Sentencia T-1303 de diciembre 6 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA NÚMERO T-1303 DE 2001

Ref.: Expediente T-475274

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil uno.

Peticionarios: Sintraelecol y otros vs. Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.

Procedencia: Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra quien la preside, Rodrigo Uprimny Yepes y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena y el Juzgado 1º Civil del Circuito de Cartagena, dentro de la tutela instaurada por Sintraelecol y otros contra la la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.

Antecedentes

Hechos

1. El sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Colombia, Sintraelecol y Betsaida Ramírez Jiménez, Deivi Javier Barrios Hernández, Freddy Franco Cardozo, Freddy Herrera Echeverría, Hugo Ramón Bello Sánchez, Javier Antonio Rada Suárez, Jesús Daniel Osorio Cárdenas, Julián Palencia Rojas, Juan Coneo Padilla, Marco Fidel Veleño Corrales, Marlén Zabala Martínez, Martha Irene Mejía montes, Merly Sofía Mejía Vega, Nurys Quiroz Morales, Ramiro Luna Payares, Róbinson Navas Pautt, William Parra Lamar, instauraron acción de tutela contra la Empresa Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, por violación de los derechos fundamentales de libertad, asociación sindical, negociación y contratación colectiva, al trabajo, a la dignidad, estabilidad e igualdad, porque, en su sentir, hubo un despido masivo de los trabajadores antes mencionados y ello afectó a la organización sindical a la cual pertenecen.

2. Los oficios desempeñados por los peticionarios eran: Betsaida Ramírez Jiménez (aseadora), Deivi Javier Barrios Hernández (ayudante), Freddy Franco Cardozo (ayudante de venta), Freddy Herrera Echeverría (ayudante), Hugo Ramón Bello Sánchez (auxiliar de la sección de personal), Javier Antonio Rada Suárez (control interno), Jesús Daniel Osorio Cárdenas (conductor), Julián Palencia Rojas (mensajero), Juan Coneo Padilla (ayudante), Marco Fidel Veleño Corrales (ayudante), Marlén Zabala Martínez (aseadora), Martha Irene Mejía Montes (trabajadora social), Merly Sofía Mejía Vega (aseadora), Nurys Quiroz Morales (recepcionista), Ramiro Luna Payares (ayudante), Robinson Navas Pautt (ayudante), William Parra Lamar (ayudante).

3. Dicen los peticionarios (la mayoría estaban laborando desde 1993), que la causa invocada, en la carta de despido fue la finalización del contrato, en cuanto, según la empresa, se trataba de contratos a término fijo.

4. Para los peticionarios de la tutela, no es cierto que en el momento del despido, los contratos fueran a término fijo porque ellos, como integrantes de Sintraelecol, quedaron cobijados por una convención colectiva, aprobada el 30 de abril de 1998, con vigencia de dos años a partir del primero de enero de tal año. En la cláusula 6ª de dicha convención, se estipuló: “Se entenderá que todos los contratos de trabajo suscritos por la empresa con sus trabajadores oficiales serán celebrados a término indefinido y se regirán por las disposiciones legales que regulan los contratos de los trabajadores oficiales, las convenciones colectivas de trabajo y laudos arbitrales. No obstante lo anterior la empresa podrá celebrar contratos de trabajos que no tengan el carácter de indefinido, cuando se trate de la realización de una obra o labor determinada o la ejecución de un trabajo ocasional, accidental o transitorio, casos en los cuales podrán celebrarse por el tiempo que dure la obra o trabajo”. También se estableció que la convención comenzaba a regir el 1º de enero de 1998.

5. Dicha convención se firmó con la Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A., pero el 4 de agosto del mismo año de 1998 operó una sustitución patronal (CST, arts. 67 a 70) y la empresa que adquirió los activos y derechos fue la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP. que pasó a ser la empleadora de todos los trabajadores de las empresas sustituidas.

6. En el anexo Nº 1 del convenio suscrito entre Electrocosta y Electro Magangué, que dio origen a la sustitución patronal, se incluyó la lista de trabajadores de Electro Magangué que pasarían a Electrocosta. En las páginas 9 y 10 de dicho anexo se incluyeron los 17 trabajadores que instauran la presente tutela. En efecto, allí figuran: Betsaida Ramírez Jiménez, Deivi Javier Barrios Hernández, Freddy Franco Cardozo, Freddy Herrera Echeverría, Hugo Ramón Bello Sánchez, Javier Antonio Rada Suárez, Jesús Daniel Osorio Cárdenas, Julián Palencia Rojas, Juan Coneo Padilla, Marco Fidel Veleño Corrales, Marlén Zabala Martínez, Martha Irene Mejía montes, Merly Sofía Mejía Vega, Nurys Quiroz Morales, Ramiro Luna Payares, Robinson Navas Pautt, William Parra Lamar. En dicho anexo Nº 1, hay varias columnas, frente al nombre de cada uno de los trabajadores; y una de esas columnas expresamente se titula: “Ingreso término indefinido”, y todos los 17 trabajadores que instauran la tutela aparecen como ingresados a “término indefinido” en el año de 1997. Además hay una constancia de agosto de 1998 en la cual se escribió que de Electro Magangué pasaron a Electrocosta 129 trabajadores, y, a todos se los ubicó como contratados “Indefinido conv.”.

