Sentencia T-175 de abril 11 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. Alberto Rojas Río

Ref.: Expediente T-5.249.681

Acción de tutela instaurada por Jesús del Cristo Meza Contreras mediante apoderada judicial contra la Policía Nacional.

Bogotá, D.C., once de abril dos mil dieciséis.

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa y los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente, las previstas en el artículo 241, numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:

Sentencia

En el proceso de revisión del fallo proferido el 13 de agosto de 2015 en primera instancia, por la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, dentro de la acción de tutela promovida por Jesús del Cristo Meza Contreras mediante apoderada judicial contra la Policía Nacional.

El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión mediante Auto del 26 de noviembre de 2015, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Once.

I. Antecedentes

1. Hechos y pretensiones.

1.1. Jesús del Cristo Meza Contreras se graduó el 12 de diciembre de 2008 como patrullero de la Policía Nacional y se encuentra ejerciendo sus funciones sin anotaciones negativas en su hoja de vida.

1.2. El 15 de junio de 2012, el actor mediante escrito dirigido al Teniente Coronel Meyer Hernán Ibarra Rodríguez, Comandante (e) del Departamento de Policía de Sucre, solicitó permiso para adelantar sus estudios de educación superior, con el fin de profesionalizar su carrera.

1.3. El día 26 de junio de 2015 le fue notificado al accionante mediante correo electrónico la Orden Administrativa de Personal (OAP) Nº 1-118 de la Dirección General de la Policía Nacional, la cual informó su traslado al Departamento del Caquetá, situación que le impide continuar con sus estudios en la corporación Universitaria del Caribe. ++Señaló su poderdante que el actor aprobó satisfactoriamente el sexto semestre de la carrera en derecho, con un buen desempeño académico.

1.4. La apoderada manifestó que el señor Meza Contreras vive con su madre (una adulta mayor que presenta quebrantos de salud, los cuales no le permiten trabajar) y su hermana, quienes dependen económicamente de él, sufragando los gastos de alimentación, educación, vivienda, medicamento, servicios públicos, entre otros.

Por lo anterior, el señor Jesús del Cristo Meza Contreras formuló por medio de apoderada judicial, acción de tutela contra la Policía Nacional al considerar vulnerados sus derechos a la educación, a la vida digna, a la igualdad y solicitó como medida provisional se suspenda el traslado hasta tanta el juez constitucional resuelva el caso.

2. Material probatorio obrante en el expediente.

2.1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de María Inmaculada Rodríguez Merlano(1).

2.2. Fotocopia de la tarjeta profesional de abogada de María Inmaculada Rodríguez Merlano.(2)

2.3. Fotocopia del poder de María Inmaculada Rodríguez Merlano en calidad de Representante de Jesús del Cristo Meza Contreras.(3)

2.4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Jesús del Cristo Meza Contreras.(4)

2.5. Fotocopia del carné, el cual acredita como patrullero activo de la Policía Nacional al señor Jesús del Cristo Meza Contreras.(5)

2.6. Fotocopia del extracto de la hoja de vida de Jesús del Cristo Meza Contreras, expedida el 8 de julio de 2015.(6)

2.7. Fotocopia de la solicitud del permiso para adelantar estudios universitarios, presentada por Jesús del Cristo Meza Contreras, de fecha 15 de junio de 2011, el documento tiene fecha de recibo de 15 de junio de 2012 por parte del Departamento de la Policía de Sucre.(7)

2.8. Fotocopia del certificado estudiantil expedido por la corporación Universitaria del Cesar el 7 de julio de 2015, en el cual consta que “Meza Contreras Jesús del Cristo, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.100.395.379 de Sincé, cursó y aprobó en esta institución para el primer período académico del año 2015, el SEXTO semestre correspondiente al programa de DERECHO (Jornada Nocturna)”. (8)

2.9. Copia de los recibos de pago Nº 163289 del 5 de febrero de 2015, Nº 69421 del 11 de julio de 2014, Nº 92557 del 25 de julio de 2014, Nº 92165 del 22 de enero de 2014, Nº 32886 del 23 de enero de 2013, Nº 39955 del 15 de mayo de 2013, Nº 21613 del 25 de octubre de 2012, Nº 18974 del 11 de julio de 2012 realizados por el accionante a la corporación Universitaria del Caribe por concepto de matrícula académica.

3. Actuación procesal.

Por auto del 3 de agosto de 2015, la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, avocó conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado a la entidad accionada, para que ejerciera su derecho de defensa. De igual manera negó la medida provisional solicitada por la apoderada del accionante, al considerar que en el expediente no obra la orden de traslado alegado por el accionante.

Respuesta de la entidad accionada(9). 

Mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2015, el Director de Talento Humano de la Policía Nacional, da repuesta a la tutela, señalando lo siguiente:

“(…) el traslado del señor Patrullero Jesús del Cristo Meza Contreras, obedece a los movimientos internos habituales y necesarios para cubrir las necesidades de personal en las unidades policiales, que por múltiples razones del servicio se requiere en forma constante, como también, para oxigenar y renovar o efectuar cambios necesarios, en aquellas unidades donde el personal policial lleva laborando demasiado tiempo, o que por alguna razón se encuentra afectando el buen servicio de la institución.

No existe por tanto, vulneración alguna a los derechos fundamentales a la vida, educación y a la igualdad, que argumentan el accionante, en primer lugar, porque los antecedentes documentales que dan soporte al procedimiento, permiten descartar cualquier animadversión personal en contra del accionante, por parte de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, pues la misma desconoce las problemáticas en particular de cada uno de los centenares de uniformados que compone la institución, pues de ello se encargan los mandos directivos de cada policial, conforma a la línea de mando y conducto regular.

