Sentencia T-183 de febrero 15 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

PRÁCTICA DE PRUEBAS GENÉTICAS POR EL ICBF

REALIZACIÓN EN UN TÉRMINO RAZONABLE Y OPORTUNO

EXTRACTOS: «En estas acciones de tutela se pide que dentro de los correspondientes procesos de filiación se practique la prueba antropo-heredo-biológica. En el expediente T-3999.636 esta solicitud la hizo el juez competente desde el 14 de diciembre de 1998. En los expedientes T-399.718 y T-411.201, las solicitudes son más recientes, del 29 de mayo y del 21 de junio, ambas de 2000, pero, en ninguno de los tres casos se ha practicado. Ni, según las respuestas del instituto que obran en los expedientes, se ha fijado una fecha probable para su realización.

Por ello y para efectos de la decisión que se tomará, resulta pertinente referirse a la naturaleza de la prueba solicitada y qué efectos tiene frente a la posible violación de derechos fundamentales.

En la sentencia C-004 de 1998, antes mencionada, la Corte Constitucional consultó al genetista doctor Emilio Yunis sobre el tema. Se transcribe lo pertinente:

“A la altura de estos tiempos, existen, en Colombia, métodos científicos que permiten probar, casi con el 100% de posibilidades de acierto, la filiación. Así lo afirma el eminente genetista doctor Emilio Yunis Turbay, en concepto de septiembre 17 de 1997, emitido a solicitud del magistrado sustanciador:

“Las pruebas científicas disponibles en el mundo, y en aplicación en Colombia, permiten descartar en un 100% a los falsos acusados de paternidad y establecerla, cualquiera sean los fundamentos que rodean a la pareja, con una probabilidad de 99.999999...

“La inclusión o afirmación de la paternidad se expresa en términos probabilísticos porque se fundamenta en la frecuencia de cada uno de los marcadores genéticos que se analizan, en la población específica del país, región, departamento o municipio, de acuerdo con la heterogeneidad de la misma. La aplicación de la fórmula matemática al número de marcadores que se requieran para llegar a la probabilidad señalada, que es la única que se acepta a nivel internacional, aumenta la cola de nueves. Sólo en el caso —si llega a ocurrir, ya que hasta ahora se considera innecesario— de estudiar la totalidad de la mitad genética proveniente del padre, en el hijo —se considera que en el genoma humano hay entre 50.000 y 100.000 genes activos—, se podría hablar del 100%.

“Existe otra forma de plantear la inclusión o afirmación de la paternidad como es la de hacerlo con cifras poblacionales, es decir, señalar la probabilidad de encontrar una persona idéntica para los marcadores genéticos estudiados siempre con relación al contenido étnico de la población. Se puede hablar entonces, por ejemplo, de la probabilidad de encontrar alguien idéntico entre 180 millones de individuos de raza negra, o entre 200 millones de caucasoides, o entre 190 millones de mestizos.

“En documento adicional le incluyo información sobre el poder de exclusión de los diferentes marcadores genéticos. El documento no muestra tablas de inclusión porque dada la heterogeneidad genética de nuestra población cada caso se analiza de acuerdo con el origen regional y las características étnicas.

“En síntesis, para la ciencia, y en particular para la genética molecular, tanto la negación como la afirmación de la paternidad son inobjetables en el momento actual, lo que hace innecesario apelar a las nociones de tiempo en que pudo ocurrir la concepción, con las imprecisiones que le son propias, aumentadas cuando los ciudadanos disponen de opciones de embarazos diferidos en el tiempo, congelación de gametos y de embriones, entre otras posibilidades tecnológicas, que le adicionan otros embelecos al tema”.

Dicho en otros términos: la duración de la gestación no es ya un factor definitivo en la prueba de la filiación. La filiación, fuera de las demás pruebas aceptadas por la ley civil, se demuestra ahora, principalmente, por el experticio sobre las características heredo-biológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre, y por la peritación antropo-heredo-biológica, medios de prueba expresamente previstos por el artículo 7º de la Ley 75 de 1968” (sent. C-004/98, M.P. Jorge Arango Mejía)”.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, en sentencia del 10 de marzo de 2000, también mencionada antes, expuso importantes criterios sobre los avances científicos en la investigación de la paternidad y la valoración de las demás pruebas (testimoniales, documentales) por parte del juez. Nada resulta más apropiado que transcribir algunos apartes de esta providencia, pues permiten ubicar la importancia de la prueba que reclaman las demandantes en las acciones de tutela:

“El dictamen pericial hoy no sólo permite excluir sino incluir con grado cercano a la certeza absoluta, a quien es demandado como padre presunto. De la prueba crítica, en la que el razonamiento legislativo para inferir la paternidad y autorizar a declararla judicialmente recorre varios caminos (el hecho conocido y probado —v. gr. el trato especial entre la pareja—, el hecho inferido —las relaciones sexuales— y el segundo hecho inferido —la paternidad—) se pasa hoy, con ayuda de la ciencia, a una prueba de los hechos, científica, cual es la de excluir a alguien como padre o la de incluirlo con grado de certeza prácticamente absoluta, mediante análisis y procedimientos técnicos avalados mundialmente y tomados en el estado presente como ciertos e indubitables. Se pasa hoy casi directamente al fin último de las presunciones legales que contempla la Ley 75 de 1968; declarar la paternidad o desestimarla. (...).

