tiene derecho, según la Carta, a ofrecer unos definidos rasgos en la formación que inculque a sus estudiantes, tanto en el aspecto intelectual y físico como en el espiritual y moral, derecho correlativo y garantizado en favor de los padres, quienes son libres para escoger el tipo de educación adecuado para sus hijos menores (C.P., art. 68)”(6), sin perjuicio de los principios constitucionales, los colegios de carácter público deben propender por un mayor grado de amplitud en la formación que se imparte, teniendo en cuenta que el Estado no puede imponer un criterio moral determinado dentro del desarrollo de su actividad y sí debe garantizar la tolerancia y la diferencia dentro del espacio propio de su contexto educativo. Es por ello que en ciertos ambientes, como en los colegios militares, normas severas de disciplina pueden considerarse aceptables constitucionalmente en atención a los fines propios su sistema educativo, pero normas similares en otros contextos con proyectos de enseñanza diferentes, pueden ser totalmente inaceptables dentro del esquema constitucional en razón a la naturaleza propia del sistema educativo.

(6) Ibídem.

2. En segunda instancia, en lo que respecta a determinar si la restricción es necesaria o no debe tenerse en cuenta que el espacio educativo, al igual que el ambiente familiar, son puntos de partida claros para consolidar el desarrollo integral de un individuo, incluyendo la construcción de sus propias opciones de vida y sus aspiraciones como persona. Por ende, las normas y los parámetros de comportamiento que en ambos ambientes se postulan, son necesarios para lograr interiorizar en los individuos factores tales como la responsabilidad, la disciplina, la organización, los métodos de adquisición de conocimientos, el respeto a los demás y al ordenamiento, etc. que tiene como objetivo principal garantizar los fines que la educación misma se propone: lograr individuos capacitados para vivir, compartir y enriquecer a la sociedad de una manera proactiva, contando con los conocimientos necesarios para proyectarse en sociedad.

El control de la escuela y de los padres a través de los procesos educativos de primaria y bachillerato permite una mayor relación profesor-alumno-familia, que no puede ser desperdiciada para la formación integral de la personalidad del muchacho. Si no se le enseña en esa oportunidad a establecer un reconocimiento de sí mismo y a integrar ese reconocimiento con su contexto social, difícilmente en otros momentos educativos se podrá. Por lo tanto es necesario para lograr el fin que se propone la educación, establecer normas de comportamiento que permitan a los menores orientar su personalidad, más aún cuando los jóvenes se encuentran a penas en una etapa de formación y de transición, que requiere indiscutiblemente el apoyo, la guía y la orientación de padres y profesores.

Así, “dentro de la perspectiva de estimular razonables conductas que favorezcan la asimilación de valores educativos tales como el orden, la obediencia, las exigencias propias de la vida comunitaria, las posibilidades y los límites de la libertad y el acendrado sentido de la responsabilidad, la presentación personal de los alumnos de establecimientos educativos —particularmente en aquellos casos en que por su edad y condiciones personales requieren aún de orientación clara conducente a su formación—, puede ser uno de los instrumentos a través de los cuales se difunde el mensaje educativo”(7).

(7) Sent. T-065/93. M.P. Ciro Angarita Barón.

Por ello, es “legítimo que terceras personas o el propio Estado puedan tomar ciertas medidas en favor de individuos, como los menores o los transitoriamente incapaces, incluso contra su voluntad aparente pues se considera que estos aún no han adquirido la suficiente independencia de criterio, o se encuentran en situaciones temporales de debilidad de voluntad o de incompetencia, que les impiden diseñar autónomamente su propio plan de vida y tener plena conciencia de sus intereses, o actuar consecuentemente en favor de ellos”. (Sent. C-309/97. M.P Alejandro Martínez Caballero). Ahí, en esos momentos es donde los centros educativos deben asumir su papel de guías dentro de ese proceso de formación del individuo.

