Sentencia T-166 de abril 1º de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-121467

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Santafé de Bogotá, D.C., primero de abril de 1997.

EXTRACTOS: «La garantía constitucional estriba en hacer efectivas las de orden legal que favorecen al trabajador, quien, indefenso ante el poder del patrono y en razón de sus apremiantes necesidades, podría consentir de manera forzada en renunciar a sus prerrogativas y derechos a trueque del beneficio de un pago pronto que lo saque de apuros.

Es ante esas perspectivas que el constituyente y el legislador quitan todo valor jurídico a las renuncias que provengan del trabajador y que recaigan sobre beneficios legales mínimos, con lo cual se afirma el carácter imperativo de las normas que los consagran y la defensa, a cargo del estado social de derecho, de la parte más débil en la relación contractual.

En cuanto a la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no puede olvidarse la pauta trazada por la jurisprudencia:

“La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional (C.P., art. 53). La entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia. La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a los intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan querido dar al contrato”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-555, dic. 6/94. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Este principio guarda relación con el de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas externas, consagrado en el artículo 228 de la Constitución en materia de administración de justicia.

Más que las palabras usadas por los contratantes para definir el tipo de relación que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los ojos del juez y por mandato expreso de la Constitución, el contenido material de dicha relación, sus características y los hechos que en verdad la determinan.

Es esa relación, verificada en la práctica, como prestación cierta e indiscutible de un servicio personal bajo la dependencia del patrono, la que debe someterse a examen, para que, frente a ella, se apliquen en todo su rigor las normas jurídicas en cuya preceptiva encuadra.

Eso es así, por cuanto bien podría aprovecharse por el patrono la circunstancia de inferioridad y de urgencia del trabajador para beneficiarse de sus servicios sin dar a la correspondiente relación jurídica las consecuencias que, en el campo de sus propias obligaciones, genera la aplicación de las disposiciones laborales vigentes, merced a la utilización de modalidades contractuales enderezadas a disfrazar la realidad para someter el vínculo laboral a regímenes distintos.

Así, por ejemplo, en desarrollo de este principio superior, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara), ha condicionado la exequibilidad del artículo 32, numeral 3º de la Ley 80 de 1993, obligando al Estado a pagar las prestaciones sociales de quienes, bajo la apariencia de un contrato administrativo de prestación de servicios, se hallan en una situación de continuada dependencia frente a entidades públicas.

Esta Sala, con base en el material probatorio aportado, encuentra que la situación del accionante, José Ignacio Castro, debe ser resuelta con arreglo a los postulados constitucionales a los que se acaba de aludir.

5. El caso examinado. En efecto, es claro que el actor vive, junto con su esposa, en predios que no son de su propiedad, en los cuales ha funcionado una ladrillera denominada “El Porvenir”, de la cual era dueño Enrique Emigio Buitrago París, ya fallecido.

También está probado que el accionante ha venido laborando y labora en ese mismo sitio, en una época fabricando ladrillo y en la actualidad cuidando el inmueble y los bienes en él existentes.

No se ha establecido, pues no existe prueba en el expediente, desde cuándo se inició la relación laboral —el actor dice en su demanda que hace 56 años—, pero sí hay elementos de juicio, proporcionados al proceso, según los cuales aquélla se tuvo al comienzo con Francisco Sáenz, continuó luego con Antonio Agudelo, pasó a sostenerse después con Buitrago París y, a su muerte, prosiguió con quienes dicen ser sus herederos —Luis Fernando, Ricardo Elías y Lilia Buitrago—, todo lo cual puede inferirse de las declaraciones rendidas ante el juez de primera instancia y del acta de la audiencia pública adelantada el 11 de octubre de 1996 bajo la dirección de la inspección de trabajo y seguridad social de La Mesa. Será el juez laboral competente el que defina quiénes y durante qué lapsos han sido los patronos, y cuál es la responsabilidad de éstos frente a las exigencias salariales y prestacionales del actor.

A la jurisdicción constitucional importa establecer de manera sumaria —como lo prevé el artículo 86 de la Constitución— si en realidad, actualmente, esa relación laboral existe y si en efecto, aparecen violados los derechos fundamentales del solicitante, por parte de los demandados, en términos tales que se haga imperativa su tutela.

