Sentencia T-198 de abril 20 de 2015

 

Sentencia T-198 de abril 20 de 2015

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

Magistrada Ponente:

Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez

Ref.: Expediente T-4.609.989

Acción de tutela instaurada por Aracelly Villa Rojas contra el Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia).

Bogotá D.C., veinte de abril de dos mil quince.

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luís Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Martha Victoria Sáchica Méndez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias Constitucionales y legales, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

Sentencia

En la revisión de los fallos de tutela proferidos en primera instancia el 28 de julio de 2014, por el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá y en segunda instancia el 10 de septiembre de 2014, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, con ocasión de la acción instaurada por Aracelly Villa Rojas contra el Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia).

El expediente fue remitido a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 inciso, inciso segundo de la Constitución y de los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.

I. I. Antecedentes 

De acuerdo con los documentos y las pruebas obrantes en el expediente, la señora Aracelly Villa Rojas interpuso acción de tutela en contra de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), con base en los siguientes:

1. Hechos. 

1.1. Manifiesta la accionante que actualmente tiene sesenta años de edad y se encuentra en una precaria situación económica, razón por la cual, habiendo cumplido los periodos de cotización y la edad requerida por la ley, con la finalidad de acceder a la pensión de jubilación, mediante escrito del 26 de febrero de 2014, solicitó al Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), expidiera certificación del tiempo durante el cual prestó sus servicios a dicha entidad.

1.2. El 7 de mayo de 2014, el Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), dio respuesta indicando que en sus archivos no reposaba ningún indicio de que la señora Aracely Villa Rojas hubiera laborado en dicha institución hospitalaria entre los años 1969 y 1971, razón por la cual le informó a la peticionaria que debía acreditar tal circunstancia mediante el procedimiento previsto en “la Ley 50 de 1886 que fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación”.

1.3. La señora Aracelly Villa Rojas explica que desde el 15 de mayo de 2014, allegó al hospital accionado una fotografía, así como las declaraciones extraproceso de las señoras Rosa María Castañeda Pérez, Rosalba Martínez García, Lucía Vera Peña y Amira Villa Rojas, quienes bajo la gravedad de juramento declararon que fueron compañeras de trabajo de la accionante entre los años 1969 y 1971 en el hospital accionado y que muchos archivos de dicha entidad se perdieron como consecuencia de una inundación en sus instalaciones.

1.4. Mediante oficio del 20 de mayo de 2014, el hospital accionado le manifestó a la accionante que no le correspondía valorar las pruebas allegadas, indicándole nuevamente que a fin de probar la relación laboral debía iniciar ante la autoridad competente el trámite prescrito en la Ley 50 de 1886.

2. Solicitud de tutela.

Con fundamento en los hechos anteriormente expuestos, la señora Aracelly Villa Rojas mediante apoderada judicial, solicita el amparo del derecho fundamental de acceso a la información, vulnerado por la Empresa Social del Estado San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), con la negativa de expedir la constancia de tiempos de servicio prestados entre los años 1969 y 1971.

3. Respuesta de la parte accionada.

Mediante oficio(1) de fecha 24 de julio de 2014, suscrito por Gustavo Adolfo Ochoa Alzate en su condición de Subdirector Administrativo del Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), la entidad accionada se pronunció sobre los hechos constitutivos de la acción de tutela, en los siguientes términos:

“La señora Aracelly Villa Rojas se acercó a las instalaciones de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Caldas y solicitó por medio escrito se entregara certificación de tiempo de servicios laborados en el Hospital, sin embargo, la entidad al realizar una exhaustiva búsqueda de esta información en sus archivos, no encontró información relacionada con la petición de la tutelante por lo cual se recomendó acudir al procedimiento establecido en la Ley 50 de 1986. El día 15 de mayo allegó a la institución pruebas testimoniales las cuales hacen referencia en que la señora Aracelly Villa Rojas laboró en el Hospital durante los años 1969 a 1971, sin embargo, la E.S.E. no es el órgano competente para valorar como estimatorias estas pruebas, y nuevamente se le recomendó acudir al procedimiento establecido en la Ley 50 de 1986”. (fl. 61)

4. Decisiones judiciales objeto de revisión.

4.1. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia(2) del 28 de julio de 2014, negó el amparo solicitado con base en la existencia de otros medios de defensa. Para el fallador de primera instancia, para resolver la solicitud de la señora Villa Rojas existen los procedimientos y medios judiciales establecidos por la ley. Advierte que de no acudir a ellos, se desnaturalizaría la esencia y finalidad de la acción de tutela como mecanismo de protección especial pero extraordinario de los derechos fundamentales y se ignoraría la “índole preventiva de la labor de los jueces de tutela frente a la amenaza o vulneración de dichos derechos que les impide dictar ordenes declarativas de derechos litigiosos de competencia de otras jurisdicciones”.(3)