Pero debe, en primera medida, asumir que en la investigación de la paternidad, la ciencia actual —a la que debe acudir no sólo en virtud de lo previsto en el artículo 7º de la Ley 75 de 1968 sino con miras en la búsqueda histórica que debe esclarecer—, le presta tal apoyo a su veredicto, que se constituye en pilar de su sentencia. Obvio resulta reiterar que el dictamen científico deberá reunir esos requisitos de idoneidad a que se refiere el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, a efectos de ser apreciado cabalmente en la solución del conflicto, lo que por lo demás, supone en el juez la adquisición de un conocimiento basilar sobre esa ciencia (en este caso la genética) que le permita con algún grado de fluidez conceptual analizar críticamente el dictamen y no, como suele acontecer, remitirse sin más al porcentaje que los expertos y laboratorios incluyen en el dictamen pericial, sin aludir cómo lo obtuvieron, porqué no es superior, qué otro examen ha de practicarse para llegar a mejores niveles de certidumbre, etc. (...).

No se trata acá de desechar de un tajo las pruebas testimoniales o documentales recaudadas y que den cuenta, a criterio del juzgador, del trato íntimo o especial que una pareja se prodiga en una época predeterminada y coincidente con la concepción, para de allí inferir las relaciones sexuales que dieron origen a un ser humano cuya paternidad se investiga. No. Se trata de resaltar, con la altura exacta a la que llega hoy la ciencia, que los avances de ésta a pesar de no estar recogidos positiva o expresamente en la ley, no pueden echarse de menos, cuando es lo cierto que las meras conjeturas e inferencias, por virtud de la ciencia se puede pasar hoy a una prueba menos indirecta de la filiación, prueba que, por lo demás, es de obligatoria práctica, según las voces del artículo 7º de la Ley 75 de 1968, que por cierto no contempla la práctica que acá sembró la duda, referida a la posible paternidad de un tercero, distinto del demandado. Es decir, se impone hoy la declaración de ciencia frente a la reconstrucción histórica, salvo que aquella no sea posible obtener (negrilla en el texto original) (...).

Es imperioso que los jueces que a su cargo tienen la delicada función de declarar la paternidad o negarla, adviertan y tomen plena conciencia de que más que las meras presunciones de paternidad que la ley recogió como medio facilitador para la demostración de las relaciones sexuales, hoy la ciencia ofrece un camino expedito que salta sobre esas otrora necesarias relaciones sexuales. Ya sin sorpresa se registran en la actualidad procedimientos científicos que, por ejemplo, substituyen la relación sexual y consiguen la fertilización del óvulo femenino, por lo que el juez, atento como debe estar a los cambios de su tiempo, debe darle apenas una discreta importancia a las probanzas indirectas que tienden con la imperfección que les son propias, a demostrar la relación sexual y por este camino la paternidad biológica inferida. En cambio, debe el juez, en la medida en que sea posible obtenerla, aquilatar la prueba científica teniendo presentes, como antes se dijo, la pertinencia, erudición de los peritos, comprensión del tema, precisión de las respuestas, apoyo científico que utiliza, etc.

Se reitera, hoy es posible destacar que esas probanzas indirectas (testimonios, cartas, seducción dolosa) no tienen el peso probatorio de las pruebas biológicas. Porque la paternidad biológica, esto es, la posibilidad de que un gameto femenino haya sido fecundado por uno de determinado hombre (y al margen de consideraciones éticas o de procedimientos en que no cuente la voluntad del padre biológico, tópicos que la Corte no entra en esta oportunidad a analizar), es hoy posible demostrarla con alcances de certidumbre casi absoluta, mediante procedimientos que el medio científico colombiano ofrece y que distan hoy mucho de los que el legislador de 1968 pudo tener en mente” (CSJ, S. Cas. Civil y Agraria, sent. mar. 10/2000, Exp. 6188, M.P. Jorge Santos Ballesteros).

