Sentencia T-143 de abril 20 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-145.474

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Martínez Caballero

Accionante: Jaime Paz Benavides

Demandado: Instituto de Seguros Sociales.

Seccional Valle del Cauca.

Temas:

— Negativa al pago de pensión de Invalidez por incumplimiento patronal de aportes.

— Derecho constitucional al pago de pensiones en caso de protección al mínimo vital.

Santafé de Bogotá, D.C., veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho.

Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Fabio Morón Díaz, Vladimiro. Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

(...).

IV. Fundamentos jurídicos

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente, a través de esta sala de revisión, para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos del 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.

Asunto bajo revisión

2. Como primera medida debe precisarse que el juez de instancia concedió el derecho de petición del actor, pues a la fecha del fallo no se había dado respuesta oportuna y definitiva a una solicitud que elevó el accionante. Del material probatorio que se aportó al expediente se encontró que la petición ya fue resulta. Por consiguiente, la protección del derecho es improcedente, como quiera que hay carencia total de objeto. Por tal razón, se negará el amparo del derecho de petición.

3. Ahora bien, luego de la declaratoria del estado de invalidez como consecuencia de accidente de trabajo, el accionante solicitó la correspondiente pensión de invalidez. Después de tres años, el Instituto de Seguros Sociales negó la prestación, por cuanto a la fecha del accidente el empleador se encontraba en mora en el pago de los aportes por riesgos profesionales. El juez de instancia, negó la tutela porque consideró que no se vulneraron los derechos a la salud y a la vida del actor. Así mismo, agregó que existen otros medios de defensa judicial que hacen improcedente la acción de tutela.

Lo anterior evidencia que el problema jurídico que la Corte debe resolver es si el Instituto de Seguros Sociales debía exonerarse de la obligación de asumir el pago de la pensión de invalidez, por mora patronal en la entrega de aportes a la seguridad social, o si su negativa vulnera derechos fundamentales. Para ello, se deberán analizar tres aspectos: el primero relativo a si se trata de un derecho fundamental o de un derecho legal. El segundo punto, si la seccional Valle del Cauca del Instituto de Seguros Sociales debía negar la pensión de invalidez del peticionario por incumplimiento patronal de 16 días, a la fecha del accidente de trabajo. Y, finalmente se estudiará si, en el presente caso, la existencia de otros medios de defensa judicial hace improcedente la acción de tutela.

Excepcionalidad del carácter fundamental de la pensión de invalidez

4. La pensión de invalidez es un derecho de creación legal que deriva directamente de la Constitución (arts. 25, 48 y 53), con el cual se “busca compensar la situación de infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral, mediante el otorgamiento de unas prestaciones económicas y de salud, cuya característica fundamental es su condición de esenciales e irrenunciables”. En este contexto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional2 ha señalado que este derecho, que en principio es subjetivo ordinario, puede adquirir el rango de fundamental sólo en el evento en que se encuentre directa e inmediatamente relacionado con derechos que ostenten el carácter de fundamentales. La Corte así lo explica:

“El derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, o en su defecto de la indemnización sustitutiva, se encuentra en conexidad con el derecho a la vida, la integridad física, el trabajo y la igualdad, entre otros, por cuanto a través de dicha prestación, lo que pretende el Estado es dar cumplimiento al mandato constitucional que impone como deber el de garantizar a todos los habitantes “el derecho irrenunciable a la seguridad social”. Se garantiza el derecho a la vida, pues se reconoce en favor de quien ha sufrido merma en su capacidad laboral una suma de dinero mensual que le permita velar por su subsistencia, y en caso dado, por la de su familia, y además la integridad física por cuanto como consecuencia de su estado de salud y de sus limitaciones permanentes, el Estado le brinda una especial protección, además de la asistencia médica derivada de su situación personal; se garantiza el derecho al trabajo, ya que cuando el afectado no puede ofrecer al menos la mitad de su capacidad laboral, se le exime de su obligación social de trabajar, y a la vez se preserva su derecho en cuanto si recupera su capacidad, puede volver a desempeñarse en el ejercicio de sus actividades laborales”3.

En síntesis, el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez es un derecho fundamental por conexidad, el cual es susceptible de protección a través de tutela. Sin embargo, la configuración del derecho surge a partir de la verificación de requisitos legales, cuyo examen, en principio, no es materia del juez de tutela, pues sólo en caso de que existan implicaciones constitucionales dicho juez adquiere competencia.

