Sentencia T-199 de marzo 26 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Sentencia T-199 de 2009 

Ref.: T-2.121.339

Magistrada Ponente:

Dra. Cristina Pardo Schlesinger

Peticionario: Florinda Thorp de Hidalgo

Accionado: Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil nueve.

La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Nilson Pinilla Pinilla y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente

Sentencia

En la revisión del fallo de tutela adoptado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el 31 de octubre de 2008, mediante el cual se revocó la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, del 22 de septiembre de 2008.

I. Antecedentes

A. Hechos.

1. La accionante señala que contrajo matrimonio en el año 1954 con el señor Gilberto Hidalgo Pérez, unión de la cual nacieron cinco hijos, hoy mayores de edad que subsisten por sus propios medios. El patrimonio de la sociedad conyugal es un edificio ubicado en la ciudad de Buenaventura que hoy en día está a nombre de ella y sus hijos y que actualmente administra.

2. Agrega que su (sic) ella es una persona de la tercera edad, de 73 años y su esposo cuenta con 84; que actualmente se encuentran separados de cuerpos pero que conviven bajo el mismo techo.

3. El 15 de septiembre de 2006, el señor Gilberto Hidalgo Pérez, abogado de profesión, inició en su contra una demanda de alimentos congruos y necesarios de única instancia.

4. En su demanda de alimentos el señor Hidalgo señaló que en vida había transferido la propiedad de sus bienes a su esposa e hijos, los cuales se ven representados en el edificio Hidalgo. Afirmó que la administración y recaudo de todos los cánones de arrendamiento es hecho por la señora Thorp y que ascienden a la suma de $ 6.500.000, razón por la cual se encontraba demostrada su necesidad y la capacidad económica del alimentante.

5. El Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura, mediante auto de febrero de 2006 impone alimentos provisionales por el valor de $ 1.000.000, por cuanto el demandante no contaba con los medios para su supervivencia.

6. El Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura, mediante auto del 14 de agosto de 2007 suspendió el proceso de alimentos hasta tanto no se determinara la capacidad del demandante. Lo anterior, por cuanto la señora Florinda Thorp había iniciado en contra de su esposo un proceso de interdicción por demencia que fue denegado por el Tribunal Superior de Cali el 7 de septiembre de 2007. Frente a esta decisión también fue interpuesta una acción de tutela, la cual fue declarada improcedente por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el 26 de octubre de 2007.

7. El 1º de julio de 2008, el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de Buenaventura profirió sentencia condenando a la señora Florinda Thorp de Hidalgo al pago de alimentos a favor de su esposo en cuantía de un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000), los cuales se pagarían “de la renta que se percibe por concepto de arrendamiento de los apartamentos y local comercial del edificio Hidalgo”.

8. Para la accionante tal decisión incurre en una vía de hecho por indebida interpretación probatoria. En efecto, señala que el juzgado atacado, sin que se hubiese iniciado demanda de alimentos contra los hijos, no tuvo en cuenta que ella solo es dueña de una sexta parte del edificio, y por tanto, se afectó el derecho propiedad de los hijos. Así mismo, considera que el juzgado no valoró debidamente otras pruebas obrantes dentro del expediente como que ella es una persona de la tercera edad, ama de casa que solo administra el edificio. En su opinión, no se tuvo como prueba el hecho que ella le suministra a su esposo el almuerzo y la comida en el restaurante Titanic de la ciudad de Buenaventura y que él al contar con residencia americana recibe una ayuda de ese país por ser de la tercera edad; de la misma manera al ser abogado podría ejercer su profesión. Por último, agrega que el juez no tuvo en cuenta sus gastos y los del edificio.

9. Agrega que su imposibilidad se refleja en el hecho de que no ha podido cumplir la obligación impuesta y se ha iniciado un proceso ejecutivo en el cual se decretaron medidas cautelares en el edificio.

10. En consecuencia, solicita se deje sin efecto la sentencia del 1º de julio de 2008 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura.

B. Contestación del despacho accionado y del sujeto vinculado.

Por auto del 9 de septiembre de 2008, se dispuso notificar al despacho accionado y se vinculó a la acción de tutela al señor Gilberto Hidalgo Pérez. Ni el accionando ni el vinculado se pronunciaron dentro del término concedido para ello.

II. Decisiones judiciales

A. Primera instancia.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala de Decisión Civil, el 22 de septiembre de 2008 concedió el amparo impetrado.

