•Sentencia T-182 de marzo 23 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-182.524

Magistrada Ponente:

Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez

Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «3. Legitimación activa de un menor de edad para instaurar acción de tutela en contra de uno de sus progenitores y la autonomía del mismo para ejercer dicha titularidad.

De conformidad con la consagración constitucional otorgada a la acción de tutela, en el artículo 86 de la Constitución Política, la misma constituye un instrumento jurídico de índole procesal ejercitable por cualquier persona, para la defensa de sus derechos fundamentales y el restablecimiento de su efectividad y goce, por la vulneración o amenaza producida por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos legalmente establecidos, y siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Se resalta de lo antes manifestado y de conformidad con la reiterada jurisprudencia expedida por esta corporación, que todas las personas sin diferenciación alguna son titulares de la acción de tutela y pueden formularla ante los jueces por sí mismas o por quien actúe a su nombre, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos de procedibilidad; en consecuencia, la edad no constituye un factor diferenciador ni limitante frente a su ejercicio, por cuanto no existe exigencia expresa de una mayoría de edad para instaurarla, permitiéndose así que menores de edad, entre ellos los niños, tramiten la respectiva pretensión por vía de tutela sin requerir del concurso de sus padres o de su representante legal.(2)

Esa potestad directa reconocida a los niños para ejercitar la acción de tutela se hace más evidente cuando a los padres se refiere(3), en tanto éstos hayan incurrido en comportamientos lesivos de sus derechos fundamentales o amenacen con hacerlo, y a fin de recuperar su efectividad y goce, en la medida en que se presume que el menor se encuentra en un estado de indefensión con respecto del progenitor que lo agrede(4), que le impide defenderse adecuadamente por razón de la dependencia moral, afectiva y económica que con aquél mantiene, tornando en procedente la acción de tutela (D. 2591/91, art. 42-9)(5)

En el caso que ocupa la atención de la Corte, en las menores actoras se evidencia claramente ese estado de indefensión frente al padre, sobre el cual hacen sus denuncias, en cuanto éstas dependen económicamente de él, mantienen una relación afectiva y habitan en la vivienda de su propiedad.

Cabe adicionar en este punto que, el grado de libertad de autonomía con que el menor puede actuar al momento de solicitar el amparo constitucional, no impide alcanzar el verdadero propósito que con éste se persigue, como es determinar si en realidad existe una vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales para, en caso positivo, proceder a su protección mediante órdenes de inmediato cumplimiento; se plantea esta precisión, por cuanto el padre accionado en su escrito hace ver una especie de influencia sobre las hijas para demandarlo, por las divergencias personales que mantienen, y la cercanía de éstas a la madre.

De manera que, si bien se observa la firma de la mencionada señora en el memorial presentado al juez de tutela por las menores, este hecho no impide sostener que aquellas se encuentran actuando por sí mismas, asumiendo en su integridad la calidad de demandantes autorizadas, como conclusión derivada de la exposición de los hechos, de las pretensiones planteadas y de la facultad que les asiste como titulares de dicha acción, según lo antes expuesto. Sin embargo, como anteriormente lo ha destacado esta corporación, en el evento de comprobarse dentro del proceso de tutela, como no sucede en este caso, que la situación fáctica que se analiza estuvo sujeta a alguna clase de manipulación indebida sobre el menor por parte de una persona mayor, inclusive alguno de sus progenitores, y en su beneficio personal, éste se verá sometido a las sanciones del caso que pueden contemplar incluso las de orden penal. Así lo señaló la Sala Quinta de Revisión de Tutelas en la Sentencia T-293 de 1994(6):

“(...) Resulta inocua e intrascendente toda discusión —como la planteada en algún momento dentro del proceso que nos ocupa— acerca de si el menor que ejerce la acción de tutela lo hace autónomamente, por su espontánea y libre decisión, o si en realidad actúa determinado o aconsejado por una persona mayor, pues, una vez incoada la demanda y puesto en operación el aparato judicial, lo que importa al juez, en ejercicio de la delicada función que le compete, es entrar al fondo de la situación ante él expuesta para establecer sin duda si en la realidad existe o no una amenaza o se patentiza una violación de los derechos fundamentales del peticionario. El funcionario judicial está obligado a evaluar a la luz de la Carta los hechos puestos en su conocimiento y tiene que resolver en concreto sobre la eventual inobservancia o desconocimiento de la preceptiva constitucional, facilitando así a la persona el real y efectivo acceso a la administración de justicia.

