Sentencia T-125 de marzo 14 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

DEBERES CONSTITUCIONALES

CUÁNDO SON EXIGIBLES MEDIANTE TUTELA

EXTRACTOS: «1. El petente solicita que por la vía de la acción de tutela se obligue a un particular, en este caso a su propio hijo, a suministrar información relativa a un negocio jurídico en el que tiene interés directo e, incluso, se haga exigible judicialmente en su favor el pago de la parte del precio que le corresponde por concepto de sus derechos sobre el bien objeto de compraventa.

Lo que en principio parecería ser materia estrictamente contractual, controvertible ante la jurisdicción ordinaria y, por lo tanto, no susceptible de acción de tutela, a la luz de las circunstancias concretas del solicitante se revela como constitucionalmente relevante. En efecto, si lo pretendido por el petente es la defensa de sus intereses patrimoniales, ante las actuaciones de su hijo, que, se alega, ha dispuesto jurídicamente de un bien de su propiedad, éste podría iniciar, a su elección, un proceso de rendición de cuentas, uno de liquidación de una sociedad de hecho disuelta o uno de reconocimiento de mejoras. No obstante, si la vida (C.P. art. 11) o la salud (C.P. art. 49) del interesado dependen, de manera principal, de la conducta que adopte quien constitucional y legalmente está obligado a asistir y proteger a una persona de la tercera edad (C.P. art. 46), la acción de tutela es procedente contra ese particular, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, siempre que el petente se encuentre respecto del mismo en situación de indefensión y frente a la inminencia de perder dichos bienes básicos a los cuales la Carta extiende protección preferente (D. 2591 de 1991, art. 42-9).

En el presente caso, la conducta exigible al hijo del petente hace relación con el cumplimiento de un deber constitucional genérico, como es el de obrar conforme al principio de solidaridad social ante situaciones que ponen en peligro la vida o la salud de las personas (C.P. art. 95-2) y, de uno específico, cual es, el deber, exigible de los hijos respecto de sus padres en la ancianidad (C.P. art. 42), consistente en proteger y asistir a las personas de la tercera edad (C.P. art. 46).

Deberes constitucionales.

2. Existe una relación de complementariedad entre los derechos y los deberes constitucionales. La persona humana, centro del ordenamiento constitucional, no sólo es titular de derechos fundamentales sino que también es sujeto de deberes u obligaciones, imprescindibles para la convivencia social.

El reciente desarrollo de la teoría de los deberes constitucionales se explica por su escasa importancia bajo la concepción de las libertades públicas en el Estado liberal. El énfasis de los derechos individuales en las primeras cartas de derechos obedecía exclusivamente a la necesidad de rodear a la persona de garantías contra el ejercicio del poder político. Bajo esta concepción, los deberes eran considerados preceptos de naturaleza moral o valores cívicos, no exigibles jurídicamente, a excepción de aque-llos desarrollados por la ley que adquirían la forma de obligaciones jurídicas.

Con la evolución del Estado liberal y su tránsito al Estado social de derecho, el valor jurídico de los deberes ha variado de manera radical. Su incorporación en los textos constitucionales modernos, paralelamente a la idea de la Constitución como norma jurídica, son transformaciones políticas que otorgan una significación diferente a los deberes de la persona.

La concepción social del Estado de derecho, fundado en la solidaridad, la dignidad, el trabajo y la prevalencia del interés general (C.P. art. 1º), se traduce en la vigencia inmediata de los derechos fundamentales, pero también en la sanción constitucional al incumplimiento de los deberes constitucionales. El artículo 1º de la Constitución erige a la solidaridad en fundamento de la organización estatal. Los nacionales y extranjeros tienen el deber de acatar la Constitución y la ley, y son responsables por su infracción (C.P. arts. 4º y 6º). De esta forma, los deberes consagrados en la Carta Política han dejado de ser un desideratum del buen pater familias, para convertirse en imperativos que vinculan directamente a los particulares y de cuyo cumplimiento depende la convivencia pacífica.

