Sentencia T-1327 de diciembre 15 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Sentencia T-1327 de 2005 

Ref.: Exps. T-1172591, T-1172592, T-1178878, T-1178879 T-1184656 y T-1184657 (acumulados).

Magistrado Ponente:

Humberto Antonio Sierra Porto

Acciones de tutela instauradas por Norberto de Jesús Castañeda Martínez, Adriana Isabel Velásquez Valderrama, John Fredy Atehortúa Hincapié, Robinsón de Jesús Urrego Londoño, José Aristóbulo Giraldo Rodríguez y Leyve Helena Marín Giraldo contra Industrias Colibrí S.A.

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil cinco.

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

Sentencia

dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por los Juzgados Veintisiete Penal del Circuito de Medellín —como segunda instancia de los juzgados Veintitrés y Veintinueve Penales Municipales de Medellín—; Noveno Penal del Circuito de Medellín —como segunda instancia de los juzgados Quince y Veinticinco penales municipales de Medellín—; y el Dieciocho Penal del Circuito de Medellín —como segunda instancia de los juzgados Treinta y Seis y Décimo penales municipales de Medellín—, en los cuales se confirmaron las decisiones de primera instancia.

I. Antecedentes

Norberto de Jesús Castañeda Martínez, Adriana Isabel Velásquez Valderrama, John Fredy Atehortúa Hincapié, Robinsón de Jesús Urrego Londoño, José Aristóbulo Giraldo Rodríguez y Leyve Helena Marín Giraldo interpusieron acciones de tutela contra Industrias Colibrí S.A. con el objeto de que se ampararan sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social.

1. Hechos.

Los hechos relatados por los demandantes en la acción de tutela se resumen de la siguiente manera

1. Los actores laboran desde hace algún tiempo para industrias Colibrí S.A. y devengan por su trabajos las respectivas sumas de dinero que se detallan en la siguiente tabla:

Nombre de los trabajadoresFecha de inicio como trabajador de industrias Colibrí S.A.Salario devengado en la actualidad
Norberto de Jesús Castañeda Martínez18 de octubre de 1996Seiscientos veintiún mil ciento noventa y seis pesos ($ 621.196)
Adriana Isabel Velásquez ValderramaEnero de 1991Quinientos ochenta y un mil setecientos cincuenta y dos pesos ($ 581.752)
John Fredy Atehortúa Hincapié9 de noviembre de 1992Quinientos ochenta y un mil setecientos cincuenta y dos pesos ($ 581.752
Robinson de Jesús Urrego Londoño5 de agosto de 1997Seiscientos veintiún mil ciento noventa y cinco pesos ($ 621.195)
José Aristóbulo Giraldo Rodríguez9 de septiembre de 1991Quinientos cuarenta y dos mil seiscientos trece pesos ($ 542.613)
Leyve Helena Marín Giraldo18 de octubre de 1996Quinientos ochenta y un mil setecientos cincuenta y dos pesos ($ 581.752)

3. La empresa demandada (Colibrí S.A.) firmó un acuerdo de reestructuración con fundamento en la Ley 550 de 1999. Sin embargo, las acreencias laborales nacidas luego de la firma del acuerdo han sido incumplidas periódicamente.

4. Colibrí S.A. ha dejado de pagar lo correspondiente a salarios, seguridad social (salud y pensiones) de sus empleados. Los salarios desde la primera semana de abril de 2005 y lo correspondiente a seguridad social desde tiempo atrás (según se deduce de la demanda, aproximadamente desde febrero de 2005).

2. Solicitud de tutela.

Los peticionarios consideran que por el continuo incumplimiento por parte de Colibrí S.A. en el pago de lo correspondiente a salarios y seguridad social se vulneran sus derechos fundamentales al trabajo (C.P., art. 25), al debido proceso (C.P., art. 29), a la seguridad social (C.P., art. 48), al salario mínimo vital, así como las garantías constitucionales inherentes al derecho al trabajo (C.P., art. 53).

La parte actora basa su petición en el incumplimiento por parte de Colibrí S.A., en el pago de sus salarios. Aducen que desde la primera semana de abril de 2005 no han recibido lo correspondiente a sueldos, y, de tiempo atrás, la entidad no efectúa los respectivos aportes en seguridad social, en salud y pensiones. Exponen como prueba de lo anterior, entre otras cosas, cheques con los que han sido pagadas algunas semanas de trabajo, pero que han sido devueltos por falta de fondos. Por esto, los demandantes dicen tener problemas para la subsistencia y manutención de sus hogares. Igualmente, por la falta de pago de aportes a la seguridad social de cada uno de los empleados, se vulneran sus derechos fundamentales, pues si bien se les descuenta lo correspondiente por dicho concepto del salario, las sumas no son aportadas a las entidades prestadoras de salud, y en consecuencia estas niegan a los trabajadores el acceso al servicio en cuestión.

Señalan además, que las acreencias laborales nacidas luego de la firma del acuerdo de reestructuración con fundamento en la Ley 550 de 1999, han sido incumplidas sistemáticamente.

3. Intervención de la parte demandada.

La parte demandada se pronunció respecto a las demandas interpuestas en su contra, aceptando el incumplimiento en el pago de los salarios de sus empleados. Reconoce Colibrí S.A. que a causa de la falta de recursos económicos y por la situación crítica que atraviesa la empresa desde hace años, ha presentado mora en algunos pagos con todos sus trabajadores. Señala la accionada que, en gran medida, la imposibilidad de pagar la nómina semanal de sus empleados se debe a la situación económica en la que se encuentra debido a la situación que sufrió el país años atrás y que hizo que la empresa adquiriera gran cantidad de deudas.