Otra cosa es que en el curso del proceso se prueben manipulaciones indebidas de la actuación de los menores, por parte de terceros, pues ello daría lugar a las sanciones pertinentes según el tipo de infracción en que se haya podido incurrir. Así, si, llegado el momento de evaluar la situación, el juez de tutela se convence de que una persona ejerció coacción para que un menor actuara, debe ordenar lo pertinente para que se adelante el proceso penal por el delito de constreñimiento ilegal (Art. 276 del C. P.) o por la conducta punible que en el caso concreto se haya configurado”.

En consecuencia, las citadas niñas estaban plenamente legitimadas para dirigirse ante la justicia constitucional, en ejercicio de la acción de tutela en contra de su padre, a fin de obtener la protección deseada, en el evento de cumplirse los demás requisitos de procedibilidad de la acción.

4. Los derechos de los niños son prevalentes y configuran un interés superior predominante dentro del ordenamiento jurídico

La efectividad de los derechos constitucionalmente establecidos para las personas constituye un fin esencial del Estado social de derecho en la Carta Política de 1991 (art. 2º). El cumplimiento de dicho propósito determinó el reconocimiento por parte del constituyente de la existencia de conglomerados sociales destinatarios de una salvaguarda especial que facilite asegurar el ejercicio de sus derechos, en consideración a una situación material individual de los mismos de índole personal, social, económica, física, etc., y dada su participación esperada en la sociedad, como ocurre con la mujer, los adolescentes, los ancianos y los niños (arts. 43, 44, 45 y 46), en clara búsqueda de los postulados sociales de un Estado de derecho como el nuestro.

La Ley Fundamental de 1991 otorgó a los niños personalidad jurídica para constituirse en titulares de derechos y obligaciones, así como un tratamiento privilegiado respecto del ejercicio, efectividad y garantía de los mismos, mediante la asignación de un carácter prevalente con respecto de las demás personas y de naturaleza fundamental para la mayoría, configurándose en la forma de un interés superior predominante en el ordenamiento jurídico vigente. Sobre dicho interés predominante la Corte ha dicho:

“(...) se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una caracterización jurídica específica fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por los aspectos físico, sicológico, intelectual y moral, no menos que la correcta evolución de su personalidad (Cfr. sents. T-408, sep.14/95 y T-514, sep. 21/98)”. (Sent. T-556/98, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

Como se establece en el artículo 44 constitucional, los derechos esenciales de los menores están relacionados con “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”; adicionalmente, gozan de una protección especifica “...contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos” e igualmente gozan de aquellos derechos consagrados constitucional y legalmente, así como en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Es importante recordar que la orientación de la dimensión concedida por el constituyente de 1991, a los derechos de los niños, tuvo como meta establecer un estado de las cosas propicio para su crecimiento bajo condiciones de bienestar físico y síquico, como se muestra en seguida:

“... De este modo se proporcionan las condiciones físicas y mentales adecuadas para adquirir el conocimiento requerido para comprender su vida y la de los demás; despertar la creatividad y la percepción; entender y respetar la diversidad y universalidad del mundo; hallar dicha verdad y crecer en experiencia; recibir el amor de la familia para prodigarlo en su vida adulta; desarrollar sus aptitudes de acuerdo con sus capacidades, expresar sus opiniones libremente, porque al hacerlo sus ideas propiciarán el diálogo que lo llevará a compartir con otros sus vivencias y a recibir respuestas que alimenten su curiosidad y ensanchen su visión del cosmos; y le enseñen a no temer para poder enfrentar con madurez los retos que le ofrezca la vida”(7).