La Constitución, además de fijar la organización política básica del Estado y garantizar los derechos y las libertades públicas, constituye un marco general de conducta que vincula directamente a los particulares. A la Corte Constitucional le ha sido confiada la tarea de invalidar las normas y los actos públicos o privados que contradigan los preceptos constitucionales (C.P. art. 241). Estas dos circunstancias permiten concluir que los particulares, en sus actuaciones, están sujetos a la Constitución y a la ley en cuanto al cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

3. Los deberes constitucionales son aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal. Las restricciones a la libertad general sólo pueden estar motivadas por fundadas razones que determine el legislador. En este sentido, los deberes consagrados en la Constitución comprenden una habilitación al legislador para desarrollar y concretar la sanción por el incumplimiento de los parámetros básicos de conducta social fijados por el constituyente.

Lo anterior no impide, sin embargo, que en la ponderación de los valores constitucionales el juez de tutela tome directamente en cuenta los deberes constitucionales, ya que estos constituyen un criterio hermenéutico indispensable para la delimitación de los derechos fundamentales. La relación de complementariedad entre unos y otros exige del intérprete constitucional una lectura de los derechos y deberes que actualice el contenido de las libertades en general, pero que, a la vez, obligue a la persona a asumir las responsabilidades derivadas de la vida en comunidad.

La exigibilidad de los deberes constitucionales, sin embargo, depende, en principio, de la voluntad legislativa de actualizar, mediante la consagración de sanciones legales, su potencialidad jurídica. La imposición de un deber, en consecuencia, presupone necesariamente de una ley previa, quedando descartada su aplicación retroactiva.

4. La Constitución establece una extensa Carta de deberes, algunos de ellos ya desarrollados por la ley y otros aún desprovistos de sanción que los haga jurídicamente aplicables.

La doctrina moderna clasifica los deberes según los valores superiores en que se asientan: la igualdad, la justicia y la solidaridad. En su orden, corresponden estos a los deberes en un Estado democrático, en un Estado de derecho y en un Estado social de derecho, respectivamente.

Dentro de los deberes que emanan del Estado democrático de derecho, la Constitución consagra la obligación de educación entre los cinco y los quince años de edad (C.P. art. 67), el deber de propender a la paz y mantenerla (C.P. arts. 22 y 95-6), el deber de estudiar la Constitución (C.P. art. 41), los deberes de defender y divulgar los derechos humanos y de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país (C.P. art. 95-4,-5) y el deber de prestar el servicio militar (C.P. art. 216), entre otros.

El Estado de derecho presupone la obligación de las personas de acatar la Constitución y la ley (C.P. arts. 4º y 95), la responsabilidad por su infracción (C.P. art. 6º), las obligaciones y deberes derivados de las relaciones familiares (C.P. arts. 42, 44 y 46), el deber de ceñirse en todas las actuaciones a los postulados de la buena fe (C.P. art. 83), los deberes de respetar, obedecer y apoyar a las autoridades legítimamente constituidas (C.P. arts. 4º y 95-3) y el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P. art. 95-7).

La naturaleza social del Estado de derecho hunde sus raíces en el principio de solidaridad social (C.P. art. 1º). De este principio se desprenden la obligación social del trabajo (C.P. art. 25), las obligaciones derivadas de la función social de la propiedad (C.P. art. 58) y de la empresa (C.P. art. 333), las obligaciones tributarias (C.P. art. 95-9), el deber de procurar la salud individual y comunitaria (C.P. art. 49), los deberes de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios y de obrar conforme al principio de solidaridad social (C.P. art. 95-1,-2), proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (C.P. art. 8º) y velar por el medio ambiente sano (C.P. arts. 80 y 95-8).

Exigibilidad de los deberes constitucionales.