Sin embargo, señala la empresa demandada que se han puesto en marcha todos los mecanismos para crear alternativas con el fin de lograr evitar su liquidación y, por supuesto, para hacer efectivo el pago de los salarios adeudados a sus empleados. Así mismo, aduce Colibrí S.A. que, si bien no ha hecho efectivo el pago de aportes en seguridad social desde el mes de abril del año en curso, debido a la gran deuda alcanzada con las entidades de salud, ha puesto a disposición de los empleados un servicio médico particular disponible siempre que sea requerido.

Por último, expresa la parte pasiva, respecto de las acreencias laborales nacidas luego de la firma del acuerdo de reestructuración con fundamento en la Ley 550 de 1999, que estas, contrario a lo que dicen los demandantes, han sido cumplidas, pues manifiesta la defensa, que “desde marzo 14 de 2002 ha atendido, incluso con mucha dificultad, sus obligaciones laborales, tanto salario como seguridad social, si no hubiera sido así, los accionantes no habrían esperado más de tres años para reclamar”.

En conclusión, la parte accionada, a pesar de aceptar que ha incumplido algunas de las obligaciones laborales con sus trabajadores, solicita se nieguen las tutelas presentadas en su contra, toda vez que los empleados de la empresa son conocedores del acuerdo de reestructuración, suscrito de conformidad con la Ley 550 de 1999, dada la situación financiera y económica por la que atraviesa Colibrí S.A. desde hace ya varios años. Fundamenta, además, su solicitud de denegación de la acción en la existencia de otros mecanismos legales para que los empleados hagan valer sus derechos, lo cual la torna improcedente.

4. Pruebas relevantes aportadas a los procesos.

Las pruebas presentadas en los distintos procesos son las mismas. Aparecen de esta forma en cada uno de los expedientes:

 T-1172591T-1172592T-1178878T-1178879T-1184656T-1184657
Copia de acuerdo de reestructuración (L. 550/99)Cuaderno principal, folios 24 y ss.
Cuaderno principal, folios 19 y ss.Cuaderno principal, folios 20 y ss.Cuaderno principal, folios 27 y ss.Cuaderno principal, folios 21 y ss.Cuaderno principal, folios 27 y ss.
Certificación de la Directora de Gestión Humana que constata el pago de la salud en el caso de eventuales enfermedadesCuaderno principal, folios 54 y ss.Cuaderno principal, folios 44 y ss.Cuaderno principal, folios 35 y ss.Cuaderno principal, folios 40 y ss.Cuaderno principal, folios 34 y ss.Cuaderno principal, folios 54 y ss.
Certificaciones de la Directora de Gestión Humana sobre lo adeudado a los accionantesCuaderno principal, folio 49Cuaderno principal, folio 44Cuaderno principal, folio 33Cuaderno principal, folio 39Cuaderno principal, folio 33Cuaderno principal, folio 41
Mandamiento de pago de la DIANCuaderno principal, folios 69 y ss.Cuaderno principal, folios 64 y ss.Cuaderno principal, folios 53 y ss. Cuaderno principal, folios 43 y ss.Cuaderno principal, folios 73 y ss.
Acta Nº 13 de la junta de vigilancia en donde consta que la empresa se encuentra en causa de disolución por incumplimiento de pago de las obligacionesCuaderno principal, folios 77 y ss.Cuaderno principal, folios 72 y ss.Cuaderno principal, folios 58 y ss.Cuaderno principal, folios 54 y ss.Cuaderno principal, folios 48 y ss.Cuaderno principal, folios 81 y ss.
Certificado de existencia y representación de la entidad accionadaCuaderno principal, folios 80 y ss.Cuaderno principal, folios 75 y ss.Cuaderno principal, folios 60 y ss.Cuaderno principal, folios 56 y ss.Cuaderno principal, folios 50 y ss.Cuaderno principal, folios 71 y ss.
Informe del representante legal de la empresa Colibrí S.A. sobre la historia de la mismaCuaderno principal, folios 92 y ss.Cuaderno principal, folios 87 y ss.Cuaderno principal, folios 71 y ss.Cuaderno principal, folios 65 y ss.  
BalanceCuaderno principal, folios 86 y ss.Cuaderno principal, folios 81 y ss.Cuaderno principal, folios 66 y ss.Cuaderno principal, folios 62 y ss.Cuaderno principal, folios 56 y ss.Cuaderno principal, folios 90 y ss.
Certificaciones de girador de chequesCuaderno principal, folios 118 y ss.     
Declaraciones de algunos accionantes y de la defensora de la empresa Colibrí S.A.Cuaderno principal, folios 96 y ss.Cuaderno principal, folios 93 y ss.Cuaderno principal, folios 75 y ss.   

5. Sentencias objeto de revisión.

Los casos analizados fueron conocidos en sus respectivas instancias por juzgados distintos. Sin embargo, los argumentos esgrimidos por estos fueron similares y se resumen así:

El conocimiento de las tutelas correspondió en primera instancia a los juzgados Décimo, Quince, Veinticinco, Treinta y Seis, Veintinueve y Veintitrés penales municipales de Medellín, que por sentencias de 26, 27, 27, 31, 27 y 31 de mayo de 2005, respectivamente, declararon improcedentes las acciones de tutela bajo estudio. Consideraron los a quo para cada caso, que el acervo probatorio sobre el cual se decidió el asunto no evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable que ameritara el amparo por vía de tutela. Por el contrario, arguyeron, se demostró que los accionantes han recibido periódicamente el monto de sus salarios, con lo que se les garantiza su mínimo vital. Así mismo, entendieron los respectivos juzgados que los demás derechos de orden legal que les asiste a los demandantes pueden ser protegidos y garantizados por medios procesales ordinarios, como es el caso de la jurisdicción ordinaria laboral, siendo esto una razón extra para la improcedencia de la acción de tutela.