Los instrumentos internacionales vigentes, de igual modo, destacan tal primacía de derechos de los niños en sus niveles de protección especial y prevalente, según se manifestó en la Sentencia C-019 de 1993(8). En dicho fallo se lee que la convención, sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas recogió tales principios y preceptuó en su artículo 3º “el espíritu y filosofía tutelar” de los mismos, en la forma subsiguiente:

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas que sean responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con tal existencia de una supervisión adecuada”.

Así pues, los niños aparecen como integrantes de un grupo social beneficiario de un reconocimiento particular dentro de las obligaciones de asistencia y protección del Estado, en virtud de la vulnerabilidad social, política y económica que la población infantil presenta, a fin de evitar el sometimiento a un tratamiento discriminatorio y a conductas de abandono que afecten su dignidad humana y lleguen a producir una situación de indefensión que coarte la obtención de su desarrollo armónico e integral y el ejercicio efectivo de sus derechos.

La consecución de tan altos fines demanda, por lo tanto, una actividad diligente y tutelar de la colectividad entera que reafirme el desarrollo vital de los menores sujeto a esos parámetros; por esta razón, la Constitución consagró que la asistencia y protección de los niños es una obligación de la familia, la sociedad y el Estado; de manera pues que, su realización se encuentra bajo la vigilancia general de la colectividad, debiendo toda persona denunciar ante la autoridad competente el incumplimiento de esos compromisos con los niños y lograr la respectiva sanción a sus infractores (C.P., art. 44, inc. 2º).

5. La familia como núcleo esencial de la sociedad y primer estadio responsable de garantizar la protección especial de los niños.

La familia en su condición de institución social y jurídica adquiere, en la Constitución Política de 1991, el reconocimiento como núcleo básico y fundamental de la sociedad y, así, de sustrato del Estado, convirtiéndose a su vez en destinataria de una protección integral, en la cual se halla vinculada toda la estructura estatal y social, en forma claramente favorable y sustancialmente distante de la otorgada en el ordenamiento constitucional anterior (C.N. de 1886, arts. 23 y 50).

Debe destacarse que la institución familiar cuenta con esa entidad, independientemente de las distintas formas que adopte como resultado de los vínculos naturales contraídos, una vez la pareja integrada por un hombre y una mujer voluntaria y responsablemente opten por conformarla dando lugar a la familia natural, o bien de los vínculos jurídicos que se establezcan cuando deciden libremente contraer matrimonio; es decir que, el criterio prohijado en este sentido es amplio para su consagración y acorde con la evolución misma de las relaciones afectivas, por virtud de aspectos morales y socioeconómicos que la determinan, lo cual conlleva a concluir que en dicha especificación del origen de la familia no se ve implicada una discriminación(9) sino, por el contrario, una tendencia a la identificación dentro de su diversidad. De manera pues que, la situación privilegiada de la institución familiar y su importancia al catalogarla como núcleo esencial de la sociedad, reconoció una verdad de a puño de orden sociológico, político y jurídico, que presentó como fundamento en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, el siguiente:

“No es necesario discutir por qué la familia es el núcleo, principio o elemento fundamental de la sociedad. Se reconoce a ella este lugar de privilegio dentro de la escala social porque todos deberíamos nacer, vivir y morir dentro de una familia.

Las personas unidas entre sí por vínculos naturales, como los diferentes grados de consanguinidad; o unidas por vínculos jurídicos, que se presentan entre esposos, afines o entre padres e hijos adoptivos, o por la voluntad responsable de constituirla, en los casos en que un hombre y una mujer se unen con la decisión de vivir juntos, tienen pleno derecho a conformar y desarrollar esta base de la sociedad, aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales, si llenan los requisitos de la ley, su conciencia sus costumbres o tradiciones, su religión o sus creencias.

Siendo ello así, es apenas obvio determinar la protección del Estado y la sociedad para esa familia y fijar la inviolabilidad para su honra, dignidad e intimidad, así como sentar las bases de su absoluta igualdad de derechos y deberes”(10).