6. La idea liberal de una Constitución, como se subrayó anteriormente, carece de una teoría de los deberes como preceptos jurídicamente relevantes, salvo que su desarrollo legal consagre una sanción en caso de incumplimiento. Lo anterior en razón de que su finalidad era la limitación del poder a través de la separación de poderes y la consagración de derechos a los ciudadanos. El valor normativo de la Constitución que acompaña a la concepción del Estado social de derecho lleva aparejado, en cambio, la sujeción de los particulares a los preceptos constitucionales y la potestad legislativa de imponer cargas a las personas fundadas en la solidaridad, la justicia o la igualdad.

Excepcionalmente, los deberes constitucionales son exigibles directamente. Ello sucede, entre otros eventos, cuando su incumplimiento, por un particular, vulnera o amenaza derechos fundamentales de otra persona, lo que exige la intervención oportuna de los jueces constitucionales para impedir la consumación de un perjuicio irremediable (C.P., art. 86). En estos casos, al juez de tutela le corresponde evaluar si la acción u omisión, que constituye simultáneamente un incumplimiento de los deberes constitucionales, vulnera o amenaza un derecho fundamental, y si la ley habilita la procedencia de la acción de tutela contra el particular. En caso afirmativo, el juez podrá hacer exigible inmediatamente los deberes consagrados en la Constitución, con miras a la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Deber de solidaridad.

7. Los vínculos asociativos que posibilitan la vida en comunidad se manifiestan primariamente en el núcleo esencial de la sociedad: la familia. Las relaciones fraternales propias de la unión familiar son un modelo ideal de comportamiento en el ámbito social. Las relaciones asociativas fundamentan el deber de obediencia a la ley y el respeto de los derechos del otro.

La solidaridad es un valor constitucional que presenta una triple dimensión. Ella es el fundamento de la organización política (C.P. art. 1º); sirve, además, de pauta de comportamiento conforme al que deben obrar las personas en determinadas situaciones, y de otro lado, es útil como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales (C.P. arts. 86 y 95-1).

La solidaridad ha dejado de ser únicamente un precepto ético y reviste, en el Estado social de derecho, un valor hermenéutico de primer orden en cuanto a la sujeción de los particulares a la Constitución y a la ley. La eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros sujeta al examen constitucional las actuaciones u omisiones de los particulares en los casos determinados por la ley. La solidaridad como modelo de conducta social permite al juez de tutela determinar la conformidad de las acciones u omisiones particulares según un referente objetivo, con miras a la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Incumplimiento de los deberes constitucionales en el caso concreto.

8. A juicio de esta Sala, le asiste razón al juez de tutela cuando afirma que el incumplimiento de los deberes de Carlos Ernesto Osorio amenaza los derechos fundamentales del peten-te. Las omisiones de los particulares, en especial a sus deberes y obligaciones de asistencia familiar, pueden atentar gravemente contra los derechos constitucionales. En dichas circunstancias, si se demuestra el incumplimiento del deber constitucional, y la inminencia del daño que éste ocasiona, se justifica plenamente la intervención judicial transitoria para la tutela de derechos fundamentales.

Los particulares deben conducirse en todas sus actuaciones según el principio de la buena fe (C.P. art. 83). En el plano negocial, las partes deben comportarse con lealtad, lo que se traduce, en términos prácticos, en el respeto de los derechos ajenos y en el no abuso de los propios (C.P. art. 95-1). El abuso de las posiciones dominantes rompe el equilibrio contractual. Ello sucede frecuentemente en el uso de la información.

