Sentencia T-173 de abril 24 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN SINDICAL

CONDICIONES DE INGRESO A LOS SINDICATOS

EXTRACTOS: «Como lo ha sostenido la Corte en jurisprudencia reiterada (cfr. especialmente las sentencias T-418 de 1992 y T-230 de 1994), la libertad de asociación sindical posee rasgos diferenciadores frente a la libertad genérica de asociación, consagrada en el artículo 38 de la carta. Mientras ésta garantiza a todas las personas la posibilidad jurídica de acordar la realización de actividades conjuntas, sin restricciones distintas a las consagradas en la Constitución y las leyes, aquella tiene titulares y fines propios: son los trabajadores quienes, a través de su ejercicio, reivindican la importancia de su papel dentro del proceso económico, y promueven la mejoría de sus condiciones laborales. Es por esto por lo que se puede afirmar que en tanto que la libertad de asociación es un poder jurídico frente al Estado, la de asociación sindical lo es, por lo menos de manera inmediata, de una clase productiva frente a otra. Así lo muestra la génesis histórica de esas libertades: la primera corresponde a los derechos de primera generación, propios del liberalismo racionalista, mientras la segunda fue incorporada por el pensamiento social de la primera mitad del presente siglo.

2.2. Los sindicatos y la libertad de asociación sindical a la luz de los principios democráticos.

Dentro de la lógica intrínseca a la libertad de asociación sindical, el sindicato aparece como la organización indicada de asumir la defensa de los intereses de los trabajadores. Su razón de ser en el seno de sociedades industrializadas, organizadas jurídicamente bajo la forma de Estados sociales de derecho, no es otra que la necesidad de la existencia de un intermediario entre los empleadores y los trabajadores individualmente considerados. Y es precisamente gracias a esa tarea primordial, que los sindicatos gozan de una especial protección por parte del ordenamiento jurídico (v.gr. fuero sindical, artículo 39 de la Constitución Política y 405 del Código Sustantivo del Trabajo; sanciones a quienes obstaculicen su actividad, artículo 354 del CST), y que su reconocimiento jurídico opera con la simple inscripción del acta de constitución.

Para el desarrollo de esa tarea, la ley otorga a los sindicatos la posibilidad de establecer las reglas de su organización interna y su funcionamiento. Así, el artículo 362 del CST establece que “toda organización sindical tiene el derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos”. Se entiende, entonces, que siendo los sindicatos organizaciones entre particulares, en principio los pará-metros que los rigen —incluyendo las condiciones de ingreso, como lo prevé el numeral 39 de la disposición mencionada—, son de libre escogimiento por parte de quienes participen en su conformación.

No obstante, este principio no tiene un alcance ilimitado. Si bien las asociaciones sindicales defienden los intereses de los trabajadores afiliados, su papel preponderante en las relaciones obrero-patronales hace que su actuación afecte de manera decisiva el goce efectivo del derecho de todos los trabajadores (afiliados y no afiliados) a promover el mejoramiento de sus condiciones laborales.

Es por esta razón por la que el ordenamiento jurídico no puede ser indiferente frente a las condiciones de funcionamiento de organizaciones de esa naturaleza, mucho más cuando está fundado en valores de participación y pluralismo (art. 1º de la Carta). Así lo quiso el constituyente de 1991 al ordenar en el segundo inciso del artículo 39, la sujeción de los sindicatos “al orden legal y a los principios democráticos” (subrayado de la Sala). En el ejercicio de su fuero interno, un sindicato puede establecer las condiciones de funcionamiento que estime pertinentes, siempre que ellas sean compatibles con los principios rectores de una sociedad democrática.

2.3. Libertades de asociación sindical positiva y negativa.

No corresponde a la Sala establecer de manera exhaustiva los principios democráticos a los cuales debe sujetarse todo sindicato. Teniendo en cuenta los casos sub examine, dos rasgos fundamentales de la sociedad democrática delineada en la Constitución de 1991 deben ser resaltados: su carácter participativo y su vocación igualitaria. Ambos aparecen incluidos en el preámbulo mismo de la Carta, y su espíritu permea todo su texto (v. gr. arts. 1º, 2º, 13, 103 y ss.).