El fortalecimiento de la familia en virtud de los objetivos esenciales anotados y, de la misma manera, por la vida en común que logran los miembros que la conforman, bajo supuestos de igualdad, comprensión y tolerancia entre la pareja, con respeto recíproco y ayuda mutua para todos sus integrantes, con la posibilidad de realizarse integralmente desde el punto de vista personal y afectivo, procrear y conservar la especie, y dar sostenimiento y cuidado a los componentes más débiles de la misma, como son los menores, los adolescentes y los ancianos(11), constituyen razones suficientes para hacer a la unidad de familia merecedora de la atención constitucional diferenciada y reforzada de la cual goza, asignada al Estado y a la sociedad (C.P., art. 42).

Ahora bien, como se indicó, por voluntad del constituyente la familia junto con la sociedad y el Estado participan de manera solidaria y concurrente en el apoyo al crecimiento, formación, protección y desarrollo de la infancia colombiana; no obstante, es la familia la llamada a actuar preferentemente para llevar a cabo ese objetivo, con la ayuda de aquellos, a través de las obligaciones que les han sido atribuidas en el ordenamiento jurídico vigente. En forma similar, al interior de esa comunidad familiar, si bien todas las personas que con permanencia se encuentren ligadas a ella son responsables en desarrollo del principio de solidaridad, de hacer efectiva la protección y la asistencia a los menores, su realización se encuentra sujeta a una distribución de la misma, constituyéndose los respectivos progenitores en los principales encargados de su cumplimiento, a través del ejercicio de la patria potestad. Resulta oportuno traer a colación un pronunciamiento anterior de esta corporación al respecto:

“La familia —independientemente de la forma que ella tenga en cada uno de los grupos culturalmente diferenciados que habitan en el país—, es la primera llamada por el artículo 44 de la Carta Política a cumplir con la “...obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos...”; pero no todos los familiares del niño tienen los mismos deberes frente a él, ni son titulares de los mismos derechos. Los padres son, por el reconocimiento que hace el ordenamiento del vínculo consanguíneo que los une con el hijo, los titulares de la patria potestad y, por tanto, los primeros responsables por el debido cumplimiento de la obligación constitucional aludida, pues la patria potestad es una institución de orden público, irrenunciable, imprescriptible, intransferible, y temporal —sólo porque la emancipación del hijo de familia se presenta con la mayoría de edad, o antes de ella por la habilitación de edad, la muerte de los padres, etc.

Sea que la familia esté compuesta por los padres y sus hijos, o que otros parientes compartan la convivencia en el hogar, los niños tienen derecho a estar bajo el cuidado y guía de sus progenitores. Esa relación filial sólo puede ser restringida o interrumpida por una decisión judicial, cuando se dé una causal legal para entregar la guarda, u otro de los derechos comprendidos en la patria potestad, a persona distinta de los titulares de ésta. En caso de separación de los padres o de incumplimiento de los deberes que ellos tienen para con sus hijos, el ordenamiento prevé la protección que debe darse a los menores, y la forma de exigir el cumplimiento de las obligaciones que incumben a los padres y de las cuales no pueden sustraerse.

En caso de faltar alguno de los padres, el otro continúa en ejercicio de la patria potestad, y si es mujer tiene derecho a la protección especial del Estado que consagra el artículo 43 de la Carta Política. Si faltan ambos, no por ello desaparece el derecho de los niños de tener una familia y no ser separados de ella, aunque la patria potestad no puede tener titulares diferentes a los padres. En tal eventualidad, si los demás familiares faltan, o no pueden hacerse cargo de los menores, el Estado guardará de ellos hasta encontrarles otro hogar y guardador, o entregarlos en adopción a sus nuevos parientes civiles”. (Subraya original) (Sent. T-041/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz.).