Igualmente, recordaron la jurisprudencia constitucional que enuncia la improcedencia de la acción de tutela como mecanismo para hacer efectivos los pagos de salarios atrasados, para, con base en ella, negar la solicitud de tutela por considerar que no se cumplía con los requisitos fácticos para hacer valer la acción para el fin ya descrito.

Impugnación

Los demandantes impugnaron las decisiones de primera instancia. Adujeron que, contrario a lo que pensó el juez de primera instancia, sí se vulnera su derecho al mínimo vital, pues con la irregularidad de los pagos muchas de las obligaciones no pueden ser satisfechas. Igualmente, contradicen lo dicho en sentencias de primera instancia, en lo relativo a la existencia de otros medios judiciales para hacer valer sus derechos. Para ellos, si bien existen otros procedimientos legales, estos tienen un término de trámite mayor a un año, lapso en el cual, consideran los actores, no se solucionaría eficazmente la violación a sus derechos fundamentales.

Segunda instancia

En segunda instancia los juzgados Dieciocho, Noveno y Veintisiete penales del Circuito de Medellín fueron los encargados de conocer de los casos bajo estudio. En esa oportunidad se confirmaron los fallos proferidos en primera instancia, mediante los cuales se negó la tutela de los derechos fundamentales de los actores. Esta vez los ad quem consideraron, al igual que los jueces de primera instancia, que los casos bajo estudio no cumplían con los requisitos mínimos dados por la jurisprudencia constitucional para el reconocimiento mediante acción de tutela del pago de salarios retrasados. Agregan los jueces constitucionales un elemento temporal, según el cual hay dos meses para el pago de mesadas atrasadas sin que se ocasione la vulneración al mínimo vital. Según los ad quem esta barrera de tiempo jamás ha sido sobrepasada por Industrias Colibrí S.A.

Revisión por la Corte Constitucional

Remitido el expediente a esta corporación, mediante auto del siete (7) de septiembre de dos mil cinco (2005), la Sala de Selección dispuso su revisión por la Corte Constitucional y decidió acumularlos.

II. Consideraciones y fundamentos

Competencia

1. Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso por la Sala de Selección.

Planteamiento del problema jurídico y esquema para su resolución

2. De conformidad con los antecedentes referidos, esta Sala de Revisión deberá responder al siguiente problema jurídico: ¿Hay vulneración a los derechos fundamentales de los peticionarios si la empresa para la cual laboran ha dejado de cumplir con los pagos de sus salarios y las cotizaciones correspondientes a seguridad social, salud y pensiones, a pesar de descontar de su nómina para ello, todo esto dentro de un acuerdo de reestructuración fundado en la Ley 550 de 1999? Para dar solución al problema jurídico planteado deberá, previamente dar respuesta a otros interrogantes relacionados con la cuestión principal. En primer lugar, la procedibilidad de la acción de tutela cuando el demandado es un particular y como mecanismo para obtener el pago de salarios atrasados. En caso que tales cuestiones tengan respuesta positiva, se deberán analizar particularidades propias del caso sub judice como son: (i) la seguridad social y el incumplimiento por parte del empleador en el pago de los aportes, (ii) el pago de salario por empresas sometidas a acuerdos de reestructuración, (iii) por último, se decidirá el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela cuando el demandado es un particular: Viabilidad constitucional y legal

3. El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia reconoce la procedencia de la acción de tutela contra particulares en tres supuestos: 1. “particulares encargados de la prestación de un servicio público”, 2. “cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo” y 3. “respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. Uno de los elementos constitutivos de la relación laboral a la luz del Código Sustantivo del Trabajo, es la subordinación del empleado a su patrono. Del ordenamiento legal vigente se desprende, entonces, la procedencia de la acción de tutela en el contexto de las relaciones laborales, debido a la situación de subordinación de los trabajadores, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional en numerosas ocasiones (1) .

Procedencia de la acción de tutela como mecanismo para obtener el pago de salarios atrasados: Criterios para su excepcional aplicación. Reiteración de jurisprudencia.

4. En toda relación laboral se generan obligaciones recíprocas para el empleador y para el empleado, pues mientras este se compromete a poner su capacidad laboral y su esfuerzo físico en favor de la empresa, el primero tiene el deber de retribuirle económicamente por su labor. En ese orden de ideas, el salario es la contraprestación que recibe el trabajador por la labor desempeñada y como tal este tiene el derecho a recibir su remuneración de manera cumplida y oportuna, so pena de desequilibrar la balanza que debe existir en este tipo de relaciones.

Este derecho merece protección a través del mecanismo de la tutela, pues, en tanto retribución a una labor realizada, está directamente relacionado con el derecho fundamental a la subsistencia, el cual fue reconocido por esta corporación (2) como elemento sustancial de las garantías a la vida, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, pero, es precisamente la prueba de la vulneración del mínimo vital como consecuencia del no pago oportuno del salario, lo que hará procedente o no la acción de tutela como mecanismo para hacerlo efectivo.

En efecto, en innumerables oportunidades, el alto Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo tutelar a las personas que encuentran vulnerados sus derechos fundamentales, como consecuencia del incumplimiento en el pago oportuno y completo de sus mesadas, pues en dichos eventos, la falta de pago del salario vulnera el derecho al mínimo vital, entendido este como “los requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en lo relativo a la alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser humano” (3) .