En el seno de una democracia participativa, el papel decisorio de los individuos es ejercido no sólo en los espacios políticos tradicionales (v.gr. elecciones parlamentarias o presidenciales), sino también en contextos más reducidos y más cercanos a las actividades diarias de las personas (empresas, sindicatos, universidades, etc.). Esta tendencia —denominada por la teoría política “uso extensivo de la democracia”(1)—, presente en mandatos constitucionales como los de los artículos 45 y 68, que buscan asegurar la participación de los jóvenes y la comunidad educativa en las decisiones que les incumben, respectivamente, unida al uso intensivo de mecanismos políticos tradicionales (cfr. capítulo 1º del título IV de la C.P.), constituye el núcleo de la filosofía participativa de nuestro estatuto superior.

La participación de todas las personas interesadas en el resultado de un proceso de toma de decisiones, es tal vez el más importante de los “principios democráticos” a que se refiere el artículo 39 de nuestra Constitución. Siendo el sindicato el foro de discusión y decisión por excelencia de asuntos determinantes para el desarrollo de las relaciones entre empleador y empleados, forzoso es concluir que el respeto a la posibilidad de participar en él es un límite del fuero interno otorgado por el ordenamiento jurídico a los sindicatos.

En consecuencia, la libertad de asociación sindical debe ser entendida no sólo en su sentido negativo tradicional, esto es, como el derecho a no ser compelido a pertenecer a un sindicato, sino también en un sentido positivo, como la posibilidad efectiva de todo trabajador de pertenecer a una organización que defienda sus intereses profesionales, con la sola condición de cumplir los requisitos estatutarios que no atenten contra el núcleo esencial del derecho de asociación sindical, haciendo ilusoria esa posibilidad. En esta segunda acepción, el derecho fundamental consagrado en el artículo 39 de la Carta implica la prohibición para los sindicatos de impedir arbitrariamente el ingreso de trabajadores que cumplan los requisitos establecidos en sus estatutos, y la imposibilidad jurídica de establecer en estos condiciones de afiliación que dejen al capricho de los miembros del sindicato la aprobación de la solicitud de ingreso de nuevos afiliados.

Idéntica conclusión se desprende del texto del artículo 2º del Convenio Nº 87 de la OIT (Ley 26 de 1976), que establece lo siguiente:

“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen conveniente, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”.

Este derecho de que gozan los trabajadores puede ser efectivamente ejercido sólo en la medida en que los estatutos sindicales establezcan condiciones de admisión razonables, que no dejen a la discreción absoluta e inmotivada de los afiliados la posibilidad de ecceder a él.

Así lo exije además la segunda característica de la democracia delineada en la Constitución de 1991, que la Sala considera importante resaltar: la igualdad entre todas las personas (art. 13 de la C.P.), que es recogida, para el caso particular de los trabajadores, como uno de los principios rectores del estatuto del trabajo en el artículo 53 de la Carta. En efecto, como lo ha establecido la Corte en jurisprudencia reiterada, para que una diferencia de trato sea compatible con la garantía general de igualdad entre los individuos, ella debe tener una justificación objetiva y razonable (sentencia T-238 de 1993; sentencia T-250 de 1993, entre otras). La decisión de un sindicato de aceptar el ingreso de unos trabajadores y de negar la entrada a otros sin motivación alguna, no cumple a las claras esta condición, pues se caracteriza precisamente por la ausencia de justificación.

3. La libertad de trabajo.

La existencia, en el caso sub examine, de una convención colectiva pactada entre el sindicato y la empresa, en virtud de la cual en caso de necesidad técnica o económica “el licenciamiento de personal será preferiblemente para el no sindicalizado”, merece un análisis adicional a la luz del derecho fundamental a la libertad de trabajo, consagrado en el artículo 25 de la Constitución en los siguientes términos:

“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

En efecto, cláusulas de la naturaleza de la pactada entre Comfaoriente y el sindicato acusado constituyen en sí misma una limitación indebida de la libertad de los trabajadores de afiliarse o no a la organización sindical. Otorgar un tratamiento preferencial a los empleados sindicalizados en un aspecto vital para todos los trabajadores, como lo es el de la esta-bilidad laboral, genera sin duda una presión sobre los no afiliados para hacer parte del sindicato, y contraría el principio de igualdad de oportunidades consagrado en el artículo 53 de la Carta.