(…).

Lo formación académica que cada funcionario policial pueda dispensarse, se da en la medida en que las condiciones del servicio al cual se encuentra asignado, se lo permitan, previo permiso autorizado por sus comandantes directivos, y siempre, bajo el presupuesto que dicho permiso, para adelantar estudios se concede sin perjuicio del servicio.” Subraya del texto original.

Finalmente, la entidad accionada consideró que no se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, teniendo en cuenta que: (i) su traslado se dio bajo las mismas condiciones que otros miembros de la Policía Nacional; (ii) es de conocimiento del uniformado la disciplina y el régimen especial de la carrera; y (iii) cuenta con otro mecanismo judicial para convertir el acto administrativo que dispuso su traslado.

4. Sentencia objeto de revisión.

Mediante providencia del 13 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Sucre, consideró improcedente la acción de tutela, bajo el argumento que el accionante dispone de otros medios de defensa judicial para reclamar la garantía de sus derechos constitucionales, como lo es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual permite controvertir la legalidad del acto administrativo que ordenó el traslado.

La Sala manifestó que el material probatorio allegado al proceso no permitió establecer la existencia de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que la orden de traslado no amenaza la estabilidad del núcleo familiar del accionante.

El fallo de tutela no fue objeto de impugnación.

5. Escrito enviado por el demandante a la Corte Constitucional en transcurso de la revisión.

El demandante allegó a la Corte(10), con destino del presente proceso, escrito en el cual manifestó que se encuentra adscrito a la Estación Belén de los Andaquíes en el Departamento del Caquetá desde el 4 de agosto de 2015, lo que ha impedido continuar con sus estudios universitarios en la corporación Universitaria del Caribe, CECAR, con sede en la ciudad de Sincelejo (Sucre), lugar en el que reside su mamá y hermana personas que dependen económicamente de él.

Anexó los siguientes documentos:

5.1. Hoja de vida del señor Jesús del Cristo Meza Contreras de fecha 16 de febrero de 2016.(11)

5.2. Copia de la historia clínica de la señora Consuelo Contreras Barreto de fecha 26 de octubre de 2012(12).

5.3. Copia de orden de interconsulta emitido por Sanidad Comando Sucre. Con diagnóstico de “trastorno del sueño no especificado” de fecha 29 de enero de 2016.(13)

5.4. Copia de Hoja de evolución de la Clínica Manantiales SAS. (14)

5.5. Copia de excusa de servicio, en la cual el señor Jesús del Cristo Meza Contreras es incapacitado por 30 días. (15)

II. Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9, de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Planteamiento del caso y problema jurídico.

El señor Jesús del Cristo Meza Contreras, mediante apoderada judicial, formuló acción de tutela contra la Policía Nacional, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación, a la vida digna y a la igualdad, debido a que el traslado de la Estación de Policía de Corozal (Sucre) al Departamento de Policía de Caquetá, afectó la continuación de sus estudios universitarios.

El Director de Talento Humano (E) de la Policía Nacional solicitó negar la acción de tutela, argumentando que el actor no se encuentra ante un perjuicio irremediable y la orden de traslado obedece a necesidades del servicio.

El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión Oral declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que el accionante tiene otros medios de defensa judicial para cuestionar la legalidad del acto administrativo que ordenó su traslado.

En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si: ¿la Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales a la educación, a la vida digna y a la igualdad del accionante, al haber emitido la Orden Administrativa de Personal (OAP) Nº 1-118 del 26 de junio de 2015, mediante la cual ordenó su traslado, sin considerar que estaba estudiando derecho en la corporación Universitaria del Cesar?

Para resolver el problema jurídico, la Sala reiterará su jurisprudencia en relación con: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir el traslado de un servidor público; (ii) el ejercicio del “ius variandi” en plantas de personal de carácter global y flexible; (iii) la normatividad aplicable al traslado de los miembros de la Policía Nacional; (iv) el derecho fundamental al goce efectivo de la educación y finalmente (v) el análisis del caso concreto.

1. Procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir el traslado de un servidor público.

En reiteradas oportunidades la jurisprudencia de esta corporación(16) ha señalado que la acción de tutela es improcedente para controvertir un acto administrativo que ordena el traslado de un servidor público(17), toda vez que existe el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, procedimiento en el cual se puede solicitar la suspensión provisional del acto. Sin embargo, la Corte ha establecido que “la acción contencioso administrativa frente a decisiones de traslado de funcionarios no es un medio adecuado, eficaz e idóneo cuando lo que se debate es la vulneración de un derecho fundamental y no la legalidad de una actuación(18). El objeto de análisis del juez ordinario de una orden de traslado no verifica la vulneración de derechos fundamentales sino la legalidad de la orden(19)”.(20)

Al respecto y con el propósito de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, la Corte ha establecido algunas reglas, en las cuales procede la acción de tutela:

“(…) la procedencia de la acción solo opera cuando el acto (i) sea ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de fundamento alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en forma intempestiva y (iii) afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar. Ahora bien, esto último puede darse de diversas formas, como cuando el traslado genera serios problemas de salud, “especialmente porque en la localidad de destino no existan condiciones para brindarle el cuidado médico requerido”, cuando pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia, o en aquellos eventos donde la ruptura del núcleo familiar va más allá de una simple separación transitoria y es originada en factores distintos al traslado o a circunstancias superables (T-965/2000, T-1498/2000 y T-346/2001). Solamente en estos eventos queda autorizada la intervención mediante tutela: lo contrario significa una intromisión ilegítima en la competencia del juez administrativo.” (21)

Siguiendo la jurisprudencia desarrollada por la Corte, en Sentencia T-825 de 2003 señaló que:

“(…) la procedencia de la tutela para impugnar una orden de traslado depende de la existencia de elementos que demuestren que el cambio de sede compromete en forma grave los derechos del trabajador o de su núcleo familiar. En este sentido, no toda implicación de orden familiar y económico del trabajador causada por el traslado tiene relevancia constitucional para determinar la procedencia del amparo, pues de lo contrario “en la práctica se haría imposible la reubicación de los funcionarios de acuerdo con las necesidades y objetivos de la entidad empleadora”.

