Sentencia T-160 de marzo 24 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

TRASLADO DE DOCENTES

EN CASOS DE AMENAZAS CONTRA SU VIDA

EXTRACTOS: «En esta oportunidad se plantea como aspecto sustancial y de fondo, la procedencia de la acción de tutela de los derechos constitucionales fundamentales para procurar el amparo judicial directo del derecho a la vida, cuando la persona se encuentra al servicio del Estado como educador, y por la misma razón ha sido víctima de amenazas contra su vida por grupos reconocidos de delincuentes que cuentan con abundantes recursos físicos y con armamento, como es el caso de las bandas armadas de guerrilleros y terroristas.

Para resolver se observa que en este caso se han pronunciado dos providencias judiciales de contenido diverso y que se contradicen entre sí, pues mientras la primera no accedía a la petición de tutela, la segunda la concedió sin cortapisa alguna; en efecto, la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, que para este asunto actuó como juez de primera instancia, no encontró fundamento para decretar la tutela reclamada y, en contrario, señaló que es deber del docente amenazado acudir por su cuenta y a instancias suyas a agotar un procedimiento administrativo, para efectos de obtener el traslado que necesita.

Observa la Corte Constitucional que, en estos casos, no se trata de una modalidad ordinaria de movimiento de personal que corresponda a la tradicional noción de traslado, propia del derecho administrativo, y en especial de la modificación de alguna de las situaciones administrativas en las que se encuentra o se pueda encontrar el servidor público, sino de una figura jurídica nueva que se ha desarrollado legalmente para efectos de asegurar una modalidad de amparo administrativo del derecho a la vida y a la integridad personal de los educadores nacionales, que deben atender zonas de riesgo por alteración del orden público, según lo advierte el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1645 de 1992. Por ello, las reglas de interpretación de la mencionada disposición no son las mismas que rigen la figura del traslado para asegurar movimientos de personal, y su aplicación debe atender a la finalidad que pretende el legislador, que no es otra que la de proteger y amparar la vida de los educadores amenazados en su vida e integridad personal.

Además, en este sentido, la Corte Constitucional comparte las consideraciones de la sentencia del H. Consejo de Estado que revocó la anterior providencia, en las que se manifiesta que es deber de la administración actuar con diligencia, celeridad y eficacia para decretar la reubicación del servidor público, que no se encuentra en condiciones de atender sus funciones en el lugar inicialmente asignado, porque su vida se halla en grave peligro; allí se advierte que la conducta de la Oficina Seccional de Escalafón del Ministerio de Educación Nacional, estuvo inicialmente alejada de la diligencia, celeridad y eficacia que le corresponde y como es su deber según lo dispone el Código Contencioso Administrativo, y por lo mismo las exigencias planteadas a la peticionaria son inadmisibles, de conformidad con una interpretación que atienda a la finalidad del legislador y del constituyente.

Visto lo anterior, esta Sala de la Corte Constitucional encuentra que asiste razón al H. Consejo de Estado al revocar la providencia de primera instancia y al fundamentar la sentencia en el argumento de la violación de los principios que rigen la actuación de las autoridades administrativas; empero, cabe observar, además, que en este caso se trata de un tipo específico de situación de hecho en la que se configura una grave amenaza contra el derecho a la vida del educador ubicado en una zona de evidente alteración del orden público, y no de una simple petición ordinaria de traslado dentro de los cuadros del servicio, para efectos del provecho o beneficio legal del funcionario, ni para atender las necesidades o los requerimientos técnicos o políticos de la Administración, lo cual supondría el trámite ordinario de la petición o el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales y reglamentarios previstos para situaciones normales.