En consecuencia, puede considerarse que si es necesaria la restricción del derecho al libre desarrollo de la personalidad en lo que respecta la presentación personal y el cabello del individuo, si el plan educativo del colegio y la comunidad que lo integra en general así lo considera, en razón a que se constituye en un elemento importante en el proceso de formación integral de los menores, en un determinado centro educativo. En ese orden de ideas, “no se puede sindicar al plantel educativo de vulnerar derechos fundamentales por el sólo hecho de establecer con carácter general, aplicable a todos sus estudiantes, que estos deberán presentarse en su sede “dentro de las más elementales formas de aseo y pulcritud personal”. Ello hace parte de la educación integral que la educación exige”. (Sent. T-366/97)

3. En tercer término, en lo relativo a la proporcionalidad, debe tenerse en cuenta que la limitación que se impone al libre desarrollo de la personalidad con las normas que predica la institución educativa, no es permanente ni definitiva y se justifica comparativamente, al ayudar a consolidar en el menor criterio de disciplina, de convivencia, de freno frente a la influencia de modas, etc. que son necesarios para su desarrollo como persona. En efecto, la restricción a la presentación personal se circunscribe al ámbito del colegio y permite de todas maneras, que el adolescente tenga otras formas de manifestar su expresión personal en otros ambientes diferentes al educativo. Por ello, podrá vestirse de formas diferentes por fuera de la institución si lo desea, y también, frente al corte de cabello, podrá decidir en el futuro una vez logre desarrollar su personalidad, el tipo de tendencia que le desea imprimir al mismo. En consecuencia, el límite que impone un colegio, al no ser permanente sino temporal, y orientado a un fundamento constitucional y educativo, es válido y razonable para el caso que nos ocupa. Se respeta entonces la autonomía del menor con base “en lo que podría denominarse consentimiento orientado hacia el futuro (un consentimiento sobre aquello que los hijos verán con beneplácito, no sobre aquello que ven en la actualidad con beneplácito)”(8).

(8) Gerald Dworkin. Op. cit. p. 156. Tomado de la sent. C-309/97.

Sin embargo, el test de proporcionalidad se predica no sólo de la imposición de la norma específica y de su restricción frente al derecho al libre desarrollo, sino frente a las posibles sanciones que se impriman con fundamento en dicha norma. En ese orden de ideas, las sanciones que se impongan al específico incumplimiento de aspectos como el señalado, relativos a la apariencia física y al corte de pelo, no pueden ocasionar la pérdida total del derecho al libre desarrollo o del derecho a la educación en el evento en que se comprometa este último, porque como dijimos, el límite al derecho y la validez de incorporarlo en el manual de convivencia tiene como fundamento la necesidad de protección al menor y la garantía de su derecho a la educación integral y a la formación de su personalidad. En ese orden de ideas, no existiría proporcionalidad en imponer sanciones que dieran como resultado perder el cupo en el colegio por razones de pelo largo o apariencia, o no poder acceder a clases dentro del plantel, porque se desconocería con ello los fines generales de la educación y la totalidad de razones expuestas con anterioridad que justificaron el límite, desvirtuando la necesidad de formación integral del individuo y optando por el método fácil de la desvinculación académica, que lesiona abiertamente uno de los postulados educativos fundamentales consagrados en la Constitución, como es el deber del Estado de garantizar “la permanencia” de los menores “en el sistema educativo” (art. 67) y el cumplimiento de los fines mismos de la educación.

En ese orden de ideas, las sanciones que se impongan a situaciones relativas al cabello largo y la apariencia personal deben ser proporcionales a la situación y no sacrificar ciertos derechos constitucionales de más alto rango como puede ser la educación. Es por ello que los mecanismos disciplinarios pueden resultar claramente aplicables y válidos, mientras no sacrifiquen los métodos educativos de interiorización de normas, al imponer criterios limitados estrictamente al castigo, en detrimento de la educación o el acceso a las aulas, en aspectos puntuales como la apariencia y el peinado.

Al respecto la Corte ha sostenido que “es más apropiado recurrir a los métodos de la pedagogía para encauzar una conducta en un sentido determinado, que tener a la represión por instrumento único; así se lograría conciliar el respeto que merecen los derechos de los educandos con los criterios que, según los educadores, deben buscarse mediante su tarea”(9).