La Corte ha reconocido que para acreditar la vulneración del mínimo vital, deben confluir los elementos que confirmarán la afectación en cuestión, estos son:

i. Que el salario o mesada sea el ingreso exclusivo del trabajador o pensionado, o que habiendo otros ingresos adicionales sean insuficientes para asumir las necesidades básicas, y

ii. Que la falta de pago de la prestación cause un grave desequilibrio económico y emocional al afectado, derivado de un hecho injustificado, inminente y grave (4) Ver Sentencia T-027 de 2003 .

Así, se puede concluir en primer lugar que la acción de tutela es procedente por definición constitucional cuando el demandado es un particular que, como en el caso concreto, ejerce dominio en la relación de subordinación existente con el demandante. En segundo lugar, que la misma acción es procedente, de manera excepcional, para salvaguardar el derecho al pago oportuno de los salarios. Para que así sea, deberá demostrarse, la inexistencia o insuficiencia de otros ingresos por parte del trabajador para su manutención y, además, un grave desequilibrio económico y emocional como consecuencia del no pago del aporte. Con la respuesta afirmativa ante la procedencia de la acción de tutela en las situaciones expuestas, es pertinente entrar a observar aspectos jurídicos relevantes para el caso concreto, como son: (i) la seguridad social y el incumplimiento por parte del empleador en el pago de los aportes, (ii) el pago de salario por empresas sometidas a acuerdos de reestructuración.

La seguridad social y el incumplimiento por parte del empleador en el pago de los aportes

5. La Constitución Política en sus artículos 48, 53 y 365 establece que la seguridad social tiene el carácter de un servicio público y, al mismo tiempo, la condición de derecho constitucional de orden económico y social, al igual que carácter prestacional y programático, pues permite que toda persona pueda tener el derecho a reclamar una prestación (ya sea un servicio de salud, o el reconocimiento de un derecho pensional), que para su efectiva materialización se encuentra sometida a normas presupuestales, procesales y de organización, que la hagan viable y, además, permitan mantener el equilibrio del sistema (5) .

De la misma manera, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que si bien el derecho a la seguridad social es un derecho prestacional y programático, que por su propia naturaleza no corresponde a un derecho fundamental, si puede ser considerado como tal, cuando su perturbación ponga en peligro o vulnere el derecho a la vida, a la integridad personal u otros derechos fundamentales de las personas (6) , de ahí, la importancia del cumplimiento por parte del empleador del pago del aporte y de las cotizaciones de los trabajadores a su servicio.

De lo anterior se colige que el pago oportuno y cumplido de los aportes patronales y el descuento y posterior traslado de las cotizaciones por parte del empleador, constituye un postulado fundamental para la protección del derecho a la seguridad social.

En la Sentencia T-163 de 2001 la Corte Constitucional expuso dicho planteamiento así:

“Todo empleador está obligado a transferir las cotizaciones legalmente establecidas para la seguridad social en pensiones de los trabajadores. Por lo tanto, el empleador recauda los recursos y transfiere el riesgo a la administradora de pensiones escogida por el trabajador, quien tiene a su cargo la administración y eficiente utilización de los recursos parafiscales. Ello significa que el empleador que no transfiere los correspondientes aportes no adeuda el monto al trabajador sino que incumple su obligación con el sistema de seguridad social, puesto que las cotizaciones no son recursos particulares sino que son ingresos públicos”.

En la medida en que los aportes correspondientes a pensión son de orden parafiscal, si dichos aportes son descontados a los empleados y no son trasladados al fondo de pensiones al cual se encuentran afiliados, tal conducta asumida por la empresa accionada, puede incluso, ser objeto de sanciones administrativas y penales. Al respecto vale la pena señalar la posición de la Corte:

“No obstante, la inobservancia de la obligación de cotizar a la seguridad social genera sanciones moratorias, administrativas y disciplinarias en caso de que el incumplimiento del deber se ocasione por culpa de un servidor público. Igualmente, si el patrono no transfiere a las EPS las sumas retenidas, no solamente se encuentra sujeto a las sanciones administrativas y económicas previstas por la Ley 100 de 1993 sino que además su conducta podría ser penalmente sancionada, pues estaría desviando recursos que no son suyos, ya que tales dineros, tal y como esta Corte lo ha precisado, son contribuciones parafiscales afectadas a propósitos específicos (Sent. C-575/92). De la misma manera, la posición jurídica de la entidad que administra la seguridad social frente al incumplimiento de la afiliación y de la cotización no es la misma, comoquiera que mientras la omisión de afiliación no le genera potestades ni deberes, la negligencia en el pago de la cotización sí, puesto que puede exigir judicialmente su cumplimiento” (7) .

Respecto al pago de aportes en salud, este como elemento categórico del derecho a la atención en salud adquiere el carácter de fundamental cuando su falta torna nugatorio el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales como la vida o la integridad personal, por consiguiente, cualquier circunstancia que lleve a la negativa de una prestación indispensable para la existencia digna del afiliado, se opone al núcleo esencial del derecho a la atención y contraviene el principio de la dignidad humana (8) .

