Sentencia T-167 de marzo 7 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA NÚMERO T-167 DE 2002

Ref.: Expediente T-520156

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Peticionaria: Clara Inés Ochoa

Procedencia: Tribunal Administrativo de Santander

Bogotá, D.C., 7 de marzo de 2002.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra quien la preside, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,

Sentencia

En el proceso de revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, en la tutela instaurada por Clara Inés Ochoa Gómez contra el juez 6º de Familia de Bucaramanga y los magistrados de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,

EXTRACTOS: «Fundamentos y consideraciones

Competencia

Esta Corte es competente para revisar el fallo de tutela de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y el Decreto 2591 de 1991; así mismo por la selección del respectivo expediente.

Temas jurídicos

Se trata de analizar si constituyen vía de hecho las decisiones de un Juez de Familia y de un Tribunal Superior que, dentro de un juicio de sucesión, rechazaron mediante auto una providencia ejecutoriada de otro Juzgado de Familia que había reconocido una unión marital de hecho y la había declarado disuelta y en estado de liquidación. Así mismo, si tales proveídos implican una violación al debido proceso y han obstaculizado el acceso a la justicia.

1. Vía de hecho.

La Sentencia C-543 de 1992 dijo que no hay tutela contra providencias judiciales, salvo el caso en que se hubiere incurrido en una vía de hecho. En la Sentencia T-79 de 1993 se indicó que “una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona”. Y en la Sentencia T-204 de 1998 se dijo: “En términos generales dicha figura (la vía de hecho) resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa sin fundamento objetivo y razonable apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica por la imposición del interés propio de aquellos mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados”.

Para saber cuándo una providencia judicial carece de fundamento objetivo, la Sentencia T-79 de 1993, precisó:

“Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (C.P., art. 121) es condición de existencia de los empleos públicos (C.P., art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (C.P., arts. 6º, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (C.P., art. 13) principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos quienes en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho que les da su legitimidad”.

En la misma Sentencia T-79 de 1993 se señala la procedencia de la tutela para los casos en que se incurre en una vía de hecho:

La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable y obedecen a motivaciones internas desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., art. 5º) la protección constitucional de los derechos fundamentales (C.P., art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228). En caso de demostrarse su ocurrencia el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública”...

2. Vía de hecho en materia probatoria

Excepcionalmente puede incurrirse en una vía de hecho cuando la valoración probatoria es abiertamente contradictoria, o, lo que es más grave, se rechaza una prueba que legalmente ha debido ser tenida en cuenta, porque se rompe deliberadamente el equilibrio procesal y se coloca al afectado en una grave situación de indefensión. En la Sentencia SU-477de 1997 (1) se hizo un análisis pormenorizado de la vía de hecho tratándose de materia probatoria. Dijo la Corte:

(1) M.P. Jorge Arango.

“2. En la sentencia T-329 del veinticinco (25) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996) magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández Galindo en lo pertinente se dice:

“Para la Corte es claro que, cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta incurre en vía de hecho y, por tanto contra la providencia dictada procede la acción de tutela.

“La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal haciendo que contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez en cuanto aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora fortaleciendo injustificadamente la posición contraria. Ello comporta una ruptura grave de la imparcialidad del juez y distorsiona el fallo el cual —contra su misma esencia— no plasma un dictado de justicia sino que por el contrario la quebranta.

“La Corte debe reiterar:

“...el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 CPC y 61 CPL), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supo necesariamente la adopción de criterios objetivos racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia mediante la aplicación de los principios derechos y valores constitucionales”. (Cfr. C. Const. Sala Segunda de Revisión. Sent. T-442 oct. 11/94. M.P. Antonio Barrera Carbonell).

“Tal irregularidad implica violación del debido proceso (C.P. art. 29) e impide que la parte afectada acceda materialmente a la administración de justicia (C.P. art. 229). Lo que se tiene entonces es un acto judicial arbitrario que en caso de dolo podría configurar prevaricato”.

En muchas ocasiones, quien es afectado por una vía de hecho en la valoración de una prueba, no cuenta con otro medio ordinario de defensa judicial para enfrentar la equivocación, como ocurre en el presente caso en que no prosperaron los recursos de reposición y apelación que se interpusieron contra una decisión judicial que no le dio validez a una providencia judicial ejecutoriada, que era precisamente la prueba para poder acceder a un proceso de sucesión. Esta situación plantea un segundo tema:

3. El acceso a la justicia como derecho fundamental

En la Sentencia C-037 de 1996 (2) , que precisamente le hizo revisión constitucional al proyecto de la ley estatutaria sobre la administración de justicia, se reseñó que el acceso a la justicia debe tenerse como un derecho fundamental:

(2) M.P. Vladimiro Naranjo.

