Sentencia T-183 de mayo 12 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS APTITUDES DEL ALUMNO

EXTRACTOS: “El caso de la menor S... que motivó el ejercicio de la acción de tutela, muestra su progresiva baja de rendimiento en la asignatura denominada educación física, recreación y deporte, que finalmente se tradujo en la pérdida del año escolar, consecuencia de haber reprobado la habilitación, toda vez que la normatividad vigente prohíbe la rehabilitación (artículo 17 Resolución Nº 17486 de noviembre 7 de 1984 emanada del Ministerio de Educación Nacional). No desconoce esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional que las aptitudes naturales de los educandos pueden mostrarse refractarias a ciertas prácticas o materias y que incluso pueden configurarse limitaciones originadas en muy diversas causas, requiriéndose al efecto tratamiento especial por parte del docente y aun de la familia. Lo que este caso permite avizorar es la indudable falta de comunicación entre docentes y padres de familia. Así, pues, la carencia de interés demostrada por la menor hacia la educación física fue asumida separadamente a lo largo del año escolar y sólo a última hora como recurso final, ante la inevitable pérdida del año, se expusieron varias circunstancias que de haber sido conocidas y debidamente comprobadas con anterioridad, habrían creado conciencia a cerca de la necesidad de otorgarle tratamiento adecuado a la situación, generándose de ese modo un ambiente favorable al cumplimiento de los fines de la educación y especialmente aquellos que se orientan a procurar una “mejor formación física”, dado que, lo advirtió el rector, la asignatura reprobada “está contemplada como área con valor igual a cualquiera otra”.

Si bien en situaciones como la descrita se impone el necesario concurso de padres y educandos, las omisiones en que incurran los primeros no excusan la actuación del centro docente tendiente a establecer y ponderar las especiales condiciones del alumno, máxime cuando confluyen dos aspectos relevantes: la minoría de edad y la exigencia del esfuerzo corporal propio de las prácticas de la educación física. La Constitución de 1991 reconoce a los niños los derechos fundamentales a la integridad física, la salud, la cultura y la educación otorgándoles un carácter prevalente “sobre los derechos de los demás”, esa prevalencia es indicativa de un tratamiento benéfico y diferencial que no puede ni debe ser olvidado frente a la exigencia de protección demandada, y además, exige un comportamiento diligente y eficaz por parte de quienes se hallan encargados del cuidado del menor o de su preparación para la vida. En este orden de ideas, aunque el concepto de educación integral comprende la formación moral, intelectual y física de los educandos, resulta imposible entender que el estudiante, siempre y en todos los casos, esté obligado a acreditar niveles mínimos y máximos de rendimiento en cada una de las áreas, haciendo abstracción total de sus específicas condiciones sociales, físicas, intelectuales o sicológicas, como si se tratara de establecer proporciones determinadas que al sumarse arrojaran un resultado exacto equivalente al logrado mediante la aplicación de una fórmula o ecuación matemática o biológica, so pretexto de la “integralidad”. Por el contrario, el esfuerzo que se vincula a la educación con miras al logro de sus fines no debe pasar por alto las específicas condiciones físicas del educando, requiriéndose la atención personalizada que resulte indispensable y la evaluación ponderada de carácter médico o técnico de las condiciones físicas.

Las dificultades que presenten los estudiantes en campos que como la educación física exigen ciertas capacidades y habilidades, aun supuesto el desentendimiento de la familia, demandan del docente que las advierte un especial y riguroso cuidado, de carácter científico y técnico de modo que tratándose de la actitud física corporal, en situaciones de desinterés o de dificultad, no está llamado el centro educativo a presumir la actitud o la sanidad del alumno exigiéndole el comportamiento, conducta o rendimiento de quien se encuentra en condiciones de normalidad, sino que debe desplegar una actividad encaminada a examinar y establecer las causas del atraso acudiendo en tales casos a los medios de que dispone el plantel en últimas alertando a los padres o encargados, para que, de acuerdo con los resultados de estas diligencias, se dispense el tratamiento adecuado, permitiéndose la sustitución de los ejercicios y prácticas por otras actividades que no entrañen riesgo para la salud ni pongan en peligro otros derechos.