A lo anterior hay que agregar que existe actualmente un proyecto de ley, Proyecto de Ley 038 de la Cámara, que busca modificar la Ley 75 de 1968, con el fin de adecuar a los avances científicos la determinación de la paternidad (Gacetas del Congreso 338 del 18 de agosto de 2000 y 423 del 18 de octubre de 2000). No es del caso entrar a analizar el contenido del proyecto, sino resaltar su significado en cuanto a la preocupación del legislador sobre este asunto que, como se dijo, involucra derechos fundamentales, pues el estado civil es una noción que corresponde al orden público, es de interés general, es decir, traspasa el ámbito de lo privado, pues es la base de la clasificación civil de las personas, ya que sobre la filiación reposan las familias y la familia, según el artículo 5º de la Constitución está amparada “como institución básica de la sociedad”. Carácter que se repite a lo largo de la Carta en otros preceptos, tales como el 42: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. Y, respecto de los derechos fundamentales del niño, señala que éste tiene derecho a “tener una familia y no ser separado de ella” (art. 44).

Sentadas estas pautas, la Sala entra a revisar los casos concretos.

4. Los casos concretos.

El instituto demandado, en los tres casos, en las respuestas suministradas en los respectivos procesos, de fechas 8 y 19 de septiembre y 4 de octubre, del año 2000, dice que la regla general para la práctica de la prueba genética es la asignación de turno, de acuerdo con la solicitud de la autoridad competente. Menciona los casos en que opera la excepción: peligro de muerte, o residir fuera del país por motivos de fuerza mayor. Dice que el 30 de diciembre de 1999 se suscribió el Convenio interinstitucional 389 de cooperación y asistencia técnica entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, OEI, para la investigación biológica de paternidad, con el propósito de atender a nivel nacional “la demanda de exámenes de paternidad que se encuentran represados desde el año 1998, de acuerdo con el turno asignado...”. Señala que la primera fase del convenio ha implicado la adecuación de suministros de carácter técnico y administrativo, y que se encuentra a la espera de la confirmación de la entrega de reactivos.

Aparentemente, las explicaciones suministradas por el instituto demandado demuestran que al suscribir el convenio del 30 de diciembre de 1999, cesó la vulneración de los derechos fundamentales de quienes como las demandantes en estos procesos, están a la espera de la realización de la prueba pedida. Sin embargo, esto no es así por las siguientes razones:

— En ninguna de las respuestas suministradas por el instituto a los jueces de tutela o a las propias interesadas se les señala una fecha aproximada en que se realizará el examen. Por el contrario, en la respuesta contenida en el expediente T-399.636, en el que la solicitud de examen data desde el 14 de diciembre de 1998, el instituto le dice que su solicitud “ya fue ingresada a nuestro sistema de datos y el listado fue remitido el día 16 de junio [del año 2000] al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ...” (fl. 17).

En la respuesta a la solicitud de examen de fecha 29 de mayo de 2000, contenida en el expediente T-399.718, el instituto demandado le informa al juez de tutela el día 4 de octubre de 2000, que la solicitud “hasta el momento no ha sido ingresada a nuestro sistema de datos ...” (fl. 31).

Y, respecto del expediente T-411.201, cuya prueba fue pedida por el juzgado el 21 de junio de 2000 (fl. 21), el instituto dice fue “recibido en nuestra institución el día 11 de agosto del presente año [2000] el cual contiene el listado de las pruebas ordenadas y en el cual aparece relacionada la accionante y con el criterio anteriormente mencionado [turnos asignados a las solicitudes] se procederá en ejecución del convenio referido ...” (fl. 7).

Es decir, ni siquiera en el caso de la prueba pedida desde 1998, el instituto establece una fecha aproximada para la realización del examen. Si eso ocurre con aquélla, se pregunta ¿qué pueden esperar las demás demandantes a quienes se les informa que no han sido ingresadas al sistema de datos?

La Corte considera que en los tres casos existe vulneración de derechos fundamentales, no sólo al debido proceso, sino que por las razones expuestas en los puntos anteriores, está de por medio la definición de los derechos de filiación de los menores involucrados en estos procesos ante los jueces de familia, dentro de un período razonable de tiempo. No puede desconocerse que definir el estado civil en el proceso correspondiente toma un determinado tiempo, esto está previsto en la ley procesal, pero lo que no puede aceptarse es que ese período sea de tal forma indefinido que se llegue a no tener ninguna certeza, ni el menor indicio, sobre su realización próxima o lejana. Los interesados quedan sumidos en la incertidumbre total. La entidad responsable sólo responde que se atenderá según los turnos, y, eso, si el interesado cuenta con la fortuna de haber sido incluido en la base de datos, lo que no ocurre en todos los casos, como en dos de los procesos estudiados.

