•Sentencia T-191 de marzo 25 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

INVESTIGACIÓN PREVIA EN EL PROCESO PENAL

CASOS EN QUE NO ES NECESARIO NOTIFICAR EL AUTO DE APERTURA

EXTRACTOS: «Las alegaciones del accionante permiten formular los siguientes interrogantes:

1. ¿Existe el deber de notificar el auto de apertura de investigación cuando ésta se adelanta precisamente para individualizar a los autores o partícipes del hecho?

A los efectos de la decisión que se adopta en este fallo, resulta pertinente tener en cuenta los siguientes hechos:

a) El imputado fue individualizado en el transcurso de la investigación previa, mediante testimonios que lo incriminaron como presunto autor material de los hechos que se investigaban;

b) Al imputado no se le escuchó en versión libre. Ni él lo solicitó, ni el fiscal de la causa lo estimó necesario. (...), y

c) El imputado conoció de la sindicación que se seguía en su contra, al notificársele el auto que resolvió su situación jurídica.

Cabe preguntarse entonces si, en esas circunstancias y bajo esos supuestos, ¿era imperativo para el funcionario instructor notificar la resolución de apertura de la investigación previa, cuando el imputado estaba en proceso de individualización y no había sido oído en versión libre, por no estimarlo necesario el fiscal y él no solicitarlo?

Es esta la hipótesis prevista en los artículos 319 del Código de Procedimiento Penal, que preceptúan:

“ART. 319.—Modificado L. 81 de 1993, art. 40. Finalidades de la investigación previa. En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad, la de determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal. Pretenderá adelantar las medidas necesarias tendientes a determinar si ha tenido ocurrencia el hecho que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades; si está descrito en la ley penal como punible; la procedibilidad de la acción penal, practicar y recaudar las pruebas indispensables con relación a la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho. (Énfasis fuera de texto).

ART. 321.—Reserva de las diligencias. Durante la investigación previa las diligencias son reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar, tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan copias.

ART. 322.—Versión del imputado en la investigación previa. Cuando lo considere necesario el fiscal delegado o la unidad de fiscalía podrá recibir versión al imputado”.

A este respecto, es del caso traer a colocación la sentencia C-475 de 1997(1) en la que la Corte Constitucional precisamente esclareció este punto, al examinar la constitucionalidad de las restricciones al derecho de defensa que consagra el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, conforme al cual, sólo se permite el acceso a las diligencias previas al imputado que ha rendido versión libre.

(1) M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló:

“En ejercicio del control constitucional, el papel del juez no es el de evaluar si la ponderación realizada por el legislador a la hora de definir las reglas que regulan y, en consecuencia, limitan los derechos, son las mejores. Su función constitucional es simplemente la de controlar los virtuales excesos del poder constituido o, en otras palabras, las limitaciones arbitrarias , innecesarias, inútiles o desproporcionadas de los derechos fundamentales. Para ello, se ha elaborado un arsenal hermenéutico que vincula al funcionario judicial con criterios de decisión —como sus propios precedentes, el juicio de proporcionalidad o de razonabilidad, la aplicación del principio de concordancia práctica o armonización concreta, etc.— que surgen de las fuentes del derecho y que deben ser expuestos de manera clara en los motivos que fundamentan una determinada decisión judicial.

4. El debido proceso es un derecho de estructura compleja que se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria. Como acaba de ser explicado, algunas de las reglas constitucionales que configuran este derecho son de aplicación inmediata y anulan cualquier norma que las limite o restrinja. Así por ejemplo, el derecho a la legalidad del delito y de la pena no admite restricción ninguna, como tampoco el principio de la no reformatio in pejus, o el principio favorabilidad (C.P., art. 29).

No obstante, otros de los elementos integrantes del debido proceso tienen la estructura lógica de estándares o reglas que deben ser aplicadas prima facie, y admiten ponderaciones o limitaciones útiles, necesarias y proporcionadas para asegurar la vigencia de otro derecho fundamental o de un interés constitucional de igual entidad. En particular, el derecho de defensa es uno de aquellos derechos que plantea parámetros de actuación que deben ser regulados por el legislador garantizando su máxima aplicación, pero cuidándose de afectar otros derechos o bienes constitucionalmente valiosos que se encuentran en juego en el juicio penal o administrativo. En otras palabras, el derecho de defensa admite restricciones destinadas al logro de una finalidad legítima de la misma entidad que el derecho que se restringe, siempre que no afecte su contenido esencial y que se trate de limitaciones útiles, necesarias y estrictamente proporcionadas a los beneficios que se busca alcanzar.

... si los derechos del procesado —como el derecho de defensa— tuvieren primacía absoluta, no podría establecerse un término definitivo para acometer la defensa, ni restringirse la oportunidad para practicar o controvertir las pruebas, ni negarse la práctica de pruebas inconducentes cuando hubieren sido solicitadas por el procesado, etc. Predicar la supremacía irresistible del derecho de defensa equivaldría, en suma, a someter al proceso a las decisiones del procesado.

En síntesis, como la concepción “absolutista” de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica.

En los términos descritos, la tarea de la Corte es la de verificar si la condición que imponen las normas demandadas —y que consiste en rendir versión libre o indagatoria, salvo el caso de la declaración de persona ausente—, para que las personas investigadas puedan acceder a las diligencias del proceso penal y ejercer plenamente el derecho de defensa, es desproporcionada.

Juicio de proporcionalidad de la condición impuesta por las normas estudiadas.

