Sentencia T-138 de marzo 18 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-5.240.016.

Acción de tutela instaurada por Marleny Hurtado Mena, en representación de Eddy Alexander Bejarano Hurtado, contra la Universidad de Caldas.

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Bogotá D.C., dieciocho de marzo de dos mil dieciséis.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y concordantes del Decreto Estatutario 2591 de 1991, profiere la siguiente:

Sentencia

Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos el 30 de julio de 2015 por el juzgado primero laboral del circuito de Manizales y el 2 de septiembre de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales(1), en relación con la acción de tutela promovida por Marleny Hurtado Mena, en representación de Eddy Alexander Bejarano Hurtado, contra la Universidad de Caldas, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación y el principio de confianza legítima.

I. Antecedentes

1. Hechos Relevantes(2). 

1.1. Eddy Alexander Bejarano Hurtado (17 años(3)) se hizo acreedor de una de las 10.000 becas que otorgó el Gobierno Nacional en el 2014 a los estudiantes que obtuvieran un mínimo de 310 puntos en las pruebas Saber 11 y cuyo grupo familiar estuviera clasificado en determinado rango del puntaje del Sisbén establecidos por área(4), a través del programa Ser Pilo Paga.

1.2. Refiere la accionante que en representación de su hijo Eddy Alexander Bejarano Hurtado(5), tramitó una primera acción de tutela (rad. 2014-00353), contra la Universidad de Caldas. En ella solicitó el amparo de los derechos al debido proceso y a la educación porque, a su parecer, la Universidad desconoció las reglas de selección del reglamento. En consecuencia, no le asignó un cupo especial de comunidades afrodescendientes en el programa de medicina, para el primer período académico del 2015.

1.3. El juzgado primero promiscuo de familia de Quibdó, en Sentencia 003 del 13 de enero de 2015, amparó los derechos invocados. Ello se debió a que la universidad no cumplió con sus propias reglas de selección y admisión, por cuanto las desconoció cediendo el cupo especial al décimo en la lista cuando él era cuarto. Por ende, el juez constitucional ordenó asignarle un cupo de la comunidad afrodescendiente como estudiante del programa de medicina para el primer semestre del 2015(6).

1.4. Con motivo de lo anterior, en aras de cumplir con la orden de tutela, la Universidad de Caldas expidió la Resolución 008 del 20 de enero de 2015 en la que creó y concedió un cupo especial adicional para al agenciado, para ese período en la facultad de medicina (7). Lo anterior, debido a que para esa fecha los dos puestos estudiantiles especiales de este tipo ya habían sido asignados.

1.5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó(8) resolvió la impugnación presentada por la parte demandada en providencia del 27 de enero de 2015. Allí, declaró la nulidad de todo lo actuado por considerar que se debía vincular a terceros interesados.

1.6. El expediente fue devuelto al juzgado primero promiscuo de familia de Quibdó, quien negó lo pretendido por la parte actora, en sentencia el 11 de febrero de 2015, por cuanto “la no asignación del cupo obedeció al hecho de haber aspirantes con puntajes superiores en ambas categorías, verbigracia, regular y especial”(9). Esta decisión fue notificada el 17 de febrero a la parte actora.

1.7. En razón a ello, la Universidad de Caldas profirió la Resolución 881 del 8 de abril de 2015, por medio de la cual retiró el cupo especial a Eddy Alexander Bejarano Hurtado(10).

1.8. La resolución citada fue notificada el 22 de abril de 2015 al joven mediante aviso fijado en la página web de la universidad(11), dado que la notificación personal remitida el 10 de abril no pudo ser entregada, según informó el correo certificado(12).

1.9. La señora Hurtado interpuso una segunda acción de tutela porque consideró que la demora de la notificación de la Sentencia del 11 de febrero de 2015 (un mes), habría generado, a su juicio, expectativa razonable al agenciado de continuar con los estudios en dicha institución, razón por la cual inició una segunda acción de tutela.

1.9.1. El juzgado penal del circuito especializado de Manizales, en Sentencia del 19 de mayo de 2015, amparó los derechos al debido proceso administrativo y a la educación del menor. En la parte considerativa expuso que “en virtud del principio de confianza legítima le corresponde amparar expectativas razonables, como es la de Eddy Alexander Bejarano Hurtado de terminar el primer semestre de medicina en la Universidad de Caldas, mas no que continúe su carrera allí, ya que tal decisión corresponde a la autonomía universitaria”(13). En ese sentido, ordenó “a la Universidad de Caldas, dejar sin efectos la Resolución 881 del 08 de abril 2015 y permitir que el estudiante Eddy Alexander Bejarano Hurtado culmine el primer semestre de medicina en esa institución”(14).

1.9.2. En providencia del 6 de julio de 2015, el Tribunal Superior del Distrito de Manizales confirmó en su integridad la sentencia del juzgado penal del circuito especializado de Manizales(15). Estimó que entre el 17 de marzo de 2015 —día de notificación de la decisión de tutela— y el 8 de abril de 2015 —fecha de expedición del acto que canceló el cupo universitario— transcurrió un tiempo razonable por lo que se configuró la confianza legítima del estudiante para concluir el semestre en ese plantel(16).

1.10. Con motivo de lo anterior, la Universidad de Caldas expidió la Resolución 979 del 26 de mayo de 2015(17), por medio de la cual se reactivó el cupo en medicina al agenciado en los términos ordenados por el juez constitucional, esto es para que terminara el primer semestre académico.

1.11. La señora Hurtado sostiene que el menor Bejarano Hurtado culminó el primer semestre de estudios(18).

1.12. Posteriormente, se inscribió a un curso intersemestral que se brindaría del 22 de junio al 10 de julio(19), de una materia del segundo semestre del pensum académico (bioquímica general)(20).

1.13. Sin embargo, Eddy Alexander Bejarano Hurtado asistió a las clases de dicho curso presentando todos los trabajos programados desde el 22 de junio hasta el 6 de julio de 2015,(21) fecha en la que Olga Buritica Arboleda —Directora del programa de medicina— le informó, mediante correo electrónico, que no podía hacer parte del mismo porque no era un estudiante regular(22).

1.14. La vicerrectoría académica de la Universidad de Caldas comunicó a Eddy Alexander Bejarano Hurtado, mediante oficio 11417 del 10 de julio de 2015, que la Resolución 779 del 19 de mayo de 2015(23) dispuso que una vez culminado el semestre estaría inactivo en el sistema académico porque la orden de tutela limitó su participación en el programa para ese período.

1.15. La señora Hurtado sostiene que la decisión de la Universidad de Caldas de retirar el cupo a su hijo es arbitraria porque (i) los fallos judiciales anteriores “no dispusieron que al joven se le cancelara el cupo escolar, luego no hay fundamento para realizarlo, pues el joven ha cumplido con sus compromisos y deberes como estudiante”; y, (ii) “después de haber permitido que el estudiante realizara actos posteriores a la terminación del primer semestre debe garantizar la continuidad del menor en dicho plantel educativo para de esta manera remediar el error”(24), teniendo en cuenta que aprobó el primer período académico. Por lo anterior, a su juicio, se vulneró el derecho a la educación de Eddy Alexander Bejarano Hurtado.

1.16. Con base en lo anterior, la señora Hurtado inició un tercer proceso de tutela para que se ampararan los derechos fundamentales a la educación y confianza legítima de su hijo y, en consecuencia, se ordenara a la accionada (i) permitir continuar sus estudios en el plantel siempre y cuando cumpla con los deberes como estudiante de acuerdo con los reglamentos internos de la universidad, en garantía de la autonomía universitaria; (ii) nivelarlo en las clases en caso de haber iniciado al momento de que se profiera una decisión y, (iii) no incurrir en más fallas en el servicio en relación con el menor.

1.17. En síntesis, la acción de tutela de referencia fue interpuesta porque, a criterio de la demandante, la Universidad de Caldas presuntamente (i) incumplió la orden del juzgado penal del circuito especializado de Manizales contenida en la Sentencia del 19 de mayo de 2015, que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito de Manizales en fallo del 6 de julio del mismo año; y, (ii) quebrantó el principio de confianza legítima por no dejar a Eddy Alexander Bejarano Hurtado terminar el curso intersemestral ni la carrera a los que le permitió inscribirse.

2. Trámite procesal(25).

El juzgado primero laboral del circuito de Manizales, mediante Auto del 15 de julio de 2015, avocó conocimiento y corrió traslado a la entidad accionada, con el fin de que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, decretó pruebas para contar con mayor información sobre los procesos judiciales de tutela anteriores y el proceso de selección de estudiantes de la universidad(26).

3. Respuesta de la entidad demandada.

La Universidad de Caldas argumentó que al agenciado no le asiste confianza legítima por dos motivos. Primero, el estudiante conocía de antemano el alcance restrictivo de la orden de tutela, limitado a que terminara únicamente el primer semestre. Explicó que la universidad canceló el cupo con fundamento en la sentencia que ordenó “que se le permitiese culminar el primer semestre académico y no que continuara al interior de la institución el desarrollo de sus estudios”. Enfatizó que el alcance de esta orden es claro, no se pretendió de ninguna manera garantizarle el cupo hasta terminar su carrera.

En este sentido, detalló que al culminar el primer semestre, la Resolución 979 del 26 de mayo de 2015 quedaba sin sustento y dejaba de existir. De ahí que “no había lugar a expedir acto alguno y mucho menos a conceder recursos por cuanto el acto administrativo dejó de producir efectos jurídicos con fundamento en las determinaciones adoptadas por la sentencia (…) dentro del proceso de acción de tutela referenciado”(27).

Adicionalmente, el estudiante tenía pleno conocimiento de su situación, es decir que la universidad no se encontraba en la obligación de autorizar que continuara ocupando el cupo que se le había ofrecido, en cumplimiento de una orden de tutela equivocada, ya que no había cumplido con los requisitos de admisión(28) por lo que se inscribió en la convocatoria para el segundo semestre del 2015.

Segundo, el joven Bejarano Hurtado no consultó previamente a la facultad de medicina su inscripción al curso intersemestral, lo cual era necesario. Teniendo en cuenta que el estudiante no agotó el procedimiento regular, la universidad no tuvo la oportunidad de explicarle que, de acuerdo con el reglamento interno, no podía tomar el curso. En razón a ello, cuando se advirtió internamente que había inscrito la materia, se procedió a corregir la situación.

De igual modo, comentó que por voluntad propia “el joven Bejarano Hurtado se presentó al programa de medicina para la convocatoria de admisiones para el 2015-2 sin que en esta nueva oportunidad haya obtenido el puntaje que le permitiera acceder de manera regular a uno de los cupos asignados”(29). En efecto, el 22 de julio de 2015, el centro de admisiones y registro de la Universidad de Caldas certificó que el agenciado “se presentó como aspirante especial de la comunidad afrocolombiana al programa de medicina dentro de la convocatoria de admisiones 2015-2 de la Universidad de Caldas, con el pin 608461861566. Que en los listados oficiales de admisión que fueron publicados en la web el aspirante Bejarano Hurtado resultó en el puesto 720 general y 17 de comunidades afrocolombianas en estado no admitido”(30).

Por último, refirió que el Ministerio de Educación le solicitó a la Universidad de Caldas permitirle al joven Eddy Alexander Bejarano Hurtado continuar con sus estudios allí(31).

4. Pruebas.

En el expediente obran, entre otras, las siguientes pruebas:

Calidad de representante legal.

• Registro civil de nacimiento de Eddy Alexander Bejarano Hurtado (fl. 11).

• Copia de tarjeta de identidad y carnet de estudiante en la Universidad de Caldas de Eddy Alexander Bejarano Hurtado (fl. 33).

• Cédula de ciudadanía de Mena Marleny Hurtado (fl. 12).

Procesos de tutela anteriores.

• Sentencia del 13 de enero de 2015 del juzgado primero promiscuo de familia de Quibdó, rad. 2014-00354-00) (fl. 67-75).

• Sentencia del 11 de febrero de 2015 del juzgado primero promiscuo de familia de Quibdó, rad. 2014-00354-00) (fl. 77-85).

• Sentencia del 19 de mayo de 2015 del juzgado penal del circuito especializado de Manizales, rad. 2015-00059-00) (fl. 15-22).

• Sentencia del 6 de julio de 2015 del Tribunal Superior de Manizales, rad. 2015-00059-00) (fl. 23-25).