5. Pues bien, en el caso sub iudice esta Sala considera que el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez que reclama el accionante es fundamental, por cuanto se encuentra en conexidad con sus derechos a la vida digna, la salud y el trabajo. En efecto, la condición de disminuido físico que dificulta el acceso al trabajo del actor, la carencia de recursos propios que le permitan la subsistencia y la necesidad de controles médicos más o menos frecuentes, le permite a esta Sala concluir que se está en presencia de un derecho fundamental por conexidad. Por lo tanto, se entra a estudiar si el no reconocimiento de la pensión de invalidez del solicitante vulneró sus derechos fundamentales.

Pensión de invalidez y períodos de mora patronal en el pago de la cotización

6. El reconocimiento y pago de las pensiones legales es un derecho constitucional de los trabajadores asalariados que goza de protección y garantía efectiva por parte del Estado, el cual, a su vez, deriva de una obligación legal y constitucional de afiliar y cotizar a la seguridad social, derecho que es irrenunciable (C.P., art. 48). Pues bien, de manera especifica, el Estado obliga al empleador a afiliar a sus trabajadores y a efectuar la totalidad de la cotización al sistema general de riesgos profesionales (D. 1295/94, arts. 16 y 21), de ahí que en caso de que suceda el riesgo, por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, la entidad administradora de riesgos profesionales que haya recibido, o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurra cualquiera de los sucesos, será responsable del pago de las prestaciones correspondientes (D. 1772/94, art. 6º).

7. No obstante lo anterior, resulta pertinente aclarar que en relación con el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez de trabajadores dependientes, se deben diferenciar dos momentos en el sistema general de riesgos profesionales, a saber: la afiliación y la cotización. La primera, es la manera de vincular a un trabajador al sistema, la cual es obligatoria y su inobservancia genera, además de sanciones pecuniarias y administrativas, la responsabilidad exclusiva del empleador de asumir el riesgo profesional. Mientras que la cotización es el medio para mantener la vinculación al régimen, la cual también es obligatoria, pero su incumplimiento no siempre implica la separación de aquel. En efecto, el artículo 16 del Decreto 1295 del 22 de junio de 1994 dispone que:

“El no pago de 2 o más cotizaciones periódicas, implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales, quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales”.

De lo anterior se colige que, una vez se efectúe la afiliación del trabajador, la entidad que asume los riesgos profesionales es responsable del pago del siniestro, siempre y cuando el empleador no se encuentre en mora de más de dos cotizaciones periódicas. Pues bien, la hermenéutica de la norma que se transcribió en precedencia, permite deducir que la mora patronal en el pago de menos de 2 cuotas no puede traducirse en negación de derecho a la pensión de invalidez al trabajador, como quiera que el Estado debe garantizar el cumplimiento del principio de efectividad del derecho “irrenunciable” a la seguridad social, para lo cual dispuso una serie de mecanismos judiciales y administrativos que permiten el cobro de las cuotas en mora (D. 1295/94, arts. 91 y 92).

8. Sumado a lo expuesto, para esta Sala resulta claro que es desproporcionadamente gravoso para el trabajador que éste tuviese que asumir sólo las consecuencias de omisiones ajenas a su culpa, por cuanto las “consecuencias legales de esa renuencia no pueden afectar el derecho fundamental del trabajador a la seguridad social”4. Mientras que la entidad administradora tiene a su disposición los medios jurídicos que le permite hacer exigible el pago de las cuotas patronales. Por consiguiente, la entidad administradora de riesgos profesionales no puede excusarse del pago de una prestación cuando el trabajador no se ha desafiliado del sistema, lo cual sucede, de acuerdo con la norma transcrita, después de dos meses de incumplimiento en el pago patronal.

En relación con las consecuencias del incumplimiento del empleador de afiliar a los trabajadores y cotizar oportunamente al Instituto de Seguros Sociales, la Corte expuso:

“Las vicisitudes que surjan de la aplicación de las normas que regulan las relaciones entre el seguro social y la empresa, para efectos de la determinación de la obligación concreta del pago del servicio..., quedan supeditadas a la prestación efectiva. Dicho en otras palabras, el interés legal relativo a la delimitación de las cargas entre el empleador y el seguro social, debe ceder frente al interés constitucional que consiste en la protección del derecho fundamental a la seguridad social de una persona que demanda este servicio en los términos de un mínimo vital”5.