4.2. Impugnación.

Mediante escrito del 15 de agosto de 2014(4), la apoderada judicial de la parte accionante presentó impugnación contra la sentencia proferida en primera instancia, invocando la jurisprudencia constitucional relativa al deber de la administración pública para la conservación de sus archivos. Del mismo modo, fundamentó su escrito de impugnación en que no se le pueda trasladar a los particulares la carga de probar unos hechos cuando existe un debera cargo de la administración para certificar, con base en sus archivos físicos y resaltando que en el caso concreto se trata de un sujeto especial protección. Para la accionante, el fallo de tutela va en contravía del Estado de Derecho que protege los derechos laboralesde los trabajadores colombianos,más aún, cuando se trata de una persona de la tercera edad. Aduce, que por la ineficiencia del Hospital demandado al no guardar sus archivos en la forma establecida en la ley, la señora Aracelly Villa no ha podido acreditar el tiempo de servicio trabajado en esa entidad, con lo cual completaría los requisitos para que le sea reconocida su pensión de vejez. Señala que es una persona que carece de recursos para su manutención y que después de haber aportado cumplidamente al sistema de seguridad social las cotizaciones correspondientes tiene derecho a que le sea reconocida su pensión de vejezpara percibir unos ingresos que le permitan tener una vida digna.(5)

4.2.(sic) Sentencia de segunda instancia.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá mediante providencia(6) del 10 de septiembre de 2014, confirmó en todas su partes la sentencia procedente del Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá, con fundamento en la existencia del medio judicial ordinario de defensa, que desvirtúa la procedencia del amparo constitucional, el cual tiene un propósito eminentemente residual y por lo mismo, impide su mientras existan otros mecanismos judiciales aptos para el finperseguido, como lo dispone el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.(7)

En la misma providencia el Tribunal, contradictoriamente, señaló que: “Loexpuesto en precedencia no obsta para memorar que las entidades públicas deben implementar procedimientos e instrumentos idóneos de guarda y conservación de su información institucional, con miras a garantizar el acceso expedito a una información fiel y verosímil sobre los distintos aspectos de su actividad administrativa”.(8)

5. Pruebas que obran en el expediente.

5.1. Copia de la Respuesta dada a la accionante el 20 de mayo de 2014 por el Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), en relación con las pruebas testimoniales presentadas y por la cual la entidad accionada reiteró el procedimiento que se debe seguir para probar el tiempo de servicios prestado. (fl. 11).

5.2. Copia de la respuesta dada el 7 de mayo de 2014 por el Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), al derecho de petición presentado por la accionante Aracelly Villa Rojas, mediante la cual le informan que en los archivos del Hospital no existe prueba alguna de la prestación de sus servicios y le solicitan aportar pruebas idóneas que permitan constatarlo. (fl. 12).

5.3. Copia de Declaración Extraprocesal del 24 de mayo de 2014, en la que el señor José de Jesús Cristancho Martínez declara que le consta que la señora Aracelly Villa Rojas no está laborando en ninguna entidad y su único ingreso son las ayudas esporádicas de sus hijos por lo cual su estado económico es precario. (fl. 14).

5.4. Copia de Declaración Extraprocesal del 24 de mayo de 2014, en la que la señora Elvia Yadira Cristancho Morales declara que le consta que la señora Aracelly Villa Rojas no está laborando en ninguna entidad, que su único ingreso son las ayudas esporádicas de sus hijos y que su estado de salud es precario. (fl. 15)

5.5. Copia de Declaración Extraprocesal del 15 de mayo de 2014, en la que la señora Rosa María Castañeda Pérez declara que conoce: “…hace 40 años aproximadamente a la señora Aracelly Villa Rojas, identificada con C.C. 41.735.527 de Bogotá D.C., (l)e consta que laboró en el Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas, Antioquia, desde el 1 de abril de 1969 hasta el 30 de septiembre de 1971, allí se desempeñaba como ayudante de enfermería, en el año 1974 hubo una inundación donde se perdieron archivos y mucha papelería, por tal motivo no quedó ninguna constancia de los días laborados por la señora Aracelly”. (fl. 16).

5.6. Copia de Declaración Extraprocesal del 15 de mayo de 2014, en la que las señoras Rosalba Martínez García y María Lucelly Villada Cardona declaran que conocen: “...hace 45 años respectivamente a la señora Aracelly Villa Rojas, identificada con C.C. 41.735.527 de Bogotá D.C., ya que éramos compañeras de trabajo, y podemos decir que laboró en el Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas, Antioquia, desde el 1 de abril de 1969 hasta el 30 de septiembre de 1971, allí se desempeñaba como ayudante de enfermería, en el año 1974 desapareció todos los archivos de papelerías, debido a una inundación que hubo, por tal motivo no quedó ninguna constancia de los días laborados de la señora Aracelly”. (fl. 17).

5.7. Copia de Declaración Extraprocesal del 11 de abril de 2014, en la que la señora Lucia Vera Peña, declara que: “…la señora Aracelly Villa Rojas, identificada con C.C. 41.735.527 de Bogotá D.C. trabajó conmigo desde el mes de abril de 1969 hasta el mes de septiembre de 1971 en el Hospital San Vicente de Paul de Caldas, Antioquia, dicha labor la empezó siendo aún menor de edad”. (fl. 18).

5.8. Copia de Declaración Extraprocesal del 1 de abril de 2014, en la que la señora Amira Villa Rojas declara: “…en calidad de hermana de la señora Aracelly Villa Rojas, identificada con C.C. 41.735.527 de Bogotá D.C. Por lo anterior, puedo dar fe que mi hermana trabajó en el Hospital de Caldas, Antioquia, del 1º de abril de 1969 al 30 de septiembre de 1971 en el cargo de ayudante de enfermería. Igualmente declaró que trabajé en el mismo hospital 4 meses en el área de lavandería en el año de 1971”. (fl. 19).

5.9. Copia de fotografía en la que la accionante manifiesta que aparece con sus compañeras de trabajo en el Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia). (fl. 20).