La intervención del juez de tutela dependerá entonces de las circunstancias que rodean cada caso individualmente considerado y de la debida acreditación de una situación excepcional que amenace de forma grave los derechos del trabajador o de su núcleo familiar. En este sentido, la Corte ha concedido el amparo cuando encuentra demostrada la difícil situación que genera un traslado laboral o la negativa para otorgarlo, con independencia de si se trata de un trabajador público o privado, pero se ha abstenido de hacerlo ante la insuficiencia de soporte probatorio, en virtud de la existencia de otros medios de defensa judicial.

La intervención del juez de tutela dependerá entonces de las circunstancias que rodean cada caso individualmente considerado y de la debida acreditación de una situación excepcional que amenace de forma grave los derechos del trabajador o de su núcleo familiar.”

Sin embargo, esta corporación ha negó el amparo constitucional frente a los traslados en los siguientes casos:

“(…) cuando el afectado argumente el desmejoramiento de las condiciones materiales o de la infraestructura de trabajo(22); alegue la vulneración del derecho a la educación porque deba abandonar estudios(23); o, aduzca una desmejora relativa de sus condiciones económicas por un aumento de los gastos necesarios para trasladarse a la localidad de destino(24). En estos casos, la Corte ha entendido que si para cada traslado las autoridades tienen que tener en cuenta la totalidad de las circunstancias de orden familiar y económico que debe afrontar el trabajador “la inmovilidad y paquidermia de la institución la harían fracasar en el cumplimiento de sus objetivos”.”(25)

No obstante, no sobra añadir que el hecho de que no proceda el amparo constitucional no significa que la persona afectada no pueda acudir a otro medio de defensa judicial en virtud del cual tenga la oportunidad de demostrar, ante el juez competente, la arbitrariedad del acto de traslado y la consecuente reparación del daño infligido.”(26)

En conclusión, la procedencia de la acción constitucional para revocar una orden de traslado es excepcional y es viable si: (i) las razones del traslado son ostensiblemente arbitrarias (que no se tenga en cuenta la situación particular del trabajador); (ii) el traslado afecte de forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del accionante y su núcleo familiar; y/o desmejora las condiciones del trabajador.(27)

1. El ejercicio del ius variandi en plantas de personal de carácter global y flexible.

La jurisprudencia constitucional ha reiterado que “el ius variandi, o facultad del empleador de modificar unilateralmente ciertas condiciones del trabajador, es una de las expresiones del poder de subordinación jurídica que sobre los trabajadores ejerce el empleador. Dicho en otros términos, dentro de la naturaleza propia de la relación laboral se encuentra la potestad del empleador de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo(28).

En el caso de las entidades que hacen parte del sector público, en particular en aquellas que cuentan con una planta de personal global y flexible, la Corte Constitucional ha señalado que el margen de discrecionalidad con el que cuenta el empleador para ejercer la facultad del ius variandi es más amplio, en la medida en que debe privilegiarse el cumplimiento de la misión institucional que les ha sido encargada sobre los intereses particulares de los afectados, todo con miras a atender de la mejor manera las necesidades del servicio(29).

La adopción de las plantas de personal global y flexible al interior de algunas entidades colombianas, no afecta por sí mismas el derecho al trabajo, sino que suponen la armonía que debe existir entre las necesidades del servicio público y el interés general, como es en el caso de la Policía Nacional.

La jurisprudencia de esta Corte, desde la Sentencia T-615 de 1992 ha establecido que es mayor el grado de discrecionalidad que tienen las autoridades para ordenar traslados en entidades con planta global y flexible, aunque este no “puede considerarse omnímodo sino que, como toda atribución discrecional, exige una orientación razonable y un ejercicio ajustado a los fines que persigue”. En esta oportunidad la Corte estudió la situación de un miembro de la Policía Nacional que fue trasladado del Departamento de Risaralda al Departamento de Arauca, explicó que la Policía Nacional “es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil organizado por la ley y a cargo de la Nación, cuyo fin primordial, según lo declara el artículo 218 de la Carta, es el de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” y que su naturaleza es de cambios frecuente de sus miembros, implicando un despliegue en todo el territorio, según las circunstancias de la zona y el desplazamiento de sus efectivos a los sitios que acusan una mayor necesidad de su presencia.

La anterior sentencia concluyó que “si se escudriñara la vida de cada uno de los agentes de policía y las múltiples dificultades de orden familiar y económico que deben afrontar, derivando de tan variadas circunstancias la forzosa sujeción de los mandos superiores de tal modo que todo traslado estuviese condicionado por aquellas, la inmovilidad y paquidermia de la institución la haría fracasar en el cumplimiento de sus objetivos. Lo expresado resalta la función pública que cumple la Policía Nacional y muestra a las claras la trascendencia del principio constitucional que impone la prevalencia del bien común sobre los intereses individuales, erigido por la nueva Carta en uno de los fundamentos esenciales del Estado y del ordenamiento jurídico (C.N. art. 1º)”.