7. Por otro aspecto, las 17 personas que instauran la tutela estaban afiliados al sindicato Sintraelecol, en la seccional de Magangué. Aparecen en el expediente de tutela las 17 certificaciones de militancia sindical expedidas por el sindicato y las correspondientes solicitudes de afiliación. También figura la constancia de Sintraelecol, subdirectiva de Magangué, de que las 17 personas fueron socios de la organización sindical. El señor Rubén Eduardo Castro, presidente de Sintraelecol, subdirectiva de Bolívar lo corrobora en declaración rendida bajo juramento en la acción de tutela. Otra es la posición del apoderado de la empresa, dentro de la acción de tutela. Afirma que los 17 accionantes no eran trabajadores sindicalizados, no estaban cobijados por la convención colectiva y no fueron amparados por la figura de la sustitución patronal. Sin embargo, consta en el expediente que el sindicato solicitó que se descontara lo de la cuota sindical, la empresa no lo hizo y según el testigo José Aldemar Acuña Glenn “el sindicato Sintraelecol le venía solicitando a la antigua Empresa Energía Eléctrica de Magangué los derechos convencionales que debíamos tener e incluso le solicitara que se le descontara el 1% como cuota sindical, lo cual no se dio. Estos compañeros aportaban directamente al sindicato la cuota sindical”.

8. Antes de la sustitución patronal, en Magangué laboraban aproximadamente 130 trabajadores, de los cuales 113 estaban sindicalizados en agosto de 1998, y, en 2001 el número de sindicalizados en la subdirectiva de Magangué quedó reducido a 48.

Los 17 trabajadores despedidos y el presidente de Sintraelecol, quienes han instaurado la presente tutela, dicen que la política de la empresa fue la de afectar la organización sindical con el despido masivo y otros comportamientos como violación a la convención colectiva. La Empresa Electrifcadora de la Costa Atlántica S.A. ha sido sancionada por prácticas antisindicales (Res. 048/2000, Res. 54/2000, de la dirección territorial del trabajo de Bolívar. Resoluciones 32 y 44 de la dirección territorial del trabajo de Sucre). En este aspecto, de la posible persecución sindical, Rubén Castro, presidente de la subdirectiva de Sintraelecol en Bolívar, dice que a partir de agosto de 1998 la empresa propuso los retiros voluntarios indemnizados, que ha habido una abierta persecución contra quienes no lo aceptaron, que la empresa se negó a descontar las cuotas de los sindicalizados “muy a pesar que se le envió documento a la empresa donde se señalaba esta petición”; y que no se los quiso cobijar con los beneficios de la convención colectiva. Esto lo corrobora bajo juramento Aldemar Acuña, trabajador en Magangué y no sindicalizado “porque se me llamó a relaciones laborales, a una reunión de la jefe de personal, en ese entonces señora María Parra Lamar, me dijo que había dos opciones: una que la empresa decía que no quería personal sindicalizado y la otra opción era que si uno no se sindicalizaba tenía la posibilidad de seguir trabajando. Tan es así que la gerente doctora Ana Patricia Escobar me llamó a su despacho preguntando si yo me había sindicalizado o no a sabiendas que no estaba sindicalizado”. Y agrega el testigo Acuña: “Llegada la fecha diciembre 31 de 1998 los demás compañeros son despedidos debido a su sindicalización, en el caso mío seguí trabajando con Electrocosta ya que fui el único que no se sindicalizó”. Continúa diciendo acuña que en enero de 2001 se sindicalizó y que el ingeniero de operación le dijo con palabras groseras que había cometido una equivocación al ingresar al sindicato y fue despedido el 9 de marzo de este año de 2001. Otro testigo, Najel Enrique Navas, también declara que el despido de los 17 trabajadores fue “por el hecho de estar afiliados a Sintraelecol”, dice que la empresa reunió a los demás trabajadores “y les solicita que si se desafilian tendrán un mejor trato”.

10. En la contestación a la solicitud de tutela, el apoderado de la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. rechaza como causa del despido la persecución sindical y la justifica por la finalización de los contratos a término fijo. Dice: “Si bien es cierto que el artículo 6º de la convención señala que los contratos de trabajo se deben celebrar a término indefinido ésta también manifiesta en el mismo artículo que no obstante a lo anterior, la empresa podrá celebrar contratos de trabajo que no tengan el carácter de indefinidos cuando se trate de la realización de una obra o labor determinada o la ejecución de un trabajo ocasional, accidental o transitorio, casos en los cuales podrán celebrarse por el tiempo que dure la obra o trabajo. Agrega que “fue la Electrificadora de Magangué quien celebró estos contratos a termino definido no mi mandataria”. De ahí supone, el apoderado de la empresa, que no se requería celebrar contratos a término indefinido “puesto que la labor a desempeñar se adecuaba a las excepciones convencionales ya señaladas”.

