Sentencia T-165 de abril 1º de 1997

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

DERECHO DE PETICIÓN

ANTE ENTIDADES PRIVADAS

EXTRACTOS: «Dispone el artículo 23 de la Constitución Política que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

La norma agrega que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Es decir, si bien por regla general las obligaciones correlativas al derecho de petición recaen sobre quienes ejercen autoridad —potestad de mando o decisión, según lo ha señalado esta Corte (cfr., Sala Plena, sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992)—, también son exigibles a los particulares, en los términos en que la ley lo disponga, con el propósito específico de asegurar que sean respetados los derechos fundamentales de las personas, el primero de ellos el de la vida (C.P., art. 11), que puede verse en grave riesgo si no es atendido de manera eficiente el de la salud. Éste, en la medida de esa interdependencia, participa del carácter fundamental de aquél, por conexión ,como resulta de la constante doctrina constitucional al respecto.

El artículo 1º del Código Contencioso Administrativo (D. L. 01/84), en cuyos artículos 5º y siguientes se regula el derecho de petición, ha fijado su propio campo de aplicación, dejando en claro que las normas de su primera parte —entre ellas las relacionadas con ese derecho fundamental— se aplicarán, además de los órganos, corporaciones y dependencias públicas allí enunciadas, a las entidades privadas cuando “cumplan funciones administrativas”.

La actuación administrativa, según señala el artículo 2º ibídem, tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.

El artículo 123 de la constitución deja en cabeza del legislador la determinación del régimen aplicable a los particulares que desempeñen funciones públicas y dispone que sea también la ley la que regule su ejercicio, mientras que el artículo 210 declara expresamente que los particulares pueden cumplir funciones administrativas —una especie de aquéllas—, en las condiciones que señale la ley.

Los servicios públicos —manifiesta el artículo 365 de la Carta—, inherentes a la finalidad social del Estado, podrán ser prestados por éste, directa o indirecta, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

En cuanto a la salud, indica el artículo 4º de la Constitución que su atención es un servicio público a cargo del Estado, al cual corresponde organizar, dirigir y reglamentar lo pertinente, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, así como establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.

El artículo 48 de la Carta señala a la seguridad social como servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

La misma disposición obliga al Estado, con la participación de los particulares, a ampliar progresivamente la cobertura de la seguridad social, que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley, y a renglón segundo añade: “La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley”.

Los capítulos II y III del título I del libro I del Código Contencioso Administrativo, que de acuerdo con todo lo anterior son plenamente aplicables a los particulares que prestan servicios públicos y, por supuesto, a los que tienen a cargo los de la salud y la seguridad social, regulan el derecho de petición, en interés tanto general como particular.

Así las cosas mediante esta normatividad se da desarrollo al artículo 23 de la Carta Política en cuanto a la exigibilidad del derecho de petición respecto de particulares, para la garantía de los derechos fundamentales, al menos en los campos enunciados. Por ello las EPS privadas y las compañías de medicina prepagada están cobijadas hoy por el mencionado precepto.

Obviamente, las entidades públicas que —como ocurre en este caso— prestan el servicio de la seguridad social están sujetas, por un doble motivo —subjetivo y funcional—, a las reglas sobre derecho de petición y contra ellas cabe la acción de tutela para defenderlo cuando es transgredido».

(Sentencia T-165 de abril 1º de 1997. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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