Posteriormente, mediante Sentencia T-016 de 1995 la Corte conoció en sede de revisión una acción de tutela formulada por un Cabo al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, quien fue traslado de la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín a la del Circuito de Segovia (Antioquia), afectando su estabilidad familiar, laboral y educativa, ya que estaba estudiando bachillerato en un Colegio de Copacabana. En esta oportunidad la Sala negó el amparo, al considerar que la acción de tutela no es procedente para dejar sin efectos el traslado, “a menos que se logre probar la flagrante violación de derechos fundamentales y la inminencia de un perjuicio irremediable que hiciera urgente e inaplazable la decisión del juez mientras se resuelve de fondo por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, a su vez señaló que:

(…) no puede afirmarse como regla general la de que todo cambio en las condiciones laborales, particularmente el que se refiere a la variación del sitio donde generalmente se presta el servicio personal, genere el desconocimiento de derechos fundamentales. Debe examinarse el caso particular, dentro de las circunstancias en medio de las cuales tiene ocurrencia.

En lo referente a entidades públicas, los expresados límites de ius variandi no pueden entenderse como la pérdida de la autonomía que corresponde al nominador en cuanto al manejo del personal a su cargo, ni como la absoluta imposibilidad de ordenar traslados, pues éstos resultan indispensables para el adecuado desarrollo de la función pública y para la oportuna atención de las necesidades del servicio.

Adcionalmente (sic), por razón de la naturaleza y la finalidad de sus funciones dentro de la estructura del aparato estatal, ciertos organismos y entidades deben gozar de un mayor grado de discrecionalidad para el ejercicio del ius variandi. Tal es el caso de la Policía (Cfr. C. Const. Sent. T-615/92 dic. 18), el Ejército, los entes investigativos y de seguridad, entre otros.

En Sentencia T-715 de 1996, la Corte estudió el caso de una empleada de la Aeronáutica Civil que fue trasladada de la ciudad de Ibagué a la ciudad de Girardot; en esta oportunidad la Sala manifestó lo siguiente:

“Con todo, prima facie no se observa una evidente contradicción entre el establecimiento de las plantas globales y la normativa constitucional. La planta de personal global y flexible tiene por fin garantizarle a la administración pública mayor capacidad de manejo de su planta de funcionarios, con el objeto de atender las cambiantes necesidades del servicio y de cumplir de manera más eficiente con las funciones que le corresponden. Este es, pues, un punto en el que existe tensión entre el interés general y los deberes del Estado, y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, no es claro que el establecimiento de una planta global afecte el núcleo esencial de la estabilidad y los derechos de los trabajadores, ya que éstos siguen gozando de ellos, pero en una forma tal que se armonizan con el interés de elevar la eficiencia de la administración.”

En Sentencia T-355 de 2000, la Sala analizó el caso de un agente de la Policía Nacional, quien cursaba séptimo semestre de psicología en la Universidad Antonio Nariño de Popayán. En este fallo la Sala negó la protección de los derechos fundamentales, al considerar que el traslado del accionante fue por necesidad del servicio y “No aparece requerimiento alguno hecho por el comandante de la población de Belalcázar, pero los elementos de juicio allegados llevan a concluir que, si se produjo el traslado del peticionario a ese sitio, fue por necesidades del servicio, salvo que se demuestre lo contrario. La Sala observa que, aunque se están viendo afectadas, o al menos postergadas las posibilidades de educación superior del accionante y su relación cotidiana con la familia, existen motivos superiores de interés general que justifican la decisión, pues la situación de orden público en el Departamento del Cauca y concretamente en El Tambo, es apremiante y supone un refuerzo de personal, sobre todo en horas de la noche, haciendo casi imposible, por ahora, la continuación del estudio en ese horario.

En este sentido la Sala estableció que:

(…) en varias sentencias de la Corte, no resultan aplicables en los mismos términos a la relación existente entre las jerarquías de los cuerpos armados y los policías o soldados, quienes, si no son menores de 18 años (evento en el cual la doctrina de esta Corte ha sido perentoria en rechazar que se los envíe a zonas de combate, como se dijo en Sent. SU-200/97, abr. 17), deben estar dispuestos a obedecer las decisiones que adopten sus superiores jerárquicos en relación con las modalidades del servicio que prestan.

En tales casos no aparece comprometido únicamente un interés individual ni se trata apenas de una pura y simple relación de trabajo, sino que está de por medio la disciplina inherente a la naturaleza y función de la Fuerza Pública, con grave compromiso de sus delicadas responsabilidades en la defensa de la soberanía, la preservación del territorio, la seguridad y la convivencia ciudadanas.

Teniendo en cuenta la delicada misión que se ha confiado a la Policía Nacional, es comprensible que exista un alto grado de discrecionalidad por parte de los superiores para realizar los movimientos que se consideren necesarios, máxime teniendo en cuenta la situación de inseguridad y violencia que se vive actualmente en el país, pues lo contrario equivaldría a declinar en la labor que se le ha encomendado. No puede pretenderse dar un trato similar a una persona que trabaja en una empresa del sector privado, o en una actividad pública que permita mayor flexibilidad, que al miembro del Ejército o de la Policía Nacional cuyos servicios se requieran —según las necesidades del servicio— en cierto punto del territorio, pues en estos casos está claramente comprometido el interés público.”

Finalmente, la sentencia señaló que la facultad patronal de modificar las condiciones laborales no es absoluta, por cuanto puede ser quebrantadora de los derechos fundamentales si se aplica en forma arbitraria y no se justifican los motivos por los cuales es necesario el traslado. La Sala advirtió al Comandante del Departamento de Policía del Cauca, que en la primera oportunidad que se presentara, tuviera en cuenta la situación en particular del agente y gestionara su traslado con el fin de que pueda continuar con sus estudios.