5. Si bien la versión libre y espontánea y la declaración indagatoria constituyen fundamentalmente medios de defensa del imputado, lo cierto es que imponerlos como condición para acceder a las diligencias practicadas en la investigación penal, tiene una doble implicación restrictiva. En primer lugar, puede acontecer que una estrategia de defensa consista en omitir, al menos en un primer momento, la versión libre y espontánea. No obstante, a la luz de las normas demandadas, ello acarrearía que el sujeto no tendría derecho a nombrar apoderado para que lo represente, además de no poder acceder a las diligencias practicadas, lo que sólo podría hacer a raíz de su posterior vinculación mediante la indagatoria o la declaración de persona ausente. En consecuencia, el legislador restringe las posibilidades de defensa al preferir, en esta primera parte de la investigación, la alternativa de rendir la versión libre sobre otras que podrían resultar más ajustadas a los intereses de la persona investigada. En segundo lugar, podría sostenerse que el ejercicio del derecho de defensa es más efectivo si, antes de rendir la versión libre o la declaración de indagatoria, el implicado conoce las diligencias practicadas. A todo lo anterior, podría añadirse que omitir el requisito consagrado en las normas estudiadas no equivale a levantar de manera general la reserva de la investigación, pues el Estado se limitaría a hacerlo exclusivamente en relación con el sujeto respecto del cual podría recaer una imputación penal, para que éste o su apoderado accedieran a las diligencias y decidieran, con arreglo a la estrategia de defensa seleccionada, si se someten y en qué momento, a la diligencia de versión preliminar o de indagatoria.

Sin embargo, el hecho de que las normas demandadas consagren una restricción a la posibilidad de defensa del imputado, no significa necesariamente, que ésta resulte inconstitucional. En efecto, los intereses constitucionalmente relevantes —como el debido proceso o el derecho a la verdad— suelen restringirse unos a otros, para poder coexistir en las sociedades democráticas. El asunto que debe estudiarse es si la restricción anotada es desproporcionada, vale decir, si la misma tiene una finalidad ilegítima o si limita innecesaria, inútil o injustificadamente, los alcances del derecho de defensa.

6. La consagración de las condiciones restrictivas contenidas en las normas procesales demandadas obedece, fundamentalmente, a una ponderación entre el derecho al debido proceso —dado que se trata, en todo caso, de un medio de defensa— y el derecho a la verdad. La versión libre y la declaración indagatoria constituyen una fuente de prueba que presenta una enorme eficacia cuando se trata de desvirtuar las imputaciones penales, pues una declaración contundente, que no pudo haber sido prefabricada ya que el imputado no conocía previamente las pruebas que reposan en el expediente, allana el camino para desvincular al sujeto de la investigación y, adicionalmente, para conservar la reserva necesaria en esta primera etapa. La normativa estudiada se encuentra a medio camino entre el garantismo y el eficientismo penal, pues son razones de prudencia y eficacia, las que explican que esta primera oportunidad de defensa del imputado se lleve a cabo antes de que éste tenga acceso a las diligencias practicadas.

En suma, la parte acusada de las normas demandadas tiene varias finalidades, todas ellas legítimas, como la de restringir la reserva del expediente hasta tanto no exista un dato suficientemente relevante que, como la declaración libre o indagatoria, permitan vincular a un determinado sujeto, o la búsqueda de la verdad para la realización de la justicia y la defensa de los derechos que se protegen a través de la acción penal. Adicionalmente, es evidente que tales disposiciones contribuyen de manera útil al logro de los fines que persiguen, pues la inmediación del imputado con el funcionario judicial, no sólo es un medio de defensa sino, adicionalmente, una fuente de prueba que conduce a la formación de un juicio capaz de sustentar la decisión primaria de vincular o no al sujeto, con las consecuencias antes anotadas...”.

Ahora bien, en el caso concreto, del expediente se infiere que, como bien lo señaló el juez de tutela, comoquiera que estaba perfectamente establecida la ocurrencia del homicidio, la investigación previa, conforme al artículo 319 del Código de Procedimiento Penal apuntaba a “practicar y recaudar las pruebas indispensables con relación a la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho”.

(...).

En estas condiciones, estima esta Sala de Revisión que no le era dable al fiscal notificar el auto de apertura de investigación a quien resultó siendo más tarde imputado condenado pues, en ese momento procesal, el fiscal practicaba pruebas tendientes a la individualización del autor o partícipe en los hechos materia de la misma. El que los testimonios señalaran como implicado a quien a la postre resultó condenado, no equivale a que desde el inicio mismo de la investigación tuviera la calidad de imputado conocido.

Por tal razón, no estima que haya habido comportamiento caprichoso o arbitrario que pudiese configurar vía de hecho.

Conclúyese de lo anterior que la interpretación tanto de la fiscalía, como del Juez de instancia, se avienen en un todo con los artículos 319 a 324 Código de Procedimiento Penal y, a reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corte Constitucional, acerca de las características, finalidades y razones que inspiran la reserva de las diligencias y pruebas que se practican durante la investigación previa, tendientes a asegurar el establecimiento de la verdad material.

A juicio de esta Sala de Revisión, en el adelantamiento de la investigación la fiscalía se ciñó a los preceptos legales, toda vez que la identificación del posible autor de los hechos punibles no se habría logrado de haberse enterado al sindicado de que en su contra cursaba una investigación, pues hasta ese momento la determinación de los autores o partícipes, constituía precisamente uno de los propósitos de la investigación».

(Sentencia T-191 de marzo 25 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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