11. Se dice en la tutela y lo corrobora bajo juramento el presidente de Sintraelecol, subdirectiva Bolívar, que las labores que desempeñaban los despedidos ahora es efectuada por trabajadores de empresas contratistas o suministradoras de personal.

12. Afirma la empresa que “es terriblemente manifiesta la temeridad de la presente acción”, porque en sentir del apoderado judicial de la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. el tema ya fue objeto de decisión judicial por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena. Se adjuntó al expediente fotocopia del fallo de tutela de 6 de marzo de 2001, donde no se concedió la tutela a quienes eran trabajadores de la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A., en virtud de la sustitución patronal “de los trabajadores de las empresas Electrificadora de Córdoba S.A. ESP, de Sucre S.A. ESP y de Bolívar S.A. ESP (página 3 de la sentencia). Esta tutela fue instaurada por las siguientes personas, como aparece en el expediente: “El Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia Sintraelecol, y los señores Xiomara Inés Pérez Coronado, Manuel Joaquín Jiménez Espitia, Franklin Alberto Padilla Tirado, Vilma Rosa Ortega Puello, Jaime Luis Hernández Genes, William Rodolfo Calle Alvarado, Juan Pacheco Castilla, Damaris del Carmen Barreta Villarroya, Ramiro Vertel Viloria, Germán de Jesús Bustos Castillo, Miguel Mariano Rubio Martínez, Elías Taurino Marzola Díaz, Merlys del Carmen Petro Mejía, Lucía del Socorro Arango Franco, Albeiro Antonio Beltrán Rodríguez, Gregorio Antonio Severiche López, Guillermo Ramón Flórez Lafont, José Wilson Cordero Causil, Jorge Luis Domínguez Mercado, Miguel Eduardo Osorio Mendoza, Rafael Alfredo Feria Díaz, Jorge Eliécer Velásquez Hernández, Cenelfo José Moreno Petro, Silvia Beatriz Corena Verbel, Lácides Amín Coronado Ledesma, Luis Miguel Hernández Arroyo, Jorge Luis Godin Montes, Manuel del Cristo Borja Ríos, Bienvenido Sánchez Montes, Blas Chica Garcés, Emiro Rafael Montes Santos, Margarita Pérez Vertel, Álvaro Salgado Romero, Kelly Pantoja Martínez, Rocío Tamayo Blanquiceth, Yadith Oyaga Pestana, Édgar José Osorio Mendoza, Fredy de Jesús González Espinosa, Alma Rosa Oviedo Barreto e Ilse Esthella Ivirico Royero”. Actuaron como coadyuvantes los señores Fredy Antonio Muñoz Martínez y Diego Benjamín Peña Martínez. En esta sentencia el motivo para despedir a los anteriores trabajadores fue el de “la restructuración del sector eléctrico”. No aparece en la referida sentencia que el motivo de la finalización del contrato hubiera sido el de la terminación de contratos a término fijo. Además, es importante poner de presente que ninguno de los nombres mencionados anteriormente corresponde a las personas que presentan la actual tutela, por lo cual, como se analizará adelante, no hay temeridad.

13. Todas las personas que instauran la tutela fueron despedidas a partir del 31 de diciembre de 1998, las cartas de despido les fueron enviadas el 25 de noviembre y no hubo autorización del Ministerio del Trabajo para el despido masivo.

Pruebas

1. Plantillas de pago de salarios a trabajadores en Magangué.

2. La sentencia del Tribunal de Cartagena, Sala Laboral, de 6 de marzo de 2001. Este fallo se refiere a trabajadores diferentes a quienes instauran la presente acción de tutela.

3. Declaraciones de Rubén Castro, Aldemar Acuña, Najel Navas, rendidas en el juzgado que conoció de la tutela en primera instancia, sobre aspectos mencionados en el capitulo anterior de “Hechos”.

4. Comunicación de la jefe de personal a la coordinadora de Electrocosta, el 30 de octubre de 1998, referente a unos pagos, en este documento entre funcionarios de la empresa se dice que los trabajadores eran a término fijo.

5. Memorial de Sintraelecol dirigido a la Inspección de Trabajo de Magangué.

6. Relación de contratistas de Electrificadora de la Costa Atlántica.

7. Convención colectiva y acuerdos anexos a la convención.

8. Obran en autos 17 certificaciones en que consta que los peticionarios de la tutela fueron socios de la organización sindical y cotizaron.

9. Así mismo aparecen en el expediente las 17 solicitudes de ingreso a Sintraelecol, hechas en diferentes fechas por los 17 trabajadores que instauraron la tutela.

10. Petición enviada por Sintraelecol al gerente de la Energía Eléctrica de Magangué, el 5 de mayo de 1997. En esta comunicación se pide el cumplimiento de la convención colectiva, y se mencionan, entre otros casos, los de Jesús Osorio, Nurys Quiroz, Martha Mejía, Julián Palencia (actores en la presente tutela).