Tampoco, para la Corte, resulta suficiente información al interesado decirle que ya se firmó el convenio, que las solicitudes se atenderán en estricto orden de llegada, que hay un retraso acumulado desde 1998, y concluir que la vulneración cesó. No. Lo que debe suministrar el instituto demandado al juzgado y a los interesados, se repite, es una fecha razonable y cierta de cuándo serán atendidos.

Además, no resulta aceptable, en estos momentos, en que el convenio ya lleva más de un año de ejecución, y que está previsto a ser desarrollado en 21 meses (cláusula séptima), contados desde el 30 de diciembre de 1999, que no se pueda ofrecer una solución a lo planteado por las demandantes en estas acciones de tutela.

5. Orden a prevención a las autoridades administrativas.

Dado que la deficiencia administrativa de colaboración con la administración de justicia en la realización de las pruebas antropo-herodo-biológicas, data ya de varios años, como quiera que esos exámenes de orden científico fueron expresamente contemplados en el artículo 7º de la Ley 75 de 1968, la solución al problema exige una definición en corto tiempo, que evite la congestión de los despachos judiciales en la jurisdicción de familia, en la definición del estado civil de las personas, es necesario ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que de manera eficaz, diseñe un plan y pueda ponerlo en ejecución en todo el territorio nacional, a la mayor brevedad, como parte de la política social del Estado, para lo cual deberá coordinarlo con la Presidencia de la República.

Para ello, se ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en coordinación con la Presidencia de la República, que diseñe el mencionado plan e inicie su ejecución en un término que no podrá ser superior a cuatro (4) meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Con este fin, se enviará copia de esta sentencia a la Presidencia de la República.

Se remitirá, también, copia de la misma al señor Procurador General de la Nación y al señor Defensor del Pueblo, para que en ejercicio de sus funciones vigilen y adelanten, en la esfera de su competencia, la actividad necesaria para el estricto cumplimiento de esta sentencia.

En lo que tiene que ver, en concreto, con las acciones de tutela incoadas, éstas se concederán, y, para tal efecto, se ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que a las demandantes en estas acciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, se les informe sobre la fecha en que se realizarán los exámenes pedidos en los procesos correspondientes. Se advertirá que las fechas que se señalen no pueden tener como consecuencia que se alteren los turnos establecidos para las demás solicitudes represadas, pero, sí que la época en que se ordene hacerlo corresponda a un término razonable y oportuno. Esto significa que el demandado está obligado a adoptar todas las medidas pertinentes para ponerse al día en la práctica de los exámenes, y que, si no fue suficiente para ello el convenio que suscribió el 30 de diciembre de 1999, debe tomar las demás medidas para su logro.

Finalmente en relación con la demanda que la actora dirigió también contra el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá, expediente T-399.718, no prospera contra el mencionado juzgado, pues de los documentos que obran en tal expediente, la vulneración se dio por parte del Instituto de Bienestar Familiar, y las partes solicitaron la suspensión del proceso hasta que se allegara la prueba, prueba que, como se vio, está pendiente de realizar el ente demandado.

Entonces, se revocarán las sentencias que se revisan, y se concederán las tutelas pedidas.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. En el expediente T-399.636, REVOCAR la sentencia de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil (2000), de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la acción de tutela presentada por Liliana del Pilar Cortés Prieto contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el expediente T-399.718, revocar la sentencia del doce (12) de octubre del año dos mil (2000), del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, en la acción de tutela presentada por Jenny Jazmín Mejía Triana contra el mismo instituto. No se concede la tutela contra el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá. En el expediente T-411.201, REVOCAR la sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil (2000), del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Decisión Civil y de Familia, en la acción de tutela presentada por Luz Yanis Silgado Sarmiento contra el mismo instituto.

2. Ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que a las demandantes en estas tutelas, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, se les informe sobre la fecha en que se realizarán los exámenes pedidos en los procesos correspondientes. Se advertirá que las fechas que se señalen no pueden tener como consecuencia que se alteren los turnos establecidos para las demás solicitudes represadas, pero, sí que la época en que se ordene hacerlo corresponda a un término razonable y oportuno.

3. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, se ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que coordine con la Presidencia de la República, el plan que evite la congestión de los despachos judiciales en la jurisdicción de familia, en cuanto se refiere al estado civil de las personas, plan que debe ser diseñado e iniciar su ejecución, en un término que no podrá ser superior a cuatro (4) meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia.

Para tal efecto, se le remitirá a la Presidencia de la República copia de esta sentencia.

4. Por la secretaría general, REMITIR copia de esta sentencia al señor Procurador General de la Nación y al señor Defensor del Pueblo para que, en ejercicio de sus funciones vigilen y adelanten, en la esfera de su competencia, la actividad necesaria para el estricto cumplimiento de esta sentencia».

(Sentencia T-183 de febrero 15 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

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