(9) Sentencia T-476/95. M.P. Fabio Morón Díaz.

Es por eso que una de las tareas más importantes de los educadores, es enseñar a los niños y adolescentes la disciplina. Ella en sí misma constituye una herramienta necesaria para establecer en los seres humanos compromisos claros y modos de comportamiento y expresión, que les permitan convertirse en miembros constructivos y útiles de la sociedad que puedan actuar dentro de un marco de convivencia, de conformidad a cánones sociales, desarrollados primero en la familia, después en el colegio, en la sociedad y en el mundo. Sin embargo, castigar y disciplinar no son la misma cosa. El castigar es, sin embargo solo uno, pero no el único de los métodos para enseñar la disciplina. Los fundamentos de la disciplina parten de un reconocimiento por la persona humana y no de un desconocimiento de ella misma. Es muy difícil para una persona aprender a comportarse adecuadamente, si no se le respeta y reconoce su dignidad.

Es por eso que si bien el uso de la razón y la persuasión es un método lento, no puede ser esto óbice para considerarlo inconveniente, menos cuando nos encontramos frente a espacios educativos que deben ser escenarios de distensión y discusión. Enseñar la disciplina es un proceso largo, como el de aprender cualquier cosa. Se necesita indiscutiblemente tiempo y paciencia para hacer de un niño o de un adolescente una persona sanamente independiente. Y en ello, la disciplina y las normas ayudan a consolidar la personalidad, si son legítimas y se aplican teniendo en cuenta los fines del proceso educativo.

“En consecuencia, si la institución considera que sus alumnos deben llevar sus cabellos a una longitud determinada, los instrumentos más adecuados para lograr este propósito son naturalmente los propios de la educación, así sus resultados sean más lentos y en ocasiones casi nulos. El verdadero educador no puede renunciar al uso de ellos sin desvirtuar el nobilísimo sentido de su misión”(10).

(10) Sent. T-064/93. M.P. Ciro Angarita Barón.

En ese proceso educativo, por lo tanto, es fundamental revelar cuáles son las reglas del sistema, por qué existen, por qué son importantes, que sucedería si no existiesen y como podría ser la manera de perfeccionarlas en colectivo, hacia el futuro. De tal manera, la discusión, la explicación, la aclaración y la participación siempre serán una vía importante para ayudar a una persona en formación a entender la disciplina y a controlar su propia forma de actuar en sociedad. Es por ello, que la búsqueda de obediencia no puede ser reducida al cumplimiento mecánico y despersonalizado de la voluntad de quien detenta el poder. El acto de obedecer debe ser en el contexto educativo, la expresión de la voluntad real y consciente del joven y de sus padres y no solo la idea simplista de que todos los conflictos son susceptibles de ser resueltos mediante órdenes que vienen de arriba. Además, la obediencia consciente, no resulta incompatible con ningún derecho constitucional, porque responde a un acatamiento racional y voluntario de las justas normas.

En ese orden de ideas, aspectos relativos al cabello largo y a la apariencia física no pueden generar necesariamente como sanción disciplinaria, la pérdida de clases y el no acceso al conocimiento escolar, porque no existe proporcionalidad directa entre el acto y la sanción dentro del contexto educativo, más aún cuando los fines de la educación son precisamente los de garantizar la permanencia en el sistema y el acceso al conocimiento. Por esas razones, estima esta Corte que impedirle el acceso a clases al menor, como un criterio de disciplina, constituye en realidad una violación al derecho a la educación, porque desde una perspectiva de medio a fin, no es proporcional con los fines pretende garantizar la educación.

4. Por otra parte, si bien se ha dicho que es factible imponer restricciones al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores como herramienta para lograr los fines generales de la educación y propender por la formación integral del joven hasta tanto logre consolidar su personalidad, esta discrecionalidad justifica indiscutiblemente la posibilidad proceder a una revisión constitucional para garantizar que tales restricciones se ajustan a la Carta. Porque, debe tenerse en cuenta que la aplicación indiscriminada de limitaciones al libre desarrollo llevaría irreductiblemente al desconocimiento así total del derecho en sí mismo considerado(11).