De la Universidad de Caldas

• Acuerdo 49 de 2007 de la Universidad de Caldas (reglamento estudiantil) (fl. 186-206).

• Acuerdo 2 de 2015 de la Universidad de Caldas.

• Resolución 008 del 20 de enero de 2015 de la Universidad de Caldas, mediante la cual se asignó el cupo por comunidad afrodescendiente a Eddy Alexander Bejarano Hurtado, en cumplimiento de la sentencia del juzgado promiscuo de familia de Quibdó del 13 de enero de 2015 (fl. 28).

• Resolución 881 del 8 de abril de 2015 de la Universidad de Caldas, mediante la cual se revocó la Resolución 008 y retira a Eddy Alexander Bejarano Hurtado del cupo por comunidad afrodescendiente, con fundamento en la Sentencia del 27 de enero de 2015 proferida por el Tribunal Superior de Quibdó (fl. 30).

• Resolución 979 del 26 de mayo de 2015, por medio de la cual se reactiva el cupo en el programa de medicina al agenciado, con motivo de la Sentencia del 19 de mayo de 2015 (fl. 111).

• Oficio 11417 del 10 de julio de 2015 de la vicerrectoría académica de la Universidad de Caldas a Eddy Alexander Bejarano Hurtado, en el que se informa que estaría inactivo en el sistema académico porque la secretaría general manifestó que la Resolución 779 del 19 de mayo de 2015 permitió la revinculación a fin de que completara exclusivamente el primer semestre (fls. 38-39).

• Oficio 10877 de la secretaría general dirigido a vicerrectoría académica donde se explica que se debe cancelar el cupo asignado al joven Bejarano por el límite temporal impuesto por la sentencia de la tutela 2015-059 (fls. 116 a 118).

• Certificado del 22 de julio de 2015 expedido por el centro de admisiones y registro de la Universidad de Caldas certificando que el agenciado “se presentó como aspirante especial de la comunidad afrocolombiana al programa de medicina dentro de la convocatoria de admisiones 2015-2 de la Universidad de Caldas, con el pin 608461861566. Que en los listados oficiales de admisión que fueron publicados en la web el aspirante Bejarano Hurtado resultó en el puesto 720 (general) de 17 (especial) de comunidades afrocolombianas en estado no admitido” (fl. 118).

Período Intersemestral

• Lista de admitidos al curso intersemestral (fl. 31).

• Comprobante de pago del al curso intersemestral por parte del agenciado (fl. 32).

• Correo electrónico dirigido a Eddy Alexander Bejarano Hurtado, para informarle que “la oficina de admisiones y registro nos avisó hoy que usted no puede hacer el curso de bioquímica general intersemestral, porque no es estudiante regular de nuestro programa” (fl. 42).

• Notificación de cancelación del intersemestral del 6 de julio de 2015.

• Certificado de inscripción al intersemestral del 22 de junio al 10 de julio de 2015 (fl. 125).

II. Sentencias objeto de revisión

1. Sentencia de primera instancia.

En Sentencia del 30 de julio de 2015(32), el juzgado primero laboral del circuito de Manizales negó el amparo invocado. Valoró el derecho a la educación frente a la autonomía a universitaria. Del análisis probatorio concluyó que “los actos administrativos (de la Universidad de Caldas) fueron expedidos en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los despachos judiciales en decisiones constitucionales”(33).

De otro lado, se refirió al principio de la confianza legítima traído a colación por la demandante como sustento de su petición que dejaran terminar al joven la carrera, aduciendo que “nadie puede alegar a su favor su propia culpa”.

Estimó que el agenciado tenía pleno conocimiento del alcance de las decisiones previas, es decir que le había asignado un cupo extraordinario únicamente para el primer semestre. Indicó, que este fue el motivo por el cual el joven solicitó formalmente a la universidad que se le permitiera efectuar la inscripción para el término siguiente(34).

También explicó que la Resolución 979 de 2015 —que había reavivado el cupo que finalizara el primer semestre— quedó sin fundamento(35) y dejó de surtir efectos(36). Con base en lo anterior, el juez estimó que por ello “no resulta procedente o necesario como lo sostiene el estudiante que la Universidad de Caldas debiera expedir un nuevo acto administrativo para cancelar su cupo, contra el cual pudiera ejercer los recursos de vía gubernativa, máxime si contra los anteriores actos administrativos no hizo uso de los mismos”(37).

Así mismo, señaló que cursar una materia intersemestral no genera expectativas de continuar el siguiente semestre en la universidad, porque aquel hace parte del anterior, según lo dispuesto por el Acuerdo 2 del 23 de enero de 2015(38). De igual manera, no se trató de una propuesta exclusiva al estudiante sino una convocatoria general.

En sus propios términos, “no puede alegar su propia culpa comoquiera que “el accionante tenía pleno conocimiento de los efectos del fallo de tutela expedidos con anterioridad y los actos administrativos dictados por la Universidad de Caldas, que indicaban inequívocamente que sólo le estaba permitido terminar el primer semestre de su carrera y que la decisión de su continuidad dependía de la autonomía universitaria, tal y como lo demuestra el oficio dirigido a la secretaría general de universidad, con fecha de recibido del 29 de mayo de 2015, en el que solicitó se le permitiera realizar la inscripción como aspirante para el segundo semestre de 2015”(39).

2. Impugnación.

La señora Marleny Hurtado Mena apeló aduciendo los mismos argumentos expresados en la acción de tutela. Añadió que el juez de instancia desconoció que: (i) su hijo se inscribió de buena fe en el curso intersemestral y (ii) su inscripción fue sometida a la aceptación por parte de la entidad demandada. Sostuvo que la omisión de la actuación de la universidad —aval de inscripción— derivó en una conclusión errada, esto es la inexistencia de confianza legítima por parte del estudiante para concluir sus estudios en la universidad.

Mediante Auto del 11 de agosto de 2015, el juez de primera instancia concedió la impugnación presentada por la parte actora(40).

3. Sentencia de segunda instancia.

En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en providencia del 2 de septiembre de 2015(41), confirmó la decisión de primera instancia. Consideró que de las pruebas documentales se infiere que la cancelación del cupo no fue arbitraria. Esto debido a que la Resolución 979 de 2015 produjo efectos hasta la culminación del primer ciclo académico como lo había ordenado el juez de tutela.

También estimó que la actora se equivoca al considerar que el estudiante estaba cobijado por el principio de confianza legítima porque la orden judicial del segundo proceso de tutela se limitó a darle la posibilidad al joven de terminar el primer semestre. Explicó que el joven tenía pleno conocimiento de ello, de lo contrario no se hubiera postulado para las admisiones del período 2015-2.

Además, las asignaturas intersemestrales no generan expectativas particulares porque son ofrecidas a toda la comunidad estudiantil.

III. Actuaciones en sede de revisión

1. Decreto de pruebas.

Mediante Auto del 26 de enero de 2016, la Sala Sexta de Revisión decretó algunas pruebas con el propósito de contar con información actualizada, pertinente y suficiente para: (i) determinar las condiciones del programa Ser Pilo Paga; (ii) establecer cómo fue vinculado el Eddy Alexander Bejarano Hurtado en el primer semestre; (iii) identificar cómo fueron asignados los cupos de medicina en el período 2015-2; y, (iv) conocer por qué fue inadmitido.

Por ello pidió la información correspondiente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y al Ministerio de Educación, a quienes vinculó, y a la señora Marleny Hurtado Mena y a la Universidad de Caldas.

2. Respuestas y pruebas allegadas en sede de revisión.

2.1. Icetex.

Alegó la improcedencia de la acción de tutela interpuesta en su contra por no existir una acción omisión que le fuera atribuible, que hubiera amenazado o violado algún derecho fundamental del agenciado. Por el contrario, afirmó que ha procurado garantizar la continuidad de su proceso educativo.

Manifestó que el alumno es beneficiario del programa Ser Pilo Paga. Además, “el estado actual del crédito es sin actualizar datos del estudiante con fecha de noviembre 10 de 2015 y aplazado con fecha de diciembre de 2015”.

2.2. Ministerio de Educación.

Expuso los aspectos técnicos, financieros y operativos del programa del Gobierno Nacional Ser Pilo Paga. Este, señaló, fomenta el ingreso y la permanencia en la educación superior de estudiantes con excelentes puntajes en las pruebas Saber 11 y menores recursos económicos. Para ello, facilita créditos condonables a través del Icetex, a quien corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción, gestionar las convocatorias, evaluar, asignar y hacer el seguimiento de cada uno de los créditos condonables otorgados hasta el límite presupuestal.

Por otro lado, advirtió que se presentan dificultades en la implementación de dicho programa a causa de órdenes de tutela que desconocen su estructura, disponiendo incluir: (i) a personas que no cumplen con los requisitos del Sisben; (ii) a quienes no fueron admitidos por las universidades acreditadas en contravía de la autonomía universitaria; (iii) a beneficiarios del programa en universidades no acreditadas por el Ministerio de Educación.

En relación con el caso bajo estudio, recalcó que el reglamento operativo de “Ser Pilo Paga” posibilita aplazar el semestre o solicitar el cambio de programa o de institución educativa. Además, el estudiante informó telefónicamente que se está presentando a otras instituciones de educación superior para reactivar su crédito en el 2016-2, fecha límite con la que cuenta para continuar con el crédito.

Anotó que debido a “la particularidad del caso, desde el MEN se considera un perjuicio no conservarle la calidad de estudiante al beneficiario, pues su proceso de registro inició desde el 05/22/2014”.(42) En este sentido, aclaró que si el joven Bejarano Hurtado no pudiera continuar sus estudios en la Universidad de Caldas como consecuencia del proceso judicial, “desde el programa se le reservará el crédito condonable y será necesario que el beneficiario notifique su situación ante el Icetex solicitando un aplazamiento, el cual se haya contemplado en el reglamento operativo para quienes legalizaron el primer semestre de 2015”(43).

De cualquier manera, enfatizó que perdería de manera definitiva el acceso a los beneficios del programa si no reactiva el crédito antes de la fecha prevista(44).

2.3. La señora Marleny Hurtado Mena.

Manifestó que el Ministerio de Educación y el Icetex aprobaron el aplazamiento de la beca de manera que el estudiante retome sus estudios a más tardar en el segundo semestre del 2016.

No obstante lo anterior, se condicionó esta prerrogativa a que: (i) el valor de la nueva matrícula no exceda el 20% del crédito otorgado en un principio y (ii) la duración total del nuevo programa no sea mayor a la aprobada inicialmente.

Respecto de la primera condición, explicó que teniendo en cuenta que el costo de la matrícula original fue de 150 000 pesos, contaría hasta con 165 000 pesos para la matrícula en la nueva institución. A su juicio, este requisito impide al joven acceder cualquier programa de medicina de las universidades acreditadas por el programa porque los costos de ingreso exceden el valor aprobado.

Adicionalmente, advirtió que de ingresar a otro ente educativo deberá volver a iniciar los estudios desde el primer semestre porque no le homologarían las materias cursadas en la Universidad de Caldas bajo el argumento que cada institución tiene un pénsum distinto.

2.4. La Universidad de Caldas.

Manifestó que la asignación de cupos para el segundo período de 2015 se realizó conforme a lo estipulado en el Acuerdo 16 de 2007 —reglamento estudiantil de pregrado—, que fija los criterios, requisitos y procedimientos establecidos por el consejo académico para que el centro de admisiones y registro académico conduzca el proceso de ingreso al plantel educativo(45).

El proceso de selección comienza con la etapa de presentación de los puntajes de la prueba Saber 11 de todos los aspirantes, que determina el estricto orden de asignación de cupos. Ahora bien, existen dos cupos especiales para la comunidad afrodescendiente para cada programa presencial y uno para los programas a distancia, en virtud del literal d del artículo 9º del Acuerdo 49 de 2007(46).

Los cupos especiales de la comunidad afrodescendiente en el programa de medicina para el primer semestre de 2015 fueron asignados a otros estudiantes que ocuparon los primeros puestos de la categoría(47). Para demostrarlo, la universidad allegó sus certificados de matrícula de la oficina de admisiones y registro académico(48). Por lo anterior, el joven Bejarano Hurtado ingresó en un cupo adicional a lo acostumbrado en la universidad, con el propósito de cumplir la orden del juzgado promiscuo de familia de Quibdó el 13 de enero de la misma anualidad.