“(...) ...el derecho de todas las personas de acceder a la administración de justicia se relaciona directamente con el deber estatal de comprometerse con los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, con la prevalencia de la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, el respeto a la dignidad humana y la protección a los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades (C.P. art. 1º y 2º).

El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicita a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llegan a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados (3) . Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa —que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política— como uno de los derechos fundamentales (4) , susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.

(3) “Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión 5. Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo”.

(4) “Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-006 de 1992, T-597 de 1992, T-348 de 1993, T-236 de 1993, T-275 de 1993 y T-004 de 1995, entre otras”.

4.Violación del debido proceso

La situación es particularmente delicada si no sólo se impide el acceso a la justicia sino que tal proceder ocurre pese a que el interesado presenta como prueba nada menos que una decisión judicial ejecutoriada. Este proceder anómalo afecta la cosa juzgada. Por regla general, se considera que hay una violación al debido proceso cuando se desconoce una providencia ejecutoriada, con violación del principio de la cosa juzgada. Excepcionalmente no se puede invocar dicho principio cuando el juez constitucional, al decidir una tutela, considera que una providencia judicial, así esté en firme, ha incurrido en una evidente vía de hecho.

La sentencia C-543 de 1992 dijo al respecto:

“El principio de la cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto. En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia en firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada”.

5. La unión marital de hecho

Para que exista unión marital de hecho se requiere que concurran los siguientes requisitos: i. Unión marital de un hombre y una mujer; ii. Que los citados hombre y mujer no se encuentren casados; iii. Que hagan una comunidad de vida permanente y singular.

La Ley 54 de 1990 estableció una presunción legal especial de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

Conforme a lo previsto en el artículo 5º de la ley 54, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve: i. Por la muerte de uno o de ambos compañeros; ii. Por el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas distintas de quienes forman parte de la sociedad patrimonial; iii. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública; iv. Por sentencia judicial.

Los procesos de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial se tramitarán por el procedimiento establecido en el Título XXX del Código de Procedimiento Civil, son del conocimiento de los jueces de familia y en segunda instancia de las salas de familia de los tribunales superiores de distrito judicial. Esa providencia judicial debe ser el resultado de un proceso ordinario, en el cual la prueba es libre y se demuestra por cualquiera de los medios probatorios consagrados en el Código de Procedimiento Civil.

Cuando la causa de la disolución y liquidación sea la muerte de uno o de ambos compañeros permanentes, la liquidación podrá hacerse dentro del respectivo proceso de sucesión, siempre que exista la prueba de la unión marital de hecho en la forma exigida por el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, es decir, habrá que acompañar copia de la providencia judicial que haya declarado la existencia de la respectiva sociedad patrimonial.

Dice así el artículo 2º:

“ART. 2º—Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio y

b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos campaneros permanentes siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-239 de 1994 (5) , dijo que “Es claro que la ley presume entre los compañeros permanentes cuando se dan los supuestos de hecho previstos la existencia de una sociedad de ganancias a título universal semejante a la sociedad conyugal”. Pero aclaró que no se puede sostener que entre los compañeros permanentes exista una relación idéntica a la que une a los cónyuges puesto que esto "equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado”.

(5) M.P. Jorge Arango.

6. La unión marital de hecho no crea un estado civil.

La Corte Suprema de Justicia ha considerado que la unión marital de hecho no es asimilable al estado civil.

En fallo del 28 de noviembre de 2001, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (6) analizó extensamente dicho tema y expresó lo siguiente:

(6) Expediente 0096-01, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.

“En el ordenamiento jurídico colombiano no se ha establecido constitucional ni legalmente el estado civil de compañero permanente derivado de la unión marital de hecho. En efecto no se puede deducir semejante consagración de lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Política, por el hecho de que en él se diga que la familia “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”, aspecto éste, aquí subrayado, que corresponde a un mero enunciado, huérfano aún de reglamentación legal.