5.10. Copia de la Resolución 4943 del 25 de enero de 2013 expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, mediante la cual se niega el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por Aracely Villa Rojas. (fls. 21-23)

5.11. Copia de la Resolución 197924 del 1 de agosto de 2013, de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, mediante la cual resuelve el recurso de reposición presentado por la accionante y, por la cual, se confirma lo decidido en la Resolución 4943 del 25 de enero de 2013. (fls. 24-26).

5.12. Copia de la Resolución 197924 del 16 de enero de 2014 de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación confirmando la Resolución 4943 del 25 de enero de 2013. (fls. 27-31).

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para examinar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico y esquema de resolución.

En el presente caso, la Sala debe determinar si se vulnera el derecho fundamental al habeas data, al debido proceso y al acceso a la información pública de una trabajadora, cuando el empleador se niega a expedir el certificado de tiempo de servicios prestados, con base en que los documentos que soportan la certificación requerida no reposan en sus archivos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad obligada a conservar los documentos no ha adelantado gestión o trámite alguno para reconstruirlos y la titular ofrece pruebas que dan cuenta de la existencia de los mismos.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reiterará la jurisprudencia en torno a: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela por su naturaleza subsidiaria; ii) el derecho fundamental de habeas data y de acceso a la información; iii) la reconstrucción de documentos cuando han sido extraviados o destruidos; y, por último, (iv) se analizará el caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela por su naturaleza subsidiaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, desarrollado por el Decreto 2591 de 1991, el alcance procesal de la acción de tutela está delimitado por su naturaleza subdiaria(sic) y residual, esto es, que resulta improcedente ante la existencia de otros medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico resolver asuntos de carácter litigioso. Este rasgo distintivo de la acción de tutela se justifica en preservar su naturaleza jurídica orientada a proporcionar protección urgente a los derechos fundamentales cuando quiera que se encuentren amenazados o han sido vulnerados.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional al interpretar el artículo 86 de la Constitución Política ha reiterado en múltiples providencias(9) que la acción de tutela es procedente cuando los otros medios de defensa no resultan adecuados para proteger los derechos fundamentales y se está ante la causación de un perjuicio irremediable. Esta regla de procedencia judicial de la acción de tutela se encuentra compendiada en las consideraciones de la Sentencia T-997 de 2007, de la siguiente manera:

“Se puede indicar que de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo supletorio o alternativo de los medios judiciales ordinarios o extraordinarios de defensa judicial previstos por la ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados; (ii) se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección constitucional”.

A la luz de lo expuesto, un elemento que se debe analizar en este ámbito normativo y jurisprudencial, es si en el caso sometido a estudio de la Sala Octava de Revisión, existen otros medios de defensa que tengan la virtualidad de proteger los derechos de la accionante con la misma eficacia que la acción de tutela, teniendo en cuenta la posible causación de un perjuicio irremediable.

4. El derecho fundamental de habeas data y de acceso a la información.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional(10) con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15(11) de la Constitución Política, ha señalado que el habeas data es un derecho constitucional(12) fundamental autónomo, estrechamente relacionado con otros parámetros constitucionales como lo son el derecho de petición (C.P. art. 23), el derecho de información (C.P. art. 20), el derecho de acceso a la información pública (C.P. art. 74) y los principios constitucionales que orientan la función administrativa (C.P. art. 209). En palabras de esta corporación:

“El derecho al habeas data entendido como la facultad que tienen los individuos de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Así mismo, estipula la obligación de respetar la libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos. Para la Corte, el habeas data es un derecho de doble naturaleza. Por una parte, goza del reconocimiento constitucional de derecho autónomo, consagrado en el artículo 15 de la Constitución y, por otra, ha sido considerado como una garantía de otros derechos. Como derecho autónomo, tiene el habeas data un objeto protegido concreto: el poder de control que el titular de la información puede ejercer sobre quién (y cómo) administra la información que le concierne y el poder de su titular de conocer, actualizar, rectificar, autorizar, incluir y excluir información personal cuando ésta sea objeto de administración en una base de datos”.(13)

Este derecho fundamental implica deberes de conservación documental a cargo de las entidades que custodian y administran la información contenida en archivos y bases de datos, necesaria para acceder al goce efectivo de otros derechos fundamentales. Así, los datos personales, la información laboral, información médica, información financiera y de otra índole contenida en archivos y bases de datos, son la fuente primaria para determinar el acceso o el alcance de ciertos derechos o el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de derechos y prestaciones sociales.

De manera expresa el artículo 4º de la Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional”, desarrolla el derecho de acceso a la información pública:

“ART. 4º—Concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática.

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.

PAR.—Cuando el usuario considere que la solicitud de la información pone en riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada”.