11. Escrito de 1º de abril de 1998 de Sintraelecol, pidiéndole al gerente de la Energía Eléctrica de Magangué que pague el salario mínimo convencional.

12. Escrito de 18 de junio de 1998 de Sintraelecol al jefe de división de la Energía Eléctrica de Magangué pidiendo que cumpla con el pago de las primas de servicios.

13. Comunicación de 23 de junio de 1998 de Sintraelecol al jefe de división de relaciones industriales en la Electrificadora de Magangué solicitándole que aplique los beneficios convencionales.

14. Comunicación de 28 de julio de 1998 de Sintraelecol a la jefe de personal de la Electrificadora de Magangué solicitándole el descuento por nómina para las cuotas sindicales.

15. Solicitud de 28 de julio de 1998 de Sintraelecol a la gerente de la Energía Eléctrica de Magangué pidiendo que se paguen los beneficios convencionales.

16. Comunicación de 24 de agosto de 1998 de Sintraelecol al jefe de personal de Electrocosta poniéndole en conocimiento que varios trabajadores en Magangué son afiliados a la subdirectiva sindical. Dentro de quienes instauraron la tutela figuran: Freddy Franco Cardozo, Freddy Herrera Echeverría, Hugo Ramón Bello Sánchez, Jesús Daniel Osorio Cárdenas, Julián Palencia Rojas, Juan Coneo Padilla, Marlén Zabala Martínez, Ramiro Luna Payares, Róbinson Navas Pautt, William Parra Lamar.

17. Petición formulada por Sintraelecol al gerente corporativo de recursos humanos de Electrocosta, el 27 de octubre de 1999, en que insiste (entre otros puntos) en el reintegro de los 17 trabajadores que instauraron la tutela.

18. Resolución 048 de 19 de diciembre de 2000 del Ministerio del Trabajo, dirección territorial de trabajo y seguridad social confirmando la Resolución 054 de 2000 que condenó a pagar una multa por treinta salarios mínimos legales a Electrocosta por violación a la convención colectiva.

19. Resolución 032 de 2000 de la dirección territorial de Sucre, Ministerio del Trabajo que impone una multa a Electrocosta por 50 salarios mínimos mensuales.

20. Resolución 044 de 2000 confirmando la multa impuesta por la Resolución 032 de 2000.

21. Escritura 2634 de la Notaría 45 de Bogotá, sobre transferencia de activos de la Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A. a Electrificadora de la Costa Atlántica con sus respectivos anexos.

22. Obran en autos los contratos a término fijo. Cuando hubiera prórroga se volvía a celebrar otro contrato previo el envío de la carta dando por finalizado el anterior.

23. Documentos en que constan las liquidaciones de salarios, prestaciones sociales y primas a quienes instauraron la tutela. Así mismo hay en el expediente constancias de horas extras y solicitudes de vinculación al sistema de riesgos profesionales.

24. Una constancia con el sello de Electrocosta. En este documento se dice que en el Distrito Magangué son 55 empleados y en cuanto al tipo de contrato expresamente hay esta anotación “Indefinido conv.”.

25. Otra constancia en agosto de 1998. En esta aparece que son 129 empleados y en cuanto al tipo de contrato también aparece “Indefinido Conv”. No hay ningún trabajador que aparezca con contrato a término fijo.

26. Cartas en que se da por finalizado el contrato de trabajo a los 17 trabajadores que instauran la tutela, a partir del 31 de diciembre de 1998. Estas comunicaciones tienen fecha 25 de noviembre de 1998.

Para constatar si la convención colectiva que había señalado que los contratos serían a término indefinido, la Corte pidió al Ministerio del Trabajo que indicara si había sido depositada dicha convención. Atendiendo la solicitud de la Corte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social certificó lo siguiente:

a) Que la convención colectiva suscrita el 30 de abril de 1998 fue remitida en tal fecha a la oficina del Ministerio del Trabajo en Magangué, haciéndose el depósito de la convención en forma legal.

b) Que por oficio 145 de 19 de octubre de 1998 de la oficina del Ministerio del Trabajo en Magangué la convención fue remitida a la oficina de registro y archivo sindical en Bogotá. Esto significa que quedó realizado el depósito de la convención.

Sentencias objeto de revisión

El Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena, conoció en primera instancia. Y mediante sentencia del 16 de marzo de 2001 no concedió la tutela porque, en su sentir, es la jurisdicción ordinaria laboral la que debe decidir.

El Juzgado 1º Civil del Circuito de Cartagena, revocó la decisión del a quo y ordenó el reintegro de los trabajadores, porque “del acervo probatorio allegado a esta actuación se colige que la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP ha utilizado el despido masivo de los trabajadores accionantes desconociendo el derecho de asociación de éstos para vulnerar de paso la estabilidad que requiere el sindicato Sintraelecol”.

Consideraciones y fundamentos

A. Competencia.

Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes y por la escogencia del caso hecha por la Sala de Selección.