De allí que para darle en la materia de que aquí se trata el alcance a tal precepto se requerirá, de conformidad con lo dispuesto en su último inciso, que sea la ley la que determine ''lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes'', la cual en verdad con ese carácter no se ha expedido respecto de la situación de la familia constituida por la mera voluntad de conformarla o dimanante de la unión marital de hecho establecida en ley anterior"

Más adelante dice la referida sentencia de la Corte Suprema, Sala Civil:

“6. En conclusión: si bien la unión marital de hecho y la constitución de la familia por vínculos naturales, a voluntad de la pareja, puede llegar a constituir un estado civil, lo cierto es que todavía no se ha expedido la ley que haga tal asignación, ni hay norma que permita asimilarlo como tal,........

“7. Por consiguiente, por ahora no resulta admisible sostener que con la demanda destinada a que se declare la existencia de una sociedad patrimonial presunta entre compañeros permanentes, su disolución y liquidación, se ejerce una acción de estado civil...”

La Corte Constitucional le da mucha importancia a la anterior jurisprudencia porque proviene de una decisión propia del objetivo que tiene la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, lo cual obliga a un especial respeto. Es un ejemplo clásico de lo calificado por la doctrina como “Derecho viviente”.

“El derecho viviente surge de un estudio enmarcado por la órbita de competencia ordinaria de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y, por ello, se desenvuelve en el plano de la interpretación de la ley, no de la Constitución, y es esencialmente una concreción del principio de legalidad, no del principio de constitucionalidad; dijo la Corte Constitucional en la C-557 de 2001 (7) .

(7) M.P. Manuel José Cepeda.

Caso concreto

1. Están plenamente probados en este proceso de tutela los siguientes hechos:

a) Que el señor Jorge Hernando Guerra Moreno es el padre de Edgar Iván, Jorge Adolfo, Oscar Eduardo, Maura Leonor y Carlos Hernando Guerra Ochoa. Todos ellos fueron oportunamente reconocidos. Es más, Jorge Adolfo Guerra Ochoa falleció coetáneamente con su padre (están las partidas de defunción y allí se consignó que la muerte violenta fue la causa del deceso de ellos dos).

b) Que la madre de esas cinco personas es la señora Clara Inés Ochoa Gómez, persona que instaura la presente tutela.

c) Que la señora Clara Inés Ochoa convivió con Jorge Hernando Guerra Moreno desde diciembre de 1964 hasta diciembre de 1993 (el propio señor Guerra así lo aceptó ante el Juzgado 3º de Familia de Bucaramanga y por eso se firmó una conciliación entre la señora Ochoa, el señor Guerra, sus respectivos abogados y el juez del conocimiento). No hay duda por consiguiente del momento en que comenzó la cohabitación, que es al mismo tiempo la iniciación de la sociedad patrimonial. Las circunstancias generadoras de esa unión marital de hecho no solamente no admiten discusión sino que están plenamente demostradas, con la confesión hecha en la conciliación y con los registros de nacimiento de los cinco hijos, porque precisamente durante ese lapso de tiempo admitido por el señor Guerra y la señora Ochoa como la época de la unión marital de hecho, fueron procreados los cinco hijos antes indicados.

d) Que dentro del proceso ordinario que se tramitó en el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga se aceptó por las partes, señora Ochoa y señor Guerra, que entre ellos hubo la unión marital de hecho y su consecuencia: la existencia entre los mencionados compañeros permanentes de una sociedad patrimonial, que se pidió por ambas partes se declarara disuelta y en estado de liquidación.

e) Que en audiencia judicial hubo aceptación de ambas partes sobre las circunstancias anotadas, se efectuó una conciliación, y como es de ley, el juez procedió a dictar una providencia aprobando en todas y cada una de sus partes la conciliación efectuada y aceptada por las dos únicas partes de aquel proceso; declarando la existencia de la unión marital de hecho entre los señores Clara Inés Ochoa Gómez y Jorge Hernando Guerra Moreno y la existencia entre los mencionados compañeros permanentes de una sociedad patrimonial de hecho; disolviendo y declarando en estado de liquidación tal sociedad patrimonial y permitiédose que la liquidación de la sociedad se haría mediante escritura pública. Esta decisión fue notificada en estrados porque en la audiencia de conciliación estuvieron presentes las dos partes y sus respectivos apoderados judiciales. Es decir, quedó ejecutoriada y puso fin al proceso.

f) Que como no se liquidó la sociedad patrimonial en vida del señor Jorge Hernando Guerra, la señora Clara Inés Ochoa Gómez se presentó al proceso sucesorio del occiso Jorge Hernando Guerra y adjuntó como prueba para respaldar su pretensión, la decisión judicial que había aceptado la conciliación y reconocido la unión marital de hecho y ordenado la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial respectiva.

