Sentencia T-014 de enero 20 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

PAGO DEL SALARIO

MEDIANTE CONSIGNACIONES BANCARIAS

EXTRACTOS: «La petente, funcionaria del Ministerio de Educación Nacional, expresa su inconformidad con la determinación de la directora general administrativa de tal ministerio, según la cual los funcionarios deben abrir cuentas en el Banco Popular, sucursal CAN, para consignarse en ellas los sueldos de los trabajadores.

El Convenio 95 de la OIT indica las formas como pueden pagarse los salarios:

“Artículo 3º

1. Los salarios que deben pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal, y deberá prohibirse el pago en pagarés, vales, cupones o en cualquier otra forma que se considere representativa de la moneda de curso legal.

2. La autoridad competente podrá permitir o prescribir el pago del salario por cheque contra un banco o por giro postal, cuando este modo de pago sea de uso corriente o sea necesario a causa de circunstancias especiales, cuando un contrato colectivo o un laudo arbitral así lo establezca, o cuando, en defecto de dichas disposiciones, el trabajador interesado preste su consentimiento”.

Podrá decirse que estando permitido el pago por cheque o por giro postal no habrá motivo para considerar anormal el pago mediante consignación en la cuenta bancaria del trabajador. Esto no contradice al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 139, que ordena “el salario se paga directamente al trabajador o la persona que él autorice por escrito” porque el banco es un simple intermediario y quien puede manejar el dinero es el titular de la cuenta.

En la hipótesis de que la forma de pago de que se ha venido haciendo mención contraviniera alguna norma legal, el trabajador puede usar las acciones ante el contencioso-administrativo, caso en el cual no puede hablarse de la tutela como mecanismo transitorio porque no hay perjuicio irremediable por cuanto no sólo cabe la suspensión provisional sino que el trabajador puede momentáneamente aceptar la forma de pago mientras la justicia decide.

Por supuesto que la señora que instauró la tutela no se refiere tanto a la protección del sala-rio como a lo que ella considera un atentado a su libertad obligarla a abrir una cuenta bancaria. Y, en el otro extremo, la directora administrativa del Ministerio de Educación invoca el orden como razón suprema de la determinación. Estas posiciones exigen algunas precisiones:

La libertad que protege la Constitución Política no puede confundirse con la defensa de todos los deseos de un ser humano. Exigir por medio de la tutela el cumplimiento de los anhelos, con el argumento de que los ordena-mientos que no nos gustan o que implican alguna dificultad significan un atentado a la libertad, es un esquema insostenible que convertiría a la acción de tutela en algo que escapa a la razón jurídica y llevaría el ejercicio del derecho al terreno de la anarquía.

La libertad que protege la Constitución es aquella que le permite al hombre realizar su individualidad dentro de una sociedad.

Las contingencias individuales no le pueden quitar valor a los compromisos que permiten la armonía social.

Es razonable buscar formas de pagar un salario a través de un banco, estando, como en el caso que motiva esta tutela, ubicada la agencia bancaria cerca al lugar de trabajo y no ocasionando costos al trabajador. La molestia porque en el banco la atención es “demorada” como dice la actora en su memorial de impugnación, no significa violación a un derecho fundamental.

El mismo Convenio 95 de la OIT dice que están prohibidas las limitaciones a la libertad de DISPONER del salario (art. 6º) y la Recomendación 85 numeral III exige al empleador comunicarle al trabajador “el lugar de pago”.

Todo lo anterior permite concluir que la forma de pago adoptada no viola ningún derecho fundamental porque una cosa es la manera de hacerle llegar al asalariado el sueldo y otra muy distinta impedirle a él que disponga de la retribución recibida. Por supuesto que todo esto debe manejarse sin que se ocasione algún abuso que torne difícil la recepción del salario, pero éste no es el caso que motiva esta tutela, entre otras cosas porque anteriormente el ministerio cancelaba por intermedio de otro banco en el mismo CAN, luego no se ve la razón para que la actora proteste por el cambio de entidad bancaria.

Pero, sea o no controvertible la legalidad de la mencionada forma de pagar el salario, de todas maneras la trabajadora tiene derecho a reclamar y el ejercicio de este derecho, bien sea directamente ante el superior o como acción de tutela, no puede ser en ningún momento reprochado. Y, la directora administrativa del Ministerio de Educación, invocando el ORDEN, no puede amenazar con sanciones a la trabajadora discrepante porque, en primer lugar, cuando se presentan estas situaciones las normas laborales hablan de pago por consignación, y, en segundo lugar, la actitud de la directora demuestra una estructura rígida del manejo del poder, que no permite cualquier crítica a sus decisiones, convirtiendo la orden en el propio fin de la administración y no, como debe serlo, en un simple instrumento; la directora con su intolerancia demuestra ausencia de capacidad de diálogo e irrespeto por los derechos del otro. Que quede muy claro que no se puede invocar los reclamos y el fallo en contra del amparo reclamado como pruebas para una sanción».

(Sentencia T-014 de enero 20 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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