(11) Sent. T-067/98. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Por lo tanto, basarse exclusivamente en lo que señalen las normas, partir de la obligatoriedad irrestricta de las mismas y limitarse a la imposición de castigos, puede ser un ejercicio facilista dentro del proceso educativo, que nada tiene que ver con los fines fundamentales de la educación que se pretende. Más aún cuando ese mismo contexto institucional debe darle un margen al estudiante, que le permita construir esa personalidad que tanto se predica y hacer ejercicios de diferencia frente a los demás, de conformidad con el paulatino reconocimiento de sí mismo y de su posición en el mundo.

En ese orden de ideas, la consideración de que el manual de convivencia es obligatorio, porque los padres y el menor indiscutiblemente se han comprometido a él y por la presunción legal de la Ley 115 de 1994, debe siempre someterse a los principios constitucionales. Eso nos lleva necesariamente a hacer algunas reflexiones. Aunque es claro, entonces, que las normas deben ser cumplidas cuando el estudiante y sus padres se han comprometido a hacerlo, también es claro que el sujeto del derecho a la educación, el menor, quien supuestamente se obligó a cumplir unos determinados postulados, aún no ha adquirido criterios suficientes que le permitan ser completamente capaz y entender claramente los efectos de las obligaciones adquiridas. Por lo tanto, la obligatoriedad de ciertas normas, puede con el tiempo ir perdiendo su legitimidad para el menor, ante la creciente posibilidad de separar su identidad de la de sus padres y de disentir, en la medida que se gesta su desarrollo, de las normas que aparentemente violan sus expectativas o sus aspiraciones de vida.

En estas condiciones, si bien existe obligatoriedad frente a tales normas, sería desproporcionado pensar que la posibilidad de autorregulación de las instituciones no es susceptible de controversia alguna al interior del seno educativo por parte de los estudiantes, por las razones arriba expuestas, desde el momento mismo en que se produce la matrícula. Por el contrario. Los límites de proporcionalidad, medio fin y fundamento en valores constitucionales antes descritos, deben ser los ejes necesarios para garantizar en cada caso, la viabilidad de la aplicación de ciertas pautas de comportamiento en el medio educativo. En el caso que nos ocupa, es precisamente esa condición de menores y la ausencia de capacidad para prever consecuencias hacia el futuro, la que hace necesaria, en aspectos como el cabello y la presentación personal, que la obligatoriedad de las normas se asuma desde una óptica más de orientación, que de castigo o de expulsión del ambiente educativo. Por consiguiente, aunque las normas obligan a los menores, es posible que dentro de su propio crecimiento y en el ejercicio de consolidación de su personalidad, incluso con el apoyo de sus padres o mayores, los intereses, aspiraciones, sueños y expectativas que dieron origen al acogimiento definitivo de ciertas consideraciones iniciales en el momento de la matrícula, se transformen paulatinamente cuando el menor adquiere mayor independencia frente a sus propias motivaciones y frente a la potestad de sus acudientes de tomar decisiones por él. Esta situación que no es una excusa para fomentar el incumplimiento de las normas señaladas por la institución, sí debe ser un factor tenido en cuenta, porque es allí donde el mismo proceso educativo debe responder a las nuevas aptitudes y expresiones del individuo, garantizando una manifestación concreta de su personalidad a través de canales que permitan expresar su diferencia frente a los demás y frente a las normas adquiridas, dentro de los límites del respeto a los demás y a la comunidad educativa. Ese procedimiento de disentimiento y de ejercicio de participación ante la comunidad educativa, en aras de expresar nuevas formas de ver el mundo e incluso de pretender modificar postulados y porqué no, perfeccionar las normas que rigen los destinos de los estudiantes, puede garantizar que ciertos comportamientos, en lugar de ser reprimidos sean canalizados mediante procedimientos institucionales, que permitan el debate dentro del seno del mismo centro educativo y por ende enriquezcan la comunidad.

