Sentencia T-19 de enero 25 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

Ref.: Expediente T-3571877

Magistrado Sustanciador:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Acción de tutela instaurada por el municipio de Tunja contra el Juzgado 2º Civil del Circuito de Tunja.

Bogotá, D.C., veinticinco de enero de dos mil trece.

Extractos: «II. Consideraciones de la Corte Constitucional

Competencia

1. Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de tutela seleccionados.

Problema jurídico

2. Antes de decidir sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario estudiar la legitimidad para actuar del municipio de Tunja. Esto, por cuanto el juez de segunda instancia negó el amparo al considerar que uno de los socios no podía interponer la acción de tutela cuando el demandado en el proceso ejecutivo había sido la persona jurídica de la cual hacía parte, en este caso la sociedad de economía mixta Agrocentro S.A. En tal sentido, corresponde a la Corte establecer si uno de los socios de una sociedad de economía mixta, la cual fue demandada en un proceso ejecutivo, tiene legitimidad para promover una acción de tutela con el propósito de cuestionar las actuaciones judiciales de ese proceso cuando el mismo se adelantó contra la persona jurídica y no individualmente contra cada socio.

Si la Sala encuentra acreditada la legitimidad para actuar deberá definir el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y posteriormente, la configuración de los defectos alegados, a saber: i) orgánico por la competencia del juez civil o del juez administrativo para conocer el caso; o por competencia del juez por existir una cláusula compromisoria; o por legitimidad para actuar del consorcio como parte en un proceso judicial; ii) sustantivo por la falta de notificación al Ministerio Público del proceso ejecutivo; o por conformación del litis consorcio necesario; y iii) sustantivo y procedimental, por las medidas cautelares ordenadas en el proceso ejecutivo.

Para abordar el estudio de los problemas descritos, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia sobre legitimidad por activa; (ii) resumirá la jurisprudencia de esta corporación en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y (iii) esbozará las reglas para la configuración de las causales genéricas denominadas defecto orgánico, sustantivo y procedimental.

Cuestión preliminar. Legitimación por activa. Reiteración de jurisprudencia sobre personas jurídicas.

3. De acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política la acción de tutela se podrá promover en nombre propio o en representación de otros, en los siguientes términos: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

En desarrollo de la reglamentación de la acción de tutela el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, estableció las condiciones de la legitimidad para actuar así: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.

Por su parte, la Corte Constitucional ha advertido sobre la legitimidad por activa para interponer acción de tutela las siguientes modalidades: “(i) la acción directa por parte del afectado, (ii) el ejercicio de la acción a través de representantes legales (para menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas), (iii) el ejercicio de este mecanismo de protección por medio de apoderado judicial, y (iv) la interposición de la acción de tutela por parte de un agente oficioso. // Ahora bien, la configuración de la agencia oficiosa se halla en principios constitucionales, entre los que se encuentran, i) la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (C.P. art. 228), cuyo objetivo principal es hacer efectiva la protección de los derechos de las personas e impedir se presenten circunstancias y requisitos superfluos; ii) el principio de eficacia de los derechos fundamentales (C.P. art. 2º), el cual vincula tanto a las autoridades públicas como a los particulares; iii) el principio de solidaridad (C.P. art. 95), que exige velar por la defensa no solo de los propios derechos, sino también de los ajenos cuando los titulares se encuentren en imposibilidad de hacerlo por sí mismos”(2).

4. En suma, la acción de tutela puede ser promovida, entre otros, por representantes legales de las personas jurídicas. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha advertido: “Así pues, la legitimación por activa de una persona jurídica recae sobre su representante, quien tiene la obligación de manifestar que acude a la acción de tutela con el fin de buscar la protección de los derechos fundamentales de la persona jurídica que representa”(3). Asimismo, precisó: “... las personas jurídicas de derecho público están legitimadas para impetrar acciones de tutela cuando consideren que se han visto vulnerados o están siendo amenazados sus derechos fundamentales. En tales eventos, la acción de tutela debe ser presentada por su representante legal, por funcionarios distintos cuando así lo dispongan las normas que definan su estructura, o a través de apoderado”(4).