B. Temas jurídicos.

Se discute en esta tutela si se viola o no el derecho de asociación sindical en el caso de despido masivo de personas afiliadas a un sindicato, sin previa autorización del Ministerio del Trabajo. Además, la Corte debe analizar si la tutela es la vía adecuada para resolver tal controversia. Para estos efectos, la Corte reiterará la jurisprudencia que sobre estos aspectos ha tenido, con las siguientes consideraciones:

1. Legitimación por activa de la organización sindical.

La Corte ha sostenido que los sindicatos pueden instaurar acción de tutela, cuando son titulares de derechos fundamentales (1) . La Corte ha afirmado que tratándose de los sindicatos, T-566 de 1996 (2) , éstos representan los intereses de los trabajadores. La SU-342 de 1995 expresa:

(1) T-441/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(2) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

“Además, como el sindicato representa los intereses de la comunidad de los trabajadores, con arreglo a las funciones generales que le son propias, según el artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo su legitimación para instaurar la tutela no sólo proviene de su propia naturaleza que lo erige personero de dichos intereses, sino de las normas de los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991, según los cuales la tutela puede ser instaurada por el afectado o por quien actúe en su nombre o lo represente”.

Si la tutela también la instauran los trabajadores que se consideran afectados, esto no obstaculiza sino que refuerza la legitimación por activa.

2. El derecho de asociación es un derecho fundamental (3) .

(3) Ver T-1211 de 2000, T-834 de 2000

Los artículos 38 y 39 de la Constitución así lo establecen. Así mismo, los convenios 98 y 87 de la OIT, reconocen, garantizan y desarrollan el derecho fundamental de asociación sindical. En la Sentencia C-385 de 2000 se dijo:

“2.1. El artículo 39 de la Constitución consagra el derecho fundamental de asociación sindical de los trabajadores, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación dado que aquél consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y los una, en defensa de los intereses comunes de la respectivo profesión u oficio, sin autorización previa o la injerencia o intervención del Estado, o de los empleadores”.

3. El bloque de constitucionalidad en materia de derechos de asociación y sindicalización.

Los convenios 98 y 87 de la OIT integran el bloque de constitucionalidad con las disposiciones de la Carta, en virtud del artículo 93 de la Constitución Política. Dijo la T-568 de 1999:

“Derecho de asociación y sindicalización: en el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución Política, el artículo 39 establece el derecho de los trabajadores (y los empleadores) a constituir sindicatos, sin intervención del Estado. Tal facultad está en consonancia con la declaración universal de los derechos humanos (1948), artículo 23.4 (4) , el Pacto internacional de derechos sociales, económicos y culturales (1966) artículo 8º, que consagra el deber de los Estados parte de garantizar el derecho de toda persona de formar y afiliarse a sindicatos, y el protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos sociales, económicos y culturales (Protocolo de San Salvador, 1988) artículo 8º que incorporó a la Carta americana el deber de las partes de garantizar “a) El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse al de su elección, para la protección de sus intereses”.

(4) Esta norma dice: “ART. 23. (...) 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.

Además, la constitución de la OIT en su preámbulo, como uno de los propósitos de la organización de luchar contra la injusticia social, propone mejorar las condiciones de los trabajadores —entre otros aspectos— en lo que atañe a la libertad sindical. Afianzando este compromiso y con el consenso de la comunidad internacional, se suscribió el Convenio 87 (1948), Sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación, en el cual se dice expresamente: “Artículo 1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes“. Se confirma el derecho de los trabajadores de constituir sindicatos autónomos y se advierte a las autoridades publicas que “deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal” (5) . Más tarde el Convenio 98 reiteró este derecho y la obligación de no injerencia externa (6) .

(5) Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, artículo 3.2.

(6) Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.

La Sentencia T-1211 de 2000 agregó:

“El derecho de asociación se protege también en la normatividad internacional. Los convenios de la OlT 87 y 98 defienden de la libertad y actividad sindical y han sido calificados en la Cumbre de Copenhague como convenios esenciales. El artículo 2º del Convenio 98 establece en su primera parte:

“Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración”.

El Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo 8º, estableció que los Estados parte se comprometen a garantizar:

“c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos”.

Se deben evitar los obstáculos y las maniobras que desalienten el ingreso al sindicato, o su permanencia en él o la completa expresión de la actividad sindical, por el contrario:

“...debería estimularse y fomentarse entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” (7) .

(7) OIT, informe, caso Nº 1698, párrafo 255.

Todas las normas de convenios y protocolos sobre derechos humanos (dentro de ellos las normas laborales como lo dijo la Corte en la T-568/99) se aplican internamente según el artículo 93 de la Constitución Política y la figura del bloque de constitucionalidad”.

El bloque de constitucionalidad permite la adaptación histórica de las constituciones a las nuevas realidades sociales. De ahí que se dé una expansión con la recepción de los convenios de la OIT (dentro de ellos el 87 y el 98 sobre la libertad sindical), como se aprecia en la citada sentencia T-568 de 1999. Jurisprudencia expresamente ratificada en la C-567 de 2000 que en uno de sus apartes dijo: “Sin embargo, la Corte, al avocar el tema, sólo puede realizar el examen de las normas legales impugnadas frente a la Constitución, y también, en este caso, al Convenio 87 de la OIT, que según jurisprudencia de la corporación, hace parte del denominado “bloque de constitucionalidad” (sentencias T-418/92; C-225/95; y T-568/99, entre otras).

