Sentencia T-168 de abril 1º de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Magistrado Sustanciador:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Ref.: Expediente T-3.686.000

Acción de tutela instaurada por Carol Ximena Paz Gelpud contra Saludcoop EPS.

Procedencia: Juzgado Cuarto Penal Municipal de Pasto.

Bogotá D. C., primero de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

Es competente la Corte Constitucional para analizar, en Sala de Revisión, el fallo de tutela dictado en agosto 23 de 2012 por el Juzgado 4º Penal Municipal de Pasto, dentro de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. El asunto objeto de análisis.

El principal asunto que esta Sala de Revisión deberá dilucidar, es si Saludcoop EPS, empresa privada encargada de la prestación del servicio público de salud y, por ende, pasible de responder en acción de tutela (C.P., arts. 86 y D. 2591/91, art. 42.2), ha conculcado los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de la señora Carol Ximena Paz Gelpud, al negarse a remitirla a un médico especialista en cirugía vascular, diferente a su facultativo tratante, como ella lo ha solicitado, además de que si fuere necesario acudir a otra ciudad, asuma la EPS los gastos que la movilización de la paciente y un acompañante impliquen.

En tal sentido, debe analizarse si el hecho de que la EPS no cuente con otro cirujano vascular adscrito en Pasto, es motivo válido para exonerarse de autorizar el servicio médico pedido.

Con ese propósito, en esta sentencia se analizará (i) la salud como derecho fundamental; (ii) el derecho del paciente a la segunda opinión médica; (iii) se resolverá el caso concreto, abordando las adicionales pretensiones de la actora.

3. El derecho fundamental a la salud. Reiteración de jurisprudencia.

De manera constante ha señalado esta Corte que el ser humano ha de mantener adecuados niveles de salud, no sólo en cuanto le permitan sobrevivir, sino para desempeñarse apropiadamente como individuo, en familia y en sociedad, de modo que al surgir novedades que afecten los niveles de pervivencia estable, y aun cuando no se esté en presencia de una enfermedad letal, debe brindarse una atención oportuna, para que el paciente abrigue esperanzas de recuperación, a recibir curación o alivio a sus dolencias y a continuar la vida con dignidad(4).

Al respecto, en la Sentencia T-1344 de diciembre 11 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) se afirmó:

“Lo que pretende la jurisprudencia es entonces respetar un concepto de vida no limitado a la restrictiva idea de peligro de muerte, ni a la simple vida biológica, sino a consolidar un sentido más amplio de la existencia que se ate a las dimensiones de dignidad y decoro. Lo que se busca con dicha noción es preservar la situación existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad, ya que, al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable, en la medida de lo posible(5)”.

También se ha determinado que este derecho es de elevada trascendencia y debe interpretarse en un sentido integral de “existencia digna”, conforme a lo dispuesto desde el artículo 1º superior, que indica que la República de Colombia “está fundada en el respeto de la dignidad humana”, entre otros factores.

En cuanto a que el derecho a la salud sea fundamental en sí mismo, mediante fallo T-414 de abril 30 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), se precisó:

“...el derecho a la salud es un derecho fundamental, que envuelve como sucede también con los demás derechos fundamentales, prestaciones de orden económico orientadas a garantizar de modo efectivo la eficacia de estos derechos en la realidad. Bajo esta premisa, el Estado a través del sistema de seguridad social en salud, proporciona las condiciones por medio de las cuales sus asociados pueden acceder a un estado de salud íntegro y armónico.

Es por ello que esta corporación ha precisado que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental no solo cuando peligra la vida como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones dignas...(6)”.

Así mismo, la Sentencia T-760 de julio 31 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), estructural sobre la salud, determinó:

“El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”.

La consolidación de esta jurisprudencia ha continuado, tanto en el contexto del régimen contributivo de salud(7) como en el subsidiado(8), incluyendo que se tomen en cuenta connotaciones adicionales en razón al sujeto que reclama la protección(9), la enfermedad que padece(10) o el tipo de servicio que requiere(11).

4. El derecho del paciente a la segunda opinión médica.

La jurisprudencia de esta corporación también ha establecido, por regla general, que el criterio del médico tratante al diagnosticar, al igual que respecto de los procedimientos y medicamentos que considere del caso prescribir, se presume pertinente, idóneo y atinado, siendo los profesionales de la medicina, más aún los especialistas, quienes tienen el conocimiento científico necesario para asumir tales conceptos y decisiones, sin embargo que puede desdeñarse la manifestación del paciente, que al ser quien padece la afección y percibe los síntomas, puede contribuir a determinar si las aplicaciones médicas están bien encaminadas hacia el alivio esperado.