5. Ahora bien en lo relacionado con la posibilidad de interponer acción de tutela contra providencias judiciales de quienes no tomaron parte en el proceso cuestionado, es preciso tener en cuenta dos sentencias similares al caso estudiado en esta oportunidad. En la primera, la Corte consideró que tenían legitimación por activa para presentar acción de tutela los ahorradores de la Caja Popular Cooperativa contra la cual se habían adelantado unos procesos ejecutivos pese aquellos no habían sido parte en los mismos:

“Como se ha observado, el tribunal considera que la acción de amparo es improcedente en este caso, por cuanto es a la Caja Popular Cooperativa a la que le corresponde asumir la defensa de sus intereses dentro del proceso ejecutivo, a través de los mecanismos judiciales con que cuenta dentro del mismo. Asimismo, expresa que los ahorradores tendrían otros mecanismos de defensa judicial, distintos al de la tutela.

La Sala de Decisión estima que la posición del tribunal no es aceptable para una situación como la presente. Es claro que la parte demandada dentro de los procesos ejecutivos que cursan ante los juzgados Cuarto y treinta civiles del circuito de Bogotá es la Caja Popular Cooperativa y que, en principio, a ella debería corresponderle adelantar todas las diligencias dirigidas a la defensa de sus intereses. Sin embargo, en el caso sub lite existen dos elementos que justifican una excepción. El primero es que la caja es una entidad que maneja recursos del ahorro privado, lo que significa que su futuro tiene inmensas consecuencias sobre el destino de cientos de miles de ahorradores. Y el segundo consiste en que la caja afronta actualmente una situación económica desesperada, de cuyo manejo en el inmediato futuro depende que los ahorradores puedan recibir nuevamente sus dineros. Lo anterior significa que la suerte de los procesos que se adelantan contra la Caja Popular Cooperativa no es indiferente para los ahorradores, pues su resultado tendrá influencia directa en el programa de recuperación de la entidad, un programa que, como se ha visto, les ha exigido importantes sacrificios e inseguridad con respecto a su situación patrimonial. Por lo tanto, es claro que los ahorradores de la caja sí tienen un interés real en los procesos que se adelantan contra ella.

De otra parte, es cierto que dentro de los procesos ejecutivos contra ella instaurados, la Caja Popular Cooperativa ha interpuesto distintos recursos. Sin embargo, el trámite de los mismos es muy lento y no se corresponde con las urgencias que entrañan las operaciones de salvamento de las entidades financieras, en las cuales cuenta de manera extrema la —tan inestable e influenciable— fe del público en las posibilidades de rescate de las mismas. En esta situación, los ahorradores encuentran que la admisión de procesos ejecutivos contra la caja y el decreto de medidas cautelares contra los bienes de la misma —que condujeron al embargo de más de 500 millones de pesos de la entidad— arrojan señales negativas para los ahorradores y amenazan el proyecto de recuperación de la entidad, con lo cual ponen en duda las posibilidades de sobrevivencia de la caja y la realización del derecho de aquellos a recibir nuevamente los dineros ahorrados.

Las anteriores razones conducen a esta Sala a la conclusión de que la acción de tutela presentada por los actores sí era procedente, a pesar de dirigirse contra la actuación surtida dentro de dos procesos de los cuales no son parte”(5).

La segunda, se refiere igualmente, a una tutela contra providencia judicial en el que la accionante no había sido parte en el proceso ejecutivo. En efecto, en la Sentencia T-019 de 2006, la Sala reconoció la procedencia de la acción de tutela por legitimación por activa, pues a pesar de que la actora no había sido parte en el proceso era codeudora de la obligación hipotecaria. Puntualmente, sostuvo:

“En estas circunstancias, puede concluirse que la accionante, a pesar de no ser dueña del inmueble, es actualmente deudora de la obligación hipotecaria y por esa razón conserva un claro interés en la materia objeto de debate. No obstante, se observa que no tiene la posibilidad de intervenir por sí misma en el proceso ejecutivo que se adelanta en contra su hija pues, en su contra no se dirigió ni se debía dirigir la demanda ejecutiva de acuerdo con las normas procesales que rigen la materia.

En estas circunstancias, la intervención de la accionante no habría podido ser diferente a la de indicar a su hija demandada cuáles serían las excepciones que podría oponer al acreedor en el proceso ejecutivo o los argumentos para objetar la liquidación del crédito, más por cuenta de una omisión suya en este sentido o de su hija en el ejercicio efectivo de estos mecanismos, no es posible a juicio de esta Sala fundar un reproche que excluya por esta causa la procedibilidad de la acción de tutela, pues la eventual incuria del demandado en el proceso ejecutivo no puede vincular la conducta de los codeudores que no fueron demandados.