En la Sentencia C-274 de 2013, mediante la cual se efectuó la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que finalizó en la expedición de la citada Ley 1712 de 2014, la Corte se pronunció en torno al deber de conservación documental a cargo de las entidades públicas:

“El derecho de acceso a documentos públicos impone al menos dos deberes correlativos a todas las autoridades estatales. En primer lugar, para garantizar el ejercicio de este derecho, las autoridades públicas tienen el deber de suministrar a quien lo solicite, información clara, completa, oportuna, cierta y actualizada, sobre su actividad. En segundo lugar, también es necesario que las autoridades públicas conserven y mantengan “la información sobre su actividad, ya que, de no hacerlo, se vulnera el derecho de las personas al acceso a la información pública y, en consecuencia, el derecho a que ejerzan un control sobre sus actuaciones”. (resaltado fuera del texto)

De manera específica, en relación con la historia laboral, la Corte Constitucional ha determinado que la información que la conforma: tiempo de servicio, salario devengado, cotizaciones al sistema de seguridad social, vacaciones disfrutadas, cesantías, ascensos, licencias, entre otros factores, los cuales son conditio sine qua non para acceder al reconocimiento de las prestaciones sociales del trabajador. En ese contexto, esta corporación ha señalado que frente a la pérdida de los soportes necesarios para la certificación de los datos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264(14) del Código Sustantivo del Trabajo, es posible valerse de los medios de prueba reconocidos en la ley, a efectos de probar el tiempo de servicio y, con base en ello, adelantar los trámites para el reconocimiento de la pensión de jubilación(15).

Previamente, desde la emisión de la Sentencia T-558 de 2007(16) esta corporación se refirió de manera concreta al deber de las entidades públicas en cuanto a la conservación y custodia de los documentos(17) a su cargo:

“Es deber legal de toda entidad pública la conservación, guarda y custodia de los documentos que ella misma produce, para la Sala es claro que el desorden y descuido administrativo con que se mantengan los archivos documentales, no puede constituirse en justificación razonable para impedir el ejercicio del derecho que tiene una persona a que la entidad ante la cual reclama una prestación pensional le dé respuesta de fondo a su petición, como una clara manifestación de la resolución definitiva de su solicitud”.

Del mismo modo y siguiendo la línea trazada por esta corporación, el derecho al debido proceso se vulnera, cuando se impide a los trabajadores acceder a la información o a los documentos que las entidades están obligadas a conservar y, consecuentemente, imponer al administrado cargas que no le corresponde soportar. Al respecto, mediante la Sentencia T-656 de 2010, en la que se resolvió un caso de pérdida documental la Corte se pronunció en los siguientes términos:

“Lo que busca el debido proceso administrativo, entre otros aspectos, es evitar que los servidores públicos obstaculicen el correcto desarrollo de las actuaciones administrativas, así como el ejercicio legítimo de los derechos de los particulares, garantizando de esta forma que los administrados obtengan de manera diligente y oportuna la información o documentos que requieran sin tener que soportar cargas que no les corresponden”.

Así las cosas, de acuerdo con los artículos 15, 20 y 74 de la Constitución, el marco legal que los desarrolla y la jurisprudencia constitucional referenciada, las entidades encargadas de la custodia de documentos, archivos y base de datos están obligadas a garantizar su conservación y en caso de pérdida o destrucción les corresponde asumir una conducta activa en el trámite de recuperación o reconstrucción, sin que les esté dado imponer cargas a los ciudadanos, quienes se encuentran en desventaja frente a la administración para probar la existencia de éstos.

En ese sentido, de acuerdo con el principio de carga dinámica de la prueba, corresponde probar los hechos a quien se encuentra en mejor posición para ello. En la Sentencia T-423 de 2011, la Corte fijó la regla según la cual en materia de tutela las pruebas deben aplicarse de manera flexible, ya que en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba, el accionante sólo debe probar aquellos hechos que le sea posible demostrar:

“En sede de tutela, la regla según la cual corresponde al accionante probar todos los hechos en que fundamenta su solicitud de amparo, debe aplicarse de manera flexible porque, en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba, éste sólo debe probar aquellos hechos que le sea posible demostrar. Cuando el demandado se encuentra en mejores condiciones para probar determinado hecho, así debe hacerlo. En todo caso, el juez debe hacer uso de sus poderes oficiosos para conocer la realidad de la situación litigiosa de manera que no sólo está facultado para pedir informes a los accionados respecto de los hechos narrados en el escrito de tutela, sino que está obligado a decretar pruebas cuando persisten las dudas respecto de los hechos del caso estudiado”.

La regla general “Onus prodandi, incumbit actori y Reus, in excipiendo, fit actor” implica que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción y al demandado, cuando excepciona o se defiende, le corresponde, probar los hechos en que se sustenta su defensa. Sin embargo, conforme al precedente constitucional reseñado en precedencia esta regla debe ser aplicada con menor intensidad en sede de tutela y, por tanto, interpretada en el sentido de que la parte afectada pruebe lo que alega en la medida en que ello le sea posible y para lo cual se debetener en cuenta la especial situación de debilidad o subordinación en que se encuentre el accionante para acceder a la prueba en busca del esclarecimiento de los hechos base de la acción.

5. La reconstrucción de documentos o información cuando se ha extraviado o destruido.

A la luz de lo expuesto en precedencia, en todo proceso o actuación administrativa debe existir un expediente físico o electrónico con base en el cual se suministre la información que requieran los titulares de la misma. No obstante, por diversas razones el expediente, parte de los documentos o información contenida en éste puede ser objeto de pérdida o destrucción total o parcial. En tal caso, el Código General del Proceso establece el trámite a seguir para la reconstrucción de los mismos:

ART. 126.—Trámite para la reconstrucción. En caso de pérdida total o parcial de un expediente se procederá así:

1. El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud de reconstrucción y expresará el estado en que se encontraba el proceso y la actuación surtida en él. La reconstrucción también procederá de oficio.