En efecto, la jurisprudencia constitucional reconoce la existencia “(…) de una estrecha relación de conexidad entre el derecho fundamental a la seguridad social y los derechos a la vida y a la salud, frente a la conducta omisiva del patrono (…). Tal incumplimiento acarrea varias consecuencias tanto para la entidad prestadora de la seguridad social, como para el patrono incumplido, y están dirigidas a proteger efectivamente los derechos de los trabajadores” (9) . Al punto que “[s]i bien es válido que la ley atribuya al patrono el deber de responder por los servicios de salud, en caso de mora o incumplimiento, lo cierto es que este traslado de la obligación no exonera integralmente a la EPS de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir, por negligencia en la vigilancia de que se realicen los aportes (…) Existe pues una responsabilidad compartida entre la EPS y el patrono, por lo cual puede ser procedente que en determinados casos, y según las particularidades de las diversas situaciones, los jueces de tutela ordenaran a uno o al otro el cumplimiento de las prestaciones de salud necesarias para proteger un derecho fundamental. Sin olvidar que la primera llamada a la prestación es la entidad promotora (…) Finalmente, la jurisprudencia coincide en relación con la procedencia de la acción de tutela” (10) .

Por otra parte, la Corte ha insistido en el cumplimiento de los deberes que tienen los empleadores, encargados de efectuar las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud de sus trabajadores, de realizar oportunamente los respectivos pagos de aportes. En consecuencia ha advertido que resulta admisible que en sede de tutela el juez constitucional desplace la responsabilidad de la prestación en salud de la entidad promotora al propio patrono incumplido o moroso, en dos circunstancias a saber: i) Cuando el retraso en la práctica de un procedimiento ordenado, pone en riesgo la vida o la integridad personal del empleado y ii) Cuando el empleador ha incurrido en una mora prolongada o reiterada en la transferencia de los aportes de salud, pese a haber efectuado los correspondientes descuentos para los aportes a la seguridad social al trabajador (11) .

El pago de salario por empresas sometidas a acuerdos de reestructuración: un crédito prevalente

6. Con la expedición de la Ley 550 de 1999 el Estado propendió por permitir la reactivación de las empresas en difícil situación económica y evitar, así, su liquidación. Mediante los acuerdos de reestructuración previstos en esta ley se busca dotar a deudores y acreedores de nuevos incentivos y mecanismos que sean adecuados para la negociación de programas dirigidos a normalizar la actividad productiva de las empresas y, al mismo tiempo, atender sus compromisos financieros.

Siendo uno de los objetivos de la Ley 550 de 1999 el restablecer la capacidad de pago de las empresas, de manera que puedan recuperarse dentro del plazo y condiciones que se prevean en el acuerdo correspondiente, es claro que las empresas que se acojan a este mecanismo, a partir del inicio de la negociación, y hasta el final, deben continuar desarrollando normalmente sus actividades, lo cual implica la obligación de cancelar las acreencias surgidas en el curso ordinario de sus actividades, entre ellas las correspondientes a pago de salarios y consignación de aportes de seguridad social en salud y pensiones, respecto de las cuales se otorga prelación en el pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999, cuyo texto es el siguiente: “Actividad del empresario durante la negociación del acuerdo. A partir de la fecha de iniciación de la negociación, el empresario deberá atender los gastos administrativos que se causen durante la misma, los cuales gozarán de preferencia para su pago; y podrá efectuar operaciones que correspondan al giro ordinario de la empresa con sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables. Sin la autorización expresa exigida en este artículo, no podrán adoptarse reformas estatutarias; no podrán constituirse ni ejecutarse garantías o cauciones a favor de los acreedores de la empresa que recaigan sobre bienes propios del empresario, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios; ni podrán efectuarse compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo, ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de la empresa o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido...” (negrillas fuera del texto).

A pesar, de que la tramitación de los acuerdos de reestructuración es preferente y por ello no pueden iniciarse procesos ejecutivos o se suspenden los que se encuentren en curso, tal y como lo estipulan los artículos 14 y 34 de la mencionada Ley 550 de 1999, este tribunal ha entendido que tratándose de salarios y pensiones, sean estos anteriores o posteriores a dicho proceso, constituyen gastos de administración que deben ser cancelados de preferencia, a fin de no comprometer ni vulnerar derechos fundamentales (12) . En estos casos, tal y como se dijo con anterioridad, la acción de tutela es procedente, incluso en situaciones en que la empresa demandada se encuentre en alguna de las modalidades del trámite concursal, siempre que se trate de obtener el pago de acreencias laborales y exista vínculo entre el incumplimiento de tales obligaciones y la afectación del mínimo vital, evento en el cual aquellos procesos no pueden convertirse en excusa para sustraerse al cumplimiento de estas obligaciones (13) .

En ese orden de ideas, debe entenderse que si una empresa ha suscrito un acuerdo de reestructuración significa que está en capacidad de absorber los gastos regulares de administración y, además, es susceptible de recuperarse como una unidad productiva de explotación económica, de tal forma que, el incumplimiento en el pago de acreencias laborales haría pensar que dicho trámite no logra su objetivo, cual es, salvar de una crisis financiera a una empresa. Al respecto, es aplicable mutatis mutandis lo que sostuvo esta corporación en la Sentencia T-323 de 1996 al referirse al concordato preventivo obligatorio: “El legislador supone que la sociedad que sea admitida o convocada al trámite de un concordato preventivo obligatorio está en condiciones de atender, al menos, los gastos de administración ordinarios y los de conservación de los bienes del empresario, pues de otro modo no podría conservarse y recuperarse como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, que son, a la vez que fines, los presupuestos fundamentales del proceso concordatario. Los gastos de administración causados durante el trámite del concordato y su vigencia, corresponden a obligaciones que se causan con posterioridad a la fecha de apertura del concordato. Estas obligaciones constituyen créditos no concordatarios, y precisamente por esta razón no están sujetas al sistema que en el concordato se establezca para el pago de las acreencias concordatarias”.

