Sentencia T-143 de febrero 28 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL 

Sala Séptima de Revisión

Sentencia T-143 de 2002 

Ref.: Exp. T-515729

Magistrado Ponente:

Eduardo Montealegre Lynett

Reiteración de jurisprudencia

Acción de tutela instaurada por José Libardo Jácome Chávez contra la secretaría local de salud y el municipio de Villavicencio.

Bogotá, febrero veintiocho de dos mil dos.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y demás disposiciones pertinentes y por la escogencia del caso por la Sala de selección.

2. Legitimación para incoar acción de tutela a nombre de persona incapacitada para ejercer su propia defensa.

En el caso que se analiza quien instaura la acción de tutela es el esposo de una persona que se encuentra en delicado estado de salud, y aquél pretende que se protejan los derechos de su padre.

Encuentra la Corte que en el presente evento está demostrada la imposibilidad del afectado para asumir su propia defensa, motivo por el cual se ajusta a las prescripciones del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, sobre la posibilidad de agenciar derechos ajenos.

3. Tratamiento de la jurisprudencia en el caso que se examina.

La Ley 100 de 1993 estableció dentro del sistema general de seguridad social en salud, el llamado régimen subsidiado, al cual deberán ser afiliadas todas aquellas personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de las cotizaciones a su cargo.

Al régimen subsidiado pertenecen las personas integrantes de los estratos 1 y 2, es decir, la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana, con especial énfasis: las madres durante el embarazo, parto, postparto y lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los artistas y deportistas, los trabajadores y profesionales independientes, los toreros y sus subalternos, los periodistas independientes, maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de pago.

Según la Sentencia SU-819 de 1999 (1) la administración del régimen subsidiado corresponde a las direcciones locales, distritales o departamentales de salud, las cuales suscribirán contratos de administración del subsidio con las entidades promotoras de salud que afilien a los beneficiarios del subsidio. Estos contratos se financiarán con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que se destinen para el efecto. La SU-819 de 1999 hace la siguiente caracterización.

(1) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

“b) El régimen subsidiado por su parte, es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al sistema general de seguridad social en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la Ley 100 de 1993”.

En el aspecto operativo, la Sentencia T-214 de 2000 enseña:

“La Constitución Política asignó a las entidades territoriales, en especial a los departamentos, municipios y distritos, la ejecución de la política social (C.P., arts. 298, 311, 356 y 357); en lo que hace a la política de carácter asistencial, su ejecución fue atribuida a los departamentos y municipios por la Ley 60 de 1993 por la cual se “garantiza que el gasto social se asigna a los grupos de población más pobres y vulnerables —cuyo artículo 30 obliga a estas entidades a adoptar un proceso de focalización para esto, el Compes social, define cada tres años los criterios para la determinación, identificación y selección de beneficiarios y para la aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales”.

Es importante agregar que para estar en el Sisben el usuario se somete a un trámite fijado por el artículo 213 de la Ley 100 de 1993 que dice:

“Beneficiarios del régimen. Será beneficiario del régimen subsidiado toda la población pobre y vulnerable, en los términos del artículo 157 de la presente ley.

“El Gobierno Nacional, previa recomendación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definirá los criterios generales que deben ser aplicables por las entidades territoriales para definir los beneficiarios del sistema, según las normas del régimen subsidiado. En todo caso, el carácter del subsidio, que podrá ser una proporción variable a la unidad de pago por capitación, se establecerá según la capacidad económica de las personas, medida en función de sus ingresos, nivel educativo, tamaño de la familia, y la situación sanitaria y geográfica de su vivienda.

“Las personas que cumplan con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud como posibles beneficiarios del régimen de subsidios se inscribirán ante la dirección de salud correspondiente, la cual calificará su condición de beneficiario del subsidio, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto”.

La forma y condiciones como opera el régimen subsidiado aparece en el Acuerdo 77 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Allí se señala el procedimiento “para identificar a los potenciales beneficiarios de los subsidios y el mecanismo de selección de los beneficiarios; el procedimiento de afiliación a las administradoras del régimen subsidiado; y la contratación y ejecución de los recursos” (art. 1º).