2. El juez fijará fecha para audiencia con el objeto de comprobar la actuación surtida y el estado en que se hallaba el proceso, para lo cual ordenará a las partes que aporten las grabaciones y documentos que posean. En la misma audiencia resolverá sobre la reconstrucción.

3. Si solo concurriere a la audiencia una de las partes o su apoderado, se declarará reconstruido el expediente con base en la exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan en ella.

4. Cuando se trate de pérdida total del expediente y las partes no concurran a la audiencia o la reconstrucción no fuere posible, o de pérdida parcial que impida la continuación del proceso, el juez declarará terminado el proceso, quedando a salvo el derecho que tenga el demandante a promoverlo de nuevo.

5. Reconstruido totalmente el expediente, o de manera parcial que no impida la continuación del proceso, este se adelantará, incluso, con prescindencia de lo perdido o destruido.

Si bien la disposición transcrita se refiere a la reconstrucción de expedientes en los procesos judiciales, la Corte Constitucional a efectos de garantizar el debido proceso en el ámbito administrativo, por analogía y en atención a la remisión(18) que la normatividad contencioso administrativa hace al procedimiento civil, ha aplicado este trámite a casos en los que ha sido necesaria la reconstrucción de expedientes por parte de autoridades administrativas. Al respecto, en un caso semejante de pérdida documental, por virtud de la Sentencia T-167 de 2013 esta corporación se pronunció así:

“Es claro que en el sistema jurídico colombiano existe un mecanismo para la reconstrucción de expedientes consagrado en el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil, el cual prima facie, se aplicaría solo al interior de los procesos judiciales de esa jurisdicción. Sin embargo, gracias a una interpretación sistemática del orden jurídico, esa norma, tanto como otras del mismo código, resulta aplicable a las situaciones análogas que surjan, no solo en los procesos judiciales contencioso-administrativos, sino también durante las llamadas actuaciones administrativas”.

De acuerdo con las consideraciones expuestas en precedencia, cuando un documento o información se encuentra bajo la custodia y responsabilidad de la administración y por circunstancias adversas desaparece, dificultándose su acceso, es deber de quien lo custodia ordenar su inmediata reconstrucción, ya que de no ser así se afectaría directamente el derecho fundamental al debido proceso administrativo, lo que pone en riesgo otros derechos fundamentales de los usuarios del sistema administrativo y judicial.

6. Caso concreto.

6.1. Examen de procedencia.

Respecto a la procedencia de la acción de tutela, es preciso resaltar que se trata de un adulto mayor(19), que carece de ingresos suficientes para su sostenimiento mínimo vital. De esta manera y de acuerdo con lo dicho en las consideraciones generales de esta providencia en cuanto a que la reconstrucción de un expediente debe hacerse de manera ágil, en algunos casos no resulta efectiva la utilización de otros medios de defensa, pues de seguirse los procedimientos ordinarios, se afectaría el derecho a la seguridad social y al mínimo vital.

En este caso se trata de una persona de sesenta años cuya manutención mínima vital depende del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, con lo cual se está ante un sujeto de especial protección constitucional. Es precisamente por ello que en cuanto a la existencia de otros medios de defensa advertida por los jueces de conocimiento, la Sala estima que no se contempló la situación particular de la accionante en cuanto a su edad y su situación económica. De allí que los otros medios de defensa previstos en el ámbito laboral en este caso no tengan la misma eficacia, puesto que retardarían de manera injustificada y significativa los términos en los que la accionante tramitaría su pensión de vejez y, por tanto, es procedente la acción de tutela interpuesta por la señora Aracelly Villa Rojas.

6.2. Ahora bien, de la plataforma fáctica relacionada en el acápite de los hechos se extrae que la señora Aracelly Villa Rojas presentó acción de tutela en contra del Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), por considerar que dicha entidad está vulnerando su derecho fundamental al acceso a la información, al negarse a expedir el certificado del tiempo de servicios que alega haber prestado en dicha institución durante los años 1969, 1970 y 1971, los cuales requiere para el trámite de la pensión de jubilación.

Por su parte, la ESE Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas (Antioquia), sostiene que no ha certificado el tiempo de servicios solicitado por la accionante, debido a que en sus archivos físicos no reposan los documentos que acreditan tal circunstancia y sin que se desplegara ningún trámite o actuación distinta a la simple revisión de los archivos de la institución hospitalaria.

Ante dicha situación, la accionante aportó varias declaraciones extra juicio que fueron rendidas por quienes afirman haber sido sus compañeras de trabajo y que dan cuenta de su vinculación como enfermera en el Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), durante los años 1969, 1970 y 1971. Así mismo, aportó la copia de una fotografía en la que aparece con varias compañeras de enfermería, explicando que los archivos de la institución hospitalaria se dañaron por cuenta de una inundación ocurrida en dicha institución.

6.3. Los jueces de conocimiento negaron el amparo con base en la existencia de otros medios de defensa, sin evaluar la posible causación de un perjuicio irremediable, en la medida en que no valoraron que la accionante es una persona de sesenta años que manifiesta no contar con recursos económicos para el sustento de su mínimo vital y que requiere la certificación solicitada para el trámite de su pensión de vejez.

6.4. Esta Sala de Revisión con fundamento en la jurisprudencia constitucional expuesta y las pruebas que obran en el expediente, observa que a la señora Aracelly Villa Rojas le han sido vulnerados sus derechos fundamentales al habeas data, al debido proceso y al acceso a documentos públicos, lo cual, además, ha afectado otros derechos habida cuenta de que no ha podido reunir los documentos necesarios para iniciar el trámite de su pensión de vejez.