Si bien en esa ocasión la Corte se refirió a una figura distinta a los acuerdos de reestructuración, cuales eran los concordatos preventivos obligatorios previstos por la Ley 222 de 1995, en esencia la cita es aplicable, pues el pago de las acreencias laborales y de los aportes en salud y seguridad social con posterioridad a la firma del acuerdo son gastos de administración que deben ser indefectiblemente satisfechos, su no pago suscita serias dudas sobre la posibilidad de recuperación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.

El caso concreto

7. En el presente caso, Norberto de Jesús Castañeda Martínez, Adriana Isabel Velásquez Valderrama, John Fredy Atehortúa Hincapié, Robinson de Jesús Urrego Londoño, José Aristóbulo Giraldo Rodríguez y Leyve Helena Marín Giraldo, interpusieron las respectivas acciones de tutela contra Industrias Colibrí S.A., por considerar vulnerados sus derechos al trabajo, al debido proceso, a la seguridad social, y al mínimo vital, por haber incumplido en el pago oportuno de sus salarios y por no consignar a las respectivas entidades el valor de los aportes y cotizaciones de seguridad social en salud y pensiones.

La empresa demandada, a pesar de aceptar que ha habido incumplimiento en algunas de las obligaciones laborales con los accionantes y demás trabajadores, solicitó a los jueces constitucionales negar las tutelas presentadas en su contra, toda vez que los empleados de la empresa son conocedores del acuerdo de reestructuración, según la Ley 550 de 1999, que tuvo lugar a causa de la situación financiera y económica por la que atraviesa Colibrí S.A. desde hace ya varios años; así mismo, por cuanto a pesar de haber incumplido los acuerdos con las empresas de salud y de pensiones, el servicio de salud para los trabajadores se presta a través de entidades privadas contratadas para brindarles medicamentos y tratamiento. Por ultimo, fundamenta su solicitud de denegación de la acción en la existencia de otros mecanismos legales para que los empleados hagan valer sus derechos, lo cual la tornaría improcedente.

8. En relación con el pago de salarios, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente y en aplicación de las subreglas estudiadas con anterioridad, se tiene lo siguiente:

Tal y como consta en el expediente, los accionantes no han recibido oportunamente y de manera completa el pago de sus salarios desde la primera semana de abril del año en curso. Los pagos, que se hacían semanalmente, desde la fecha señalada se han vuelto irregulares, ya que, como se evidencia en las pruebas y en las mismas contestaciones de la demandas, a partir de entonces se han hecho extemporáneamente, parcialmente, mediante mecanismos poco eficaces (Ej.: pago mediante cheques sin fondos) (14) o, simplemente, no se han hecho. Así, por ejemplo, respecto al pago por medio de cheques, la apoderada de la parte demandada adujo en declaración juramentada: “con todos los trabajadores se han hecho acuerdos verbales de entregarles cheques posfechados, no necesariamente sin fondos, sino para ser cobrados en distintas fechas con el fin de que la empresa pueda proveer los recursos y cumplirle a cada trabajador; resulta que por ejemplo a todos los trabajadores se les dan los cheques del mes y hay algunos trabajadores que incumpliendo el acuerdo se adelantan a cobrar todos los cheques de una, dejando sin cupo a los demás compañeros” (negrillas fuera del texto). Con esto queda claro que el pago por medio de cheques sin fondos suficientes para el cubrimiento del valor girado, es una forma ineficaz para el pago de salarios. Si bien, la abogada defensora dice que existían acuerdos verbales para que los cheques posfechados fueran cobrados posteriormente a su expedición, cierto es también, que esto no es óbice para que no pudieran ser cobrados, más si dichos títulos contenían la suma de un salario necesario para proveer de todas las necesidades a los trabajadores y a su núcleo familiar.

De igual forma, existe reconocimiento de los salarios adeudados por parte de la empresa, la cual, si bien manifiesta que ha venido cancelando los salarios a sus trabajadores en la medida en que su situación económica se lo ha permitido, igualmente reconoce que se encuentra en mora con los accionantes y mantiene una deuda con estos (15) .

En los casos bajo análisis se evidencia la condición económica de los actores de las demandas. Se observa, en primer lugar, que el sueldo de ninguno de los demandantes supera los dos salarios mínimos mensuales vigentes, oscilando entre $ 542.613 pesos y $ 621.195 pesos (16) . En segundo lugar, todos ellos tienen familias por sostener, y si bien, en algunos casos hay una pareja que aporta económicamente, sus aportes no son suficientes para cubrir la totalidad de los gastos mínimos requeridos para la manutención de sus núcleos familiares (17) .

De conformidad con lo anteriormente expuesto y con la jurisprudencia de esta corporación, repasada en las consideraciones generales de la presente sentencia, se evidencia que la forma establecida por la empresa para el pago de los salarios de los actores a través de la emisión de cheques posfechados que resultan impagados por los bancos por falta de fondos, les ha impedido ejercer su derecho al pago oportuno del salario y, como consecuencia de tal incumplimiento, se ha causado una grave e injustificada afectación de su derecho fundamental al mínimo vital en la medida en que se han visto privados de los recursos económicos suficientes para el pago de gastos básicos indispensables para su subsistencia y la de su familia, cumpliendo así, con los requisitos para la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para el pago de salarios atrasados.

9. En lo relativo a los pagos por concepto de aportes de seguridad social, se tiene que, de conformidad con las afirmaciones de los tutelantes (18) , las cuales fueron corroboradas por la propia empresa accionada (19) , esta no efectúa los traslados de los aportes y las cotizaciones por salud y pensiones a las entidades correspondientes, a pesar de descontar las cotizaciones del salario de los trabajadores.

