Sentencia T-138 de abril 3 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

REQUISITOS DE MATRÍCULA EN UNIVERSIDADES

ES INCONSTITUCIONAL EXIGIR PAGARÉS EN BLANCO

EXTRACTOS: «El conflicto se expresa así: por una parte, la universidad demandada, apoyándose en la autonomía, y con base en razones que en su concepto ameritan la decisión a adoptar, exige a los estudiantes de una determinada área, como requisito para la matrícula académica, la suscripción de un pagaré en blanco. Por la otra, el demandante considera que por su negativa a cumplir con este requisito, no pudo matricularse durante el plazo estipulado para hacerlo. No es materia del presente estudio, la manera como a algunos alumnos que también habían protestado con esta exigencia, finalmente se les autorizó la matrícula, pues, según las pruebas que obran en el expediente, tal autorización se dio, precisamente, porque aceptaron firmar el pagaré.

Siendo el pagaré un título valor, que constituye la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, en el presente caso, a la universidad demandada, es necesario analizar si su exigencia como requisito para diligenciar la matrícula universitaria, vulnera, además del derecho a la educación, la libertad contractual, la presunción de inocencia (principio de la buena fe) y el debido proceso.

Según el artículo 1494 del Código Civil, las obligaciones de las siguientes fuentes: del concurso de voluntades; de un hecho voluntario de la persona que se obliga; de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona; o por disposición de la ley.

En el caso objeto de estudio, no se puede hablar de concurso de voluntades, pues el estudiante no se encuentra en posición de discutir sobre los alcances del pagaré, ni la forma de hacerlo efectivo, y, menos, tratándose de un pagaré en blanco, que, inicialmente, ni siquiera remitía a una carta de instrucciones para llenar los espacios en blanco. Por estas mismas razones, tampoco es posible considerarlo como un hecho producto de la voluntad, o de la libre determinación.

En cuanto a si es resultado de un daño causado a la universidad, tampoco puede considerarse legítima su exigencia, pues la ley tiene prevista la manera para obtener la reparación producida por tales daños, una vez comprobada la responsabilidad personal. Para eso existen los procesos de responsabilidad civil contractual o extracontractual. También, la universidad puede presentar las denuncias penales, para que se investigue a los posibles responsables de los delitos que se han podido cometer. Además, la propia universidad debe establecer los mecanismos preventivos para evitar esta clase de daños. Y si suceden, previo establecimiento de responsabilidades, aplicará, de acuerdo con los estatutos, las sanciones a quien los cometió. Es decir, a la universidad le asiste el derecho de proteger sus bienes, y si se producen daños sobre ellos, debe iniciar los procesos respectivos.

Queda pues, como última fuente de las obligaciones, examinar si la ley así lo dispone.

Al respecto, para el caso de las universidades, la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, en lo referente a los derechos pecuniarios, establece”.

“ART. 122.—Los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las instituciones de educación superior, son los siguientes:

a) Derechos de inscripción.

b) Derechos de matrícula.

c) Derechos por realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios.

d) Derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente.

e) Derechos de grado.

f) Derechos de expedición de certificados y constancias.

PAR 1º—Las instituciones de educación superior legalmente aprobadas fijarán el valor de todos los derechos pecuniarios de que trata este artículo y aquellos destinados a mantener un servicio médico asistencial para los estudiantes, los cuales deberán informarse al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, para los efectos de inspección y vigilancia, de conformidad con la presente ley (...)”.

La disposición transcrita señala en forma expresa cuáles son los derechos pecuniarios que pueden ser exigidos por razones académicas. Allí no está contemplada la exigencia de una garantía para prevenir daños en las instalaciones universitarias.

En conclusión, ninguna de las fuentes de las obligaciones, artículo 1494 del C.C., puede servir de apoyo legal para exigir la suscripción de este título valor.

Además, se quebranta la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque al suscribirse el pagaré en blanco, el estudiante se hace responsable de un daño que ni siquiera se ha producido. Y, por lo mismo, se desconoce el debido proceso, porque la responsabilidad por un hecho dañoso, si no es voluntariamente aceptada, sólo puede establecerse en la sentencia que ponga fin a un proceso. Y, así mismo, se desconoce la presunción de inocencia, expresamente consagrada por el artículo 29 de la Constitución, y principio fundamental del ordenamiento jurídico.

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Conclusión.

La indebida exigencia de este título valor (pagaré en blanco) se convierte en una barrera para el desarrollo del derecho a la educación, en razón de la desproporción del requisito.

La universidad para esta exigencia concreta, no puede ampararse en la autonomía universitaria, pues ésta no es absoluta, ni puede ser excusa para exigir requisitos que obstaculicen el derecho a la educación, al vulnerar directamente su núcleo esencial, como servicio público que, por su propia naturaleza, es ajeno a un manejo simplemente mercantilista, olvidando que su razón de ser está relacionada con los fines del Estado.

Así las cosas, se reiterará la jurisprudencia de la Corte, en la sentencia T-513 de 1997, en la que se examinó un requisito exigido por la Universidad del Tolima, para diligenciar la matrícula académica, que consistía en anexar el recibo de compra del material instructivo a la misma universidad:

“Resulta inaceptable que con fundamento en el principio de la autonomía universitaria, las instituciones de educación superior incluyan dentro de sus reglamentos obligaciones que sometan a la comunidad estudiantil al cumplimiento de requisitos desproporcionados para acceder a sus programas. Pues, como ya se dijo, la mencionada facultad es un medio eficaz para garantizar el ejercicio del derecho a la educación y no para limitarlo.

En conclusión, el acuerdo 036 de 1988, norma interna de la Universidad del Tolima que regula los procedimientos de matrícula en los programas de educación a distancia, no se fundamenta en razones lógicas y objetivas que hagan viable el ejercicio del derecho a la educación. Por el contrario, impone una carga desproporcionada que lo desconoce”. (sent. T-513, oct. 9/97, M.P. Jorge Arango Mejía).

Por consiguiente, se revocará la sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta, y se concederá la tutela solicitada. En consecuencia, se ordenará a la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Santa Marta, que matricule al demandante, sin que él o sus padres, u otras personas relacionadas con el demandante, suscriban un pagaré en blanco, ni ningún otro documento comercial semejante, encaminado a prevenir las situaciones que ocasionaron esta exigencia. Como el actor suscribió un pagaré de estas características, éste deberá serle devuelto.

Finalmente, en cuanto a la vulneración al derecho a la igualdad, cabe observar que, por una parte, el requisito del pagaré en blanco, por desproporcionado que hubiera sido, se les exigió a todos los estudiantes de la salud. Y todos cumplieron el requisito, a pesar de expresar su desacuerdo. En este sentido, sí fue distinta la situación de los otros estudiantes y el demandante, por lo que no existe vulneración, por este aspecto, del derecho a la igualdad.

6. Competencia del Ministerio de Educación

Como las sentencias de tutela sólo producen efectos entre las partes, y aquí se da el caso de una orden general de exigir un requisito para diligenciar una matrícula, que, para el caso de esta tutela, se consideró desproporcionado, se enviará copia de esta sentencia al Ministerio de Educación y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, para que, de acuerdo con su competencia, adopten las decisiones generales que correspondan a esta clase de situaciones».

(Sentencia T-138 de abril 3 de 1998, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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