A tal razonamiento se arriba, teniendo en cuenta que las declaraciones extrajucio rendidas por quienes afirman haber sido compañeras de la accionante en el Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), además de no haber sido desvirtuadas por la administración, fueron realizadas bajo la gravedad de juramento, lo que supone que de no ser ciertos los hechos juramentados se estaría ante falsos testimonios con las consecuentes sanciones que ello acarrea. La accionante allegó al hospital adicionado y al trámite constitucional de tutela, declaraciones en las que se afirma lo siguiente:

“...conozco hace 40 años aproximadamente a la señora Aracelly Villa Rojas, identificada con C.C. 41.735.527 de Bogotá D.C., (l)e consta que laboró en el Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas, Antioquia, desde el 1º de abril de 1969 hasta el 30 de septiembre de 1971, allí se desempeñaba como ayudante de enfermería, en el año 1974 hubo una inundación donde se perdieron archivos y mucha papelería, por tal motivo no quedó ninguna constancia de los días laborados por la señora Aracelly”. (fl. 16).

En atención a que en este asunto se debate la apreciación de declaraciones extrajuicio como medio probatorio, conviene recordar lo dicho por esta corporación en la Sentencia C-616 de 1997: “...en la actualidad el juramento se estudia y se trata en ciertos casos como un medio de prueba, y con este significado se mantiene en la mayor parte de las legislaciones contemporáneas. Simplemente es un arbitrio que propende a aumentar la garantía de veracidad en las declaraciones de las partes vinculadas a las causas judiciales, o, en general, de aquellas declaraciones de los individuos que los vinculan jurídicamente frente a terceros. Esta garantía se ve reforzada por las sanciones penales que se derivan para quien falta a la verdad mediando la referida formalidad. Nuestro sistema procesal expresamente lo consagra como medio probatorio”.

En lo que respecta a la acreditación del tiempo de servicio prestado por un trabajador en una entidad a través de una prueba supletoria la Ley 50 de 1886,(20) establece el procedimiento:

“ART. 8º—En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al Código Militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que pueden reemplazar los perdidos o hacer verosímil la existencia de éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse estas pruebas. La prueba testimonial no es admisible sino en caso de falta absoluta bien justificada de prueba[s] preestablecidas y escritas; dicha prueba testimonial debe llenar, además de las condiciones generales, las que se especifican en el artículo siguiente. La prueba supletoria es también admisible cuando se acredite de un modo satisfactorio que no se pudo establecer oportunamente prueba escrita y las razones por las cuales esto sucedió”.

En concordancia con la disposición transcrita, el artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo dispone la procedencia de la prueba supletoria cuando se trate de reemplazar la certificación del tiempo laborado, a efectos de obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación.(21)

“Archivos de las empresas. 1. Las empresas obligadas al pago de la jubilación deben conservar en sus archivos los datos que permitan establecer de manera precisa el tiempo de servicio de sus trabajadores y los salarios devengados.

2. Cuando los archivos hayan desaparecido o cuando no sea posible probar con ellos el tiempo de servicio o el salario, es admisible para probarlos cualquiera otra prueba reconocida por la ley, la que debe producirse ante el juez del trabajo competente, a solicitud escrita del interesado y con intervención de la empresa respectiva”.

Por virtud de la Sentencia T-116 de 1997, la Corte Constitucional determinó que cuando una entidad deba expedir certificaciones de tiempo de servicio y no lo puede hacer debido a que sus archivos se perdieron o destruyeron, está obligada a certificar tal circunstancia a través de otros medios de prueba:

“Por consiguiente, en el entendido de que la petente lo que pretende es reunir las constancias de los requisitos legalmente establecidos para solicitar se le reconozca y pague el derecho a la pensión de jubilación, se precisa que tiene abierto el camino para hacer uso de la prueba supletoria, a fin de promover su obtención bien ante la entidad a la cual corresponda el reconocimiento prestacional o, en su lugar, por la vía judicial ante la autoridad competente para demostrar su cumplimiento, con las garantías legales requeridas; así las cosas, podrá contar con diversos medios de prueba (testimonios, declaraciones, etc.) que le facilitarán comprobar el tiempo exacto de servicio prestado a la Secretaría de Educación del Distrito Capital y, en consecuencia, su [injerencia] en la decisión definitiva”.

Recientemente, en un caso semejante de pérdida de documentos en materia laboral, esta corporación, mediante la Sentencia T-779 de 2014, concedió valor probatorio a las declaraciones extrajuicio:

“En ese sentido, en el plenario que se revisa, se encuentra la constancia de imposibilidad de expedir tal certificación por parte de la Alcaldía del Municipio de Arboletes. A falta de ésta, se da por cierta la afirmación extrajuicio del 29 de septiembre de 2014, realizada en la Notaría Única de San Antero, Córdoba, que se aporta a folio 18 del cuaderno principal de tutela, por la señora Diva Esperanza Rodríguez Villalba, de 63 años de edad, donde consta bajo la gravedad del juramento que conoció a la señora María Gil Viera Bravo, de quien recibió clases entre los años 1960 hasta el año 1962 en la escuela rural de la vereda de Buenos Aires, jurisdicción del municipio de Arboletes, Antioquia”.