Debe repararse, igualmente, en el hecho de que la Corte ya ha señalado(12) que cada individuo tiene garantizado un reducto íntimo y familiar (C.P., art. 15) impenetrable tanto por los particulares como por el mismo Estado, a fin de evitar injerencias abusivas y arbitrarias que afecten su núcleo esencial; sin embargo, cuando la paz familiar se ve alterada y en virtud de ello se evidencia el desconocimiento de derechos en algunos de sus integrantes, especialmente respecto de los más indefensos, la protección constitucional de la unidad doméstica de la que se viene hablando, permite la intervención de las autoridades estatales en el ámbito privado de las personas, para repeler las conductas agresivas evidenciadas, con el objetivo de contrarrestar sus consecuencias, restableciendo la convivencia y la efectividad de los derechos del afectado, en palpable cumplimiento de un deber constitucional del Estado(13). La intervención en esta forma aceptada, para que proceda en armonía con el ordenamiento superior, debe cumplir con los requisitos manifestados en la Sentencia C-273 de 1998(14), de la siguiente manera:

“(...)La jurisprudencia ya los ha señalado con claridad, a saber: no podrá dirigirse a imponer un modelo determinado de comportamiento (i), pero sí a impedir la violación de derechos fundamentales (ii), o para garantizar los derechos de los miembros más débiles (iii), para erradicar la violencia de la familia como prioridad de protección estatal (iv), para restaurar el equilibrio quebrantado que se origina en la posición dominante de uno de los miembros de la relación nuclear (v), que exista gravedad en la alteración o en la amenaza de los derechos de quienes conforman el hogar (vi), y finalmente que la intromisión del Estado sea necesaria, proporcional y razonable (vii)”.

En conclusión, la familia es destinataria de acciones especiales provenientes de la sociedad y del Estado dirigidas a su protección, fortalecimiento y prevalencia como actor social; a su vez esa perspectiva de amparo debe reflejarse en los miembros menores de la misma, convirtiéndose el núcleo familiar, en cabeza de los padres, en el principal responsable del bienestar, educación y cuidado de los niños, con la solidaridad y asistencia de la sociedad, para su formación y protección, y el apoyo del Estado en caso de su ausencia o incapacidad para satisfacer las necesidades del menor, así como para intervenir cuando quiera que exista una vulneración de sus derechos fundamentales, a fin de lograr su restablecimiento o para corregir comportamientos constitutivos de algún tipo de situación irregular que lo perjudique, mediante autoridades y procesos administrativos y judiciales, contemplados en la legislación.

6. Los deberes de los padres para con sus hijos no se restringen al campo de la satisfacción de las necesidades puramente materiales, abarcan igualmente el compromiso de suministrarles un bienestar síquico acorde con sus necesidades integrales.

La decisión que en forma libre y espontánea puede adoptar una pareja acerca de la tenencia de unos hijos y, por supuesto, respecto de la definición del número esperado de ellos, debe estar acompañada de altos niveles de responsabilidad y compromiso, en razón a la incidencia que la misma acarrea, no sólo en el ámbito de la intimidad familiar y personal, sino en el de la sociedad en general, dado que el ejercicio que los seres humanos hacen del derecho a la paternidad y a la maternidad, comprende de inmediato una serie de obligaciones y derechos que en forma paritaria se distribuyen entre la pareja para su cumplimiento, con destino a lograr un adecuado desarrollo, sostenimiento y educación de los hijos, en igualdad de condiciones(15), mientras dure su minoría de edad o en el evento de que exista algún impedimento que obstaculice a los menores valerse por sí mismos (C.P., art. 42).

Ser padre y madre supone, además de la consecución y ofrecimiento de una situación económica favorable para resolver las necesidades materiales que requieren las personas para su desarrollo integral, tales como una vivienda digna, manutención, vestuario y educación, satisfacer unas necesidades intangibles que sin duda alguna influyen en forma determinante en la construcción de un ser humano, como son las de orden moral, afectivo, sicológico e intelectual(16).