Ahora bien: aunada a la disposición estatutaria que prevé la aprobación de la afiliación por votación mayoritaria no motivada, dicha prerrogativa otorga a los miembros del sindicato un verdadero instrumento de injerencia sobre la estabilidad laboral de los empleados no afiliados y, por lo tanto, sobre su derecho al trabajo. Este tipo de pacto sigue la lógica de las llamadas “cláusulas de exclusión” del derecho laboral inglés(2), que establecen como condición de permanencia en la empresa la pertenencia a la organización sindical, sistema que fue condenado por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso “Young, James y Webster vs. Reino Unido”. En esa ocasión, la Corte de Es-trasburgo afirmó que “una amenaza de despido que implica la pérdida de los medios de existencia constituye una forma muy grave de constricción... que toca la sustancia misma de la libertad de asociación”(3).

En consecuencia, amén de atentar contra el derecho del trabajador a afiliarse a un sindicato o a abstenerse de hacerlo, la combinación de las cláusulas aludidas constituye una vulneración del derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de nuestra Carta, al colocarlo en una situación injustificada de inestabilidad laboral.

4. Los casos en cuestión.

Hechas las anteriores consideraciones generales, válidas para los dos supuestos fácticos objeto de análisis en esta decisión, procede la Sala a examinar cada uno de estos casos en particular.

De acuerdo con los hechos que dieron base a la tutela impetrada por la señora Cruz Delina Guerrero Hernández, el rechazo de la solicitud de afiliación presentada por ésta a Sintra-comfaoriente se debió a la simple falta de los votos favorables de la mayoría de los miembros del sindicato, motivo que, como quedó establecido anteriormente, vulnera arbitrariamente el derecho de asociación sindical de la actora, al igual que su libertad de trabajo. En estas condiciones, el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que tuteló los derechos de la accionante en el caso en examen, debe ser confirmada.

En relación con el proceso de tutela iniciado por el señor Eduardo Ramírez Merchán, es necesario destacar que la razón de la respuesta negativa del sindicato acusado, a su solicitud de ingreso, no fue la falta de la votación requerida estatutariamente (y no podía serlo, porque al momento de darse la respuesta ya había sido proferido el fallo de primera instancia en el caso de la señora Guerrero Hernández, que advertía al sindicato la vulneración del derecho de asociación sindical), sino la renuencia del actor a cumplir con los mínimos requisitos exigidos por el sindicato. Las exigencias de una fotocopia de la cédula de ciudadanía y de certificaciones médicas y laborales son —en el criterio de esta Sala— requisitos comunes y razonables, que no vulneran en forma alguna el derecho constitucional del trabajador a afiliarse al sindicato, y que pueden ser establecidas por éste en el ejercicio de las facultades que le otorga el ordenamiento legal (art. 362, num. 3º del CST).

No sucede lo mismo con el requisito consistente en la certificación de buena conducta emanada del sindicato. En este punto asiste la razón al peticionario cuando afirma que el sindicato no puede convertirse en juez y parte en el ingreso de un nuevo afiliado. La conclusión contraría tendría por efecto otorgar al sindicato por otra vía —la de la certificación de buena conducta— un poder discrecional incompatible con los principios democráticos, que la Sala ha censurado en la parte general de la presente providencia. El derecho de afiliación del que todo trabajador es titular, se hace efectivo sólo si es supeditado a condiciones cuya realización no depende de la voluntad de la organización sindical. Esto no impide, sin embargo, que el sindicato pueda evaluar la conducta de los trabajadores ya afiliados y decidir la expulsión de alguno de ellos, cuando dicha medida esté fundada en motivos razonables, previstos esta-turiamente y compatibles con los principios democráticos (art. 39 C.P.).

Teniendo en cuenta esta precisión, la sentencia del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, que no concedió la tutela al actor, debe ser confirmada, en tanto esté fundada en la negativa de éste a cumplir los requisitos de presentación de la cédula de ciudadanía y de los certificados laboral y médico».

(Sentencia T-173 de abril 24 de 1995. Magis-trado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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