En efecto, la información reviste un significado de trascendental importancia en el ámbito de los negocios, hasta el extremo de ser indispensable para la determinación del precio, por lo que se afirma coloquialmente que la información es poder. El ocultamiento de la información de un negocio a quien está vitalmente interesado en él, configura una conducta que coloca a la persona en situación de indefensión, respecto del contratante que abusa de su posición privilegiada. La solidaridad debe gobernar las relaciones entre las partes contratantes, particularmente entre las personas con intereses comunes en el negocio. No obstante, el incumplimiento del deber de informar acerca del desarrollo de un contrato a la persona interesada en él, es una materia que debe ser resuelta exclusivamente con base en la ley, pues, carece de relevancia constitucional, salvo que la omisión materialmente vulnere de manera directa los derechos fundamentales de quien depende en grado sumo de las resultas del mismo para su subsistencia autónoma y libre, siempre que en este caso excepcional se acredite, además de la insuficiencia de los remedios legales, que la omisión es la causa eficiente de la transgresión.

9. La conducta insolidaria de Carlos Ernesto Osorio, como puede apreciarse del examen de los hechos, contribuye a hacer más gravosa la situación de su padre, persona de la tercera edad carente de recursos económicos que garanticen su subsistencia. Aquél no sólo priva a su padre de la información indispensable sobre el negocio efectuado, sino que desconoce su posición jurídica al afirmar que no tiene nin-gún derecho por ser él único heredero. La falta de solidaridad del hijo se manifiesta, adicionalmente, en el hecho de que las hermanas del petente lo llevaron a vivir con ellas a Manizales dada su paupérrima situación económica, según exponen los declarantes.

Procedencia de la acción de tutela.

10. No obstante los medios de defensa judicial a disposición del petente, éste interpone la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela procede como mecanismo transitorio y así puede instaurarse contra un particular siempre que se encuentren cumplidos tres requisitos: que el derecho vulnerado o amenazado tenga carácter de fundamental; que la vulneración o amenaza provenga de particular situado en alguna de las hipótesis contenidas en la ley para que proceda la acción contra particulares (D. 2591 de 1991, art. 42); y que la acción se utilice para evitar un perjuicio irremediable.

11. Si bien el carácter de fundamental del derecho a la propiedad privada es relativo, la Corte Constitucional ha reconocido que, en los casos en los que su desconocimiento conduzca a la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y a la dignidad humana, éste adquiere el carácter de derecho fundamental(1).. Dos hechos demuestran el carácter de fundamental que para el peticionario reviste su propiedad. Por un lado, el inmueble, o el precio producto de su venta, constituye el único bien que le permitiría mantener una relativa independencia, a su avanzada edad, respecto de los familiares llamados por ley a prestarle asistencia y protección, de manera que la propiedad aquí es sinónimo de subsistencia física (C.P. art. 11) y de autonomía de su personalidad (C.P. art. 16). Segundo, de permanecer privado de los beneficios económicos que le corresponderían como miembro de la extinta sociedad de hecho —cuya existencia y extinción serán materia del proceso judicial—, el bienestar físico y emocional del peticionario dependería exclusivamente de la voluntad de su hijo, situación que es incompatible con otros valores constitucionales como la dignidad humana, la personalidad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad, máxime cuando puede evitarse o en algún grado morigerarse.

12. Por otra parte, la amenaza de los derechos a la vida y a la integridad personal proviene de la conducta omisiva de Carlos Ernesto Osorio, respecto de quien el peticionario se encuentra en situación de indefensión (C.P. art. 86). El actor se encuentra a merced de la voluntad de aquél, en lo que respecta a la disposición final de los bienes y del dinero producto de la venta de su único bien. El hijo, al privar a su padre de la necesaria información sobre el negocio de venta, ostenta una posición de poder o fuerza y lo margina del destino final de los bienes que constituyen su único sustento económico independiente (2). La posición de dominio material que ejerce Carlos Ernesto Osorio coloca a su padre en situación de indefensión, ya que, atendidas sus circunstancias de postración económica, debilidad física y lejanía del lugar de los hechos, la falta de información sobre el negocio, por el que se dispuso de su único activo patrimonial, le impide asumir pronta y debidamente la defensa de sus derechos e intereses. La situación descrita corresponde a la hipótesis contemplada tanto en la Constitución Política (art. 86, inciso final), como en el Decreto 2591 de 1991 (art. 42, num. 9), que autoriza la interposición de la acción de tutela contra un particular.