Entonces, si bien las normas son obligatorias en la medida en que los padres se comprometen a cumplirlas y los menores también, no se puede por ese solo hecho desconocer la relativa capacidad que tienen los menores frente a ellas, más aún cuando están separando su personalidad de la de sus padres y empieza a asumir su propia identidad. En este punto se pregunta la Corte, ¿cómo conciliar entonces los intereses de la comunidad educativa y los de los padres y estudiantes frente a situaciones que no pueden limitarse a una obligatoriedad irrestricta en razón a las características propias del menor?

El mecanismo que esta Corte prevé, como expresión de los derechos de los adolescentes a participar en las decisiones que los adecuen (art. 2º de la Constitución), teniendo en cuenta la potestad de participación activa en los organismos que tienen a cargo su educación (art. 45 de la Constitución), y recordando que la autorregulación de los centros educativos no es absoluta sino que debe estar enmarcada en el respeto a los derechos y fines constitucionales y legales, es entonces, el de establecer un procedimiento claro y expreso en los manuales de convivencia, definido por los miembros mismos de la comunidad educativa en ejercicio de su autonomía, más preciso que la mera generalidad impuesta por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, que le permita a los jóvenes ejercer su derecho a disentir a través de los mecanismos participativos e institucionales, e incluso lograr la modificación o el perfeccionamiento de preceptos en el manual de convivencia que los rigen. Este aspecto, garantiza no sólo el respeto por las normas impartidas por la comunidad y su necesario cumplimiento, sino también la posibilidad de disentir, debatir y participar en el contexto educativo, tal y como la Constitución Nacional lo autoriza y reclama. El Decreto 1860 de 1994, que es un ejercicio claro de la expresión de los postulados constitucionales que buscan garantizar la participación, la tolerancia y el acceso de toda la comunidad a la toma de decisiones en materias que los afectan precisamente manifiesta en su artículo 17 numeral 5º que el manual de convivencia debe incluir: “Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y conciliación”.

En ejercicio de esa atribución legal y de conformidad con la Constitución Nacional, los manuales de convivencia deben establecer procedimientos claros que les permitan a los jóvenes manifestar institucionalmente su disenso ante las normas educativas, expresar diferentes formas de pensar y lograr la orientación inmediata de la comunidad en los conflictos y diferencias que los afectan, a través de soluciones democráticas que fortalezcan el dialogo y la diferencia en la comunidad educativa. En el caso que nos ocupa, y en otros anteriores relativos al mismo centro educativo, se hizo evidente la falta de esta instancia para el debate correspondiente, entre alumnos y autoridades académicas.

Lo que se pretende es garantizar un acceso más real de los jóvenes, a los contextos que definen las normas que los han de gobernar y garantizar así una expresión clara de los sujetos con opiniones diferentes y con consideraciones o ideas distintas, susceptibles de ser ponderadas y evaluadas por el resto de la comunidad educativa, en un ejercicio real y no retórico de la tolerancia. El hecho de contar con representantes de curso y con un personero estudiantil, es un ejemplo valioso de lo que se pretende con participación educativa. Sin embargo, se requiere la implementación de procedimientos más concretos que a través del gobierno estudiantil, permitan la expresión de las ideas diferentes, incentiven la tolerancia, garanticen que a través de procesos implementados en el mismo manual se pronuncien todos, algunos o solo uno de sus miembros, se disienta frente a la norma y se establezcan mecanismos internos que definan la vigencia, modificación, complementación o permanencia de las normas, con posterioridad a ese ejercicio de evaluación colectiva de los preceptos internos. Lo anterior, le da garantía a los postulados constitucionales que determinaría “que los adolescentes tienen derecho a la protección y a la formación integral”, “a participar en organismos públicos y privados que tengan que ver con su educación” (C.P., art. 45) y a participar en las decisiones que los afectan (C.P., art. 2º). De esta forma se le permite al menor homogeneizar sus aspiraciones, o por lo menos someterlas a discusión, con las consideraciones de los demás y el ordenamiento jurídico en general, que regula a la colectividad y a su comunidad educativa.