Los mecanismos de identificación de los potenciales beneficiarios obedecen a un sistema de selección que se hace en los municipios, bajo la responsabilidad de la alcaldías, previa solicitud del ciudadano. Se procede a una encuesta, se hace la clasificación y el informe deberá ser remitido a las direcciones seccionales de salud. A su vez las direcciones locales, las personerías municipales, las veedurías comunitarias, las mesas de solidaridad y los consejos territoriales de seguridad social en salud verificarán no solamente que las personas identificadas son efectivamente las más pobres y vulnerables del municipio, sino que “Así mismo revisarán que se encuentren incluidas las personas que tendrían derechos a los subsidios” (art. 7º). Posteriormente, se hace una selección de beneficiarios para lo cual las alcaldías elaborarán la lista de potenciales afiliados al régimen subsidiado, priorizándose de conformidad con el puntaje. Dice en uno de sus apartes el artículo 9º del mencionado acuerdo que “igualmente es obligación de las entidades territoriales identificar a los limitados físicos, síquicos y sensoriales, mediante certificación expedida por la autoridad o institución que determine el alcalde”. Viene finalmente el período de afiliación a una ARS”.

También existen los participantes vinculados, respecto de quienes la Corte Constitucional en reciente Sentencia C-130 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería, se refirió así:

“Respecto de los denominados participantes vinculados que, dicho sea de paso son temporales y solamente se pueden vincular al sistema subsidiado, los define el artículo 157 ibídem, así: “son aquellas personas que por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado”. Las personas vinculadas tienen acceso a los servicios de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado, entre las cuales se encuentran las instituciones prestadores de salud IPS, mientras logran su afiliación al régimen subsidiado, como ya se ha anotado.

(...).”

Esta clase de participantes al sistema de seguridad en salud son transitorios, pero, no por ello constituyen un tercer régimen, como claramente se desprende del artículo 157 de la Ley 100 de 1993 que se refiere ya no a los regímenes de seguridad social en salud, sino a los “sujetos protegidos” denominándolos “participantes en el sistema de seguridad social en salud”, para señalar que, a partir de la vigencia de la citada ley, todo colombiano participará del servicio público esencial de salud que permite el sistema general de seguridad social en salud, de tal manera, que uno lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados. Esto es, que accederán a los servicios de salud sin que se encuentren afiliados o deban afiliarse a alguno de los dos (2) regímenes establecidos”.

4. Caso concreto.

Las características que exhibe este caso son las siguientes:

La persona a nombre de quien se interpone la tutela es beneficiaria del Sisben y en el nivel 2 de pobreza. Le urge la asignación de una administradora del régimen subsidiado ARS, para lograr así la atención integral en salud. Según los datos del expediente, la señora Gaviria está siendo atendida en el hospital departamental de Villavicencio por padecer cáncer de útero.

Se tiene entonces que se trata de una persona perteneciente al Sisben en el nivel 2 de pobreza, pero aún no tiene el respectivo carné, ni la asignación a una ARS. Sin embargo, según lo tiene definido la jurisprudencia de esta corporación, el hecho de carecer de estos requisitos, no impide que pueda hacer valer sus derechos fundamentales: “Una persona que ya está vinculada, así se le diga que es potencialmente beneficiaria, tiene derecho a que el Sisben principie a tratarla, el tratamiento iniciado no puede quedar trunco porque esto también atentaría contra la buena fe del beneficiario o potencial beneficiario. Esto hace parte del principio de la confianza legítima que permite conciliar, en ocasiones, el interés general y los derechos de las personas (2) . Esa confianza legítima se fundamenta en los principios de la buena fe (C.P., art. 83), seguridad jurídica (C.P., arts. 1º y 4º), respecto al acto propio (3) y adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado” (T-961/2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(2) Sentencia T-617 de 1995.