La opinión de que los convenios internacionales que tienen que ver con el derecho al trabajo quedarían por fuera del bloque de constitucionalidad porque en los convenios de la OIT no hay mención expresa de que queda prohibida su limitación en los estados de excepción y porque su prevalencia es en el orden interno (C.P., art. 93, inc. 1º), es una opinión que se cae de su peso si se considera que el bloque de constitucionalidad se fundamenta en los dos incisos del artículo 93, el segundo de los cuales dice: “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, lo cual significa que es en virtud del inciso 2º del artículo 93 que los convenios 87 y 98 de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad (8) . La otra objeción consistente en que los convenios de la OIT no harían parte del bloque de constitucionalidad porque el artículo 53 de la Constitución Política los ubica dentro de la legislación interna, es inconsistente porque el inciso 4º del artículo 53 de la Constitución Política cuando determina que “los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”, lo que hace es reafirmar aún más el deber de interpretar los derechos humanos (dentro de ellos los derechos sociales) de conformidad con los tratados internacionales. No tendría coherencia que se protegieran todos los derechos humanos menos los que se refirieran al derecho al trabajo, cuando en la Constitución de 1991 el trabajo es un derecho fundante (C.P., art. 1º), una finalidad de la propia Carta (preámbulo), un derecho fundamental (art. 25). En consecuencia, los convenios de la OIT integran el bloque de constitucionalidad en virtud del inciso 2º del artículo 93 de la Constitución Política y tal característica se refuerza con lo determinado en el inciso 4º del artículo 53 ibídem.

(8) Ver C-010 de 2000.

4. Protección al funcionamiento de las organizaciones sindicales.

Lo importante no es solamente consagrar el derecho a la asociación sindical, sino concretar en hechos tal garantía. Esto tiene que ver con el funcionamiento de los sindicatos. Lo primero que hay que decir es que un sindicato no puede funcionar si se ataca a quienes lo integran, desvinculándolos de su trabajo. Igualmente no se puede obstaculizar el funcionamiento del sindicato afectando los instrumentos necesarios para que un sindicato se desarrolle. En la Sentencia T-173 de 1995 (9) se hizo referencia al funcionamiento de los sindicatos, en los siguientes términos:

(9) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

“Es por esta razón por la que el ordenamiento jurídico no puede ser indiferente frente a las condiciones de funcionamiento de organizaciones de esa naturaleza, mucho más cuando está fundado en valores de participación y pluralismo (art. 1º de la Carta). Así lo quiso el constituyente de 1991 al ordenar en el segundo inciso del artículo 39, la sujeción de los sindicatos “al orden legal y a los principios democráticos” (subrayado de la Sala). En el ejercicio de su fuero interno, un sindicato puede establecer las condiciones de funcionamiento que estime pertinentes, siempre que ellas sean compatibles con los principios rectores de una sociedad democrática”.

La T-834 de 2000 (10) dice que no puede concebirse la asociación sindical si no se garantiza que ésta pueda contar con elementos materiales que le permitan cumplir con los fines para los cuales fue creada. La T-681 de 1998 advierte: “Por supuesto que normativamente Colombia estuvo a la vanguardia en lo que tiene que ver con las cuotas que corresponden a los sindicatos, y así se ratificó en el artículo 39 del Decreto 2351 de 1965, pero, el incumplimiento del deber por parte de los empleadores se ha convertido en una costumbre muy peligrosa como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia, el 7 de febrero de 1969”. Esa costumbre de no entregar las cuotas sindicales ha dado origen a protección tutelar (ver T-324/98). Por consiguiente, sería ilógico que si un empleador no cumple con la entrega de la cuota sindical esta violación se convierta en disculpa para afirmar que un trabajador no es sindicalizado. La calificación de quienes son afiliados a un sindicato corresponde a la organización sindical.

(10) Ver T-324 de 1998.

Pero, se repite, la mayor afectación a una organización sindical se produce cuando se disminuye el número de afiliados, sin que hubiere respaldo constitucional y legal para los despidos, sino por el contrario, cuando estos despidos se producen precisamente para afectar al sindicato.

