Sentencia T-181 de abril 14 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

CARRERA ADMINISTRATIVA

EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN ES UN ACTO TUTELABLE

EXTRACTOS: «Para estar en la carrera administrativa los empleados del nivel territorial deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos a los cuales se refiere el artículo 22 de la Ley 27 de 1992, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la mencionada ley. Tratándose del sistema nacional de salud, las entidades nominadoras eran responsables de la aplicación del régimen de carrera administrativa, lo cual debieran haber hecho antes del 30 de diciembre de 1990 (artículo 27-4 de la Ley 10 de 1990), salvo las circunstancias especiales señaladas en el artículo 6º de la Ley 61 de 1987.

En todos los casos hay un trámite de solicitud de inscripción previo a la resolución de inclusión en la carrera administrativa y su escalafón. Esta solicitud es el punto de partida de un procedimiento, es “levantar un expediente”.

Desde 1973 el Consejo de Estado había conceptuado:

“Además puede agregarse que la no existencia de ese expediente, el no haberlo levantado, conduce o puede conducir a que se desconozcan derechos que el funcionario hubiera podido ejercer y colocar en una situación desventajosa” (3).

El trámite está señalado concretamente en los artículos 4º y 5º del Decreto 1224 de 1993:

Artículo 4º—Del trámite para la inscripción en la carrera administrativa. Este trámite se inicia cuando el empleado interesado presenta la solicitud para la expedición del certificado sobre el cumplimiento de condiciones y requisitos para la inscripción.

Dicha certificación se expedirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de este decreto y lo exigido en el manual de funciones para el respectivo cargo o por aplicación de las equivalencias establecidas en el Decreto 583 de 1984, la Ley 61 de 1987 y el Decreto 573 de 1988, y con base en ella, podrá solicitar la inscripción en el escalafón de la carrera administrativa, ante la respectiva comisión seccional del servicio civil.

Artículo 5º—De la certificación sobre el cumplimiento de condiciones y requisitos. Corresponde al jefe de personal, o a quien haga sus veces, de la entidad u órgano al cual el empleado se encuentre vinculado, certificar bajo la gravedad del juramento, que conforme a los documentos que obran en la hoja de vida, el empleado cumple con los requisitos para el empleo y para la inscripción en la carrera administrativa.

Dicho juramento se entenderá prestado con la firma de la respectiva certificación, la cual deberá ser expedida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud. Copia de dicha certificación se entregará al interesado”.

Si no se efectúa ese trámite previo, los empleados pasan a ser considerados como de libre nombramiento y remoción (art. 6º, Ley 61/87, art. 22, Ley 27/92).

Tiene, pues, el trámite de inscripción una connotación fundamental. Si la administración omite, impide o retarda la iniciación de tal proceso, está ocasionando vulneración del derecho fundamental político del empleado público: su acceso a la función pública (art. 40 C.P.).

Esta actitud ubica excepcionalmente a un acto de trámite como tutelable. Ello se debe a lo siguiente:

a) Si no existe ese trámite de certificación sobre el cumplimiento de condiciones y requisitos, el empleado no puede obtener su escalafón en la carrera administrativa.

Es pues, un requisito sine qua non.

Y, el derecho de los empleados públicos a tramitar su carrera es un derecho constitucional y no simplemente legal. El constituyente no fue indiferente al tema de la carrera administrativa. Su preocupación fue la de convertirla en realidad porque sólo así se concretan los principios constitucionales del trabajo como valor y derecho y de la eficacia administrativa. Una carrera real no sólo se respalda en el artículo 125 de la Carta Política sino en el artículo transitorio 21 que dice:

“Las normas legales que desarrollen los principios consignados en el artículo 125 de la Constitución serán expedidas por el Congreso dentro del año siguiente a su instalación. Si en este plazo el Congreso no las dicta, el Presidente de la República queda facultado para expedirlas en un término de tres meses.

A partir de la expedición de las normas legales que regulen la carrera, los nominadores de los servidores públicos la aplicará en un término de seis meses.

El incumplimiento de los términos señalados en el inciso anterior será causal de mala conducta.

Mientras se expiden las normas a que hace referencia este artículo, continuarán vigentes las que regulan actualmente la materia en cuanto no contraríen la Constitución”.

b) La omisión del trámite, al no poder ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, deja como única vía de defensa a la tutela. Inclusive, el artículo 49 del C.C.A. dice que no hay recurso contra los actos de trámite.

Entonces, el criterio de que los actos de trámite no son susceptibles de la acción de tutela, admite en circunstancias muy especiales el recurso de amparo».

(Sentencia T-181 de abril 14 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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