13. La urgente necesidad de evitar que su hijo disponga libremente de los bienes recibidos en contraprestación por la casa —situación que atenta contra los derechos a la vida y a la integridad del padre, quien ya presenta problemas de su salud física y psicológica como consecuencia de la conducta de Carlos Ernesto Osorio—, contrasta con la eficacia de los medios de defensa judicial ordinarios al alcance del peticionario. La gravedad de la amenaza a sus derechos fundamentales justifica la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio irremediable que significaría la pérdida material del único bien que integra su patrimonio.

Decisión de tutela y órdenes impartidas pa-ra la protección de los derechos fundamentales.

14. El juez de instancia omite un pronunciamiento sobre la pretensión del petente que involucra la solicitud de información sobre el negocio celebrado por su hijo en la ciudad de Popayán, pese a la importancia que dicha información exhibe para la integridad de su patrimonio. Por considerar que la información que posee Carlos Ernesto Osorio Agudelo en torno a la venta es de extrema importancia para la protección de los derechos fundamentales del solicitante, la Sala ordenará que el mencionado señor suministre a su padre Ernesto Julio Osorio, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde la notificación de la presente providencia, copia auténtica de todos y cada uno de los documentos suscritos por él que ten-gan relación con la venta o enajenación de la casa localizada en la ciudad de Popayán.

15. Por otra parte, la protección de los derechos a la vida, a la integridad, a la propiedad y a la asistencia y protección de los derechos de las personas de la tercera edad, justifica la restricción temporal en el ejercicio del derecho de libertad económica impuesta a Carlos Ernesto Osorio Agudelo. La necesidad de evitar que se consume un perjuicio irremediable, como consecuencia de la acción u omisión de un particular, respecto del cual el solicitante se encuentra en condiciones de subordinación o indefensión, autoriza la adopción de medidas preventivas por parte del juez constitucional. De otra forma, los derechos constitucionales carecerían de eficacia práctica frente a particulares, en estas específicas circunstancias.

16. El juez de instancia concede la tutela como mecanismo transitorio y otorga al peticionario un término de cuatro meses para iniciar las acciones ordinarias a que haya lugar, so pena de que cesen los efectos del fallo. Las medidas judiciales, adoptadas para la protección de los derechos patrimoniales del accionante, consisten en ordenar al hijo que se abstenga de realizar cualquier acto traslaticio de dominio sobre los bienes objeto de la permuta hasta tanto no se decida de fondo sobre las acciones a instaurar por el peticionario, y al señor Segundo Antonio Cifuentes Valdés que pague el saldo del precio por la permuta de la casa —quinientos mil pesos— a Carlos Ernesto Osorio Agudelo, advirtiéndole a éste sobre la imposibilidad jurídica de disponer del dinero hasta tanto lo decida la autoridad competente.

17. Si bien las medidas ordenadas por el juez de tutela, para impedir que el demandado disponga, sin consideración alguna de los derechos de su padre, de los bienes y dineros producto de la venta o permuta de la casa, guardan relación directa y proporcional con la necesidad de garantizarle a éste el mínimo vital para su subsistencia digna y autónoma, no sucede lo mismo con la orden impartida a un tercero ajeno a la controversia de tutela.

En efecto, la orden de pagar el saldo de la deuda al comprador o permutante del inmueble —sin consideración a la verificación del hecho del que pende la condición—, constituye una intromisión injustificada en la órbita del contrato. Las condiciones pactadas en el contrato son ley para las partes. La decisión de un juez, en una causa de la que no hace parte un tercero contratante, no puede entrañar modificación de las condiciones del contrato, so pena de vulnerar los derechos a la libertad económica y contractual garantizados en la propia Constitución (C.P. art. 333)».

(Sentencia T-125 de marzo 14 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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