Sentencia T-182 de mayo 10 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

PROTOCOLOS NOTARIALES

HORARIOS DE CONSULTA

EXTRACTOS: «El actor expone sobre el horario limitado (dos horas diarias, en dos períodos de una hora) de la Notaría Veintinueve (29) de Bogotá, que le impidió acceder al protocolo notarial, a pesar de haber concurrido a dicha notaría “faltando tres minutos” para que se terminara uno de los períodos del horario diario, y en encargado de los protocolos le “negó el derecho a la información aduciendo que hacían falta tres minutos y que por lo tanto no podía hacerlo”; situación, según se deduce de autos, que motivó en concreto la presente acción. Esta circunstancia, sumada a la especial naturaleza de la acción de tutela, que puede ser ejercitada por cualquier persona, según mandato expreso de la Constitución, lo que implica para el juez la carga de interpretar las pretensiones de la demanda, superando las deficiencias técnicas que ésta pueda presentar, si del contexto como ocurre en el caso, se puede deducir con claridad el derecho cuyo amparo se solicita.

En realidad resulta el horario establecido por el señor notario un obstáculo para el libre ejercicio del derecho del actor a acceder a los documentos públicos que conforman el protocolo. La Carta Política le confiere la categoría de servicio público a las prestaciones a cargo de los notarios (art. 131 C.N.), y no existe duda sobre la naturaleza igualmente pública de los documentos que integran los documentos notariales.

La ley ha prescrito que los funcionarios de las notarías tendrán las horas de despacho público que sean necesarias para el buen servicio, y de manera ordinaria, en las horas y días hábiles, sin perjuicio de que en casos de urgencias inaplazable, a requerimiento de personas que se hallan imposibilitadas para concurrir ala oficina, el servicio se prestará en horas extraordinarias o en días festivos (arts. 158 y 160 del D. 960/70). Normas como las que obligan a los señores notarios a recibir en la cabecera de su circulo de notaría, y su imposibilidad de ausentarse por razones distintas al ejercicio de sus funciones, sin el permiso previo, o la de que la Superintendencia de Notario y Registro determinará la localización de los notarios, buscan igualmente, el eliminar dificultades para el acceso a esos servicios públicos a cargo de los notarios, entre los cuales se encuentra la consulta de protocolos, de modo que a los usuarios de los mismos les sea posible utilizarlos “en la forma más fácil y conveniente de acuerdo con la extensión y características especiales de cada ciudad” (art. 44 D. 2163/70).

Resulta atinente para fijar el alcance del artículo 53 del Decreto 2148 de 1983, considerar su naturaleza reglamentaria, de los decretos-leyes 960 y 2163 de 1970, antes citados, por cuanto aquella clase de decretos, que expresan habilitaciones administrativas, permitiendo al jefe del ejecutivo ejercer la denominada “potestad reglamentaria”, Mediante la cual expide normas jurídicas subordinadas a la ley y con el propósito de asegurar la cumplida ejecución (art. 189 num. 11 de la C.N.), consultando las necesidades del cumplimiento de la normatividad reglamentada, lo que no implica en ningún caso que pueda ser el reglamento contrario a la ley de que se ocupa, por cuanto sería de este modo, contrario al principio constitucional de la separación de poderes. De suerte que el artículo 53 citado, al expresar: “Toda persona podrá consultar los archivos notariales, con el permiso y bajo la vigilancia del notario o del subalterno autorizado por éste. Para tal fin son hábiles todos los días, en las horas que determine el notario”. No puede entenderse que éste podría, según el precepto, disminuir las horas de despacho al público necesarias para el buen servicio o que éstas no deban ser ejercitadas dentro de los días y horas hábiles, de manera ordinaria, como se señala en la disposiciones que reglamenta. A juicio de esta Sala de Tutelas, por el contrario, el recto entendimiento de la norma, es el de que el señor notario al determinar las horas de acceso al protocolo “todos los días”, debe disponer los procedimientos y medidas logísticas necesarias para que el servicio de información de los contenidos de los protocolos bajo su guarda se preste de manera eficiente y ordenada, pero, se repite, no puede interpretarse como lo ha hecho el señor Notario 29 del Círculo de Santafé de Bogotá, como una facultad para reducir a dos horas durante el día, la posibilidad de acceder a las tantas veces enunciados documentos públicos.

Lo anterior lleva a la sala a concluir que existe la violación al derecho al libre acceso a los documentos públicos que le reconoce la Carta al actor, en que ha incurrido, en el caso concreto, el señor notario, y que se justifica la decisión de ampararlo.

Por su parte, incurre el juez de instancia en error grave al extender los efectos del fallo de tutela que profirió, de manera tal, que ordena a una autoridad pública (Superintendencia de Notariado y Registro), emitir pronunciamiento fijando un mínimo de horas para consulta de los libros en las notarías, es decir, prescribiendo de manera general una regulación, a manera de legislador, así sea reglamentario, a una autoridad incompetente para ello, pues como se ha expresado, la facultad reglamentaria corresponde al Jefe del Ejecutivo. En consecuencia, implícitamente dispone la sustitución de un decreto reglamentario, funciones legislativas que son extrañas a la acción de tutela, ya que sus efectos sólo se predican para casos concretos”.

(Sentencia T-182 de mayo 10 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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