Sentencia T-1426 de octubre 19 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA NOVENA DE REVISIÓN

BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NO ESTÁ INCLUIDA LA PERSONA DEL MISMO SEXO QUE HACE VIDA MARITAL CON EL AFILIADO

EXTRACTOS: «El artículo 163 de la Ley 100 de 1993 estipula que el plan de salud obligatorio tendrá cobertura familiar. Agrega que serán beneficiarios del sistema, entre otros, el compañero o compañera permanente del afiliado, siempre que la unión sea superior a dos años, sin detenerse en su sexo. Es el artículo 111 del Decreto 1889 de 1994, reglamentario del sistema de pensiones, el que dispone que para efectos de la pensión de sobrevivientes ostenta la calidad de compañero o compañera permanente la última persona, de sexo diferente al del causante, que haya hecho vida marital con él, durante un lapso no inferior a dos años.

En consecuencia resulta pertinente precisar que por compañero o compañera permanente, en los términos de la Ley 100, debe entenderse la persona de diferente sexo que convive con el afiliado, conforme a lo precisado por el Decreto 1889 de 1994 y no por lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, como va a explicarse:

De conformidad con el artículo 158 de la Constitución Política toda ley debe referirse a una misma materia, de tal suerte que no por la utilización de vocablos que aparentan amplitud es dable afirmar que en una ley destinada a regular las uniones maritales de hecho y su régimen patrimonial (6) , se encuentran disposiciones aplicables al sistema de seguridad social, porque mientras los mentados “efectos civiles” deben necesariamente circunscribirse al contexto mismo de la ley que los invoca: las relaciones patrimoniales existentes entre el hombre y la mujer que mantienen entre si unión permanente y singular, la Ley 100 de 1993 reglamenta el sistema de seguridad social erigido por la Constitución Política como servicio público de carácter obligatorio, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, unidad y participación en forma progresiva, de toda la población colombiana, circunstancia que de suyo excluye aplicarle a las disposiciones que regulan el acceso a dicho sistema precisiones propias de una institución de derecho privado (7) .

(6) En la sentencia C-098/96 la Corte sostuvo respecto de la materia de que trata la Ley 54 de 1990: “El texto de la ley responde al fin que explícitamente se trazó el Congreso al expedirla: reconocer jurídicamente la existencia de la “familia natural”, hecho social innegable en Colombia (“son más los hijos nacidos de las relaciones extramatrimoniales de sus padres que del matrimonio civil o religioso”) y fuente de los hijos “naturales” o “extramatrimoniales” —equiparados en la legislación civil—, con el objeto de establecer los derechos y deberes de orden patrimonial de los “concubinos”, y así llenar el vacío legal existente en una materia que interesa al bienestar de la familia y que no puede quedar al margen de la protección del Estado”.

(7) Entre otras T-7114/98 M.P. Fabio Morón Díaz.

Por idénticas razones, no sería dable afirmar que como la Ley 100 de 1993 no determina el sexo de quien ostenta la calidad de compañero permanente, cabría, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, aplicar la precisión —ya referida— utilizada por la ley para la conformación de la sociedad patrimonial de hecho porque, sabido es, y así lo ha sostenido la corporación, que la aplicación analógica requiere, de manera ineludible, no solo la existencia de un vacío legislativo sino que el asunto legislado que se pretende aplicar sea semejante al carente de regulación, de tal manera que el segundo caso permita el mismo raciocinio que el primero y —como quedó dicho—, la regulación de la situación patrimonial entre compañeros permanentes no pertenece al mismo orden en el cual se ubican aquellas normas que regulan la prestación de un servicio público como la seguridad social (8) .

(8) C-083/95 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

No obstante, para establecer qué se entiende por compañero o compañera permanente, en los términos del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, conforme lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 111 del Decreto 1889 de 1994, por cuya virtud se debe entender que el vocablo distingue a la última persona, de sexo diferente al del causante, que hizo vida marital con él. Lo anterior por cuanto al parecer de la Sala la ratio juris que acompaña a esta última disposición desarrolla el artículo 48 de la Constitución Política, en lo relativo a la necesidad de que el Estado diseñe mecanismos que permitan el acceso gradual de la población al sistema de seguridad social, en concordancia con la política social del Estado, con el propósito de que la asunción de riesgos responda a la posibilidad cierta de atenderlos.

5. El caso concreto

Corresponde a la Sala determinar si le asiste razón al accionante al invocar su derecho a vincular al sistema de seguridad social en salud a la persona del mismo sexo con quien hace vida marital, hace más de tres años, con el objeto de que se le preste la atención médica, que debido a su falta de recursos y a los altos costos que la enfermedad que padece demanda, está en imposibilidad de atender.

Al respecto, al parecer de la Corte, con las precisiones ya realizadas, corresponde confirmar la decisión del juez de instancia, puesto que si la Constitución Política prevé una ampliación gradual de la cobertura, subordinada a la existencia de los recursos que así lo permitan, ha de entenderse que la inclusión del compañero y compañera permanente, en calidad de beneficiarios, al sistema de seguridad social obedeció, en sus inicios, al imperativo constitucional de darle a la persona de distinto sexo, que hace vida marital con el afiliado, el mismo tratamiento que se le venía dando al cónyuge. Y que, la persona del mismo sexo, que hace vida marital con el afiliado, en cuanto no fue constitucionalmente asimilada al cónyuge, no puede acceder al sistema como beneficiario, porque las normas que rigen la seguridad social no lo tienen previsto.

Ahora bien, el principio constitucional de “universalidad”, impuesto al sistema de seguridad social por la Constitución Política, ha sido desarrollado por la Ley 100 de 1993 mediante la inclusión de la población en uno de dos regímenes: el contributivo o el subsidiado, de tal manera que ninguna persona pueda estar sin protección, como tampoco puede quedar doblemente protegida. Al primero acceden quienes se afilian mediante el pago de una cotización financiada por el afiliado o por éste y el empleador, al segundo se vinculan quienes no están en capacidad de cotizar, a través del pago de una unidad por capitación, subsidiada total o parcialmente con recursos fiscales o del fondo de solidaridad y garantía.

En consecuencia no le asiste razón al actor al invocar la protección de los derechos fundamentales de la persona con quien convive por haberse negado el seguro social a inscribirlo como beneficiario, en razón a que las entidades prestadoras de salud no pueden vincular al régimen contributivo a quienes no cumplen los requisitos legales previstos para el efecto. Y, además, porque su compañero puede vincularse y obtener la atención médica requerida en el régimen subsidiado. Vinculación que al parecer no ha sido solicitada».

(Sentencia T-1426 de octubre 19 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis).

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