Y ese proceso debe darse dentro de la misma comunidad educativa, dentro del clima de participación y ejercicio de la diferencia que se debe gestar dentro de ella misma, como factor que consolide los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de conformidad con los fines de la Constitución Nacional y de la Ley 115 de 1994.

Es por ello que la Corte, como expresión de lo anteriormente definido, ha sostenido:

Uno de los principales objetivos del proceso educativo es lograr que el educando, a tiempo que se desarrolla como individuo único y diferenciable, autónomo y libre, aprenda a socializar y armonizar sus comportamientos en relación con los demás, teniendo como presupuesto básico el reconocimiento y respeto del “otro” en cuanto sujeto que detente los mismos derechos. La ley general de educación, Ley 115 de 1994, señala en su artículo quinto como uno de los fines de la misma, “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico...”.

La educación en un Estado social de derecho ha de propender porque cada uno de los actores del proceso educativo, especialmente los alumnos, se apropie e interiorice principios fundamentales para la convivencia humana, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la igualdad en la diferencia. No basta, por parte del ente educador, con el cumplimiento estricto de la mera labor de instrucción y con el desarrollo de un modelo pedagógico restringido, que simplemente pretenda homogeneizar comportamientos y actitudes ante la vida (...) concepción esta que va en contravía de los fundamentos mismos de las diversas escuelas del pensamiento que desarrollan la pedagogía moderna, las cuales rechazan cualquier modelo que propenda por la colectivización u homogeneización del pensamiento de los individuos. Al contrario, se trata desde la escuela básica de viabilizar el desarrollo del individuo como fin en sí mismo, permitiéndole el acceso al conocimiento, a las artes y en general a las distintas manifestaciones de la cultura, en la perspectiva de que pueda desarrollarse, integral y equilibradamente, en un contexto social caracterizado por la coexistencia de paradigmas de vida, no solo diferentes, sino incluso antagónicos. Sólo así el individuo adquirirá la capacidad necesaria para ejercer su autonomía de manera racional, aceptando y respetando el derecho que asiste a los demás de hacer lo mismo; esto es, sin que ello implique vulnerar los valores, principios y derechos que para todos consagra la Constitución”. (Sent. T-377/95. M.P. Fabio Morón Díaz).

El interés general de una sociedad, apunta también hacia la tolerancia y la construcción armónica de la diferencia. Una sociedad en donde el pluralismo y la educación en el pluralismo no es fundamental, y donde no se reconoce la existencia de personas que piensan y actúan diferente, desconoce criterios indispensables para su propio desarrollo, porque el diálogo y el reconocimiento del otro son ejes básicos en la construcción de la democracia, de la convivencia y de la paz, que en concordancia con la constitución desarrollan los objetivos comunes de una sociedad. lastimosamente, el término tolerancia ha sido erradamente considerado en muchos contextos, como la tendencia a aceptar todo lo que hacen las personas, irrestrictamente como bueno, en ausencia de toda crítica o prohibición. Sin embargo, la tolerancia en el contexto educativo no implica una completa libertad o excesiva permisividad. Los educadores no ejercen ninguna función útil y constructiva si permiten que los menores hagan lo que quieran sin orientarlos mediante la función educativa. Del respeto de los educadores y padres a esas nuevas expectativas de los educandos, se desarrolla la capacidad de ellos mismos a tener mayor respeto por los demás. Y en ese contexto el educador deberá lograr que el joven, a través de procesos institucionales y mecanismos participativos concretos, oriente y canalice esas nuevas opciones y expectativas, con el apoyo y reflexión de la comunidad educativa.

Un ejemplo de la necesidad de reflexión y participación de la comunidad educativa en el caso concreto del Colegio Externado Nacional Camilo Torres, es precisamente la diferencia clara que existe entre los postulados educativos de cada una de las jornadas y la confusión y discriminación que se ha generado entre unas y otras, en detrimento de los estudiantes.