Al respecto, la parte pasiva adujo en la contestación de la demanda: “La empresa a partir del momento de suscribir el acuerdo, tantas veces mencionado, firmó convenios de pago con todas las empresas encargadas de salud, pensión y parafiscales en general para cumplirle al trabajador. Acuerdos que venía cumpliendo, pero que a partir de unos meses para acá, debido a la situación crítica, por lo expuesto igualmente en el hecho cuarto, se ha visto obligada a incumplir”. Así, respecto a la prestación del servicio de salud dijo: “Una de las pruebas que la empresa siempre ha tratado por todos los de (sic) medios de cumplir con sus obligaciones, es que a través de entidades particulares, contrata todos los servicios requeridos para el trabajador (médico, medicamentos, tratamientos, etc.), cuando así lo requiere el trabajador. Ya que con las entidades de salud hay un pasivo excesivamente grande que ya la compañía no puede cancelar y solo se puede ir cubriendo a nivel de salud de manera individual, a trabajador por trabajador como lo viene haciendo”.

Como se vio, la misma Ley 550 de 1999 ha reconocido que, “el empresario deberá atender los gastos administrativos que se causen durante la misma, los cuales gozarán de preferencia para su pago; y podrá efectuar operaciones que correspondan al giro ordinario de la empresa con sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables...”. Con respecto a lo anterior, la Corte reconoció que “tratándose de salarios y pensiones, sean estos anteriores o posteriores a dicho proceso, constituyen gastos de administración que deben ser cancelados de preferencia, a fin de no comprometer ni vulnerar derechos fundamentales” (20) . Así, si se sopesa esto con lo descrito en el acápite inmediatamente anterior, esta Sala observa que es clara la existencia de una conducta omisiva por parte de Industrias Colibrí S.A., que no es de recibo para la Corte Constitucional, en tanto que la empresa no cumplió con la obligación establecida para los empleadores en los artículos 22 y 161 de la Ley 100 de 1993, de transferir oportunamente a las entidades correspondientes, el valor de los aportes patronales y los descuentos por participaciones en pensiones y cotizaciones en salud realizados a los trabajadores, por lo que contraría de manera clara también la Ley 550 de 1999 y por supuesto la jurisprudencia de la Corte sobre la materia.

Así mismo, habida cuenta que dichos montos son de orden parafiscal y que la empresa Industrias Colibrí S.A. los descontó a los accionantes y no los trasladó a los fondos de pensiones y a las EPSs a las cuales están afiliados los actores, como era su obligación, esta Sala de Revisión ordenará compulsar copias de los expedientes y de la presente sentencia a la Fiscalía General de la Nación para que, si hubiere lugar, investigue la conducta punible en la que pudo incurrir el representante legal de la empresa accionada, en especial la contemplada en el artículo 7º de la Ley 828 de 2003 (21) .

10. Por último, en cuanto a la razón esgrimida por la parte demandada, avalada por los jueces de instancia, para no cumplir con el pago oportuno de salarios y consignación de aportes de seguridad social de sus trabajadores, consistente en las graves circunstancias económicas que rodean a la empresa, por hallarse incursa en un proceso de reestructuración empresarial de conformidad con la Ley 550 de 1999 y estar al borde de la liquidación por el incumplimiento de todas sus obligaciones, esta corporación debe anotar como lo expuso con anterioridad, que la iliquidez o las dificultades económicas que debe afrontar la empresa accionada no sirven de excusa para eximirse de pagar cumplidamente las obligaciones laborales, pues, recuérdese que según jurisprudencia ya citada, aun en situaciones concordatarias, las acreencias laborales constituyen gastos de administración, con prevalencia en su pago (22) . La Corte ha entendido lo anterior aduciendo que: “cuando una persona tiene reconocido su derecho al salario o a la mesada pensional, aspectos no sustanciales al propio reconocimiento, no pueden menoscabar el mínimo vital del interesado, pues, de ser ello así, se pone en situación de indefensión, o de subordinación, según el caso, y resulta procedente que el juez de tutela conceda el amparo buscado” (23) . En todo caso, esta corporación pone de manifiesto la posibilidad que tienen los accionantes, si el incumplimiento en el pago de las mesadas laborales obedece a razones de índole económico de la empresa, de impugnar el acuerdo de reestructuración respectivo, pues como ya se dijo, el incumplimiento sistemático en el pago de acreencias laborales pone en duda que se estén logrando los objetivos propios del acuerdo de reestructuración.

11. De igual forma, la Corte llama la atención al comité de vigilancia establecido en virtud de los numerales 14 y subsiguientes del acuerdo de reestructuración de Industrias Colibrí S.A. —conformado por el representante de los accionistas, el representante de los jubilados, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el Lloyds TDS Bank y Sudamericana de Fibras—, para que vigile y haga respetar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del acuerdo ídem por Industrias Colibrí S.A., dentro de ellas particularmente, las de índole laboral, y adoptar los correctivos pertinentes o, al igual que lo pueden los actores de esta demanda, impugnar el acuerdo si este no cumple los objetivos propuestos.

12. En virtud de lo anterior, se revocarán las sentencias de instancia y, en su lugar, se concederán las tutelas de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios, para ordenar el pago de los salarios adeudados, toda vez que no existe duda de que al no contar con el pago oportuno de sus salarios, su derecho al mínimo vital se ha visto afectado. También se ordenará que la empresa accionada pague las sumas que se encuentran en mora por concepto de seguridad social en salud y pensiones de los accionantes.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR las sentencias proferidas por los juzgados Veintisiete Penal del Circuito de Medellín, Noveno Penal del Circuito de Medellín y el Dieciocho Penal del Circuito de Medellín. En su lugar TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo de los señores Norberto de Jesús Castañeda Martínez, Adriana Isabel Velásquez Valderrama, John Fredy Atehortúa Hincapié, Robinsón de Jesús Urrego Londoño, José Aristóbulo Giraldo Rodríguez y Leyve Helena Marín Giraldo.