Ante la demostración de un medio de prueba que no le correspondía soportar a la accionante, de una parte, torna evidente que el hecho de que el Hospital accionado no hubiese manifestado adelantar gestión alguna para reconstruir la información laboral de la tutelante; distinto a limitarse a revisar sus propios archivos, se configura el incumplimiento de su deber constitucional de custodiar, conservar, administrar y certificar la información cuando así lo solicitó la titular. Y, de otra, no hay ningún elemento que desvirtúe el valor probatorio y la veracidad del contenido de las declaraciones aportadas por la accionante. Esto, por cuanto los documentos aportados por la señora Aracelly Villa Rojas no han sido tachados de falsos y a partir de ellos en aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, según el cual corresponde probar un hecho determinado, a quien se encuentre en mejores condiciones para hacerlo, la parte demandada debe desplegar su actividad administrativa en busca de la reconstrucción del expediente o los documentos extraviados o destruidos.

La Sala estima, que al Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas no le está dado exonerarse de responsabilidad cuando existe un deber de conservación a su cargo y lo que es más grave sin desplegar ninguna función administrativa para la reconstrucción de los documentos perdidos. Es precisamente por esto, que tiene la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance a partir de los elementos sumarios proporcionados por la accionante para reconstruir los datos perdidos o destruidos, especialmente cuando es razonable que la información requerida normalmente debe reposar en registros dobles o en otros archivos de otras dependencias de la entidad o incluso en la pagaduría del municipio y conforme se expone en la parte considerativa de esta sentencia, de acuerdo con las normas legales vigentes y la jurisprudencia constitucional, a efectos de la expedición de los certificados laborales necesarios para adelantar los trámites de solicitud de pensión de jubilación, es posible probar el tiempo de servicio y el salario con cualquiera de los medios de prueba permitidos por la ley.

6.5. En síntesis, se vulnera el derecho fundamental al habeas data, al debido proceso y al acceso a documentos públicos, cuando se niega la expedición del certificado laboral requerido para el trámite de la pensión de vejez, con base en que los documentos que soportan los datos no reposan en los archivos y sin que se haya adelantado ninguna gestión para reconstruir la información y el titular de los datos ofrece elementos probatorios de la misma.

6.6. Todo lo anterior, lleva a la Sala de Revisión a concluir que el Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Caldas (Antioquia), vulneró el derecho al habeas data, al debido proceso y al acceso a documentos públicos de la señora Aracelly Villa Rojas, al no iniciar la reconstrucción del expediente laboral y negarse a expedir el certificado requerido para los trámites de pension de jubilación, porque incumplió su deber constitucional de ser diligente en la conservación de sus archivos y la reconstrucción de la información perdida, trasladándole a la accionante las consecuencias negativas de sus fallas al imponerle la carga de reconstruir la información que la entidad estaba obligada a custodiar, conservar y reconstruir.

En consecuencia, se ordenará al Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas (Antioquia), inicie la reconstrucción del expediente laboral de la señora Aracelly Villa Rojas el cual deberá culminar dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo; de no ser cumplida la orden en el término previsto, deberá expedir el certificado laboral solicitado por la accionante. Esto es que, además de la reconstrucción del expediente, y con el fin de hacer una protección real y efectiva del derecho al habeas data de la accionante, de no reconstruirse el expediente en el término de treinta días, la entidad accionada deberá proceder a expedir el certificado solicitado, en atención los principios de buena fe y de confianza legítima que garantizan a los asociados aquello que se espera de la gestión administrativa. En este caso que cuando una persona acude a una entidad pública a solicitar una certificación laboral esta sea expedida de manera veraz, célere y eficaz.

III. Decisión

En mérito de los expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el 10 de septiembre de 2014, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá el 28 de julio de 2014 que negó la tutela solicitada por la señora Aracelly Villa Rojas y, en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho al habeas data, al debido proceso y al acceso a documentos públicos de la señora Aracelly Villa Rojas.

2. ORDENAR al Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas (Antioquia), que en el término de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la notificación de la presente sentencia inicie la reconstrucción del expediente donde reposaba la información laboral de la señora Aracelly Villa Rojas, adoptando una decisión definitiva dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, para lo cual deberá tener en cuenta las declaraciones extra juicio y demás elementos probatorios aportados por la accionante. Si la entidad accionada no cumple con lo previsto en el término señalado, deberá expedir el certificado laboral solicitado, en los formatos requeridos por Colpensiones para que la accionante inicie el trámite de pensión de vejez.

3. ADVERTIR al Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas (Antioquia), que tiene el deber constitucional de implementar mecanismos diligentes y eficaces para la custodia, administración y conservación de los archivos a su cargo.

4. LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Martha Victoria Sáchica Méndez—Luis Ernesto Vargas Silva, ausente con excusa—María Victoria Calle Correa.

Andrés Mutis Vanegas, secretario general (e).

(1) Folio 71.

(2) Folios 64-71.

(3) Folio 58.

(4) Folios 76-78.

(5) Folios 77 y 78.

(6) Folios 3-9.

(7) Folios 7-8.

(8) Folio 8.