No se trata tampoco de una situación en la que sea aceptable y eventualmente obligatorio asumir el riesgo sobre la vida, como es el caso de los agentes de seguridad o de investigación o instrucción penal, o de las mismas amenazas dirigidas contra los miembros de las Fuerzas Armadas, casos en los que por razones constitucionales y legales no se admite este tipo de solicitudes y de trámites especiales, ya que ese tipo de riesgos se asume expresa y conscientemente al afrontar la responsabilidad del cargo, y para su prevención y control el Estado dota a sus servidores, en organismos de seguridad y en las fuerzas armadas, de especiales recursos y capacidades; es, solamente, el caso de una maestra que se ha enfrentado en una actitud plausive a personas que quieren perturbar y alterar el servicio que se presta en las instalaciones físicas de una escuela pública a la que asisten niños menores de edad, lo cual, antes que reproche, encuentra reconocimiento legal y pleno fundamento constitucional.

Tampoco se trata de una situación apenas subjetiva de prevención o de miedo individual ni colectivo frente a una imaginaria situación de amenaza, que pueda ser superada inicialmente con valor personal y con entrega desprevenida; en este caso se trata de una educadora que ha demostrado sumariamente que su vida corre peligro en las mencionadas condiciones de gravedad y evidencia, lo cual hace que corresponda a la administración, y en especial a la autoridad nominadora, actuar ante la petición presentada, con la diligencia, eficacia y celeridad correspondientes con el fin de protegerla. Se observa que la mencionada funcionaria ha permanecido por más de 10 años radicada en el lugar de origen, y nada hace dudar de la seriedad y veracidad de sus aseveraciones, ni siquiera existe indicio que conduzca a poner en duda la sana intención de la petición de reubicación.

Es evidente que el Decreto Reglamentario 1645 de 1992 establece los mecanismos para la solución de la situación del personal docente y administrativo de los planteles nacionales y nacionalizados, que se encuentren bajo situación de amenaza, y que allí mismo se señala un procedimiento para provocar la reubicación del sitio de trabajo del educador, pero esto no significa que se deba conminar al educador a que permanezca en el lugar donde está siendo amenazado en su vida y en su integridad personal, y a que deba motu proprio acopiar el acervo documental reclamado, y a agotar personal y directamente todos los trámites o a recabar por su cuenta los conceptos y las recomendaciones administrativas, para obtener un visto bueno de la misma administración.

A juicio de esta Corte, en estos específicos casos, es deber de la administración provocar la reunión y el acopio de los documentos que en las distintas instancias de la misma se deben producir para decidir la reubicación; además, también es deber de la administración actuar con celeridad para que la amenaza al derecho a la vida no siga perturbando la actividad del educador y para que los compromisos laborales con la administración no sean obstáculo en la protección del derecho a la vida de éste. En realidad, la situación en la que se amenaza violar el derecho constitucional a la vida de la peticionaria no es creada por la autoridad pública, ni es atribuible a la voluntad positiva de aquella o de algún funcionario siquiera de modo remoto; por lo contrario, se trata de la existencia de un elemento de derecho público y de naturaleza administrativa que favorece la protección inmediata del derecho constitucional fundamental a la vida y a la integridad personal de los educadores amenazados (Decreto Reglamentario Nº 1645 de 1992); lo que sucede es que por la falta de celeridad de la administración en la actuación que le corresponde, y por virtud de la interpretación rígida y desfavorable que se aplica en aquellos casos de reubicación de educadores amenazados, se agrava la situación de amenaza de violación de tan importante derecho constitucional, lo cual justifica y hace necesaria la intervención del juez de tutela de estos derechos.

Por último, se advierte que en estos casos, la decisión de tutela debe dirigirse contra las autoridades nominadoras y no contra cualquiera otra autoridad administrativa, como ocurre en el asunto que se revisa, en el que se ordena al Gobernador de Santander proceder a decretar el traslado, sin ser aquél la autoridad nominadora; debe entenderse que la tutela se concede en relación con específicas actuaciones u omisiones de determinadas autoridades, y que el fallo respectivo no puede extenderse a otras entidades o autoridades no relacionadas de modo directo con la situación en la que se presenta la violación o la amenaza de violación del derecho fundamental».

(Sentencia T-160 de marzo 24 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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