2. ORDENAR a la empresa Industrias Colibrí S.A. que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, si ya no lo hubiere hecho, cancele los salarios adeudados a los accionantes y los aportes y cotizaciones que se les adeude por concepto de seguridad social en salud y pensiones, al fondo administrador de pensiones y a la entidad promotora de salud a los cuales se encuentran afiliados los demandantes.

De igual manera, ORDENAR a la empresa demandada, que en adelante efectúe los citados pagos en forma oportuna.

3. PREVENIR al comité de vigilancia del acuerdo de reestructuración de Industrias Colibrí S.A. que vigile y propenda por el cumplimiento efectivo de las obligaciones adquiridas por Industrias Colibrí S.A. en virtud de dicho acuerdo, especialmente las de tipo laboral. En caso de persistir el incumplimiento deberá exigir las responsabilidades individuales a que haya lugar o tomar las medidas que prevea la ley para garantizar los derechos constitucionales de trabajadores y pensionados.

4. COMPULSAR copias de los expedientes y de esta decisión con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que, si hubiere lugar a ello, investigue la conducta punible en la que pudo haber incurrido el representante legal de la empresa Industrias Colibrí S.A., en especial la contemplada en el artículo 7º de la Ley 828 de 2003.

5. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Humberto Antonio Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

(1) Ver entre otras, Sentencia T-1101 de 2001 y T-889 de 2005.

(2) Sentencia SU-995 de 1999.

(3) Sentencia T-011 de 1998.

(4) Ver Sentencia T-027 de 2003.

(5) Ver sentencias T-911 de 2005 y C-623 de 2004.

(6) Véanse, entre otras, las sentencias T-911 de 2005, T-059 de 2003, T-101 de 2001, T-140 de 2000,SU-995 de 1999, T-321 de 1999, SU-430 de 1998 y C-177 de 1998.

(7) Sentencia C-177 de 1998.

(8) Criterio que repite la Corte, entre otras, en las sentencias T-102 de 1998, T-444, T-853, T-860 y SU- 819 de 1999; T- 204 y T-481 de 2000; T-633 y 695 de 2001, T-906 de 2002, T-173 de 2003, T-891, T-902, T-968 de 2004.

(9) Se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-134 de 1993, T-116 de 1993, T- 356A de 1993, T-001 de 1995, T-223 de 1998, T-794 y T-980 de 1999 y T-318 de 2000.

(10) Ibídem.

(11) Sentencia T-347 de 2005.

(12) Sentencia T-1160 de 2001.

(13) Ver sentencias T-167 de 2000, T-575 de 2003 y T- 627 de 2004.

(14) Ver contestación de la demanda. Numeral cuarto referente a los hechos. Allí la demandada aduce: “es cierto que desde el mes de abril Industrias Colibrí, debido a la falta de recursos económicos y a la situación crítica que venía atravesando desde años anteriores, ha presentado mora en algunos pagos con todos sus trabajadores. (389)...”. Así mismo, ver del expediente T-172.591 cuaderno principal, folios 118 y siguientes las copias de los cheques no pagados por falta de fondos.

(15) Ver certificaciones de la directora de gestión humana sobre los adeudado a los accionantes (T-1.172.592 cdno. ppal. fl. 44) (T-1.178.878 cdno. ppal. fl. 33) (T-1.178.879 cdno. ppal. fl. 39) (T-1.178.879 cdno. ppal. fl. 33) (T-1.184.657 cdno. ppal. fl. 41).

(16) Ver las respectivas demandas de los expedientes. Acápite Hechos, numeral 1º.

(17) Declaraciones de algunos accionantes (T-172.591 cdno. ppal. fls. 96 y ss.) (T-1.178.878 cdno. ppal. fls. 75 y ss.).

(18) Ver declaraciones bajo la gravedad de juramento de algunos accionantes (T-172.591 cdno. ppal. fls. 96 y ss.) (T-1.178.878 cdno. ppal. fls. 75 y ss.).

(19) Al respecto ver las respectivas contestaciones de las demandas en el acápite relativo “A los hechos” numeral 5º.

(20) Sentencia T-1160 de 2001. Al respecto, ver también sentencias T-948 de 2005, T-703 de 2002, T-075 de 1999, T-025 de 1999, T-014 de 1999, T-005 de 1999, T-658 de 1998, T-307 de 1998, T-458 de 1997 y T-323 de 1996 entre otras.

(21) El artículo 7º de la Ley 828 de 2003 estipula: “Conductas punibles. El empleador que argumentando descontar al trabajador sumas correspondientes a aportes parafiscales no las remita a la seguridad social y al ICBF, SENA y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, será responsable conforme las disposiciones penales por la apropiación de dichos recursos, así como por las consecuencias de la información falsa que le sea suministrada al sistema general de seguridad social. Será obligación de las entidades de seguridad social, y de las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA y de las autoridades que conozcan de estas conductas, correr traslado a la jurisdicción competente”.

(22) Sentencias T-948 de 2005, T-703 de 2002, T-075 de 1999, T-025 de 1999, T-014 de 1999, T-005 de 1999, T-658 de 1998, T-307 de 1998, T-458 de 1997 y T-323 de 1996 entre otras.

(23) Ver Sentencia T-167 de 2000.

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