En relación con el segundo período de 2015, manifestó que el joven se presentó como aspirante afrodescendiente y no fue admitido porque ocupó el puesto 720 dentro del listado de cupos regulares y el puesto 17 dentro de los aspirantes por esta comunidad. En esa oportunidad, los cupos especiales fueron adjudicados a otras personas(49).

Para sustentar lo anterior, aportó: (i) el listado oficial de admitidos a la carrera de medicina para el semestre 2015-1(50), donde consta que el joven Bejarano Hurtado no fue admitido porque ocupó el puesto 501 general y 4º de la comunidad afrodescendiente(51) entre los aspirantes al programa; (ii) el listado oficial de admitidos a dicho programa para el período 2015-2(52), donde consta que no fue admitido por ocupar el puesto 720 general y 17 de la comunidad afrodescendiente entre los aspirantes al programa(53); (iii) los certificados de matrícula de los beneficiarios de los cupos especiales para afrodescendientes en medicina durante el segundo período de 2015(54); (iv) el Acuerdo 49 de 2007 del consejo superior de la Universidad de Caldas(55); el Acuerdo 16 del 2007 consejo superior de la Universidad de Caldas(56); la Resolución 008 de 2015(57).

2.5. De oficio, la Sala integró al expediente los documentos que soportan el programa Ser Pilo Paga, esto es el reglamento operacional del programa Ser Pilo Paga, el convenio interadministrativo del 23 de octubre 771 de 2014 y el contrato 77 del 16 de enero 2015, suscritos por el Icetex y el Ministerio de Educación.

IV. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Presentación del caso y del problema jurídico.

2.1. Eddy Alexander Bejarano Hurtado ingresó a la facultad de medicina de la Universidad de Caldas en el primer semestre de 2015 por una orden de tutela, que fue revocada en segunda instancia. Para el momento en el que fue notificada esta última (mar. 17/2015), el estudiante ya había cursado casi 5 meses del semestre. Por ello, otra decisión judicial le amparó el derecho a la educación en aplicación del principio de confianza legítima, ordenando a la institución de educación superior permitirle terminar el semestre.

Luego, cursando una materia intersemestral, la universidad le notificó que su desvinculación bajo el argumento que las órdenes de tutela del segundo proceso estaban limitadas a que terminara los estudios correspondientes al primer semestre.

Sin embargo, para la agente oficiosa la decisión de retirar el cupo a su hijo por parte de la Universidad de Caldas: (i) es arbitraria porque desconoce que el amparo del derecho a la educación del proceso de tutela previo y, al mismo tiempo, (ii) es contraria a la confianza legítima, por cuanto cambió de manera injustificada la situación del estudiante, a quien le había permitido inscribirse y asistir a las clases del intersemestral.

Es necesario aclarar que el muchacho se postuló para ser admitido en la universidad para el programa de medicina en dos ocasiones, sin que fuera seleccionado para ocupar un cupo regular ni especial. Cuando se presentó para el período 2015-1, el agenciado no cumplió los requisitos para ser admitido en la institución de educación superior ni en un cupo regular (41 por programa) ni uno especial para la comunidad afrodescendiente (2 para programas asistenciales), de acuerdo con los requisitos y procedimientos de selección y admisión de la universidad. Lo anterior, se encuentra respaldado por la lista de no admitido al ciclo 2015-1 al programa de medicina aportada por la universidad(58), donde consta que el candidato estudiantil ocupó el puesto 501 general y 4º de la comunidad afrodescendiente(59) entre los aspirantes al programa.

Adicionalmente, en una segunda oportunidad, en la convocatoria para el semestre siguiente (2015-2), tampoco fue admitido. De acuerdo con el listado correspondiente(60), el agenciado obtuvo el puesto 720 general y 17 de la comunidad afrodescendiente entre los aspirantes al programa(61).

Con base en lo anterior, la señora Hurtado inició el proceso de tutela del asunto de referencia, para que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, la educación, confianza legítima de su hijo y, en consecuencia, se ordene a la accionada que: (i) le permita continuar sus estudios en el plantel siempre y cuando cumpla con los deberes como estudiante de acuerdo con los reglamentos internos de la universidad, en garantía de la autonomía universitaria; (ii) nivelarlo en las clases en caso de haber iniciado al momento de que se profiera una decisión y, (iii) exigirle que no incurra en más fallas en el servicio en relación con el menor.

2.2. De los hechos planteados anteriormente, la Sala observa que el objeto principal de la tutela es la permanencia del estudiante en la universidad a través del cumplimiento de una orden de tutela originada en un proceso anterior (rad. 2015-0059) y de la aplicación del principio de confianza legítima.

Esto sugiere tres problemas jurídicos que esta Sala de Revisión debe responder:

2.2.1. ¿Procede la acción de tutela cuando su pretensión corresponde a la misma que fue propuesta anteriormente en otro proceso de tutela, teniendo en cuenta que se proponen hechos nuevos para su análisis?

2.2.2. ¿Vulnera una universidad el derecho fundamental a la educación de un estudiante que obtuvo un cupo no previsto por el reglamento interno por una orden de tutela, cuando lo desvincula y no lo deja terminar un curso intersemestral, bajo el argumento que dicha resolución estaba limitada a que cursara un solo período académico, a pesar de que por un error administrativo no se percataron y lo dejaron avanzar el estudio?

2.2.3. ¿Vulnera el Ministerio de Educación el derecho fundamental a la educación de un estudiante que obtuvo un crédito beca financiando por dicha entidad, dentro de un programa de fomento de la excelencia y calidad de educación superior a estudiantes con menores recursos económicos y destacados puntajes en las pruebas saber 11 a partir del 2014, cuando no garantiza su permanencia en el sistema de educación superior, bajo el argumento que se encuentra sujeto a la autonomía universitaria en relación a la admisión de los aspirantes?

2.3. En este orden de ideas, la Sala comenzará por el estudio de la procedencia de la acción de tutela para hacer efectivas órdenes de la misma naturaleza. Por tanto, explicará el desacato y, luego resolverá sobre la procedencia de la acción de referencia. Con base en ello, delimitará el estudio de fondo y resolverá el caso bajo estudio.

3. Procedencia de la acción de tutela.

3.1. Desde su concepción la acción de tutela tiene como propósito ser una herramienta constitucional expedita para que cualquier ciudadano exija la protección de derechos fundamentales, que se encuentren amenazados o vulnerados, por la actuación u omisión de un particular o de un ente público, que cause un perjuicio irremediable (art. 86 de la Constitución).

En ese sentido, la petición principal de este mecanismo consiste en hacer cesar la acción u omisión que representa el hecho vulneratorio.

3.2. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 define la actuación temeraria como aquella que se presenta “[c]uando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales”, y dispone que en caso de darse dicha circunstancia, “se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”(62).

De otra parte, la Corte ha sostenido que la procedencia de esta herramienta constitucional debe analizarse desde una perspectiva distinta a la meramente procedimental. De ahí que bajo ciertas circunstancias especiales la interposición de múltiples acciones de tutela no configura la temeridad. Esto ocurre cuando se fundan en:

“(i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe. (ii) El asesoramiento errado de los profesionales del derecho. (iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante. (iv) Se puede interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una Sentencia de unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión. (v) Por último, la Corte ha detectado situaciones en las que la vulneración se configura después de interpuesta o fallada la acción de tutela, pues surgen eventos cuya consecuencia vulnera derechos fundamentales en una misma situación de hecho en la que se había determinado que la tutela no era procedente. Esto sucede por ejemplo cuando, a pesar de la similitud en los hechos de las dos tutelas presentadas, el juez constitucional no se ha pronunciado sobre la real pretensión del actor, o cuando la violación se mantiene o se agrava por otras violaciones, como cuando se niega el suministro de un medicamento o cuando se trata de hechos que no habían tenido ocurrencia o no habían sido conocidos por el actor”(63).

Visto lo anterior, la acción de tutela puede ser procedente aun cuando esta se presente por hechos y pretensiones que involucren a las mismas partes procesales discutidos en un proceso previo, si se está frente a una de las hipótesis descritas.

Procedencia en el caso examinado.

1. Considera esta Sala que resulta conveniente revisar el objeto de las tutelas previas, las decisiones judiciales y su alcance, con el fin de establecer si guardan identidad de causa petendi, partes y objeto con la analizada en esta oportunidad.

Para ello, es necesario aclarar que en el primer proceso de tutela, radicado 2014-00353, se pretendió la asignación de un cupo universitario a Eddy Alexander Bejarano Hurtado y se tramitó ante el juzgado primero promiscuo de familia de Quibdó. Este negó el amparo en Sentencia del 11 de febrero de 2015 porque el joven no fue admitido de acuerdo con los requisitos y procedimientos de selección y admisión. Puntualmente, encontró probado que ocupó el puesto 501 general y 4º de la comunidad afrodescendiente(64) entre los aspirantes al programa. En razón a ello, no obtuvo un cupo regular (41 por programa) ni uno especial para la comunidad afrodescendiente (2 para programas asistenciales), como está respaldado por la lista de no admitidos al período 2015-1 al programa de medicina aportada por la universidad(65).

En otras palabras, se estableció que no se vulneró el derecho al debido proceso ni a la educación por no otorgarle el cupo de afrodescendiente, dado que estos fueron asignados en orden a quienes pertenecen a esta categoría y fueron admitidos desde un principio. De ahí que el argumento presentado en la demanda de tutela era errado, en la medida que no se asignó un cupo al 10º en lista en lugar de beneficiar al agenciado (4º puesto) dentro de la categoría de cupos de afrodescendientes. La persona referida en la tutela que obtuvo un cupo participó en una categoría distinta (mejor bachiller ciudad no capital). Por ello, le reasignaron una de las plazas que fueron declinadas por los aspirantes del grupo al que la beneficiada pertenecía, que habían sido seleccionados y tenían mejores puntajes, sin perjuicio de la situación del agenciado(66).

En el segundo proceso de tutela, radicado 2015-0059-00, la demandante solicitó permitir a Eddy Alexander Bejarano Hurtado “terminar sus estudios en ese plantel educativo (Universidad de Caldas) basado en el principio de confianza legítima”(67). Manifestó que este se vería gravemente perjudicado porque al momento en el que tuvo conocimiento que no tendría un cupo en ese plantel, como se dispuso en la Sentencia del 11 de febrero de 2015 del juzgado primero promiscuo de familia de Quibdó, ya había cursado gran parte del primer semestre.

Esta demanda fue resuelta en primera instancia por el juzgado penal del circuito especializado de Manizales, que amparó los derechos al debido proceso administrativo y a la educación en Sentencia del 19 de mayo de 2015. Ordenó concretamente: (i) “tutelar los derechos al debido proceso administrativo y a la educación del joven Eddy Alexander Bejarano Hurtado, frente a la Universidad de Caldas”; (ii) “a la Universidad de Caldas, dejar sin efectos la Resolución 881 del 08 de abril 2015 y permitir que el estudiante Eddy Alexander Bejarano Hurtado culmine el primer semestre de medicina en esa institución”(68).

Como fundamento de lo anterior, argumentó que “en virtud del principio de confianza legítima le corresponde amparar expectativas razonables, como es la de Eddy Alexander Bejarano Hurtado de terminar el primer semestre de medicina en la Universidad de Caldas, mas no que continúe su carrera allí, ya que tal decisión corresponde a la autonomía universitaria”(69).

Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito de Manizales decidió en el numeral primero “confirmar la sentencia de tutela que por vía de impugnación se ha revisado”. Aunado a lo anterior, dispuso que “se confirmará de manera íntegra el fallo confutado, al igual que la orden impartida, en las condiciones que lo dispuso el juez de primera instancia”.

2. La Sala observa que la acción de tutela bajo estudio, al igual que aquella que fue resuelta en el proceso anterior, tiene por finalidad que se proteja el derecho a la educación de Eddy Alexander Bejarano Hurtado, de manera que se le autorice terminar su carrera de medicina en la Universidad de Caldas.

