•Sentencia T-195 de abril 6 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

PRUEBA DE LA CALIDAD DE HIJO

PARA RECLAMAR PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

EXTRACTOS: «Se encuentra establecida la arbitrariedad en que incurrió el seguro social, al negar, pese a las pruebas de las que disponía, la pensión solicitada, condicionando su reconocimiento a la instauración de un proceso judicial.

En efecto, si para los fines de reconocer la pensión requerida por la accionante a nombre de sus hijos menores, una de las exigencias primordiales, según la ley, consistía en probar ante el seguro la filiación de aquellos respecto del trabajador fallecido, la institución tenía a la vista la prueba del estado civil de los niños Valencia García, todos reconocidos ante notario, como hijos suyos, por Leonel García Cardona. Este había cotizado lo suficiente —un total de 158 semanas, de las cuales 51 correspondían al año anterior al de la muerte, por lo cual se cumplía el requisito plasmado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, como lo dijo el seguro en la misma Resolución 10797 del 29 de septiembre de 1998, en la que se negó la pensión de sobrevivientes— y, en consecuencia, nada obstaba, a la luz de la normatividad legal aplicable y de las exigencias que ella consagra, para acceder a la solicitud formulada, en cuanto a tales hijos hacía referencia.

El seguro no tuvo en cuenta el valor probatorio de las actas de registro civil, a las que ha debido atenerse según los artículos 103, 105 y 106 del Decreto-Ley 1260 de 1970, que en sus apartes pertinentes señalan:

“ART. 103.—Se presume la autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debida forma en el registro del estado civil. No obstante, podrán rechazarse, probando la falta de identidad personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona a que se refieren la inscripción o los documentos en que ésta se fundó y la persona a quien se pretende aplicar. (...).

ART. 105.—Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. (...).

ART. 106.—Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.

La entidad exigió, en cambio, que, como la madre había estado casada con otra persona y no se había separado legalmente, se tramitara proceso de impugnación de la paternidad que “acreditara” a los niños como hijos del asegurado fallecido.

En otros términos, desconoció por sí y ante sí las actas de registro civil de nacimiento que se le presentaban, cuya autenticidad y validez no habían sido impugnadas ni desvirtuadas, remitiendo a la madre a iniciar un proceso judicial en que no tiene interés, pues sabe de quién son los hijos que ha dado a luz.

A juicio de la Corte —independientemente de la definición que la justicia ordinaria pueda hacer en el futuro, si se llegase a incoar un proceso tendiente a la anulación de las actas de registro civil de nacimiento—, mientras la nulidad no se produzca, la filiación de los menores debe tenerse probada por el seguro social con base en lo que en ellas se afirma. Aunque se admite la vigencia de los artículos 92, 214 y 216 del Código Civil, citados por el seguro, y la del artículo 3º de la Ley 75 de 1968, no le estaba permitido a la administración deducir directamente de su preceptiva, y con miras a resolver una petición de reconocimiento pensional, los efectos jurídicos que en materia de estado civil contemplan, asumiendo ella el papel del juez de familia, ni dar por sentada la invalidez o ineficacia de la prueba del registro civil sin que una autoridad judicial hubiese desvirtuado la presunción que la ampara.

Por tanto, vulneró el debido proceso que, de conformidad con la Carta Política, tenía que inspirar su actuación; discriminó a los menores por razón de su origen, y puso en peligro su mínimo vital al negarles la pensión de sobrevivientes. Además, añadió al trámite administrativo un requisito no contemplado en las normas que rigen las actuaciones administrativas sobre pensiones de sobrevivientes, violando así el artículo 84 de la Constitución.

Por razones de pedagogía constitucional (C.P., art. 41), la Corte considera indispensable recalcar los siguientes principios que han debido ser tenidos en cuenta por el seguro social y por los jueces de instancia:

1. Todos los hijos son iguales, tienen los mismos derechos y deben ser tratados por sus padres y parientes, por la sociedad y por el Estado en la misma forma. Están proscritas todas las modalidades de discriminación por razón del origen familiar. En el sistema jurídico colombiano ya no tiene ni puede tener ninguna relevancia el haber nacido dentro del matrimonio o fuera de él (C.P., arts. 13 y 42). No existen los hijos legítimos ni los naturales, ni los ilegítimos. Todos son, simplemente, hijos: personas iguales con la misma dignidad y respetabilidad.

2. Por tanto, las autoridades y funcionarios de la administración no pueden establecer distinciones entre las personas con base en su condición de hijos matrimoniales o extramatrimoniales.

3. Si, en un determinado trámite administrativo, la ley exige probar la calidad de hijo respecto de una persona —como ocurre en el caso de las pensiones de sobrevivientes de la que así se trata—, esa calidad se acredita como la ley vigente lo dispone (D. 1260/70 y disposiciones complementarias), esto es, mediante el certificado de registro civil de nacimiento, cuya autenticidad se presume.

4. Los procesos de investigación e impugnación de la paternidad, a los que se refiere la ley civil, tienen una finalidad, en cuanto a los hijos se refiere, que corresponde a un derecho constitucional fundamental: toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres.

Si ello es así, las normas que otorgan a los hijos legitimidad en la causa para promover tales procesos no pueden ser interpretadas ni aplicadas, como en esta ocasión, para negarles derechos ni para perjudicarlos, menos todavía si ya, por otros medios legales —como el reconocimiento hecho espontáneamente por el padre (véase lo sucedido en el caso sub lite)—, se ha conseguido el propósito básico de establecer la verdad en lo concerniente a la filiación.

Que, según la normatividad vigente, el hijo concebido por mujer casada no pueda ser reconocido, con las salvedades que contempla el artículo 3º de la Ley 75 de 1968, es un elemento que debe hoy ser analizado, interpretado y aplicado conforme a los principios y mandatos de la Constitución de 1991, que ya no admite el calificativo de “natural” para establecer discriminaciones entre los hijos, de donde resulta que el acto de reconocimiento al que la disposición legal se refiere tiene trascendencia solamente en cuanto a las obligaciones que el padre asume respecto del hijo al que reconoce, y no como una fórmula encaminada a poner de relieve el origen extramatrimonial de la concepción, que en la actualidad carece por completo de toda importancia social y jurídica.

Por otro lado, la exigibilidad de la impugnación de la paternidad para desvirtuar la presunción que la norma consagra tiene un valor muy restringido y particularizado, dentro del proceso civil correspondiente, en el cual habrá de verificarse si en la situación concreta tiene lugar y cabida la prueba en contra, pero de ninguna manera se extiende a todo tipo de situaciones jurídicas, por lo cual, en casos como el aquí considerado, no por la sola vigencia de la norma civil en comento resulta facultada la autoridad administrativa para negar los derechos del hijo que aparece como reconocido según las pruebas de las que dispone en el ámbito del expediente que tiene a su cargo, condicionando el reconocimiento administrativo de aquéllos al trámite del juicio de impugnación de la paternidad. Ello repercute, injustamente, en contra de los hijos, quienes ninguna culpa tienen por la existencia o inexistencia de vínculos matrimoniales anteriores contraidos por su madre. Y el daño que sufren a partir de esa extensión arbitraria de la presunción civil por una autoridad administrativa que deliberadamente ignora el reconocimiento hecho por el padre, puede ser irreparable, según la magnitud económica del derecho que se les niega y las necesidades que afronten».

(Sentencia T-195 de abril 6 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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