En un caso análogo, la Sentencia T-468 de 2002 conoció en sede de revisión una acción de tutela interpuesta por un dragoneante del INPEC quien fue trasladado sin tener en cuenta su condición de estudiante universitario, pues se matriculó en el programa de derecho en la Universidad Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar. Adicionalmente, argumentó que el salario que devenga es la única fuente de ingreso familiar, y resulta insuficiente para sostener a su familia en Cúcuta y simultáneamente sufragar sus propios gastos. En consecuencia, solicitó se revocara la decisión de traslado.

En esa oportunidad, la Sala consideró “que el diseño de plantas globales al interior de la administración no afecta por sí misma el derecho al trabajo, ni ningún otro derecho fundamental, sino que supone su armonización con las necesidades del servicio público y del interés general”. Por lo tanto, observó que el actor estaba vinculado a una institución de planta global y flexible donde la estabilidad territorial de los trabajadores es menor y la naturaleza de las funciones asignadas, demanda un amplio margen de discrecionalidad al momento de ordenar traslados de una ciudad a otra.

En vista de lo anterior, señaló que aun cuando la entidad accionada le concedió al accionante el permiso para adelantar estudios de Derecho, “esa autorización no le garantizaba su inamovilidad temporal, porque las necesidades del servicio dejaban abierta la posibilidad de adoptar esta clase de medidas, como expresamente lo señaló la entidad en la autorización concedida”. Y “la orden de traslado no configura autónomamente la violación del derecho al trabajo, ni del derecho a la educación, porque su ejercicio está sujeto a las exigencias del cargo de dragoneante dentro del INPEC”.

A su vez, que “la estabilidad territorial de quienes laboran en instituciones con planta global es menor a la de aquellos que lo hacen para otro tipo de entidades pues, como fue señalado, razones de interés general justifican un tratamiento diferente. No obstante, el ejercicio del ius variandi para ordenar traslados, por ejemplo de una ciudad a otra en instituciones del orden nacional, tiene como supuesto la necesidad del servicio, y encuentra su límite en el respeto a los derechos adquiridos y la imposibilidad de desmejorar las condiciones laborales”.

Respecto a lo anterior, la mencionada sentencia planteó lo siguiente: “cuando una entidad autoriza a uno de sus servidores para adelantar estudios superiores, ¿genera una relativa inamovilidad temporal que consolida un derecho y hace del traslado territorial un desmejoramiento en las condiciones del trabajador?”, en respuesta al interrogante, la Sala tuvo en cuenta diferentes aspectos:

“(…) en primer lugar, que como el Estado es el encargado de promover la educación y el acceso a la cultura, es su obligación velar por la capacitación integral de sus trabajadores, una de cuyas formas consiste precisamente en permitir la formación universitaria sin establecer barreras para su acceso. En segundo lugar, es razonable suponer que quien adelanta estudios de profesionalización ha proyectado mejorar sus condiciones de vida desde distintas perspectivas, proyecto que debe ser respetado por el Estado. En tercer lugar, debe tenerse en cuenta cuál es el tipo de vinculación y la naturaleza de la entidad, porque según fue explicado anteriormente, quien labora en una institución con planta global y flexible tiene una menor estabilidad territorial. Finalmente, es preciso tomar en consideración si la decisión de traslado obedece a necesidades del servicio o al mero capricho de la administración.

En este orden de idas (sic), si bien es cierto que el Estado tiene la obligación de promover el acceso a la educación y la cultura, respetando la proyección de sus servidores, también lo es que cuando media la necesidad del servicio en instituciones públicas de planta global, no puede invocarse la autorización para adelantar estudios superiores como la consolidación de un derecho que impida la realización de un traslado o la consecuente desmejora en las condiciones laborales. Por el contrario, el otorgamiento de permisos académicos significa el ejercicio de los derechos del trabajador y el cumplimiento de los deberes de la administración, pero ellos no pueden entenderse en términos absolutos, sino que su alcance está sujeto a las obligaciones derivadas del cargo y las razonables exigencias del servicio, especialmente en instituciones de planta global.”

En conclusión, la Policía Nacional es una institución que cuenta con una planta global y flexible, lo cual implica un mayor grado de discrecionalidad al momento de ordenar el traslado de sus miembros. Sin embargo, “para que la medida así adoptada no implique la vulneración de los derechos constitucionales del trabajador, (i) el empleador debe sustentar su decisión en razones del buen servicio; (ii) el traslado debe realizarse a un cargo de la misma categoría y con funciones afines, en cuanto no implique desmejora de las condiciones laborales y; (iii) han de tenerse en cuenta las consecuencias que el cambio de sede pudiere tener de manera grave sobre aspectos personales del servidor y su entorno familiar, en orden a evitar una intensa afectación de los derechos del núcleo familiar.”(30)

3. El derecho fundamental al goce efectivo de la educación. Reiteración de jurisprudencia.

En reiterada jurisprudencia esta corporación ha especificado que el derecho al goce efectivo de la educación es aquél que hace referencia a la posibilidad que tienen todas las personas de vincularse a una institución educativa de carácter pública o privada para apoyar por esta vía el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a las demás disciplinas, bienes y valores de la cultura en sociedad.