También se advierte que esta nueva solicitud introduce hechos nuevos ocurridos con posterioridad a las decisiones judiciales de dicho proceso, por lo que aportan nuevos elementos de análisis y plantea una situación distinta a la escrutada inicialmente. Puntualmente, indica que el estudiante aprobó el semestre con un promedio aproximado de 4 sobre 5 y, además, cursó parte de una clase vacacional hasta que la universidad, a su juicio, de manera arbitraria, lo retiró. Estos hechos no fueron sopesados en los procesos pasados, dado que ocurrieron tras la interposición de las tutelas correspondientes y sus decisiones judiciales(70).

En consecuencia, la tutela de referencia es procedente porque se está en el evento que los supuestos de hecho son distintos a los de la acción anterior, por lo que no se configura la temeridad de la acción. En otras palabras, al presentar varios elementos adicionales que permiten la interposición de una nueva acción, y una nueva vulneración del derecho fundamental a la educación, aduciendo el retiro arbitrario del curso intersemestral, se trata de una demanda distinta que debe ser examinada en su integridad.

Así las cosas, la Corte resolverá de fondo las pretensiones presentadas por la señora Marleny Hurtado Mena. Para ello, la Sala hará una reiteración jurisprudencial sobre: (i) el derecho a la educación superior, (ii) la obligación del Estado de procurar el acceso progresivo a la educación superior, y los principios de (iii) autonomía universitaria y (iv) confianza legítima en materia de educación. Con base en ello, (v) analizará el caso concreto.

4. Consideraciones del mérito de las pretensiones.

4.1. El derecho a la educación superior.

4.1.1. La educación tiene cuatro dimensiones constitucionales(71). Por una parte, es un derecho prestacional porque hace parte de los derechos sociales, económicos y culturales (en adelante DESC), (artículos 67, 68 y 69 de la Constitución). Esto implica que su efectividad está ligada a la disponibilidad de recursos económicos, una regulación legal y una estructura organizacional(72). Por otra parte, se constituye como derecho fundamental cuando se trata de educación primaria y básica(73) y, de manera excepcional, de educación superior(74), como se explicará más adelante.

Así mismo, se trata de un servicio público (art. 365)(75) regulado por la Ley 30 de 1992(76) y por el Decreto 1075 de 2015(77). Además, es un derecho-deber(78), ya que implica obligaciones y derechos causados por la relación entre prestadores del servicio y usuarios; se refiere “concretamente a las obligaciones que se generan por parte de los planteles educativos —públicos o privados— con los estudiantes y la obligación que tienen éstos a cumplir con los deberes y obligaciones que se estipulan en el reglamento estudiantil”(79).

4.1.2. El núcleo esencial del derecho a la educación abarca las siguientes dimensiones según la jurisprudencia constitucional(80): “(i) disponibilidad, que consiste en la existencia de los medios para que se satisfaga la demanda educativa de las personas, como por ejemplo escuelas, docentes calificados, materiales de enseñanza, entre otros;(81)(ii) accesibilidad, que pone en cabeza del Estado el deber de garantizar en los niños el ingreso a la educación básica, de manera obligatoria y gratuita;(82) (iii) permanencia en el sistema educativo, que protege el derecho a conservar la educación básica sin que existan criterios de exclusión irrazonables(83) y finalmente, (iv) calidad, que consiste en brindarle a los estudiantes una educación que les permita adquirir y producir conocimientos suficientes para desarrollar sus planes de vida, sin importar el nivel socioeconómico(84)” (negrillas fuera del texto original)(85).

4.1.3. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución(86), la educación obligatoria “comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Lo anterior, revela que es imperativo que el Estado brinde la educación de cinco años de primaria y cuatro de secundaria que comprende la educación básica(87). Sin embargo, no exime al Estado de la responsabilidad de brindar la disponibilidad respecto de todas las etapas de la educación (preescolar, primaria, secundaria y superior)(88).

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que si bien la obligación del Estado en materia de educación se limita según el nivel de enseñanza, con base en el principio de progresividad(89), le corresponde junto con la familia y la sociedad “el deber de procurar el acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad, mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se destaca, por expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”(90).

4.1.4. Por otro lado, múltiples instrumentos internacionales, que forman parte del bloque de constitucionalidad, soportan esta restricción en relación con la educación superior. La Convención de los Derechos de los Niños, adoptada por la Ley 12 de 1991, en su artículo 28, dispone:

“1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

(…).

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; (…) (negrillas fuera del texto original)”(91).

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 (2) (c), limita la obligatoriedad de la educación a la primaria, lo que deja por fuera al nivel preescolar y a los cuatro años de secundaria que están contemplados en la Carta del 1991(92):

“ART. 13.—2. Los Estados partes en el presente pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

Así mismo, con arreglo al apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 del Protocolo de San Salvador:

“ART. 13.—2. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:

c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

Por otra parte, la declaración mundial sobre la educación superior (1998) y el marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior, adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), hacen un llamado a los estados miembros para que adopten las medidas necesarias para fomentar la accesibilidad a la educación superior. Por ejemplo, “crear, cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero para reformar y desarrollar la educación superior”; impulsar la vinculación con la investigación y los distintos sectores de la sociedad para que contribuyan eficazmente con el desarrollo. Visto lo anterior, no fija una obligación directa de brindar la educación superior.

Teniendo en cuenta que las disposiciones citadas expresan que el acceso y gratuidad de la enseñanza superior es un compromiso gradual de los Estados, estos deben tomar medidas para estimular su acceso y permanencia.

En cumplimiento de este deber, una de las funciones otorgadas al Ministerio de Educación consiste en formular políticas para el fomento de la educación superior(93). De igual forma, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnico (Icetex) está encargado de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso a la educación superior “priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico”(94), de manera que, por esta vía, el Estado colombiano tiende progresivamente a la provisión de mecanismos para que los asociados puedan realizarse personal y profesionalmente.

4.1.5. En concordancia con lo anterior, el derecho a la educación no solo goza de protección constitucional en su modalidad, primaria, básica y secundaria(95). La Corte también ha protegido el derecho al acceso a la educación superior(96), cuando su amenaza o vulneración provoca la amenaza o vulneración de otros derechos de carácter fundamental, como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso por conexidad.

La Corte ha protegido el derecho a la educación por la correspondencia que ésta tiene con el desarrollo personal e inclusive el plan de vida del individuo como herramienta para superar situaciones de marginación. Esta perspectiva presume que el grado de educación formal incide decisivamente en la calidad de vida de los individuos, las familias y las colectividades. En efecto atiende a la relación entre la educación y la mejora de los niveles de ingreso, el acceso a oportunidades profesionales, la inserción en la vida productiva, la movilidad social, la salud de las personas, los cambios en la estructura de la familia, la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y responsable de las personas.

En este sentido, en la Sentencia T-321 de 2007(97) expresó que “se puede concluir que el derecho a la educación goza de naturaleza fundamental, como quiera que su núcleo esencial comporta un factor de desarrollo personal y social, de manera que su ejercicio se dirige a la realización de la dignidad humana, en tanto permite la concreción de un plan de vida y el desarrollo pleno del individuo en sociedad”(98).

Posteriormente, en Sentencia T-056 de 2011, esta corporación afirmó que el derecho fundamental a la educación: (i) es objeto de protección especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización personal, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre otros(99) y (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho.

4.2. Principio de la autonomía universitaria.

El estudio del derecho a la educación superior requiere ineludiblemente tener en cuenta la autonomía universitaria(100). Esta consiste en la facultad que gozan las universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, en virtud del artículo 69 de la Constitución.

Esta potestad de autorregulación administrativa y académica está también consagrada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992. Estos disponen que las instituciones de educación superior podrán darse y modificar sus estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas; crear, desarrollar sus programas académicos; expedir los correspondientes títulos; definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión; seleccionar y vincular a sus docentes y alumnos; adoptar el reglamento interno; arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Esta corporación ha explicado que a través de este principio se da un margen de independencia a los entes educativos “que propende por la garantía para los centros educativos de desarrollar su misión, filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su ideología y los fines académicos que se plantea”(101).

No obstante, la autorregulación se desarrolla a través de los reglamentos estudiantiles, en los cuales constan las facultades, atribuciones y límites que rigen a todos los actores del proceso educativo. Lo anterior, bajo el marco de los principios, valores y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales(102).

Así las cosas, el reglamento estudiantil debe ser claro sobre los parámetros exigidos de cualquier procedimiento en la institución, esto es la inscripción, admisión, acreditación de los requisitos académicos y para aprobar las diferentes materias, así como para optar por el título de profesional que el estudiante haya escogido. Este rige la relación derecho-deber entre los estudiantes y los centros de educación superior, quienes deben respetarlo.

A partir de ello, la Corte ha analizado casos en los que los estudiantes piden la protección de su derecho al acceso a la educación superior con motivo de alguna actuación de una entidad de formación superior, por lo que debe verificar si estas han cumplido con los procedimientos o requisitos establecidos por el reglamento interno para definir si es viable su amparo.

Con base en lo anterior: (i) en Sentencia T-365 de 2015, se encontró que no hubo vulneración del derecho a la educación por cuanto el estudiante incumplió el deber de respeto por las reglas y compromisos académicos adquiridos para obtener grado de abogada; (ii) en Sentencia T-152 de 2015(103), la Corte concedió el amparo del derecho al debido proceso y al acceso a la educación superior porque la universidad no comunicó a la comunidad estudiantil las características que esperaba que cumpliera la acreditación de dominio de segundo idioma (certificación Icontec), a falta del cual rechazó los certificados de los accionantes; y, (iii) en Sentencia T-153 de 2013 se negó el amparo al derecho a la educación de una estudiante en razón a que no cumplió con los requisitos que exige el reglamento estudiantil respecto de la formalización y matrícula de las materias.

En breve, la autonomía universitaria es un atributo de autorregulación de las instituciones de educación superior, que se encuentra sujeto a unos límites constitucionales y legales, entre los cuales se destaca la imposibilidad de vulnerar o desconocer los derechos fundamentales(104).

4.3. Principio de confianza legítima en materia de educación.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el principio de confianza legítima tiene como finalidad la protección de que han tenido carácter de durabilidad o permanencia en el tiempo, sin que constituyan derechos adquiridos(105).

Con base en este principio, la Corte ha protegido el derecho a la educación de estudiantes de instituciones de educación superior(106). En la Sentencia T-068 de 2012, la Corte resolvió el caso de una joven a quien la universidad no le permitió inscribir un curso que era requisito indispensable para graduarse, bajo el argumento que se encontraba en mora. Lo anterior se debió a que el Icetex no había hechos los desembolsos correspondientes a los períodos 2005-1 y 2005-2 porque la estudiante no realizó la renovación del crédito, por lo que la universidad asumió la financiación. Interpuso una acción de tutela para que se le protegiera su derecho a la educación, teniendo en cuenta que no se le permitía graduarse por la deuda y no contaba con los recursos para cancelarla.

En esa oportunidad, la Corte se refirió al principio de confianza legítima que envuelve la convicción de buena fe de la estabilidad de las acciones de un tercero. Sobre el caso particular, consideró que el aval de la universidad para que la estudiante continuara con su formación, sin informarle la falta de pago por parte del Icetex, dio base para que esta confiara en que se encontraba vinculada de manera regular y generó la expectativa de buena fe de graduarse de esa institución(107).

También analizó la obligación del Estado en relación con la educación superior definiendo que es progresiva y que adquiere la naturaleza fundamental cuando constituye una herramienta para la efectividad de otros derechos fundamentales y/o guarda una íntima relación con la dignidad humana por tratarse de un factor de desarrollo individual y social cuyo ejercicio materializa el desarrollo pleno del ser humano. En ese sentido, manifestó: “En esta perspectiva son necesarias dos conclusiones: i) que el acceso al conocimiento y a la formación académica constituyen los fundamentos esenciales para el desarrollo de conocimientos científicos, históricos, morales, sociales, culturales, geográficos, tecnológicos, entre otros, que propenden por la consecución de niveles óptimos del desarrollo personal de los individuos, en aras, a que éstos a la vez puedan aportar a la sociedad el respeto y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y ii) que el contenido del derecho a la educación va mucho más allá de ser un servicio público y un derecho fundamental, pues esta garantía constitucional guarda estrecha relación con el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a escoger profesión y oficio, pues representa la posibilidad de todas las personas de elegir y acceder a cierto tipo de conocimiento según sus propias expectativas de vida.”

En consecuencia, amparó el derecho a la educación ordenando a la universidad inscribir a la estudiante a la materia que requería cursar y aprobar para su grado y suscribir un acuerdo de pago con ella.