2. El Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga no aceptó la pretensión de la señora Ochoa Gómez porque según el despacho el documento aportado no era idóneo ya que la conciliación efectuada en el Juzgado 3º de Familia de Bucaramanga no podía versar sobre un asunto no conciliable como es el estado civil y por consiguiente no podía ser aprobada la conciliación en dicho aspecto. Del mismo parecer fue la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga. En su decisión expresó que el documento que contenía la conciliación era notoriamente ilegal en cuanto no era procedente la conciliación sobre el estado civil y por consiguiente se había equivocado el juez 3º de Familia al haber aceptado y declarado la existencia de la unión marital de hecho.

3. La decisión adoptada por el Juez 6º de Familia y el Tribunal Superior de Bucaramanga, al negarle eficacia jurídica a un hecho que jurídicamente estaba respaldado en una decisión ejecutoriada, constituye una evidente vía de hecho y una violación al debido proceso porque dichos funcionarios no tienen competencia para revisar una decisión judicial ejecutoriada, no pueden calificar como ilegal el pronunciamiento de un juez de la República y están obligados a acatar las decisiones judiciales que están en firme.

4. Las decisiones judiciales que negaron el reconocimiento de la señora Clara Inés Ochoa, dentro del juicio de sucesión de quien fue su compañero permanente, se basaron en interpretaciones que no pueden desvirtuar una decisión judicial en firme respaldada, entre otras cosas, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que ha considerado que la unión marital de hecho, como está regulada en la Ley 54 de 1990, no da origen a un estado civil.

5. Se afecta el derecho fundamental al acceso a la justicia si se impide que una excompañera permanente pueda ser tenida como parte interesada en el proceso sucesorio de quien está suficientemente demostrado fue su compañero.

6. En el caso concreto se incurrió en una vía de hecho porque se obstaculizó el acceso a la justicia al no valorarse como prueba una decisión judicial que constituye cosa juzgada y que además está respaldada en jurisprudencia que sobre aspectos que le son propios ha proferido la Corte Suprema de Justicia. En efecto, la providencia del Juzgado 3º de Familia de Bucaramanga que aprobó la conciliación, declaró la existencia de la unión marital de hecho entre la señora Clara Inés Ochoa Gómez y el señor Jorge Hernando Guerra Moreno, y la declaró disuelta y en estado de liquidación, está ejecutoriada y por tanto ha hecho tránsito a cosa juzgada. Por consiguiente, el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga que está tramitando el proceso de sucesión del señor Jorge Hernando Guerra Moreno ha debido otorgarle plena validez y eficacia jurídica. La ley procesal establece los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios para dejar sin efecto las decisiones judiciales. Pero, lo que no es conforme al debido proceso es que se afirme la ilegalidad de una providencia judicial ejecutoriada para no cumplirla, porque ello conlleva el desconocimiento de la fuerza ejecutoria y obligatoria de las providencias judiciales, máxime cuando la presunta ilegalidad se sustenta en una doctrina que no ha recibido el apoyo de la jurisprudencia. Esto significa que se vulnera el debido proceso por desconocimiento de una providencia judicial ejecutoriada y se incurre en notoria vía de hecho. Por último, debe agregarse que la decisión del Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga le otorgó a la accionante una situación jurídica concreta a pedir la liquidación de la sociedad patrimonial formada por la unión marital de hecho que no podía desconocerse sin violar el artículo 58 de la Carta. Lo anterior significa que en este caso se violaron a la accionante los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, lo cual conlleva la prosperidad del amparo impetrado.

12. Por lo anterior, la tutela está llamada a prosperar y se ordenará al juez 6º de Familia de Bucaramanga dictar nuevamente la providencia correspondiente, apreciando la prueba omitida. Es decir, se revocará la decisión de segunda instancia en la presente tutela y se confirmará la del Tribunal Administrativo de Santander.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

RESUELVE:

1. REVOCAR por las razones expuestas en el presente fallo, la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, el 19 de septiembre de 2001 y en su lugar CONFIRMAR el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 26 de junio de 2001.

2. Por Secretaría, LÍBRESE la comunicación prevista por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

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