En la mañana, se maneja un esquema educativo estricto en cuanto a criterios de disciplina. No se permite el pelo largo, melenas, maquillaje o accesorios adicionales al uniforme. La discusión y la crítica es más restringida. En la tarde, el manual de convivencia promueve una expresión libre de las manifestaciones de los estudiantes, encauzada exclusivamente mediante parámetros educativos. Por lo tanto los jóvenes pueden portar el cabello según lo estimen conveniente y pueden “complementar” el uniforme. En el de la noche, se maneja un esquema diferente, más escueto, en razón la naturaleza misma de la educación nocturna.

Ante esta situación, puede resultar paradójica para un estudiante, la pretensión de estrictez y seriedad que plantea la jornada de la mañana en comparación con la jornada de la tarde, más aún si las razones educativas que fundamentan esa diferencia solo se limitan a la obligatoriedad de normas en los diferentes manuales de convivencia. De ello se desprende que la diferencia entre los conceptos educativos de ambas jornadas, de por sí contradictorios, sean utilizados como criterio para comparaciones odiosas entre uno y otro programa educativo y como mecanismo de discriminación entre los estudiantes. La participación, la reflexión y el acceso al debate por parte de los estudiantes, podría ser el mecanismo para conciliar estos criterios educativos y lograr que la obligatoriedad de las normas fuera una obligatoriedad consiente y no impuesta.

Precisamente por la situación planteada en el punto anterior, y las razones expuestas, así como en todo contexto social se tiene derecho a evitar que las personas actúen de conformidad con sus propios criterios cuando sus actos pueden lesionar a los demás, también, toda autoridad tiene valor, en la medida en que permita el ejercicio de la diferencia e incluso de la crítica frente a los preceptos, permitiendo el debate maduro e ilustrado como instancia competente y obligatoria.

De todo lo anterior se desprende que la forma de conciliar el paulatino desarrollo de la personalidad del joven con los límites impuestos en razón de su poca madurez para asumir una idónea opción de vida frente al mundo, encuentra asidero en la participación de los jóvenes en las decisiones que los afectan y en un sistema educativo que promueva la explicación y la educación como primera instancia, antes que la represión y el castigo.

En conclusión a todo lo anterior, si bien no se configura una violación al libre desarrollo de la personalidad del menor V..., porque los límites que se impusieron a ese derecho por parte del colegio en su oportunidad se ajustan a los postulados constitucionales, sí se debe prevenir a esta institución para que en el futuro y con el razonable fin de prevenir conflictos posteriores, se implemente un procedimiento institucional concreto que basado en la estructura creada por la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994, incorpore en el manual de convivencia dentro de los derechos de los estudiantes, un procedimiento claro que les permita a los estudiantes manifestar posiciones diferentes a las institucionales y ejercer su derecho a disentir, sin incumplir las normas existentes, pero con la posibilidad de manifestar y poner en conocimiento de la comunidad educativa otros conceptos y criterios, tendientes a complementar, controvertir, modificar o garantizar y mantener los preceptos del manual de vivencia, tal y como lo prevé la Constitución.

Respecto al derecho a la educación, se concluye que sí hubo violación, teniendo en cuenta que la sanción de sacar al joven de clase en consideración a su pelo largo, sacrifica el núcleo esencial del derecho a la educación como es el acceso al conocimiento, frente a razones estrictamente disciplinarias fundadas en factores estéticos. El colegio, si lo considera pertinente en cuanto a su proyecto educativo, podrá imponer sanciones que proporcionadas, no controviertan los fundamentos propios de la educación.

(...).

La Sala séptima de revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en el nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

(...).

2. Por las razones expuestas anteriormente, se hace un llamado a prevención al Colegio Externado Nacional Camilo Torres para que con el fin de garantizar la protección constitucional de los adolescentes, su formación integral y el acceso eficiente a una educación que les permita la participación real y la expresión de la diferencia sin discriminación alguna, se proceda a la creación dentro de la institución, de mecanismos de debate y participación que incorporados al manual de convivencia, garanticen la expresión y la crítica por parte de la totalidad, mayoría, minoría, o de uno sólo de sus estudiantes, de las normas del manual de convivencia que los rige y la posible modificación, complementación o permanencia de las mismas, de conformidad con la confrontación y la expresión de la comunidad educativa».

(Sentencia T-124 de marzo 31 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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