En esa medida, este tribunal ha señalado que cuando el estado del paciente revela que el tratamiento prescrito por el médico encargado no ha sido efectivo para mitigar la enfermedad, aquél

tiene derecho a buscar una segunda opinión médica y a que la institución que lo ha venido tratando, le suministre a este otro médico, todos los elementos de juicio que a la fecha se hayan recaudado”(12) (no está en negrilla en el texto original).

En esa misma línea, también se expresó(13) que

si eventualmente el paciente no está conforme con el dictamen dado, es preciso que tenga la oportunidad de acceder a una segunda opinión médica proveniente del cuerpo profesional de la EPS a la cual se encuentre adscrito. Esto se justifica en desarrollo del principio de dignidad humana ligado al goce del derecho a la salud, que indica que el paciente tiene el derecho de tener un mínimo de certeza respecto a que su diagnóstico es verdadero y que, por tanto, el tratamiento al cual será sometido es el adecuado”(14) (no está en negrilla en el texto original).

La solicitud de una nueva apreciación profesional, que tiene que estar apoyada en razones suficientes que la justifiquen, resulta válida en cuanto busque atender una necesidad real, normalmente relacionada con la ninguna o escasa mejoría o progreso logrado con los servicios médicos recibidos, así como con la gravedad y magnitud de los riesgos inherentes a la enfermedad padecida, necesidad que, como ya se anotó, la jurisprudencia ha entendido ligada a la dignidad humana(15).

No basta entonces la mera disconformidad o insatisfacción del paciente o de su familia, pero si existe una razonable justificación específica, hay lugar a reconocer el derecho al segundo diagnóstico y a la atención subsiguiente por otro u otros facultativos adscritos, de igual especialidad, de tal modo que se genere mayor certeza y tranquilidad en cuanto a la recuperación anhelada.

Por otro lado, reiteradamente este tribunal ha expuesto que la salud, como derecho fundamental que es, debe garantizarse por las empresas prestadoras, de manera integral, expedita y eficiente, para que la atención sea oportuna e idónea, sin imponer trámites administrativos que entorpezcan y retrasen la atención.

En ese entendido, las solicitudes de servicios de salud, incluida la segunda opinión médica cuando haya lugar a ella, deben ser despachadas con celeridad y buen juicio, bajo fundamentos estrictamente científicos y no por motivos o restricciones administrativas o presupuestales, so pena de conculcar culpablemente los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y, eventualmente, a la vida misma.

5. Caso concreto.

5.1. En el asunto bajo examen, la señora Carol Ximena Paz Gelpud, quien desarrolló durante su embarazo trombosis venosa profunda, impetra que se le practique una nueva valoración médica debido a que con el tratamiento suministrado por el especialista adscrito a Saludcoop EPS, no ha logrado superar la enfermedad, instando la nueva valoración para que se constate su estado actual de salud, con indicación sobre si el tratamiento y la cirugía a que ha sido sometida fueron adecuados.

Por su parte, la EPS se ha negado a autorizar tal examinación, aduciendo no contar en Pasto con otro especialista vascular adscrito a la empresa, que pueda realizarla(16). Igualmente argumentó que a la actora se le ha garantizado la atención en salud en esa ciudad y que han autorizado todos los servicios indicados por su médico tratante, en cuyas notas se aprecia que “la usuaria no ha seguido las indicaciones establecidas para el manejo de la patología” (sic, fl. 194 cdno. inicial).

5.2. Sea lo primero advertir que la trombosis venosa(17) que sufre la accionante es una condición de salud altamente riesgosa, que puede causar daños al cerebro, el corazón o los pulmones, al desprenderse un coágulo y desplazarse en el torrente sanguíneo, generando embolia. Al inferir la demandante que su padecimiento no ha cedido, insiste en ser valorada por otro médico de la misma especialidad, pues fundadamente teme que el inadecuado manejo de la trombosis venosa pueda desencadenar otras consecuencias graves, como le sucedió a su abuelo, de quien ella recuerda que perdió la visión.