Para el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, aun cuando la madre de la menor no hubiese allegado la constancia de la incapacidad alegada, ante el progresivo decaimiento de la menor del que pudo darse cuenta el profesor de la materia, según se colige de su declaración, no le estaba permitido al colegio presumir la sanidad o la completa capacidad de la niña para atender los requerimientos de su clase de educación física, se imponía entonces la atención personalizada sustitutiva o complementaria y la práctica de los exámenes pertinentes, todo lo cual, está el colegio en posibilidad de ofrecer dado que cuenta con servicio médico, y además, de acuerdo con el profesor de la materia, existe el mecanismo para ventilar eventuales incapacidades: la certificación médica se lleva a la unidad docente, la unidad docente comunica al profesor de la materia, “y se lleva a la hoja de vida de cada estudiante. La incapacidad la da generalmente el médico de la familia, el colegio tiene médico y la comprueba” (fl. 14). El licenciado Henry Ocampo González señala que “estas incapacidades son de dos tipos: las incapacidades temporales que son por un tiempo definido y las incapacidades permanentes que son por tiempo indefinido, en estos casos el alumno debe asistir a la clase y llevar un cuaderno en donde toma nota de todo lo que hace el profesor y además de ello, presentar los trabajos escritos que el profesor el imponga (folio 9). Previa a la exigencia de un rendimiento determinado, el colegio en lugar de presumirla debe demostrar la actitud del alumno para las prácticas de educación física y para ello dispone de los medios indispensables. En eventos similares al examinado, se deberá observar este procedimiento.

Téngase en cuenta, además, que bajo los preceptos de la nueva Constitución, la integridad física y la salud son derechos fundamentales de los niños a cuya protección, amparo y cuidado están llamados la sociedad y el Estado, así como la familia con el propósito de garantizar el desarrollo armónico e integral de los menores; en este sentido la Sala encuentra que los centros públicos u oficiales de enseñanza tienen la carga jurídica de determinar previamente el grado y nivel de aptitud física de los menores, para efectos de que al momento de la exigencia del ejercicio físico en la asignatura correspondiente se pueda determinar hasta donde llega la exigencia y qué medidas sustitutivas, alternativas o complementarias proceden según el caso. La formación integral y la protección de la salud y de la integridad física de los menores se extiende hasta el punto de ponderar, como se ha advertido, las reales condiciones de aptitud del menor y, en consecuencia mientras esto no se practique no puede sancionarse con la pérdida del año lectivo o el período académico correspondiente al menor que no responda a los términos o exigencias de los ejercicios físicos. Bajo estas consideraciones la Sala encuentra que al no haberse descartado ni determinado la aptitud física de la menor lo procedente es tutelar su derecho a la educación y a la integridad física, ordenando como se ordenará, que con la colaboración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Risaralda se le practiquen los exámenes de idoneidad física en el término de 48 horas a partir de la notificación de esta providencia, a fin de proteger debidamente los derecho a la educación, la salud e integridad física de la menor y para que se realicen las garantías concretas que la Carta de 1991 consagra en relación con los derechos fundamentales de los menores, que prevalecen sobre todos los demás.

Finalmente, comparte esta sala las consideraciones vertidas en la sentencia revisada, en el sentido de que la posible burla de los profesores que presenciaron la habilitación lesiona los derechos de la menor y contradice la función que el docente está llamado a cumplir; los tratos crueles, inhumanos o degradantes que de alguna forma coloquen al ser humano en un estado de humillación se encuentran proscritos por la Carta (art. 12).

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992) relacionada con la acción de tutela de la referencia.

2. Amparar los derechos constitucionales a la educación, salud e integridad física de la menor en cuyo favor se presentó la acción de tutela; en consecuencia se ordena al Instituto Nacional de Educación Media Diversificada Felipe Pérez de la ciudad de Pereira que, con la colaboración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda, se practique los exámenes médicos que determinen el estado real de salud y habilidad física de la menor al momento de la ocurrencia de los hechos. Además se ordena que, como consecuencia del resultado de dicho examen, se adopten las medidas académicas que sean necesarias para atender los requerimientos que el estado físico de la menor exija, para efectos de proteger su derecho fundamental a la educación. En consecuencia deberá ser admitida, con matrícula reglamentaria en el citado centro docente de acuerdo con la razones expuestas”.

(Sentencia T-183 de mayo 12 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

_____________________________________