(9) Sentencias T-580/06, T-996A/06, T-199/07, T-335/07, T-764/07, T-266/08, T-296/08, T-812/08, T-1097/08, T-152/09, T-618/09, T-562/09,, T-655/09, T-134A/10, T-135A/10, T-196/10, T-202/10, T-445/10, T-500/10, T-514/10, T-737/10, T-930/10, T-290/11, T-547/11, T-717/11, T-107/12, T-330A/12, T-442/12, T-445/12, T-447/12, T-448/12, T-758/12, T-436/12, T-806/12, T-814/12, T-826/12, T-888/12, T-277/13, T-442/13, T-544/13, T-001/14, T-002/14, T-003/14, T-005/14, T-006/14, T-037/14, T-038/14, T-064/14, T-065/14, T-071/14, SU.074/14, T-075/14, T-076/14, T-077/14, T-079/14, T-121/14, T-127/14, T-148/14, T-149/14, T-150/14, T-151/14, T-152/14, T-153/14, T-154/14, T-181/14, T-210/14, T-212/14, T-231/14, T-243/14, T-244/14, T-247/14, T-248/14, T-249/14, T-261/14.

(10) Sentencia C-748 de 2011, entre otras.

(11) “ART. 15.—Todas las personas tienen derecho a (…) conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayanrecogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

(12) En la Sentencia T-167 de 2013 la Corte se refiere a su consagración a nivel internacional: “El derecho al acceso a documentos públicos tiene rango constitucional, por la trascendental importancia que tiene al momento de promover y facilitar el control por parte de los ciudadanos a las actuaciones del Estado en todas sus manifestaciones. Dicha protección no solo está dada por el régimen jurídico nacional, sino que además tiene fuentes en el derecho internacional, que han sido reseñadas por esta corporación”.

(13) Sentencia T-058 de 2013.

(14) ART. 264.—Archivos de las empresas.1. Las empresas obligadas al pago de la jubilación deben conservar en sus archivos los datos que permitan establecer de manera precisa el tiempo de servicio de sus trabajadores y los salarios devengados.2. Cuando los archivos hayan desaparecido o cuando no sea posible probar con ellos el tiempo de servicio o el salario, es admisible para aprobarlos cualquiera otra prueba reconocida por la ley, la que debe producirse ante el juez del trabajo competente, a solicitud escrita del interesado y con intervención de la empresa respectiva.

(15) Sentencias T-116 de 1997, T-875 de 2010 y T-1172 de 2008, entre otras.

(16) M.P. Jaime Araújo Rentería.

(17) Ver también en el mismo sentido del deber constitucional de la debida gestión, administración y mantenimiento de archivos las sentencias T-443/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. T-214/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. T-295/07, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(18) Artículo 306 Ley 1437 de 2011.

(19) Ley 1276 de 2009 “A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida”. ART. 7º—Definiciones. Para fines de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones:a). Centro Vida al conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica y administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el día, a los Adultos Mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y bienestar; b) Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen; (negrillas y subrayas fuera del texto)c). Atención Integral. Se entiende como Atención Integral al Adulto Mayor al conjunto de servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en el Centro Vida, orientados a garantizarle la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, interacción social, deporte, cultura, recreación y actividades productivas, como mínimo;d). Atención Primaria al Adulto Mayor. Conjunto de protocolos y servicios que se ofrecen al adulto mayor, en un Centro Vida, para garantizar la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y su remisión oportuna a los servicios de salud para su atención temprana y rehabilitación, cuando sea el caso. El proyecto de atención primaria hará parte de los servicios que ofrece el Centro Vida, sin perjuicio de que estas personas puedan tener acceso a los programas de este tipo que ofrezcan los aseguradores del sistema de salud vigente en Colombia.e). Geriatría. Especialidad médica que se encarga del estudio terapéutico, clínico, social y preventivo de la salud y de la enfermedad de los ancianos. f). Gerontólogo. Modificado por el art.1, Ley 1655 de 2013. Profesional de la salud especializado en Geriatría, en centros debidamente acreditados, de conformidad con las normas vigentes y que adquieren el conocimiento y las destrezas para el tratamiento de patologías de los adultos mayores, en el área de su conocimiento básico (medicina, enfermería, trabajo social, psicología, etc.).g). Gerontología. Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicológicos, biológicos, sociales).ART. 18.—Modifícase el artículo 5º de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: Responsabilidad. El Alcalde municipal o distrital será el responsable del desarrollo de los programas que se deriven de la aplicación de los recursos de la estampilla y delegará en la dependencia afín con el manejo de los mismos, la ejecución de los proyectos que componen los Centros Vida y creará todos los sistemas de información que permitan un seguimiento completo a la gestión por estos realizada.PAR.—Los distritos y municipios podrán suscribir convenios con entidades reconocidas para el manejo de los Centros Vida; no obstante, estos deberán prever dentro de su estructura administrativa la unidad encargada de su seguimiento y control como estrategia de una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas de tercera edad.ART. 9º—Adopción. En el Acuerdo del Concejo municipal o distrital, en donde se establezca la creación de la estampilla, se adoptarán las definiciones de Centros Vida, anteriormente contempladas, estableciendo aquellos servicios que como mínimo, se garantizarán a la población objetivo, de acuerdo con los recursos a recaudar y el censo de beneficiarios.PAR. 1º—A través de una amplia convocatoria, las Alcaldías establecerán la población beneficiaria, de acuerdo con los parámetros anteriormente establecidos, conformando la base de datos inicial para la planeación del Centro Vida.Al respecto, ver la Sentencia C-503 de 2014 Corte Constitucional.

(20) “Que fija reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones” modificada por la Ley 49 de 1909.

(21) Ley 100 de 1993. Modificado por el art. 1º, Ley 797 de 2003. ART. 11.—Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.