No está desvirtuada la aseveración de Saludcoop EPS de haber autorizado los servicios y procedimientos prescritos a la señora Carol Ximena Paz Gelpud, para el caso particularmente por el galeno vascular Ernesto Córdoba, pero se advierte que ella reporta no presentar mejoría y expresa dudas sobre la idoneidad del tratamiento y de la cirugía que le ha efectuado el mencionado especialista, de cuya citada nota “la usuaria no ha seguido las indicaciones” se infiere que sí hay problemas de recuperación, solo que se reprochan recíprocamente la causa, lo que adicionalmente aconseja acopiar el segundo concepto pedido.

5.3. Como la negativa de la EPS, por no disponer en Pasto de otro especialista en la materia, conlleva vulneración al derecho a la salud, al no facilitar la alternativa de la segunda opinión médica, que permitiese reorientar el tratamiento, será revocado el fallo único de instancia proferido por el Juzgado 4º Penal Municipal de Pasto en agosto 23 de 2012, que negó el amparo pedido, y en su lugar se tutelaran los derechos a la salud y a la vida digna de la accionante.

En tal virtud, se ordenará a Saludcoop EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha realizado, disponga practicar a su costa los exámenes requeridos, bajo la orientación de otro cirujano vascular, así no esté adscrito a la empresa, pudiendo acudir al efecto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nariño y/o al Hospital Departamental en Pasto, o a un especialista y/o institución en Cali, caso en el cual también asumirá los costos adicionales que el desplazamiento ocasione, junto con un acompañante si el cuidado de la señora lo hace aconsejable, debiendo continuar el tratamiento integral que, efectuada la revaloración, sea determinado como más idóneo.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo proferido en agosto 23 del 2012 por el Juzgado 4º Penal Municipal de Pasto. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas de la señora Carol Ximena Paz Gelpud.

2.. ORDENAR a Saludcoop EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha realizado, disponga practicar a su costa la valoración requerida, bajo la orientación de otro cirujano vascular, así no esté adscrito a esa empresa, pudiendo acudir al efecto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nariño y/o al Hospital Departamental en Pasto, o a un especialista y/o institución en Cali, caso en el cual también asumirá los costos adicionales que el desplazamiento ocasione, junto con un acompañante, si el cuidado de la señora lo hace aconsejable, debiendo continuar el tratamiento integral que, efectuada la revaloración, sea determinado como más idóneo.

3. Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(4) Cfr. T-224 de mayo 5 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(5) “T-395 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero”.

(6) “Sobre el tema particular, consultar... T-1384 de 2000, T-365A-06, entre muchas otras”.

(7) Cfr. entre otras, T-080 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-591 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-058 y T-882 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-750 y T-828 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-901 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-984 de 2004 y T-086 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-016 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-024 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(8) Cfr. entre otras, T-829 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-841 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-833 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-868 de 2004 y T-096 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(9) Cfr. entre otras, T-972 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-280 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); T-069 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

(10) Cfr. T-074 de 2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), reiterando lo expuesto en las sentencias T-505 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-256 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-436 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-326 de 2004, (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), entre otras.

(11) Condiciones expuestas en la sentencia T-395 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y reiteradas, entre otras, en SU-819 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-597 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-1022 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(12) Cfr. T-596 de junio 15 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(13) T-566 de julio 8 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

(14) Este razonamiento ha sido reiterado en sentencias como T-931 de noviembre 23 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-499 de julio 3 de 2012 (M.P. Humberto Sierra Porto).

(15) Cfr. entre otras, la ya citada sentencia T-566 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

(16) Circunstancia expuesta a la señora Paz Gelpud en la contestación de la petición que presentó con anterioridad a la demanda de tutela, sin que tal aseveración se incluyera en la contestación de la presente acción.

(17) Según la Organización Mundial de la Salud, “la trombosis venosa profunda... consiste en la formación de un coágulo sanguíneo (trombo) en una vena profunda, generalmente de las piernas. Los síntomas de la TVP consisten principalmente en dolor y tumefacción de la parte afectada. La TVP, potencialmente mortal cuando se acompaña de embolia... La tromboembolia se produce cuando el trombo de una TVP se desprende y migra hacia el pulmón, donde queda alojado, bloqueando el flujo sanguíneo. Los síntomas de este fenómeno, denominado embolia pulmonar, consisten en dolor torácico y dificultad para respirar”. Cfr. en http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr35/es/index.html, consultado en marzo 20 de 2013.