La Corte ha reconocido la fundamentalidad del derecho al goce efectivo de la educación a pesar de no estar reconocida expresamente en la Constitución, porque su núcleo esencial comporta uno de los principales factores de acceso a la información y de desarrollo no solo individual sino colectivo, ya que se procura el bienestar del ser humano y su entorno en todos los ámbitos posibles. Del mismo modo, se ha precisado por la jurisprudencia que este derecho constituye un medio a través del cual el individuo se integra efectiva y eficazmente a la sociedad, por ello, es evidente que pertenece a la categoría de los derechos sustanciales de los ciudadanos.(31)

La educación es también necesaria para garantizar el mínimo vital, la igualdad de oportunidades en el trabajo, y la participación política entre otros. Por lo tanto, debe estar encaminada al acceso a la cultura, a la formación en derechos humanos, la paz y la democracia. Sobre este tema la Sentencia T-787 de 2006 estableció:

“[L]a Corte ha indicado en distintos pronunciamientos que [la educación] (i) es una herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto potencia la igualdad de oportunidades(32); (ii) es un instrumento que permite la proyección social del ser humano y la realización de otros de sus demás derechos fundamentales(33); (iii) es un elemento dignificador de las personas(34); (iv) es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico(35); (v) es un instrumento para la construcción de equidad social(36), y (vi) es una herramienta para el desarrollo de la comunidad, entre otras características”.

A su vez, la Constitución en sus artículos 67, 68 y 69 estipula lo relacionado con el servicio público educativo, los establecimientos de comunidad educativa, la profesionalización de la actividad docente, la libertad de enseñanza y el aprendizaje, la autonomía universitaria, la investigación científica y el acceso a la educación superior.

Con fundamento en los artículos anteriores, la jurisprudencia constitucional ha señalado como características y componentes principales del derecho fundamental a la educación lo siguiente: (i) es objeto de protección especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales conexos, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización personal, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre otros; (iii) es uno de los fines esenciales del Estado social y democrático de derecho; (iv) está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una “adecuada formación”; (v) se trata de un derecho deber y genera obligaciones recíprocas entre todos los actores del proceso educativo.(37)

Caso concreto

El señor Jesús del Cristo Meza Contreras se encuentra vinculado a la Policía Nacional en el cargo de Patrullero desde el año 2008. Mediante acción de tutela solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la educación, a la vida digna y la igualdad, por cuanto la entidad accionada ordenó su traslado de la Estación de Policía de Corozal (Sucre) al Departamento de Policía de Caquetá, sin tener en cuenta que en ese momento se encontraba cursando sexto semestre de derecho en la corporación Universitaria del Caribe, CECAR.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si la Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, al no tener en consideración que con el traslado afectó su continuidad en el proceso educativo.

Antes de examinar de fondo la actuación de la Policía Nacional, la Sala debe analizar en este caso la procedencia de la acción de tutela para reclamar la protección del derecho a la educación.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es improcedente para atacar un acto administrativo que ordena un traslado, toda vez que existe un mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento, como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, ha concluido que la vía constitucional se torna procedente ante la presunta vulneración de derechos fundamentales, cuando: (i) las razones que llevaron a la decisión del traslado son ostensiblemente arbitrarias y no tuvieron en cuenta la situación particular del trabajador; (ii) el traslado afecta de forma clara, grave y directa los derechos fundamentales de la parte actora o de su núcleo familiar; y/o (iii) el traslado desmejora las condiciones del empleado.

Respecto a la subreglas mencionadas, y conforme a los elementos fácticos y probatorios que obran dentro del expediente, la Sala encuentra que la acción de tutela es procedente por cuanto se vislumbra una vulneración del derecho fundamental a la educación, pues se trasladó al accionante sin valorar su condición de estudiante. Por lo tanto es necesario que el juez constitucional se pronuncie frente al caso.

Se observa que el Director de Talento Humano de la Policía Nacional, mediante oficio Nº S- 2015-139189/DITAH-APROP 1.10 del 19 de mayo de 2015 solicitó a las Unidades (Comandantes de Región, Metropolitanas y Departamento de Policía) “candidatizar al personal uniformado en los grados y cantidad que más adelante se relacionan, con el fin de atender los requerimientos realizados por los funcionarios inscritos en el primero comité asesor de traslados en línea 2015, para que cumplan traslado a otras unidades a nivel a nacional”(38).

Antes de proponer el personal, deben tener en cuenta los siguientes criterios:

Apto para el servicio (no presentar incapacidad médica parcial o total)

Llevar más de 2 años en la unidad actual 

Que figuren laborando 

No estar pendientes de retiro 

No estar próximo a concurso y/o curso de ascenso 

No estar inscritos en traslados en línea con concepto no viable”. Subrayas y negrillas del texto original.

En respuesta a la mencionada solicitud, el Comandante del Departamento de Policía de Sucre(39), mediante oficio Nº S-2015-009198 COMAN DESUC-29 del 22 mayo de 2015, envió el listado del personal que cumple con los requisitos exigidos, con un total de 15 personas, entre los cuales se encuentra el accionante.

De conformidad con lo anterior, la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, elaboró la propuesta de traslado Nº 0988(40), en la cual se relacionó las condiciones del patrullero Jesús del Cristo Meza Contreras(41):

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Estado CivilDependencia InternaCargoFecha Fiscal de AscensoTiempo UnidadTiempo de ServicioUnidades LaboralesEstado LaboralAptitudObservaciones
ULEstación de Policía CorozalIntegrante
Patrulla de vigilancia
12-12-0806-05-247 años(s) 4 mes(es) 22 día(s)DESUC 06-05-24Laborando AptoNecesidades del servicio: DITAH solicita candidatizar personal mediante comunicado oficial s-2015-139189 del 19-05-15, y el DESUC mediante comunicado oficial S. -2015 – 009198 DEL 22 – 05 – 15 propone candidatos

Posteriormente, mediante proyecto Nº 0536 de fecha 22 de junio de 2015(42) “para la orden administrativa de personal, en la cual se causan unos traslados”, estableció el traslado del actor en los siguientes términos:

“DE: DESUC ESTACIÓN DE POLICIA COROZAL

A: DESAQ DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

PT MEZA CONTRERAS JESUS DEL CRISTO

CON derecho a prima de instalación CC.1100395379”

Respecto a lo anterior, el Director General de la Policía Nacional formalizó el traslado mediante la Orden Administrativa de Personal (OAP) Nº 1-118 del 26 de junio de 2015(43), la cual fue notificada el 26 de junio del mismo año, según lo afirmado por el actor en el escrito de tutela.