5. Caso concreto.

5.1. Presentación del caso.

Como quedó expresado en el acápite de antecedentes, en el presente caso el Eddy Alexander Bejarano Hurtado ingresó la facultad de medicina de la Universidad de Caldas en el primer semestre de 2015 por una orden de tutela, que fue anulada. Posteriormente se negó el amparo(108). Para el momento en el que fue notificada esta decisión, el estudiante ya había cursado gran parte del semestre. Por ello, en un nuevo proceso se le amparó el derecho a la educación por el principio de confianza legítima y se ordenó a la institución de educación superior permitirle terminar el semestre.

Luego, cursando una materia intersemestral, la universidad le notificó su desvinculación bajo el argumento que las órdenes de tutela del segundo proceso estaban limitadas a que terminara los estudios correspondientes al primer semestre.

Sin embargo, para la demandante la decisión de la Universidad de Caldas de retirar el cupo a su hijo: (i) es arbitraria porque desconoce que el amparo del derecho a la educación del proceso de tutela previo y, al mismo tiempo, (ii) es contrario a la confianza legítima, por cuanto permitió al estudiante inscribirse y asistir a las clases del intersemestral.

Es necesario aclarar que el joven se postuló para ser admitido en dicho centro educativo en el programa de medicina en tres ocasiones sin ser admitido. Cuando se presentó para el período 2015-1, su puntaje en el examen de Estado no fue suficiente para ser seleccionado y, por ende, obtener un cupo regular ni uno especial de la comunidad afrodescendiente (2 para programas asistenciales), de acuerdo con el procedimiento de selección y admisión de la universidad. Lo anterior, se encuentra respaldado por la lista de no admitidos al período 2015-1 al programa de medicina aportada por la universidad(109), donde consta que ocupó el puesto 501 general y 4 º de la comunidad afrodescendiente(110) entre los aspirantes al programa.

En relación con el segundo período de 2015, se presentó como aspirante afrodescendiente y no fue admitido porque: ocupó el puesto 720 dentro del listado de cupos regulares y el puesto 17 dentro de los aspirantes por esta comunidad. En esa oportunidad, los cupos especiales fueron adjudicados a otras personas (3º y 4º puesto especial).

Con base en lo anterior, la señora Hurtado interpuso la tutela, que se revisa actualmente, para que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, la educación, confianza legítima de su hijo. Por ende, se ordene a la accionada: (i) permitirle continuar sus estudios en el plantel siempre y cuando cumpla con los deberes como estudiante de acuerdo con los reglamentos internos de la universidad, en garantía de la autonomía universitaria; (ii) nivelarlo en las clases en caso de haber iniciado al momento de que se profiera una decisión y, (iii) no incurrir en más fallas en el servicio.

5.2. Para la Sala, la respuesta al segundo problema jurídico es afirmativa(111). Es decir, la Universidad de Caldas vulneró el derecho a la educación del agenciado, por cuanto lo retiró del curso vacacional pese a haber cursado más de la mitad del mismo.

La entidad demandada expuso que para participar en los cursos intersemestrales los estudiantes deben encontrase activos en el Sistema de Información Académica de la Universidad de Caldas, realizar el pago correspondiente y efectuar la consulta previa en el programa al que está inscrito. Estas afirmaciones encuentran respaldo, por una parte, en los artículos 3(112) y 30(113) del Acuerdo 49 de 2007.

En el caso concreto, se encuentra acreditado que el agenciado fue admitido al curso intersemestral(114), canceló la inscripción al curso(115). Sin embargo, no surtió el trámite interno en la facultad previo a la inscripción.

En este orden de ideas, se tiene que Eddy Alexander Bejarano Hurtado no cumplía con los requisitos para ser parte del esquema intersemestral. Esto fue comunicado al estudiante mediante correo electrónico, donde se estipuló que “la oficina de admisiones y registro nos avisó hoy que usted no puede hacer el curso de bioquímica general intersemestral, porque no es estudiante regular de nuestro programa”(116).

No obstante, asistió a clases entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2015, fecha para la cual le cancelaron el cupo. Esto es 4 días antes de que finalizara la materia según el calendario académico. De ahí que es posible inferir que para ese entonces se habían generado expectativas de culminar los estudios.

Así las cosas, es cierto que de acuerdo con lo fijado por el reglamento interno el estudiante no debía haber ingresado a la clase intersemestral. Adicionalmente, no hay duda que retirarle el cupo con tan poca antelación a que las clases finalizaran es contradictorio con los actos previos de la universidad (inscripción, admisión y recibo de pago), máxime cuando este ha presentado los trabajos y ha asistido a clases. Por ello, resulta desproporcionado que se eliminara la inscripción sin brindarle la oportunidad de terminar la materia.

En consecuencia, la Corte ordenará a la Universidad de Caldas permitirle a Eddy Alexander Bejarano Hurtado presentar las tareas, trabajos y exámenes que habían sido programados para calcular la nota final de la materia cursada en el período intersemestral (bioquímica general), y que dejó de presentar por la cancelación del cupo por parte de la institución.

Para ello, en un plazo de 48 horas(117) contadas a partir de la notificación de esta providencia, la Universidad deberá: (i) informarle la lista de tareas, trabajos y exámenes que debe presentar, junto con las instrucciones claras y precisas de cada uno de ellos, (ii) fijar un plazo razonable para su entrega y (iii) proporcionar acceso al material académico que requiera para su presentación, (iv) calificarlo y comunicarle los resultados obtenidos en cada una de las entregas en un plazo de 15 días calendario contados desde su presentación. En caso de aprobar la materia, deberá reconocerle los créditos académicos y expedirle el certificado correspondiente.

5.3. De igual modo, la Sala estima que el derecho a la educación fue quebrantado por parte del Ministerio de Educación por no garantizar la permanencia del estudiante en el sistema de educación superior de manera efectiva.

5.3.1. La educación universitaria tiene un nexo con el desarrollo personal e inclusive la dignidad humana porque determina el plan de vida del individuo y sirve de herramienta para superar situaciones de marginación. En razón a ello, la jurisprudencia constitucional ha protegido el derecho a la educación superior(118).

En efecto, este planteamiento es el presupuesto del programa Ser Pilo Paga(119) del que hace parte Eddy Alexander Bejarano Hurtado. Este esquema desarrolla una política pública del Gobierno Nacional, ejecutada por el Ministerio de Educación y el Icetex(120), a través de la cual se realizan acciones afirmativas a favor de jóvenes de escasos recursos con resultados destacados en el examen Saber 11. Para ello, reconocen el mérito o esfuerzo académico, otorga créditos becas de manera a facilitar la financiación para acceder y permanecer en la educación superior de alta calidad.

Las consideraciones generales del contrato interadministrativo 077 de 2015, suscrito entre las entidades referidas para constituir el fondo de los recursos dispuestos para el programa Ser Pilo Paga, denotan la función social de la educación. Allí, se establece como reflexión general que para “generar las condiciones para un país en paz, equidad y con educación, el Gobierno Nacional busca posicionar a Colombia como la más educada de América Latina”. En materia de educación superior, propone el programa Ser Pilo Paga, en el que “se fomenta el acceso a la educación superior en jóvenes bachilleres, con los mejores resultados de las pruebas de Estado y con menores condiciones socioeconómicas, atendiendo criterios de fomento a la calidad y focalización”.

En lo atinente al caso concreto, la Sala estima que ciertas particularidades ameritan una consideración individual: por una parte, el agenciado no cuenta con los recursos para costear su educación formal de manera directa. De otra parte, el estudiante hace parte de una minoría racial (comunidad afrodescendiente) respecto de la cual se ha identificado un alto grado de dificultad en el acceso a educación de calidad y la permanencia en el ciclo educativo. La comisión Intersectorial, creada por el Decreto 4181 de 2007, encargada de analizar las barreras que constriñen la inclusión de la población afrocolombiana, palenquera y raizal y la realización efectiva de sus derechos, advirtió que:

“En lo que respecta a la educación recibida, los afrocolombianos (…) presentan las tasas más bajas de acceso a la educación superior; y cuentan con menores oportunidades para acceder a educación de calidad. Asimismo existen barreras que obstaculizan el paso de la escuela primaria a la secundaria y de esta última a la educación superior, no solamente por factores asociados con la pobreza sino también por problemas de calidad en la educación básica que reciben los afrocolombianos. En 2003, para el país en su conjunto, los resultados de las pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la educación superior (Icfes) mostraron que el 65% de los colegios situados en municipios con población mayoritariamente afrodescendiente se ubicaban en las categorías “inferior” y “muy inferior”. Cabe destacar que el 70% de las opciones de educación media disponibles para los afrodescendientes no responden a los contextos ni a las expectativas de la población”(121).

Con base en lo anterior, dicha comisión explicó que esta barrera limita el acceso a empleos de calidad y a los emprendimientos, dificultando la superación de la pobreza(122).

Un elemento de juicio adicional es su procedencia, toda vez que es oriundo de una zona apartada del país (Chocó) en las que las posibilidades de formación técnica o profesional son escasas. De acuerdo al Ministerio de Educación: (i) la tasa de cobertura de educación superior en el Chocó en el 2014 fue de 22,08%; (ii) únicamente 4 instituciones de educación superior tienen oferta en el departamento; (iii) la tasa de absorción del sistema de educación superior de bachilleres es apenas del 22,56%(123).

Teniendo en cuenta los factores descritos, la participación en el programa ser Pilo Paga proporciona al muchacho el derecho al acceso y permanencia en el sistema de educación superior, de lo que emerge su desarrollo de la personalidad, escogencia de oficio, acceso a oportunidades laborales, entre otros. Esta oportunidad se encuentra ligada su plan de vida. En efecto, afirma haberse planteado una vida a partir de su vocación de médico “desde que tuvo uso de razón”(124) porque conlleva eventualmente a la superación de condiciones precarias de su entorno.

Vistos estos antecedentes, se torna imperioso garantizar el acceso y permanencia en el sistema de educación superior de Eddy Alexander Bejarano Hurtado.

5.3.2. El programa Ser Pilo Paga respalda la permanencia de los beneficiarios del crédito-beca a través de la posibilidad de interrumpir los estudios sin perjuicio del crédito. Para ello, dispone el aplazamiento del semestre hasta por dos veces y el cambio de carrera o de institución de educación superior por una sola vez dentro de los primeros cuatro semestres del programa inicial.

Se da por descontado que el estudiante conoce el reglamento operativo del programa Ser Pilo Paga, que contemplada estas alternativas. Prueba de ello es que agotó la primera opción en dos ocasiones, aplazó los semestres 2015-2 y 2016-1. Por otro lado, el Ministerio de Educación le explicó de manera concreta, clara y específica las condiciones para efectuar el cambio de institución y de programa mediante comunicación escrita del 4 de noviembre de 2015(125), en la que ofreció orientación vocacional(126).

Ahora bien, para hacer efectivo el cambio de universidad se deben verificar tres elementos: (i) la admisión del estudiante otra institución acreditada por el Ministerio de Educación, (ii) que el valor del nuevo programa no debe exceder el 20% del valor inicial y (iii) que su duración no supere la del programa para el cual se otorgó el crédito originario, de lo contrario el excedente debe ser costeado por el beneficiario(127).

La Sala observa que estas condiciones no se cumplen en el caso sub-examine, como se explica a continuación:

(i) El joven se ha postulado a otras universidades para reiniciar sus estudios en el período 2016-2. Al respecto, el Ministerio informó que “de acuerdo con las conversaciones telefónicas sostenidas con el pilo, ha afirmado que está presentando a otras instituciones de educación superior para reactivar su crédito en el 2016-2, fecha límite con la que cuenta Eddy Alexander Bejarano Hurtado para continuar con el crédito condonable”.(128) Sin embargo, este no ha sido admitido en otra institución de educación superior(129).

(ii) El joven contaría con una suma de dinero insuficiente para matricularse en el mismo programa en la mayoría de las demás universidades avaladas por el ministerio. De ahí que la condición económica para el cambio de institución constituye un obstáculo para concretar el acceso y la permanencia en la educación superior(130).