Ya se ha dicho que, en efecto, el accionante sigue cuidando día y noche los bienes ubicados en el lugar de su habitación (cfr. inspección judicial practicada por el juez de primera instancia el 23 de octubre de 1996, folios 15 a 19 del expediente), que ellos son de propiedad de la familia Buitrago y que integrantes de esta venían pagándole semanalmente una exigua suma de dinero por este servicio, todo lo cual se desprende de las declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento por testigos y por el actor, así como por los propios demandados, Luis Fernando, Ricardo y Lilia Buitrago.

Es evidente que la suma de dinero que venía recibiendo el actor —$ 20.000 semanales, es decir, $ 80.000 mensuales— y no alcanzan el nivel del salario mínimo de $ 142.125 en 1996 y $ 172.005 en 1997, pese a que el cuidado del lugar y de los bienes que allí se encuentran, a cargo de José Ignacio Castro, se extiende durante todos los días y todas las noches sin solución de continuidad.

También ha quedado establecido que, no obstante proseguir la prestación del servicio personal por parte del actor, le fue suspendido el pago periódico de los $ 20.000 semanales por varios períodos, con los argumentos, expuestos por uno de los demandados, de que la ladrillera ya no funciona y de que el trabajador “comenzó con sus demandas contra nosotros” (Cfr. fl. 22), de lo cual se desprende que se lo venía remunerando por debajo del límite mínimo legalmente previsto y que los pagos dejaron de hacerse a manera de retaliación contra el empleado por el hecho de haber reclamado sus legítimos derechos laborales, con grave perjuicio para él y para la disminuida salud de su esposa.

Para la Corte, el hecho cierto es que continúa una relación laboral en vigor, reconocida de manera expresa por los demandados, sin que se pueda admitir, con el objeto de desconocer sus consecuencias jurídicas, el hecho de haber cesado la ladrillera en su operación, pues, de todas maneras, el servicio personal subsiste, bajo la modalidad del cuidado permanente de unos bienes.

Serán revocados los fallos de instancia, que negaron la tutela, y se dispondrá conceder el amparo judicial transitorio, en cuanto al pago del salario mínimo del trabajador por los meses en que lo ha dejado de percibir, mientras la justicia laboral resuelve en definitiva sobre la remuneración, prestaciones e indemnizaciones que merezca.

Además, dada la situación de precariedad económica del accionante, causada por la vulneración de su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y ante la necesidad de atención médica y asistencial para él y para su esposa —esta última en condición de beneficiaria, en virtud del principio de universalidad y en los términos de la Ley 100 de 1993—, puesto que los patronos no han cumplido con su obligación respecto de la seguridad social, se ordenará que el trabajador sea afiliado de inmediato y que, mientras se perfeccionan los trámites pertinentes o en aquellos gastos que no cubra la EPS en razón del tiempo de afiliación, asuman la totalidad de los costos que se causen para proteger al empleado y a su esposa en materia de salud, desde los puntos de vista médico, hospitalario y quirúrgico y en lo que concierne al suministro de droga.

Decisión

Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVÓCANSE los fallos proferidos por los juzgados civil municipal de Viotá y primero civil del circuito de Girardot el 30 de octubre y el 11 de diciembre de 1996, mediante los cuales se negó la protección judicial invocada por José Ignacio Castro.

2. CONCÉDESE la tutela impetrada, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, en consecuencia, ORDÉNASE a los demandados, Luis Fernando Buitrago, Ricardo Elías Buitrago y Lilia Buitrago, pagar a José Ignacio Castro el salario mínimo vigente para la época en que se prestó el servicio, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996, enero, febrero y marzo de 1997, y seguir cancelándole el salario mínimo mensual mientras el demandante mantenga la relación laboral con los demandados.

La protección judicial que se brinda mediante esta sentencia seguirá vigente mientras la justicia laboral decide acerca de las pretensiones del actor, quien deberá instaurar demanda dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del presente fallo (D. 2591/91, art. 8º).

Los demandados cancelarán así mismo a José Ignacio Castro la indemnización moratoria por el no pago de salarios en esos meses, a razón de un día de salario mínimo por cada día de retardo.

El pago, al cual quedan solidariamente obligados los demandados, deberá efectuarse a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia».

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