Establecido el proceso para el traslado del señor Meza Contreras, la Sala considera que la administración cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para decidir sobre el traslado de su personal, en especial, cuando se trata de entidades con planta global y flexible como lo es la Policía Nacional; no obstante, esta facultad se entiende que no es absoluta, pues dichos traslados requieren una argumentación acerca de la necesidad del servicio y un análisis de la situación concreta de la persona que se traslada, para asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de éstos, ni de sus familias.

En este caso, la entidad accionada expidió el acto administrativo de traslado, bajo la justificación en la necesidad del servicio. Sin embargo, en dicho acto no se observa un análisis de las circunstancias especiales en las que se encontraba el accionante al momento del traslado. Pues como se evidencia en las pruebas aportadas por el señor Meza Contreras solicitó por escrito permiso para adelantar sus estudios de educación superior, con el fin de profesionalizar su carrera.

Es importante tener en cuenta que dentro de las políticas diseñadas por la Policía Nacional está en el “estimular el acceso a tipos formales e informales de educación. Acceder al conocimiento y dedicarse al estudio, tiene que ser incorporado como un proyecto esencial de vida para cada mujer y hombre policía. El valor acumulado de conocimiento debe fundar la fortaleza de una institución policial posmoderna. El ejercicio de la autoridad basado en conductas éticas con un alto componente de conocimiento profesional y especializado, lo convertiremos en el modelo de actuación policial ejemplar. Gestionar el acceso al conocimiento implica humanizar e interconectar la Policía con la sociedad y en este sentido asumimos también el concepto de autogestión por la formación, para lo cual debe facilitarse a cada funcionario policial el desarrollo de sus potencialidades en términos integrales.”(44).

En este orden, la Sala observa que en el acto administrativo que ordena el traslado del actor no se argumentó; por lo contario, este se dio por una propuesta que realizó el Comandante de Policía de Sucre a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional. A su vez no se analizó la situación en la que se encontraba el señor Meza Conteras, pues estaba a puertas de culminar con su carrera universitaria, afectado su derecho a la educación al no permitirle continuar con su proceso educativo. Por lo anterior, no se cumplió con las exigencias jurisprudenciales para el desarrollo del ius variandi, y por otra parte, la omisión de la Policía de aplicar sus políticas como es la de permitir el acceso al conocimiento de sus miembros y la importancia de vincular el proceso educativo como un elemento fundamental para la profesionalización y la modernización de la institución.

Con base en lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida el 13 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión Oral, que que negó el amparo constitucional invocado, y en su lugar, TUTELAR el derecho fundamental a la educación de Jesús del Cristo Meza Contreras.

Por lo tanto, se ordenará a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta decisión, realice el traslado del actor a la ciudad de Sincelejo, con el fin de permitirle culminar su carrera universitaria, sin que se afecte la prestación del servicio.

Síntesis de la decisión

El accionante actuando mediante apoderada judicial instauró acción de tutela contra la Policía Nacional, con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la educación, a la vida digna, a la igualdad. Su pretensión de amparo la fundó en hechos conforme a los cuales la institución accionada ordenó su traslado de la Estación de Policía de Corozal (Sucre) al Departamento de Policía de Caquetá sin tener en consideración que iba en sexto semestre de derecho en la corporación Universitaria del Caribe, CECAR.(45)

La protección de derechos fundamentales reclamada por medio de acción de tutela fue negada por parte del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión Oral, el cual consideró que el accionante disponía de otros medios de defensa judicial para reclamar la garantía de sus derechos constitucionales, como lo es la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En el presente caso, correspondió a la Sala de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿la Policía Nacional vulneró el derecho fundamental a la educación del accionante, al haber emitido la Orden Administrativa de Personal (OAP) Nº 1-118 del 26 de junio de 2015, mediante la cual ordenó su traslado, sin considerar que estaba que estaba estudiando derecho en la corporación Universitaria del Cesar?

Para resolver el problema jurídico propuesto la Sala reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir el traslado de un servidor público; el ejercicio del “ius variandi” en plantas de personal de carácter global y flexible y el derecho fundamental al goce efectivo de la educación.

La Sala observó que en el caso sub examine el acto administrativo que ordena el traslado del actor no fue argumentado, por lo contario, este se dio por una propuesta que realizó el Comandante de Policía de Sucre a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional. Tampoco se analizó la situación en la que se encontraba el señor Meza Conteras, pues estaba a puertas de culminar su carrera universitaria, afectando su derecho a la educación al no permitirle continuar con su proceso educativo. Por lo tanto, no se cumplió con las exigencias jurisprudenciales para el ejercicio del ius variandi.

Por lo anterior, se revocará la decisión adoptada que declaró improcedente el amparo constitucional solicitado y en su lugar se concede la protección del derecho a la educación invocada por el accionante.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 13 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión Oral, que que declaró improcedente la acción de tutela, y en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación de Jesús del Cristo Meza Contreras.

2. ORDENAR a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta decisión, realice el traslado de Jesús del Cristo Meza Contreras a la ciudad de Sincelejo, con el fin de permitirle terminar su carrera universitaria, sin que se afecte la prestación del servicio.

3. LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva, con aclaración de voto—María Victoria Calle Correa.

Martha Victoria Sáchica Méndez, secretaria general.