(iii) Es posible que otras universidades no homologuen las materias que el alumno ya aprobó(131). En tal contexto, este deberá volver a cursar la carrera desde el principio. Esto causaría un riesgo económico por cuanto deberá asumir el pago de un semestre adicional que no estaría cubierto por el crédito. Situación que sería desproporcionada e injustificada máxime cuando cumplió con sus deberes de estudiante de manera satisfactoria.

De conformidad con los lineamientos del reglamento operativo del programa, Eddy Alexander Bejarano Hurtado no podría cambiar de institución educativa para reiniciar sus estudios el próximo semestre. Por ello, corre el riesgo perder el crédito-beca, vigente hasta el segundo período de 2016. Esta situación conlleva una amenaza cierta su derecho fundamental a la educación, que podría causar un perjuicio irremediable, en tanto se le sustraería la posibilidad de financiar su acceso a la formación profesional, que no puede costear por sí mismo. Por consiguiente, la Sala debe disponer una medida que rectifique esta situación.

5.3.3. Así las cosas, con el propósito de garantizar la permanencia de Eddy Alexander Bejarano Hurtado en la formación profesional de su escogencia y, simultáneamente, salvaguardar el acceso a la financiación de la educación superior de la que es beneficiario, sin afectar en manera desmedida las condiciones presupuestales del programa, la Sala estima que la mejor alternativa para amparar su derecho es permitirle continuar sus estudios en la Universidad de Caldas, donde ya demostró su valor académico.

El promedio de 3.9 en el primer semestre cursado de Eddy Alexander Bejarano Hurtado, su interés en adelantar cursos vacacionales y su buena relación con los docentes(132) comprueban su buen desempeño académico y su adaptabilidad en el ambiente académico de la Universidad de Caldas. De igual modo, indican que este plantel educativo proporciona el contexto óptimo para su desarrollo personal, académico y profesional.

5.3.4. Así mismo, para la Sala es pertinente aclarar que la decisión que ordenó la asignación de un cupo estudiantil por un semestre resultó más contraproducente a la situación del agenciado, poniéndolo en una situación de mayor desprotección.

Al otorgarle un cupo e iniciar los estudios en la Universidad de Caldas, se hizo efectivo el crédito educativo. Sin embargo, una vez culminado el período, este beneficio económico ya estaría vigente por lo que el agenciado debía someterse a las condiciones fijadas por el programa “Ser Pilo Paga” para no perderlo por la suspensión de estudios.

Teniendo en cuenta que, como ya se explicó previamente, estas condiciones establecen una barrera infranqueable al acceso efectivo al sistema de educación superior por las condiciones particulares del caso. Por tanto, se puso en riesgo la subvención de sus estudios superiores y de su proyecto de vida. En razón de ello, se infiere que era necesario tomar las medidas para garantizar la continuidad del proceso educativo del joven Bejarano Hurtado. Una decisión en sentido contrario terminaría afectando, de manera desproporcionada, el derecho a la educación de este.

5.3.5. En consecuencia, ordenará a la Universidad de Caldas asignar un cupo en el programa de medicina a Eddy Alexander Bejarano Hurtado, para que continúe sus estudios a partir del segundo período académico del año en curso, teniendo en cuenta los créditos académicos aprobados anteriormente.

Si bien la Corte valora circunstancias personales del actor como la vocación manifiesta, los resultados académicos hasta ahora obtenidos y el esfuerzo para continuar en el ejercicio de su derecho derivado del programa Ser Pilo Paga, advierte que el amparo no puede extenderse más allá del aseguramiento de su permanencia en una institución universitaria, siempre que cumpla el reglamento interno de la universidad y obtenga los resultados académicos que le permitan continuar sus estudios, con arreglo a la valoración de la universidad.

Adicionalmente, la labor de apoyo y seguimiento por parte del Ministerio ha estado dirigida a que el estudiante conserve el derecho a utilizar el crédito educativo. Por ello, se instará al Ministerio de Educación continuar brindando el acompañamiento y asistencia administrativa a Eddy Alexander Bejarano Hurtado a fin de que pueda hacer uso del crédito.

V. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. REVOCAR la Sentencia del 2 de septiembre de 2015 proferida por el Tribunal Superior de Manizales, que confirmó la decisión del juzgado primero laboral del circuito de Manizales que denegó el amparo invocado en Sentencia del 30 de julio de 2015, y en su lugar: DECLARAR la improcedencia parcial de la acción de referencia, en relación con la petición de cumplimiento de las órdenes de tutela del juzgado penal del circuito especializado de Manizales y el Tribunal Superior del Distrito de esa ciudad; y, TUTELAR el derecho fundamental a la educación de Eddy Alexander Bejarano Hurtado.

2. Por conducto de Secretaría, ORDENAR a la Universidad de Caldas permitirle a Eddy Alexander Bejarano Hurtado presentar las tareas, trabajos y exámenes que habían sido programados para calcular la nota final de la materia cursada en el período intersemestral (bioquímica general), y que dejó de presentar debido a la cancelación del cupo por parte de la institución.

Para ello, en un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, la Universidad deberá: (i) informarle la lista de tareas, trabajos y exámenes que debe presentar, junto con las instrucciones claras y precisas de cada uno de ellos, (ii) fijar un plazo razonable para su entrega y (iii) proporcionar acceso al material académico que requiera para su presentación, (iv) calificarlo y comunicarle los resultados obtenidos en cada una de las entregas en un plazo de 15 días calendario contados desde su presentación. En caso de aprobar la materia, también deberá reconocerle los créditos académicos y expedirle el certificado.

3. Por conducto de la secretaría, ORDENAR a la Universidad de Caldas asignar un cupo en el programa de medicina a Eddy Alexander Bejarano Hurtado, para que continúe sus estudios a partir del segundo período académico del año en curso, teniendo en cuenta los créditos académicos aprobados anteriormente.

4. Por conducto de la secretaría, INSTAR al Ministerio de Educación continuar brindando el acompañamiento y asistencia administrativa a Eddy Alexander Bejarano Hurtado a fin de que pueda hacer uso del crédito y opte por alguna de las alternativas de estudio, de acuerdo con lo expresado en el punto 5.3.4.

Quinto. LÍBRESE por la secretaría general de esta corporación la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos. 

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria general.

(1) La Sala de selección número 11, en Auto del 26 de noviembre de 2015, seleccionó para revisión del expediente de referencia.

(2) Para mayor claridad de los hechos, se complementan los hechos narrados por la agente oficiosa con las pruebas documentales que obran en el expediente.

(3) Según su documento de identidad, al momento de la presentación de la acción de tutela tenía 17 años. Fl.12, cuaderno 1.

(4) Folio 67, cuaderno 1. El obtuvo puntaje de 328 puntos.

(5) Allegó copia de su cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento de Eddy Alexander Bejarano Hurtado donde consta la filiación. Folios 11-12, cuaderno 1.

(6) Aportó copia de esta decisión judicial. Folios 67-75, cuaderno 1.

(7) Acompañó copia de la Resolución 008 del 20 de enero de 2015 de la Universidad de Caldas, mediante la cual se asignó el cupo por comunidad afrodescendiente a Eddy Alexander Bejarana Hurtado, en cumplimiento de la sentencia del juzgado promiscuo de familia de Quibdó del 13 de enero de 2015 (fl. 28).

(8) Folio 81, cuaderno 1.

(9) Folio 84, cuaderno 1.

(10) Resolución 881 del 8 de abril de 2015 de la Universidad de Caldas, mediante la cual se revocó la Resolución 008 y retira a Eddy Alexander Bejarano Hurtado del cupo por comunidad afrodescendiente, con fundamento en la Sentencia del 27 de enero de 2015 proferida por el Tribunal Superior de Quibdó que implicó el decaimiento de los fundamentos de la Resolución 008 del mismo año (fl. 30).

(11) Copia del aviso y certificación de su publicación en la página web el 22 de abril de 20115 (fl. 9, 94-101).

(12) Certificado de trazabilidad de envió de 472 de la Universidad de Caldas a Marleny Hurtado (fl. 93).

(13) Folio 54, cuaderno 1.

(14) Folios 13-23, cuaderno 1.

(15) Folios 23-25, cuaderno 1.

(16) En palabras del tribunal, “la tardanza en la expedición de esa decisión, se convirtió para él en una errada e invencible convicción de que podía terminar allí sus estudios que redundarían en su dignificación, pero al mismo tiempo en un obstáculo en tanto que ya no podía acudir a otras universidades en procura de sus estudios universitarios sin contratiempo alguno, amén de generarle gastos para su manutención y de manera obvia para cumplir con los estudios que inició y realizó ante la accionada, como la adquisición de uniforme, libros e insumos que la misma universidad le exigía, amén de que parte de los dineros que recibió como beca para estudiar por parte del Icetex llegaron a las arcas de la institución que sin más ni más procuró por el rembolso de los mismos luego de expedida la resolución que cuestiona esta vía” (fl. 24).

(17) Folio 111, cuaderno 1. En su numeral primero resolvió “Dejar sin efectos la Resolución 881 del 8 de abril de 2015 “por medio de la cual se cancela y retira el cupo especial de comunidad afrodescendiente al estudiante Eddy Alexander Bejarano Hurtado del programa de medicina”, y en consecuencia permitirle a Eddy Alexander Bejarano Hurtado que culmine su primer semestre académico en el programa de Medicina”.

(18) Folio 34, cuaderno 1.

(19) La demandante refiere estas fechas y así mismo lo certificó la directora del programa de medicina (fl. 125, c. 1). Sin embargo, según el Acuerdo 02 del 23 de enero de 2015, el período intersemestral es más extenso por cuanto en el artículo primero dispone que las clases comprende desde el 22 de junio al 31 de julio (fl. 122, c. 1).

(20) Folio 32, cuaderno 1.

(21) Olga Clemencia Buritica Arboleda, en su calidad de directora del programa de medicina, en oficio 12159 del 23 de julio de 2015, comunicó “que el estudiante Eddy Alexander Bejarano Hurtado fue inscrito desde el programa de medicina el 22 de junio de 2015 en el intersemestral de bioquímica general programado desde el 22 de junio hasta el 10 de julio de 2015. Folio 125, cuaderno 1.

(22) Folio 42, cuaderno 1. “la oficina de admisiones y registro nos avisó hoy que usted no puede hacer el curso de bioquímica general intersemestral, porque no es estudiante regular de nuestro programa”.

(23) Folios 38-39, cuaderno 1.

(24) Folios 5 y 7, cuaderno 1.

(25) Mediante reparto del 13 de julio de 2015 correspondió conocer del asunto de referencia al juzgado tercero laboral del circuito que en Auto del 14 de julio de 2015 ordenó devolver el expediente a reparto debido a que la juez se declaró impedida. Por tanto, el expediente fue sometido nuevamente a reparto el 15 de julio de 20115 y fue enviado al juzgado primero laboral del circuito (fls. 1-2 y 43-44).

(26) Folio 47, cuaderno 1.

(27) Folio 60, cuaderno 1.

(28) En el primer proceso de tutela, en un principio el juez primero promiscuo de Quibdó ordenó que se le asignara un cupo. Sin embargo, esta decisión fue anulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó y en su lugar se negó el amparo porque (i) no fue preseleccionado por la universidad en un cupo regular o especial, (ii) hubo aspirantes que obtuvieron puntajes mejores a los suyos de acuerdo con los requisitos definidos por la universidad, a quienes se les asignaron los cupos existentes en el programa al que quería ingresar.

(29) Folio 57, cuaderno 1.

(30) Folio 118, cuaderno 1.

(31) Fl. 59, cuaderno 1.

(32) Fls. 208-241.

(33) Fl. 236.

(34) El 28 de mayo de 2015 el joven Bejarano solicitó por escrito a la secretaría general de la Universidad de Caldas que le permitieran inscribirse “como aspirante para el segundo período académico de 2015”, ante lo cual la universidad respondió el 12 de junio de 2015 refiriendo la asesoría que se le brindó para que realizara exitosamente su inscripción (fls. 112-113).

(35) Numeral 4º del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

(36) Fls. 236 y 237, cuaderno 1.

(37) Fl. 238.

(38) “Por medio del cual se modifica el calendario académico para el 2015”. En sus consideraciones, refiere que “es necesario programar un período académico intersemestral, con el fin de garantizar una oferta académica continua a los estudiantes”. Por tanto, el artículo primero dispone un calendario académico en el que se prevé un período de cursos intersemestrales del 22 de junio al 31 de julio de 2015, cuyas inscripciones se realizan entre el 16 y 19 de junio y el cierre de notas se extiende hasta el 6 de agosto del mismo año. El calendario registrado indica que el período intersemestral hace parte únicamente del primer semestre del año.