5. La jurisprudencia sobre despidos colectivos.

En la Sentencia SU-998 de 2000 la Corte afirmó lo siguiente sobre despidos colectivos:

“8. Por último, el despido colectivo afecta convenios de la OIT, porque indudablemente se desalienta la afiliación sindical cuando el patrono apela a una masacre laboral. Se afecta a lo establecido en el Convenio 87 que en sus considerandos señala que entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz está “la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical”; en el artículo 3º habla del derecho a sus actividades y programas de acción y prohíbe toda intervención de las autoridades públicas que limite e entorpezca el derecho; se afecta el Convenio 98 y la propia Constitución de la OIT que propugna por “el principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas”. La T-436 de 2000 dijo:

“Adicionalmente a lo dicho, es evidente el impacto causado entre los trabajadores el despido masivo de quienes sólo tienen por característica común su pertenencia al sindicato. Aquellos que ya están afiliados pueden pensar en la conveniencia de su retiro de la asociación para conservar el puesto —lo que no es difícil suponer que ocurra en una situación de desempleo tan grave como la que vive el país—, y los que aún no se han asociado lo pensarán dos veces. Claro está, ello se debe a que una actitud como la asumida en este caso por la empresa demandada desestimula de manera grave la asociación sindical, en cuanto directa o subliminalmente conduce a los trabajadores a escoger entre su permanencia en la empresa y su ejercicio de la señalada libertad fundamental.

En la misma Sentencia SU-998 de 2000, la Corte añadió lo siguiente:

“2. Un despido colectivo que afecta masivamente a los integrantes de un sindicato y por ende el derecho de asociación, permite la acción de tutela. En principio, dentro del ordenamiento legal, los despidos colectivos no están permitidos. Se entiende por despido colectivo: “una suma de despidos individuales que se producen en un determinado período de tiempo y que no hayan sido motivados por terminación de la obra o labor contratada o por justa causa” (Guillermo Camacho Henríquez, Derecho del trabajo, t. II, pág. 383).

“Mucho antes de la Constitución de 1991, se consideraba que los despidos colectivos sin previa autorización del Ministerio del Trabajo no producirían ningún efecto (D. 2351/65, art. 40). Esta determinación normativa es una disposición sana...”.

En el mismo sentido se habían pronunciado las sentencias T-436 de 2000, T-476 de 1998, SU-667 de 1998. En la primera de estas sentencias la Corte expresó:

“Bien es cierto que, entre las posibilidades del empleador, a la luz de las disposiciones legales, está la de dar por terminado de modo unilateral el contrato de trabajo, inclusive sin justa causa, indemnizando al empleado, pero no se pierda de vista que el uso de la atribución correspondiente, aun dentro de un criterio de amplia discrecionalidad, mal puede implicar desconocimiento de claros y perentorios mandatos de la Constitución, y de ninguna manera debe conducir, en un Estado social de derecho, al sacrificio de prerrogativas inherentes a conquistas logradas por la colectividad de los trabajadores, ni tampoco al olvido de los derechos básicos de los mismos y sus asociaciones, garantizados en tratados internacionales”.

Anteriormente la Sentencia SU-667 de 1998 había dicho lo siguiente:

“En consecuencia, el poder que la ley ha otorgado al patrono para dar por terminada unilateralmente la relación contractual no puede ser absoluto ni abusivo, menos todavía si se establece que el ejercicio de la atribución no es otra cosa que un instrumento retaliatorio respecto de situaciones ajenas al campo estrictamente laboral.

Además, ya la Sala Plena ha hecho visible la relatividad de las facultades patronales en cuanto a la terminación del contrato de trabajo, así como el principio de estabilidad que favorece por mandato constitucional a todos los trabajadores y la necesaria aplicación del debido proceso cuando se trata de decisiones unilaterales del empleador”.

6. Precedente judicial sobre convenciones colectivas (11) .

(11) La Corte Constitucional prohijó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de noviembre 28 de 1994, (M.P. Dr. José Roberto Herrera Vergara).

Otro punto importante para analizar en el presente caso es la protección constitucional a las convenciones colectivas. La Sentencia de tutela T-540 de 2000 desarrolló el tema de la siguiente manera:

“Esta Corte juzga importante recordar que los actos jurídicos, de disposición de intereses y las declaraciones de voluntad contractuales, los negocios jurídicos y las convenciones colectivas merecen una especial protección por parte del orden jurídico (C.P., arts. 25, 48, 49, 53, 58, 83, 209), cuya consecuencia implica que una decisión judicial de tutela no puede desconocer o inaplicar, tales actos de voluntad, si los mismos nacen conforme a las normas que les sirven de fundamento, salvo que los mismos afecten derechos fundamentales, pues ello, además de causar traumatismos de orden jurídico y administrativos, rebasan la competencia funcional del juez de tutela e implicarían un desconocimiento de precisas facultades legales, en cuyo ejercicio de las personas naturales y jurídicas se fundamentan para la disposición directa de sus intereses.

En efecto, la Corte no ignora que las antiguas electrificadoras de la Costa Atlántica (Electroguajira, Electromagdalena, Electrocesar y Electranta), celebraron un negocio jurídico con la Electrificadora del Caribe S.A. ESP, denominado “transferencia de activos” en virtud del cual, conforme a las cláusulas 3.4 y 3.4.1 del mencionado contrato, Electrocaribe asumió los pasivos laborales de los antiguos patronos, vale decir las convenciones colectivas celebradas anteriormente, entre Electroguajira, Electromagdalena, Electrocesar y Electranta, y Sintraelecol, cuya vigencia es de dos años, contados desde el 1º de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999, pero que se prorrogaron automáticamente a partir del 1º de enero del año 2000, por seis meses más conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, conforme a lo probado en el expediente, hecho jurídico que se concretó mediante la suscripción y ejecución de un convenio de sustitución patronal anexo al referido contrato (fls. 41, 49, exp. T-260969).