1 Cuaderno de primera instancia. Folio 5.

2 Ibíd. Folio 6.

3 Ibíd. Folio 7.

4 Ibíd. Folio 8.

5 Ibíd. Folio 9.

6 Ibíd. Folio 10 y 11.

7 Ibíd. Folio 15.

8 Ibíd. Folio 16.

9 La parte demandada presentó la contestación de la demanda de manera extemporánea el día 13 agosto de 2015, fecha en la que se registró el proyecto de tutela, por parte del Tribunal.

10 Cuaderno principal, folio 13.

11 Ibíd., folios 14 al 17.

12 Ibíd., folios 22 al 31.

13 Ibíd., folio 32

14 Ibíd., folios 32 al 34.

15 Ibíd., folio 35.

16 Sentencias T-715 de 1996, T-288 de 1998, T-503 de 1999, T-1498 de 2000, T-965 de 2000, T-355 de 2000, T-346 de 2001, T-077 de 2001, T-468 de 2002, entre otras.

17 Sentencia T-325 de 2010.

18 Sentencia T-514 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández.

19 Sentencia T-514 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández.

20 Sentencia T-338 de 2013.

21 Sentencias T-468 de 2002.

22 Sentencia T-715/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

23 Sentencias T-362/95, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-016/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-288/98, M.P. Fabio Morón Díaz.

24 Sentencia T-288/98, M.P. Fabio Morón Díaz.

25 Sentencia T-615/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

26 En Sentencia T-965 de 2000, la Corte negó el amparo de los derechos fundamentales de una auxiliar judicial de la Fiscalía, quien afirmó que su traslado fue arbitrario, ya que no obedeció a la necesidad de mejorar la prestación del servicio, y que con dicho traslado se desmejoraría sus condiciones económicas y personales, pues implicaría unos gastos adicionales que afectarían sus ingresos. Por otra parte, se encuentra realizando estudios de derecho en la jornada nocturna en la Universidad de Boyacá y el traslado ordenado significaría la imposibilidad de continuar con sus estudios. Asimismo, indica que tiene un hijo menor de 6 años que estudia en Tunja. Por lo tanto acude a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. la Sala señaló que “la desmejora de los ingresos económicos del trabajador, dados los gastos adicionales que debe sufragar al ser trasladada a un municipio distinto de aquel en el cual habita, no es razón suficiente para la procedencia de la tutela. En primer lugar, no puede afirmarse que existe una vulneración del derecho al trabajo, por cuanto las condiciones laborales de la actora no se han desmejorado. En efecto, de una parte, el cargo al cual es trasladada es de igual categoría a la que venía desempeñando en el municipio de Combita y, de otra, no existe detrimento de su situación profesional ni salarial. Adicionalmente, la Sala no cuenta con elementos suficientes para establecer si el mencionado traslado la obligaría a incurrir en gastos que impliquen una afectación de su mínimo vital. A este respecto, cabe recordar que las decisiones de traslado de la administración no pueden estar condicionadas por las conveniencias de tipo personal de cada uno de los funcionarios, salvo que se trate de casos excepcionales como los que fueron mencionados en el fundamento anterior de esta providencia. En consecuencia, será el juez contencioso administrativo —y no el juez constitucional— el encargado de verificar la legalidad de la actuación administrativa y de reparar el daño patrimonial eventualmente producido”. Frente al hecho que la accionante abandone sus estudios esto “no significa que la Fiscalía esté vulnerando su derecho a la educación. Como lo ha establecido esta Corporación, no puede afirmarse que se vulnera el derecho a la educación, cuando un empleado que pertenece a una entidad que tiene una planta de personal global y flexible, es trasladado por razones del servicio, a otra localidad. En este caso, a la actora le queda la vía contencioso administrativa para alegar la arbitrariedad del acto de traslado y la consecuente reparación del daño causado por el abandono de sus estudios”.

27 Sentencia T-338 de 2013.

28 Ver sentencias -797 de 2005 y T-572B de 2014.

29 Sentencia T-965 de 2000

30 Sentencia T-325 de 2010.

31 Sobre el particular puede confrontarse la Sentencia T-202 de 2000.

32 Sentencia T-002 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

33 Sentencia T-534 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

34 Sentencia T-672 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.

35 Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

36 Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

37 Los presupuestos anteriores pueden ser consultados en las Sentencias T-527de 1995, T-329 de 1997, T-534 de 1997, T-974 de 1999, T-925 de 2002, T-041 de 2009, T-465 de 2010, T-056 de 2011, entre muchas otras.

38 Cuaderno de primera instancia, folio 92.

39 Ibídem, folio 93.

40 Ibídem, folio 95.

41 Debido a que la información del cuadro es amplia, solo se indicarán aspectos relevantes.

42 Ibídem, folios 97, 98 y 99.

43 Ibídem, folios 100, 101 y 102.

44 Tomo 1 • Lineamientos generales de Política para la Policía Nacional de Colombia, Publicación de la Policía Nacional de Colombia Dirección General - Oficina de Planeación. Año 2007.

45 En el expediente obra la Orden Administrativa de Personal (OAP) Nº 1-118 del 26 de junio de 2015 que ordenó el traslado del señor Jesús del Cristo Meza Contreras de la Estación de Policía de Corozal (Sucre) al Departamento de Policía de Caquetá. A su vez el certificado estudiantil expedido por la Corporación Universitaria del Cesar el 7 de julio de 2015, en el cual consta que “Meza Contreras Jesus Del Cristo, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.100.395.379 de Sincé, cursó y aprobó en esta institución para el primer período académico del año 2015, el SEXTO semestre correspondiente al programa de DERECHO (Jornada Nocturna). Cuaderno principal, Folios 16, 100, 101 y 102.