(39) Fls. 239-240, cuaderno 1.

(40) Fls. 252-263, cuaderno 1.

(41) Fls. 8-31, cuaderno 2.

(42) Folio 33, cuaderno de pruebas.

(43) Folio 33, cuaderno de pruebas.

(44) Artículo 21 del reglamento operativo “Causales de suspensión. Son causales de suspensión definitiva de los desembolsos del crédito condonable los siguientes: (…) 5. Suspender el crédito condonable por más de dos períodos académicos consecutivos”.

(45) El artículo 9º del Acuerdo 49 de 2007 otorga la facultad de “reglamentar el número de cupos y criterios específicos para la admisión a programas de pregrado, de aspirantes pertenecientes a comunidades indígenas o afrodescendientes, mejores bachilleres, convenio Andrés Bello nacional y departamental, bachilleres provenientes de departamentos sin sede de IES o de zonas de conflicto o de difícil acceso u otros que el gobierno o el consejo superior determinen”.

(46) “Los aspirantes especiales son aquellos que se identifican por una de las siguientes condiciones particulares ya sea de carácter académico o social y que pretenden ingresar a un programa de pregrado: (…) d. Comunidades afrodescendientes. Para hacer uso de esta condición deberá demostrarla mediante una certificación expedida por el Ministerio del interior y de Justicia o la entidad que haga sus veces. A este grupo se le otorgarán dos cupos por programa presencial y uno por programa a distancia, en cada convocatoria”.

(47) Dichos cupos fueron asignados a Johny Rentería Dabón y María del Mar Angarita Mosquera, de acuerdo con la lista de admitidos para ese período (fl. 65, c. de pruebas).

(48) Folios 104-105, cuaderno de pruebas.

(49) Inicialmente los cupos correspondieron a Carolina Andrea Arroyave Ramírez y a Mario Ernesto Cruel Estaban, pero fueron redistribuidos, dado que la primera ingresó al programa como estudiante regular por su puntaje ponderado y el segundo no efectuó el proceso de matrícula. De ahí que los cupos especiales fueron asignados a Rubén Darío Mosquera Monroy (3º puesto especial) y a Cristian Camilo Acevedo Orozco (4º puesto especial) (fls. 103 y 106, c. de pruebas y fls. 143 y 147 del CD anexo a fl. 119).

(50) Folios 65- 85, cuaderno de pruebas.

(51) Folio 71, cuaderno de pruebas.

(52) Folios 86-102, cuaderno de pruebas.

(53) Folios 95, cuaderno de pruebas.

(54) Folios 103-106, cuaderno de pruebas.

(55) Folio 119, cuaderno de pruebas.

(56) Folios 116-117, cuaderno de pruebas.

(57) Folio 118, cuaderno de pruebas.

(58) Folios 65- 85, cuaderno de pruebas.

(59) Folio 71, cuaderno de pruebas.

(60) Folios 86-102, cuaderno de pruebas.

(61) Folios 95, cuaderno de pruebas.

(62) La jurisprudencia precisó cuatro elementos esenciales que permiten determinar si en un caso concreto se presenta esta figura: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición persona de natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales; (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa; (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental; y, (iv) La obligación del juez constitucional de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción. Ello, en razón a la necesidad de controvertir la presunción de buena fe que, de acuerdo con el texto constitucional, cobija las actuaciones de los particulares. Ver, entre otras, sentencias T-975 de 2011, T-1185 de 2005; T-407de 2005; T-212/05; y T-184 de 2005.

(63) Sentencia T-096 de 2011.

(64) Folio 71, cuaderno 1.

(65) Folios 65-85, cuaderno 1.

(66) Folio 83-85, cuaderno 1. “que en el caso planteado por la señora Marlenys Hurtado, donde se refiere a la aspirante (..), recalca que su puesto como aspirante regular fue el 501, y como aspirante especial ocupó el puesto 10, que su categoría fue la de Mejor Bachiller ciudad no capital, para lo cual se destinan 8 cupos, y que la razón por la cual la mentada aspirante y el señor (…) (Puesto especial 9 y regular 458) aparecen en el segundo llamado, es porque debieron reasignarse los cupos de los aspirantes (…), tal y como aparece en el acta de publicación del segundo llamado para el programa de medicina del 16 de diciembre de 2014”.

(67) Fl. 4, cuaderno 1.

(68) Folio 22, cuaderno 1.

(69) Folio 54, cuaderno 1.

(70) La primera acción de tutela fue interpuesta en diciembre de 2014 y la segunda en mayo de 2015. El hecho vulnerador relativo al curso intersemestral, es decir el retiro, ocurrió el 6 de julio de 2015.

(71) Sobre esta caracterización, la Corte ha sostenido que la educación:“(E)s considerada en primer lugar, como derecho de todas las personas que guarda una estrecha relación con la posibilidad de garantizar el desarrollo de los individuos y a su vez es un servicio público con función social, vigilado e inspeccionado por el Estado con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus fines, su calidad, permanencia y las condiciones necesarias para garantizar su acceso. Así las cosas, se entiende que el Estado, en relación con el derecho fundamental a la educación, debe propender a su prestación en forma adecuada, no solo por tratarse de un derecho fundamental que está obligado a garantizar, sino también, porque su obligación se encamina a crear y desarrollar mecanismos que garanticen este derecho, además de fomentar y permitir el acceso al mismo. (…). Sentencia T-1026 de 2012.

(72) Sentencia T-1026 de 2012.

(73) La jurisprudencia constitucional ha instituido que el carácter fundamental de un derecho no está dado exclusivamente por su consagración en la Carta Política, sino por su relación intrínseca con la dignidad humana. Con fundamento en ello, ha otorgado ese carácter al derecho a la educación, cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 superior; o adultos en relación con el acceso a la educación de nivel de básica primaria (Sentencia T-743 de 2013 y T-428 de 2012).

(74) Sentencias T-068 de 2012, T-845 de 2010, T-321 de 2007, T-689 de 2005, T-780 de 1999.

(75) “ART. 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. // Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita (…)”.

(76) “Por el cual se organiza el servicio público de la educación superior”.

(77) Este es el Decreto Único Reglamentario del sector educación, que reglamenta la educación superior en el libro 2. Régimen reglamentario del sector educativo, parte 5. Reglamentación de la educación superior. Publicado en el Diario Oficial 49.523 el 26 mayo de 2015.

(78) Sentencias T 465 de 2010 y T-642 de 2001.

(79) Sentencia T-153 de 2013.

(80) De acuerdo con la Sentencia T-356 de 2011: “Estos fueron planteados por primera vez en el informe preliminar presentado a la comisión de derechos humanos por la relatora especial sobre el derecho a la educación el 13 de enero de 1999 y han sido acogidos tanto por el comité de derechos económicos, sociales y culturales en su observación general Nº 13 sobre el derecho a la educación, como por esta Corte en varias de sus sentencias con fundamento en la figura del bloque de constitucionalidad”. Cfr. Sentencias T-153 de 2013, T-306 de 2011, T-787 de 2006, T-550 de 2007, T-805 de 2007 y T-1227 de 2005, entre otras.

(81) Titilo II, capítulo 2 de la Constitución Política de Colombia. “derechos sociales económicos y políticos”, en el inciso 5º del Artículo 67: (…) garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (…) Con respecto a la disponibilidad o la asequibilidad del servicio, la Sentencia T-1259 de 2008 la explicó cómo “(…) la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas para ponerlas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso a este sistema, lo que implica, entre otras cosas, el deber de abstenerse de impedir a los particulares fundar colegios, escuelas o cualquier tipo de centro educativo y la necesidad de asegurar la inversión en infraestructura para la prestación de este servicio (…)”;

(82) Pacto Internacional de Derechos Humanos. (en adelante Pidesc). Artículo 13 “1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados partes en el presente pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; (…)” En el mismo sentido, los artículos 41 y 42 del Código de Infancia y Adolescencia, contemplan las obligaciones del Estado y de las instituciones educativas frente al derecho a la educación de los menores. Entre estas, se señala en los numerales 1º y 2º del Artículo 42 las siguientes: Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia y brindar una educación pertinente y de calidad.

(83) Al respecto en la Sentencia T-290 de 2006, la Corte estudió el caso de una niña a la que le negaban el cupo para el grado décimo, después de haber cursado los grados 7° y 8° en ese colegio, porque era de monjas y la menor era gestante soltera. Estimó la Corte, en esa oportunidad que “La efectividad del derecho fundamental a la educación exige que, en primer lugar, se tenga acceso a un establecimiento que la brinde y que, una vez superada esa etapa inicial, se garantice la permanencia del educando en el sistema educativo.

(84) Sentencia T- 433 de 1997. En esta oportunidad la Corte al revisar el caso de varios estudiantes de medicina que solicitaban el amparo del derecho a la educación que consideraban había sido vulnerado por la universidad como quiera que habían tenido un débil y deficiente proceso de formación práctica, no acorde con los objetivos del mismo según los reglamentos vigentes, desarrolló el componente de calidad en la educación y señaló: “Una educación de baja calidad, soportada en procesos de formación débiles y carentes de orientación y dirección, no solo afecta el derecho fundamental a la educación de quien la recibe, sino el derecho de la sociedad a contar con profesionales sólidamente preparados que contribuyan con sus saberes específicos a su consolidación y desarrollo, mucho más cuando provienen de instituciones públicas financiadas por el Estado”.

(85) Sentencia T-1026 de 2012.

(86) “ART. 67.—La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.// La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. // El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. // La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. // Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. // La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley (…)”.

(87) Literal b del artículo 11 de la Ley 115 de 1994.

(88) SentenciaT-068 de 2012. “(S)i bien éste último no tiene una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las personas a la educación superior, sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema educativo”.

(89) Al respecto, La Corte ha afirmado que la progresividad se manifiesta en: “i) la obligación del Estado de adoptar medidas, en un plazo razonable, para lograr una mayor realización del derecho, de manera que la simple actitud pasiva de éste se opone al principio en mención (aquí encontramos la obligación del Estado de procurar el acceso progresivo de las personas a las universidades, mediante la adopción de ciertas estrategias, dentro de las cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía de que progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio se vayan ampliando); (ii) la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido” (Sentencia T-068 de 2012.). También ver sentencias T-423 de 2013 y T-375 de 2013, T-1026 de 2012, T-068 de 2012, entre otras.

(90) Ídem.

(91) “1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. (…)” https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf

(92) “ART. 13.—1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. (…) 2. Los Estados partes en el presente pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente (…)” (subrayado fuera de texto).

(93) Numeral 18 del artículo 2º del Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009.

(94) De acuerdo con el artículo 2º de la Ley 1002 de 2005, el Icetex “tendrá por objeto el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.

(95) La jurisprudencia constitucional ha instituido que el carácter fundamental de un derecho no está dado exclusivamente por su consagración en la Carta Política, sino por su relación intrínseca con la dignidad humana. Con fundamento en ello, ha otorgado ese carácter al derecho a la educación, cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 superior; o adultos en relación con el acceso a la educación de nivel de básica primaria (Sentencias T 743 de 2013 y T-428 de 2012).

(96) Sentencias T-365 de 2015, T -854 de 2014, T-774 de 2013, T-068 de 2012, T-056 de 2011, T-845 de 2010, T-321 de 2007, T-689 de 2005, T-780 de 1999, entre otras.

(97) En esa oportunidad la Corte estudió si las entidades demandadas vulneraron el derecho fundamental de educación del actor, como quiera que el Icetex le había manifestado que no seguiría realizando los desembolsos para el financiamiento de la carrera profesional que cursa, por falta de recursos en el fondo constituido por el municipio para para el financiamiento de estudios superiores de los bachilleres destacados de esta municipalidad. Para resolver el caso, consideró que (i) el crédito se confirió para cursar una carrera profesional completa, de manera que la interrupción en los desembolsos lesionan las expectativas que legítimamente fundó y atentan contra su derecho a la educación, (ii) la falta de apropiación de recursos suficientes del municipio no es óbice para cumplimiento del financiamiento, no puede generar efectos adversos sobre los beneficiaros de los créditos de manera que se amenace la permanencia en el plantel educativo y el cabal ejercicio del derecho fundamental a la educación. Por lo anterior, resolvió amparar el derecho a la educación por confianza legítima, puesto que el crédito pretendía cubrir el costo de la carrera y no una parte.