En este orden de ideas, ha estimado esta Corte, desde la Sentencia C-479 de 1992, (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero), a propósito de la inconstitucionalidad del Decreto 1660 de 1992, que en los procesos de privatización, transformación y reestructuración de entidades públicas y en las sustituciones patronales que se produzcan como consecuencia de esas políticas públicas, sólo pueden adelantarse sobre la base del constante y prevaleciente respeto a la dignidad de los trabajadores, a su estabilidad en los empleos y a sus derechos fundamentales y al respeto de lo pactado en convenciones colectivas, pactos colectivos, laudos arbitrales, reglamentos de trabajo, etc., ya que el artículo 53 superior, contempla derechos inalienables e indispensables de los trabajadores frente a cualquier patrono y el 25 ibídem consagra la protección especial a cargo del Estado de las distintas modalidades laborales, lo que impide que bajo la excusa de la racionalización, la transformación o el cambio de propietarios de las empresas tales derechos sean disminuidos, afectados o desconocidos. En consecuencia, estima la Sala que bajo este marco conceptual, los convenios de sustitución patronal, como el referido anteriormente, poseen una especial protección por parte del ordenamiento jurídico, que el juez de tutela no puede entrar a desconocer en aras de una protección formal del artículo 13 superior, sino que por el contrario debe procurar su respeto y tutela jurídica efectiva”.

Respecto al cumplimiento de las convenciones, la Sentencia de tutela T-540 de 2000 señaló lo siguiente:

“Visto lo anterior, es evidente que a la empresa demandada no le queda otro camino que mantener las condiciones pactadas en cada una de las convenciones celebradas con cada una de las subdirectivas sindicales que agrupan a los trabajadores afiliados a Sintraelecol y que prestaban sus servicios en las antiguas electrificadoras y patronos, por lo tanto, mientras subsistan temporalmente los diferentes regímenes laborales; ellos resultan ser el conjunto de marcos normativos aplicables en las relaciones laborales al interior de la empresa, y en subsidio de los mismos, el Código Sustantivo del Trabajo. Estima la Corte, que una decisión de tutela no posee la virtualidad para provocar un cambio en la aplicación o contenido de las convenciones colectivas, conforme se ha expuesto anteriormente, pues se reitera, las convenciones colectivas son fuentes de derecho, que como actos regla, merecen especial protección constitucional, pues de lo contrario, el juez de tutela podría provocar una inseguridad jurídica, que de paso generaría la violación de otros derechos legales y fundamentales de los demás trabajadores, titulares de derechos convencionales, que por efecto de una sentencia de tutela que no los afecta podrían verse lesionados o disminuidos en sus derechos laborales, en relación con los peticionarios de la tutela, pese a cumplir una misma labor, cantidad de trabajo, calidad del mismo, prestando sus servicios personales en una misma zona geográfica”.

La Corte en esa misma sentencia agregó:

“Así las cosas, no ignora entonces la Sala, que cuando se produjo la sustitución patronal de las antiguas entidades de energía eléctrica de la Costa se suscribió un convenio de sustitución patronal para respetar salarios, condiciones de trabajo y prestaciones extralegales de los antiguos trabajadores, de acuerdo con las convenciones colectivas que operan en cada localidad, las cuales son diferentes y específicas. En consecuencia, el juez de tutela, a través de una sentencia judicial, no puede inaplicar o desconocer el contenido material y económico de esos actos jurídicos, que nacieron conforme al ordenamiento legal vigente, pues las convenciones colectivas de trabajo de la empresa aún están produciendo efectos jurídicos materiales, y solamente las partes pueden terminarlas a través de los mecanismos legales previstos en el Código Sustantivo del Trabajo, como la denuncia, hecho jurídico que ya se presentó por parte de la empresa, o mantenerlas en el tiempo, como quiera que ellas son fuentes de derecho que regulan las relaciones obrero patronales entre los trabajadores y la empresa Electrocaribe, conforme lo señalan los artículos 478 a 480 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Respecto de la procedencia de la tutela en casos de trabajadores despedidos masivamente, la Sentencia T-436 de 2000, Expresó:

“Si se tratara de la situación de un solo trabajador, respecto de quien la empresa hubiese decidido dar por terminada la relación laboral —con o sin justa causa—, esta Corte se limitaría a declarar que no sería procedente la acción de tutela y que, por tanto, el trabajador despedido, a no ser que probara la vulneración efectiva y cierta de derechos fundamentales suyos, en términos no susceptibles de ser cobijados por la decisión del juez ordinario, debería acudir a los procedimientos judiciales de índole laboral, dentro de la jurisdicción correspondiente y según la ley, para la defensa de sus intereses...

___________________________________