El trato especial y protector que requieren los derechos e intereses de los menores de sus padres como principales comprometidos en su crecimiento, lo cual es además exigible por aquéllos, debe permanecer en forma autónoma de la situación afectiva que mantengan los niños con sus progenitores y éstos entre sí. Es cierto que la vivencia en común salvo en casos muy particulares, facilita las relaciones al interior de una familia y así mismo el cumplimiento de las obligaciones constitucional y legalmente establecidas entre sus miembros; no ocurre lo mismo, cuando median separaciones de la pareja, rupturas familiares y la conformación de nuevas relaciones, a las cuales se ven con mayor frecuencia sometidos los niños colombianos.

Por ello, socialmente se reclama un mayor esfuerzo de los adultos que son padres y se encuentran en alguna de esas situaciones, con el propósito de que la actitud que desplieguen hacia sus hijos sea realmente propicia de su bienestar general integral, físico, moral, afectivo y sicológico, basado en el apoyo, la asistencia, la protección, el amor y el suministro de los bienes indispensables para llevar una vida en condiciones dignas y normales, a través de relaciones paterno-filiales mas sólidas y consecuentes con la realidad de dichos compromisos; y, de esta manera, lograr evitar que al estado anormal de dolor, tristeza, depresión y desconcierto que suscitan las separaciones de los progenitores se le sume la angustia creada por la inseguridad sobre la subsistencia personal.

La efectividad total de los derechos de un menor y la satisfacción de sus necesidades básicas pueden ser reclamadas por las vías administrativas y judiciales que establece la legislación, para lo cual existen una serie de mecanismos y procedimientos ágiles que previenen y corrigen las situaciones irregulares en las cuales se puedan ver envueltos los niños y, por ese motivo, sancionar a los padres responsables. Si bien, como lo ha dicho esta corporación “el desamor, incluso la animadversión, que el padre pueda llegar a sentir por la madre y su hijo, jurídicamente no pasan de ser una circunstancia (lamentable), que para nada le libera de la “...obligación de asistir y proteger al niño...”, y los contenidos prestacionales derivados de tal obligación pueden serle exigidos judicialmente”(17).

Las consideraciones hasta aquí expuestas servirán a la Sala para adelantar la revisión que se propone efectuar de la sentencia de tutela proferida en el proceso de la referencia».

(2) Ver entre otras, las sentencias T-341/93, T-079/94, T-293/94, T-174/95, T-456/95 y T-409/98.

(3) En materia civil, el litigio que inicie un hijo en contra de quien ejerce la patria potestad requiere de curador ad litem según el artículo 305 del Código Civil.

(4) Ver las sentencias T-278/94, T-408/95 y T-608/95, entre otras.

(5) Ver las sentencias T-339/93, T-124/94, T-128/94, T-205/94, T-278/94 y T-293/94, entre otras.

(6) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(7) Gaceta Constitucional Nº 85, del 29 de mayo de 1991, pág. 6, Informe ponencia para primer debate en plenaria, de los constituyentes: Jaime Benítez Tobón, Angelino Garzón, Guillermo Perry, y otros.

(8) M.P. Ciro Angarita Barón. Allí se hizo mención a la Declaración de los Derechos del Niño del año de 1959, en el principio 2º, a la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos (arts 23 y 24), al pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (art. 10), así como a los estatutos e instrumentos de los organismos internacionales especializados que se ocupan del bienestar del niño, al igual que a la convención sobre derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (L. 12/91).

(9) Ver la Sentencia C-595/96, M.P. Jorge Arango Mejía.

(10) Gaceta Constitucional Nº 85, del 29 de mayo de 1991, pág 5, Informe ponencia para primer debate en plenaria de los constituyentes: Jaime Benítez Tobón, Angelino Garzón, Guillermo Perry y otros.

(11) Consultar también la Sentencia C-659/97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(12) Ver la Sentencia T-041/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(13) Ver también la Sentencia T-401/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(14) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(15) El trato igualitario se predica de todos los hijos sean éstos legítimos, extramatrimoniales, adoptados o “procreados naturalmente o con asistencia científica”, según lo proclamado por la Carta Política en su artículo 42.

(16) Al respecto ver la Sentencia T-116/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(17) Sentencia T-041/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

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