3.6. Así, pues, la accionante no tenía posibilidad alguna de oponer dentro del proceso ejecutivo como excepción ninguno de los argumentos que ha planteado en el presente trámite, como tampoco objetar la liquidación del crédito con fundamento en estas consideraciones y el hecho de que su hija como demandada hubiera omitido hacerlo no vincula su conducta procesal.

Con fundamento en lo expuesto hasta este punto, se observa que la accionante no cuenta con la posibilidad de plantear el debate que pone de presente al juez constitucional a través del ejercicio de mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso ejecutivo. Dicha posibilidad estaría condicionada a que se dirigiera en su contra la acción personal por la entidad acreedora o por quien se subrogara en los derechos de esta, si acaso esto último fuera procedente, pues a los argumentos reseñados para descartar esta posibilidad en el caso sometido a examen, se suma que la supuesta ilegal o inconstitucional liquidación del crédito para la adquisición de vivienda de interés social no es imputable a quien se subrogue en los derechos del banco, sino al banco mismo.

En estas condiciones se puede concluir que las alternativas procesales al alcance de la accionante para ejercer su derecho de defensa a través de mecanismos ordinarios no resultan idóneas y bien cabe examinar por el juez de tutela si la entidad financiera accionada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante al haber denominado en UPAC el crédito que adquirió para la adquisición de vivienda de interés social, reproche que resulta ajeno al proceso ejecutivo en el que la accionante no ha tenido posibilidad de intervenir”(6).

6. De lo anterior, es viable concluir que la legitimidad por activa para interponer acción de tutela contra el proceso ejecutivo de quien no ha sido parte en el mismo depende de su relación, en este caso, con la demandada así como de la acreditación de los intereses afectados con el resultado del proceso.

7. Por consiguiente, la Sala Novena concluye que el municipio de Tunja puede instaurar una acción de tutela como persona jurídica a través de su representante legal mediante el otorgamiento de un poder. En esta oportunidad, además cuenta en principio con legitimidad por activa pues, de un lado, es parte de la sociedad de economía mixta demandada en el proceso ejecutivo, y de otro, demuestra interés en el resultado del proceso comoquiera que los bienes sujetos de medidas cautelares en el proceso son de uso público, y en esa medida, inembargables.

8. Ahora bien, el interés del municipio en el proceso ejecutivo radicaba en el detrimento patrimonial que significaba el embargo de unos bienes que fueron erróneamente avaluados y sujetos de medidas cautelares. Una vez se produce el levantamiento de las mismas el municipio de Tunja pierde legitimidad para actuar como peticionario dentro de la acción de tutela. De hecho, la afectación de bienes públicos motivó el reconocimiento de su interés en el resultado del proceso, pero al quedar sin efecto el embargo y secuestro de los bienes, la legitimidad por activa en la acción de tutela de quien no fue parte en el proceso ejecutivo queda desvirtuada.

En tal sentido, se entiende la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que desestimó el amparo, al no encontrar que se afecten derechos fundamentales de la entidad territorial accionante. En su concepto con la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, de levantar las medidas el 18 de abril de 2012, quedó superada cualquier vulneración de los derechos fundamentales del municipio.

9. Adicionalmente, las demás peticiones del municipio como eventuales irregularidades en el proceso ejecutivo tales como la indebida conformación del litisconsorcio, la competencia del juez para decidir bien por falta de jurisdicción o por la existencia de una cláusula compromisoria, han debido ser alegadas al interior del proceso ejecutivo mediante un incidente de nulidad. No es la acción de tutela la llamada a reemplazar los mecanismos ordinarios de defensa ni a revivir oportunidades procesales que no fueron agotadas oportunamente.

10. En suma, es posible reconocer la legitimidad por activa de una parte que no participó en el proceso ejecutivo siempre que se acredite un interés en el resultado del mismo. Sin embargo, es posible, como ocurrió en este caso, que los hechos que fundamentan la legitimidad para actuar desaparezcan y quede, en consecuencia, desvirtuada esa legitimidad por activa en la acción de tutela.

En conclusión, la Sala confirmará la decisión proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que decidió negar el amparo, pero únicamente por las razones expuestas en esta providencia. Igualmente, mantendrá la orden de compulsar copias para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de tutela promovida por el municipio de Tunja contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Por secretaría general líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(2) Sentencia T-608 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(3) Sentencia SU-447 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.

(4) Sentencia SU-447 de 2011 ya citada.

(5) Sentencia T-176 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(6) Sentencia T-019 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.