9. Ahora bien, de acuerdo con el material probatorio que se allegó al expediente, el accidente de trabajo que produjo la invalidez del accionante sucedió el 16 de julio de 1994. El empleador cumplió con la obligación de cotizar por riesgos profesionales hasta el 30 de junio de 1994, pues a partir de esa fecha realizó los pagos en forma retrasada, como quiera que la cuota del mes de julio la canceló en agosto de ese año y la de agosto en septiembre de 1994. Posteriormente, el 21 de febrero de 1997, el ISS negó la prestación porque a la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo, la empresa no figuraba a paz y salvo en sus aportes. Como puede observarse, la mora de la cotización, que fue menor a dos cuotas, obliga al reconocimiento de todas las prerrogativas y obligaciones derivadas de la afiliación y, a su vez, el Instituto de Seguros Sociales conserva el derecho a exigir judicialmente el pago. Por lo tanto, el demandado desconoce que las consecuencias del incumplimiento del empleador no debían predicarse del trabajador y, con esta actuación, transgrede el derecho al pago de la pensión de invalidez que tenía el accionante que aún continuaba afiliado al sistema.

10. Una vez demostrado que la entidad demandada desconoció arbitrariamente un derecho fundamental, la Corte entra a analizar si, en el caso particular, la existencia de otros medios judiciales de defensa excluyen la procedencia de la acción de tutela.

Existencia de otros medios de defensa judicial para impugnar decisiones administrativas y eficacia del derecho a la seguridad social

11. Si bien le asiste razón al juez de instancia cuando sostiene que la vía procedente para definir la controversia que surge a partir de la negativa de la pensión de invalidez, es el proceso ordinario laboral y no la acción de tutela, también es cierto que el debate adquiere relevancia constitucional, cuando el medio judicial se torna ineficaz porque se amenaza el mínimo vital del accionante. En otras palabras, la controversia entre el Instituto de Seguros Sociales y el trabajador trasciende el mero plano legal para adquirir un carácter constitucional cuando se compromete la efectividad inmediata del derecho fundamental a obtener la pensión de invalidez de una persona disminuida físicamente.

En este orden de ideas, esta Sala reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional6 que ha señalado que el titular de un derecho fundamental en condiciones de debilidad manifiesta no está obligado a soportar la cargo que implica la definición judicial de la controversia, pues “la inminencia y gravedad del perjuicio y la urgencia e impostergabilidad de las medidas para impedir su consumación”7 hacen que en el presente caso deba concederse la tutela del derecho a la seguridad social del peticionario. En relación con la procedencia de la acción de tutela en casos en donde el no reconocimiento de la pensión de invalidez transgrede el mínimo vital, la Corte ha dicho:

Cuando la autoridad pública o el particular encargado de prestar los servicios inherentes a la seguridad social la vulneran, al privar arbitrariamente a una persona de la pensión de invalidez que le permite su digna subsistencia, están sometidos a la jurisdicción constitucional en cuanto amenazan de manera directa derechos constitucionales, por lo cual la controversia acerca de la correspondiente protección judicial no debe darse en el plano de la ley sino en el nivel superior de la normatividad fundamental. De allí que tenga validez en tales casos la acción de tutela, si falta un mecanismo ordinario con suficiente aptitud y eficacia para imponer de manera inmediata el debido respeto a los preceptos constitucionales8.

Así pues, someter a un litigio laboral al solicitante, le ocasiona un grave perjuicio y un desconocimiento de su derecho al mínimo vital, pues las condiciones de debilidad manifiesta, que incluso excede la urgencia que se presenta en caso de pensionados, demuestra una urgencia inminente que requiere el amparo inmediato de los derechos del solicitante de la tutela.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR el numeral primero de la sentencia de agosto 19 de 1997, proferida por el Juzgado 11 Penal Municipal de Cali. En su lugar, CONCEDER la tutela del derecho a la seguridad social en conexidad con los derechos a la vida digna, a la salud y al trabajo del señor Jaime Paz Benavides y, en consecuencia, ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales —Seccional Valle del Cauca— que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, revoque el acto administrativo que negó el derecho a la pensión de invalidez y se le reconozca tal prestación.

2. CONFIRMAR los numerales segundo y tercero de la sentencia de agosto 19 de 1997, proferida por el Juzgado 11 Penal Municipal de Cali.

3. COMUNICAR la presente sentencia al Instituto de Seguros Sociales —Seccional Valle del Cauca—, al actor de la tutela y al defensor del pueblo.

4. LíBRESE por secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

(1) Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.

(2) Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-056 de 1994, T-209 de 1995, T-292 de 1995, T-627 de 1997.

(3) Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 1995. M P. Hernando Herrera Vergara.

(4) Corte Constitucional. Sentencia T-072 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(5) Corte Constitucional. Sentencia T-005 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(6) Entre otras, pueden consultarse las sentencias de la Corte Constitucional T-05 de 1995, T-209 de 1995, T-287 de 1995 y T-045 de 1997.

(7) Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(8) Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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