Sentencia T-142 de abril 20 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

PROCESO DE TUTELA

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

EXTRACTOS: «Es cierto que el Decreto 2591 de 1991 no regula expresamente la contestación de la demanda, como una etapa procesal perfectamente delimitada dentro del proceso de tutela. No obstante, en varias de sus previsiones se determina que la parte demandada la constituye la autoridad o el particular autor de la violación o de la amenaza de transgresión del derecho constitucional fundamental, a la que se le debe vincular al proceso, mediante la notificación respectiva, obviamente con el propósito de que pueda ejercitar su derecho de defensa, pudiendo, en consecuencia, exponer las razones por las cuales se opone a las pretensiones de la demanda, solicitar la práctica de pruebas, impugnar la decisión y, en general, realizar todos los actos procesales propios de quien es citado como parte en un proceso (D. 2591/91, arts. 1º, 5º, 13, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32).

Tratándose de un proceso que implica un control concreto de constitucionalidad, que sirve de cauce al ejercicio de una acción —la tutela— que es sí misma un derecho fundamental e instrumento para la protección de derechos igualmente fundamentales, son de rigurosa observancia los principios básicos del debido proceso contemplados en el artículo 29 de la Constitución. De tal suerte, que el derecho de defensa y contradicción, que conlleva a la ejecución de actos procesales tales como, ser oído, aportar pruebas, controvertir las que se aleguen en su contra, e impugnar las correspondientes decisiones, es algo consustancial con la calidad de parte procesal y con la observancia del debido proceso.

En las circunstancias mencionadas, no cabe duda que en ejercicio del derecho de defensa y de contradicción en el proceso de tutela la autoridad pública demandada puede contestar la demanda, solicitar la práctica de pruebas, impugnar el fallo adverso y, en general realizar todos los actos que son connaturales a quien actúa como parte procesal».

(Sentencia T-142 de abril 20 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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