Sentencia T-170 de abril 3 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

Ref.: Proceso T-113674

Actores: Mario Rafael y Roberto Neuman Blanco

Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil y Familia.

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Arango Mejía

Sentencia aprobada en Bogotá, en sesión del tres de abril de mil novecientos noventa y siete.

La Sala Primera (1ª) de revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Decisión Civil y Familia, de fecha diez (10) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996).

Esto significa que, por regla general, las sentencias se notifican por edicto, excepto, por obvias razones vinculadas al derecho de defensa y la economía procesal, si las partes voluntariamente se enteran de ellas personalmente dentro de los tres (3) días siguientes a su fecha. Esta norma, interpretada en concordancia con el artículo 314 citado, permite que las partes, si así lo quieren, se notifiquen personalmente de los fallos, pero no obliga a la autoridad a intentar ninguna notificación personal. Esto, dicho sea de paso, no constituye negligencia estatal, porque, como es bien sabido, una vez enteradas del proceso, las partes tienen la carga procesal de atenderlo.

En tercer lugar, la consideración de que la querella terminó el dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), no está acorde con lo dispuesto por el artículo 331 ibídem, modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 155, que dice que las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando “han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes”. En el presente asunto, el dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), no es la fecha de inicio de la ejecutoria del fallo de la inspección, pues no corresponde a la de la finalización del plazo para que los particulares interesados lo recurrieran, habida cuenta que todavía no se había notificado al Ministerio Público.

Por último, si bien es cierto, con arreglo al citado artículo 314 ibídem, numeral 3º, que la decisión de la inspección debió notificarse personalmente al personero municipal de Puerto Colombia, no es menos cierto que este funcionario, por el contenido del memorial entregado el diez (10) de enero del presente año (fls. 150 y 151), donde precisamente propuso la nulidad de lo actuado por la falta de dicha notificación, demostró tener conocimiento del fallo, pues expresó reserva contra la condena en costas que figura en el numeral 3º de la parte resolutiva de la decisión (fl. 124). Esta circunstancia tipifica su notificación por conducta concluyente a partir del diez (10) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), indica que la sentencia quedó ejecutoriada para todos el dieciséis (16) de dicho mes, explica por qué no había necesidad de notificarla nuevamente, y demuestra que ni el Ministerio Público ni los demás interesados apelaron el fallo de la inspección.

Lo expuesto ilustra por qué la determinación adoptada por la inspección el siete (7) de marzo del año pasado (fls. 152 a 154), en el sentido de ordenar la notificación personal de la sentencia a todas las partes, era improcedente, pues la parte querellante nunca se quejó por este motivo, y la querellada ya había sido legalmente notificada por el edicto que se desfijó el veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). También era improcedente la orden de notificar personalmente al personero, pues éste, como se vio, se notificó del fallo por conducta concluyente. Consecuencias de lo anterior, son la extemporaneidad del recurso de apelación interpuesto por la querellada el diecinueve (19) del marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), contra la decisión de la inspección, y la irregularidad de toda actuación subsiguiente surtida ante la alcaldía de Puerto Colombia.

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