(98) Sobre esto mismo, en Sentencia T-202 de 2000 se dispuso que “es indudable que el derecho a la educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su núcleo esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades. Esta corporación, también ha estimado que este derecho constituye un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. La educación está implícita como una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre. La educación, además, realiza el valor y principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y en los artículos 5º, 13, 67, 68 y 69 de la C.P. En este orden de ideas, en la medida que la persona tenga igualdad de probabilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efecto de realizarse como persona”.

(99) Al respecto, la educación universitaria debido a su interdependencia con otros derechos como la proyección social del ser humano, la dignidad y la equidad salarial posee una especial importancia. La Sentencia C-006 se refiere a ello en los siguientes términos: “La consagración de Colombia como un Estado Social de Derecho, implica la consolidación de una estructura político-administrativa al servicio de la sociedad, en la cual priman los propósitos de justicia y equidad, los cuales se desarrollarán sobre el presupuesto del respeto a la diversidad y a la diferencia de los individuos que la conforman; en dicho esquema, el conocimiento, la cultura y el acceso a los desarrollos de la ciencia y la tecnología, se constituyen progresivamente en bienes cada vez más necesarios para el desarrollo integral de los individuos y por ende de la sociedad; ello, a su vez, le otorga a la educación la condición de derecho fundamental de las personas, y a los establecimientos que la brindan, el carácter de oferentes de un servicio público, por cuya calidad y pertinencia debe velar el Estado. En este contexto, las universidades, son entendidas como centros de producción y adecuación del conocimiento, cuyo quehacer se traduce fundamentalmente en las labores de docencia, investigación y extensión, entendida esta última como la función dirigida a articularlas con la sociedad de la cual hacen parte”.

(100) Otros casos en los que la Corte ha ponderado la garantía de la autonomía universitaria con los derechos fundamentales de los estudiantes: T-531 de 2014, T-056 de 2011, T-689 de 2009, T-768 de 2009, T-886 de 2009, T-1159 de 2004, T-156 de 2005, T- 669 de 2000, entre otras.

(101) Sentencia T-703 de 2008.

(102) Sentencia T-850 de 2014.

(103) En esa ocasión, unos aspirantes a grado interpusieron la acción de tutela contra la institución superior a la que estaban adscritos. Consideraron que al pedirles una certificación acreditar el conocimiento de un segundo idioma expedida por una entidad que cuente con certificación Icontec, se les estaba imponiendo un nuevo requisito para el grado y el acceso a las prácticas sociales obligatorias. Explicaron que la universidad había aceptado certificados de las entidades que les certificaron la aprobación de ese requisito en semestres anteriores, pero a que a ellos no se las validaron.

(104) Cfr. Sentencia T-531 de 2014.

(105) Cfr. Sentencias T-365 de 2015, T- 068 de 2012, T-248 de 2008 y C-478 de 1998.

(106) Sentencias T-164 de 2012, T-037 de 2012, T-850 de 2010 y T-845 de 2010, entre otras.

(107) En los términos de la Sala Séptima de revisión: “su conducta generó en la estudiante la confianza de que los pagos se venían haciendo con normalidad. Esto se materializa en el hecho de permitirle seguir cursando las materias del programa académico de diseño industrial, pese a que el Icetex no le estaba desembolsando el dinero correspondiente a los dos períodos académicos del 2005. En efecto, la estudiante se creó la expectativa legítima de que ante un incumplimiento en el pago de los semestres que cursaba, la universidad no prestaría sus servicios, pues ésta es la forma en que habitualmente proceden las instituciones educativas”.

(108) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó declaró la nulidad de todo lo actuado por el juzgado primero promiscuo de familia de Quibdó, que profirió la Sentencia 003 del 13 de enero de 2015.

(109) Folios 65-85, cuaderno de pruebas.

(110) Folio 71, cuaderno de pruebas.

(111) ¿Vulnera una universidad el derecho fundamental a la educación de un estudiante que obtuvo un cupo no previsto por el reglamento interno por una orden de tutela, cuando lo desvincula y no lo deja terminar un curso intersemestral, bajo el argumento que dicha resolución estaba limitada a que cursara un solo período académico, a pesar de que por un error administrativo no se percataron y lo dejaron avanzar el estudio?

(112) “En ningún caso un estudiante de los programas formales de educación superior de la universidad podrá inscribir actividades académicas opcionales, electivas u obligatorias en la modalidad de estudiante especial, bien sea que se encuentre matriculado, en reserva de cupo o que esté excluido por bajo rendimiento” (subrayas fuera del texto original).

(113) “La inscripción de actividades académicas es el acto por el cual el estudiante registra las actividades académicas que va a cursar durante el respectivo período, de acuerdo con el calendario aprobado con base en el plan de estudios de cada programa. (…) Parágrafo 2. En los demás casos (inscripción para materias distintas a las del primer semestre) la inscripción de las actividades será responsabilidad del estudiante y la realizará directamente en el sistema de información académica, previa asesoría del Director o Coordinador del programa respectivo, sin que le genere costo adicional al estudiante” (subrayas fuera del texto original).

(114) Fl. 31, cuaderno 1.

(115) Comprobante de pago del al curso intersemestral por parte del agenciado (fl. 32, c. 1).

(116) Fl. 42.

(117) Artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.

(118) Sentencias T-365 de 2015, T -854 de 2014, T-774 de 2013, T-068 de 2012, T-056 de 2011, T-845 de 2010, T-321 de 2007, T-689 de 2005, T-780 de 1999, entre otras.

(119) El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Educación Nacional, creó el programa Nacional de Ser Pilo Paga, que busca fomentar la excelencia y calidad de la educación superior promoviendo el ingreso y permanencia de estudiantes. Este programa procura el acceso progresivo a la educación superior y facilita los mecanismos financieros para hacer posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior (Art. 69). Consiste en otorgar créditos condonables a bachilleres de hasta 20 años de edad, a través del Icetex, para financiar el 100% del costo de la matrícula de pregrado y el sostenimiento del estudiante. Este último valor oscila entre 1 y 4 smlmv de conformidad con el artículo 4 del reglamento operativo. En el caso particular, el agenciado recibe 4 smlmv porque requería desplazarse del lugar de residencia de su núcleo familiar (Quibdó) a la ciudad (Manizales) donde cursaría sus estudios y no corresponde a áreas metropolitanas.
Para ello, dichas entidades suscribieron el convenio interadministrativo del 23 de octubre 771 de 2014, cuyo objeto era “aunar esfuerzos (…) para fortalecer estrategias que permitan fomentar la excelencia y calidad de objeto de la educación superior a estudiantes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas pro saber 11 del año 2014 y en adelante” (fl. 151). Con base en él, también convinieron: (i) el Contrato 77 del 16 de enero 2015 mediante el cual se creó el fondo de administración de recursos de la nación denominado Ser Pilo Paga y se otorga su manejo al Icetex; y (ii) el reglamento operativo de créditos condonables para la excelencia de la educación superior.
Las condiciones del crédito están definidas principalmente en el capítulo V del reglamento operativo. En su artículo 17 prevé que el crédito “se garantizará por un período equivalente al número de períodos del programa académico, según la duración establecida para el mismo y de conformidad a la disponibilidad presupuestal del fondo”. Aunado a lo anterior, la condonación se encuentra sujeta a la “previa certificación de la institución de educación superior al Icetex, de la graduación del beneficiario del programa académico objeto del crédito aclarado los datos básicos del mismo, el número y fecha del acta de grado” y sólo podrá ser autorizada por la junta administradora del fondo de administración del programa Ser Pilo Paga (art. 27).
De lo anterior, se infiere que el crédito sea condonable siempre que el estudiante se gradué en el tiempo regular del programa al que se inscribió.
Así mismo, el reglamento vaticina que es posible que el beneficiario curse la carrera en el tiempo mayor al previsto debido a que perdió un semestre o lo aplazó, lo que podrá hacer por máximo por dos semestres académicos durante la duración del programa (art. 17).
Así las cosas, cuando el beneficiario (i) no cumple con los requisitos de condonación del crédito dentro del plazo establecido o (ii) superó los períodos académicos del programa deberá cancelar al Icetex (art. 19 del reglamento operacional del programa Ser Pilo Paga), en pesos colombiano y cuotas mensuales, la totalidad de las sumas recibidas, los intereses generados durante la época de amortización en caso de incumplimiento de las condiciones de condonación (art. 24).
En concordancia con el principio de progresividad y de autonomía de las universidades, el programa se ideó para conceder un determinado número de créditos condonables de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y en respeto de la independencia de cada institución de educación superior para evaluar las aspiraciones de ingreso de cada aspirante de acuerdo con sus propios procedimientos y requisitos de admisión.
En armonía con lo anterior, las dos convocatorias efectuadas hasta el momento fijan tres criterios específicos para ser beneficiario de esta prerrogativa. Los aspirantes deben: (i) ser admitidos por las universidades acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, según los criterios y reglamentos de estas; (ii) obtener un puntaje de calificación del Sisbén dentro de un margen determinado a partir del área de residencia verificado con base en la encuesta de calidad de vida del 19 de septiembre 2014. Adicionalmente, (iii) deben conseguir un puntaje destacado en la prueba Saber 11: para la primera convocatoria debía ser superior a 310 en la prueba presentada el 3 de agosto de 2014, mientras que la segunda convocatoria requería un puntaje mayor a 318 puntos en la prueba del 19 de septiembre de 2014 (fl. 134, c. de pruebas).
En este orden de ideas, es imperativo cumplir con los requisitos esbozados para ser beneficiario del programa Ser Pilo Paga, ya que de lo contrario se estaría menoscabando el derecho de igualdad y al debido proceso de los demás aspirantes.

(120) De acuerdo con el convenio interadministrativo especial de cooperación institucional 544 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el Icetex, se trabaja por el fortalecimiento de la financiación de la educación superior e incentivar la permanencia en el sistema de educación superior.

(121) Págs. 14-15, “Políticas públicas para el avance de la población afrocolombiana: revisión y análisis”. Esta es una publicación del proyecto regional “Población afrodescendiente de América Latina” del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). http://www.afrodescendientes-undp.org/FCKeditor_files/File/PP_AVANCE_POB_AFROCOLOMBIANA.pdf

(122) Entre otras, recomendó: Fortalecer la oferta de programas de alfabetización con enfoque cultural; Promover prácticas de lectura y el acceso a las nuevas tecnologías educativas; Asignar cupos en los mejores colegios públicos y cupos-becas en los colegios privados; Incluir el enfoque étnico en los currículos de las facultades de educación; Mejorar la calidad educativa en las instituciones que atienden a la población afrocolombiana; Promover el conocimiento general sobre la diversidad étnica; Fortalecer el sistema de implementación y monitoreo de la política etnoeducativa; Definir cupos para estudiantes afrodescendientes en universidades e instituciones de educación superior; Fortalecer los centros regionales de educación superior (Ceres); programas de tutoría a estudiantes afrodescendientes en universidades e instituciones de educación superior; Becas en universidades privadas que incluyan recursos para el sustento de los estudiantes; Fortalecer el fondo de becas para estudios en el exterior (posgrados); Reestructurar el fondo de préstamos condonables del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex); entre otras. Ídem, pág. 39.

(123) Esto sin perjuicio de la mejoría en el índice de progreso de la educación superior del departamento del 13,2% entre 2012 y 2013. Informe “Educación superior 2014 - síntesis estadística departamento de Choco”. http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_choco.pdf

(124) Folio 16, cuaderno de pruebas.

(125) Folio 55, cuaderno de pruebas.

(126) Folio 38, cuaderno de pruebas.

(127) Art. 17, reglamento operativo del programa Ser Pilo Paga.

(128) Folio 33, cuaderno de pruebas.

(129) Folio 52, cuaderno de pruebas.

(130) Así mismo, la Sala advierte que es contradictorio que una condición de naturaleza económica sea óbice para limitar el acceso a la educación superior, cuando el ministerio ha otorgado un crédito beca para ello.

(131) Ídem.

(132) Folio 16, cuaderno de pruebas.