(3) Ver sentencia T-295 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Así pues, siguiendo la normativa legal y la jurisprudencia en mención, la asignación es una ARS está sometida a procedimientos administrativos que la Corte no puede ignorar ni pasar por alto, pero sí está obligada, desde su misión de garante de los derechos fundamentales a poner de presente que el accionante, estando ya dentro del sistema Sisben y como beneficiario del régimen subsidiado, puede exigir, aun sin el requisito del carné Sisben y la asignación de una ARS, la prestación de los servicios de salud a las entidades públicas que están en condiciones de subsidiar los servicios de salud que necesite. En estos precisos casos, también es necesario hacer efectivo el principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución y proteger el derecho a la salud y a la vida cuando se aprecian amenazados.

Y en efecto, según los datos de la demanda, la señora Gaviria Morales está siendo atendida en el hospital departamental, aún sin la asignación de una ARS lo que corrobora lo expuesto por la jurisprudencia en mención. El tratamiento contra el cáncer que padece debe seguir prestándose bajo las prescripciones médicas, sin que la continuidad del tratamiento se vea suspendida por condicionamientos relativos a trámites administrativos.

La Corte considera, como ya se expuso en los antecedentes de este fallo, que el proceso de carnetización no es el que otorga la prerrogativa (4) para gozar de los servicios de salud, en tanto este derecho, cuando se conecta con la vida, está garantizado en el artículo 49 de la Constitución Política y de apreciarse casos de enfermedades catastróficas o ruinosas, la atención en salud no puede postergarse por razones de orden administrativo o burocrático. En un caso ya fallado por esta corporación, se concedió la tutela, cuando ni siquiera se había obtenido el carácter de beneficiario del Sisben. Entre las razones esgrimidas entonces se dijo:

“No puede permitirse que la ineficiencia institucional, la desidia o el aplazamiento voluntario del servicio por parte de una entidad, pública o privada, se conviertan en el mecanismo para desconocer los derechos fundamentales de afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social en salud. El simple paso del tiempo no basta para que la entidad prestadora del servicio quede exonerada de las obligaciones surgidas durante la vigencia del respectivo contrato de afiliación” (T-387/2001. M.P., Rodrigo Escobar Gil).

Ahora bien, el diagnóstico admitido por el Instituto de Medicina Legal en relación a la salud de la señora Gaviria fue el siguiente:

“La paciente Sandra Aideé Gaviria Morales presenta según informe de citología, una displasia leve en el cuello uterino que amerita de manera prioritaria una colposcopia y biopsia dirigida para confirmar la presencia de lesiones que puedan predisponer al cáncer de útero y decidir conducta; pero en estos momentos no presenta enfermedad que ponga en peligro su vida.

Nota: La paciente Sandra Aideé Gaviria Morales, no tiene confirmado el diagnóstico de cáncer de útero en estos momentos, pero es una paciente de alto riesgo de cáncer de cuello uterino que necesita el examen mencionado”.

Se tiene entonces, que de acuerdo al dictamen médico, no existe gravedad manifiesta de la patología que aqueja a la accionante y por ello la Sala no aprecia vulneración del derecho a la salud en conexidad con la vida. Sin embargo, sí es claro el riesgo de generar un cáncer y ello amerita controles y prevenciones ininterrumpidos. Para ello, se prevendrá a la secretaría local de salud de Villavicencio para que inicie las diligencias necesarias para la carnetización en el Sisben de la señora Sandra Aydeé Gaviria Morales, y le asigne una ARS, de acuerdo a los cupos disponibles para ello, y teniendo en cuenta que existe riesgo de padecer una enfermedad catastrófica que debe ser atendida. Lo anterior sin perjuicio de que el hospital local de Villavicencio continúe con la atención en salud que ha dispensado hasta ahora a la actora.

V. Decisión

Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio.

2. PREVENIR a la secretaría local de salud de Villavicencio para que inicie las diligencias necesarias para la carnetización en el Sisben de la señora Sandra Aydeé Gaviria Morales y le asigne una ARS de acuerdo a los cupos disponibles para ello, y teniendo en cuenta que está en riesgo de padecer una enfermedad ruinosa cuya atención no puede ser suspendida.

3. Por secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

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