El tribunal, siguiendo la jurisprudencia de esta corporación en relación con las causales de procedencia y procedibilidad de la acción de tutela, consideró que en el caso en estudio se cumplían los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.

Así mismo, en relación con el defecto en que incurre la providencia del Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura, consideró que se presentaba un defecto fáctico por cuanto el juez había errado en la comprensión de las pruebas. Así, aunque considera que la decisión del juez “tiene claros contornos de equidad”, hacer “ver en cabeza de la señora Thorp de Hidalgo una capacidad económica que no fue acreditada en el expediente”. Lo anterior, por cuanto ella no goza de la titularidad total del edificio, y por tanto, no puede considerarse que al señor Hidalgo le correspondan $ 1.500.000 de la totalidad de los arriendos.

Por lo anterior, el tribunal deja sin efectos la sentencia proferida el 1º de julio de 2008 dentro del proceso verbal sumario de fijación de cuota alimentaria entre cónyuges.

B. Impugnación.

El señor Gilberto Hidalgo Pérez impugna la decisión proferida por el Tribunal Superior de Buga aduciendo: (i) que a la demanda de fijación de cuota alimentaria se le dio el trámite de ley, (ii) la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede para revisar el trámite y no el fondo del asunto, por cuanto se abriría una doble instancia que el proceso no tiene y (iii) a pesar de que la propiedad del edificio recae en sus hijos y esposa, es él el poseedor hasta el punto que allí están sus oficinas desde 1970. En este sentido, la señora Thorp no administra el bien para sus hijos sino para el mantenimiento de ambos.

Por último, agrega que no participó en el trámite de la acción de tutela por cuanto en razón al paro judicial se presentó un problema con la notificación.

C. Segunda instancia.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante providencia del 31 de octubre de 2008, revocó el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

En efecto, señaló que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando el comportamiento del juzgador desborda la objetividad, incurriendo, entonces, en un proceder arbitrario o caprichoso que es necesario corregir a través del amparo.

En el caso en estudio, considera la Corte Suprema, Sala Civil “no puede indicarse que la autoridad aquí acusada omitió valorar alguna de las probanzas arrimadas al plenario, y mucho menos que les hubiera dado un significado que no tenían”. Lo anterior, por cuanto consciente de que el edificio era de propiedad de los hijos y esposa del demandante, hizo una valoración global de los elementos allegados en el juicio.

En este sentido, concluye que el simple desacuerdo en la valoración probatoria no puede de por sí, generar una vía de hecho.

III. Pruebas

En el trámite de la acción de amparo fueron aportadas las siguientes pruebas, entre otras:

1. Copia del proceso de alimentos iniciado por Gilberto Hidalgo Pérez contra la señora Florinda Thorp de Hidalgo con sus correspondientes anexos.

2. Copia de la sentencia del 7 de septiembre de 2007 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Familia, mediante la cual se niega la interdicción del señor Gilberto Hidalgo Pérez.

3. Copia de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 29 de octubre de 2007, mediante la cual se niega la tutela interpuesta contra la providencia descrita en el numeral anterior.

IV. Consideraciones de la Corte Constitucional

A. Competencia.

Esta Corte es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela.

B. Fundamentos jurídicos.

Problema jurídico

En la presente ocasión, corresponde determinar a la Sala si podría hablarse de causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando en un proceso de alimentos el juez de familia hace una interpretación de las pruebas aportadas al proceso y de las circunstancias del alimentante para la determinación de la cuantía de la cuota. Para tal efecto se estudiarán las causales de procedibilidad y procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, desarrolladas reiteradamente en la jurisprudencia de esta corporación, con el fin de determinar si en el caso concreto se presentan.

(i) Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La naturaleza subsidiaria de la acción de amparo y el hecho de que esta no debe reemplazar los mecanismos ordinarios, ha llevado a esta corporación a estudiar en forma específica el punto referido a la posibilidad de ejercer acción de tutela contra providencias judiciales. En este sentido, a partir de la Sentencia C-592 de 1993 (1) , la jurisprudencia constitucional ha admitido reiteradamente la procedencia excepcional de este mecanismo cuando el pronunciamiento del funcionario judicial incurra en una vía de hecho.

Recientemente, en Sentencia C-590 de 2005 (2) , la Corte Constitucional consideró que como regla general la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. Lo anterior, en virtud del hecho que las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales proferidas por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; por el valor de cosa juzgada, por la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, por el principio de la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un régimen democrático.

Sin embargo, para la Corte, lo anterior no se opone a que en ciertos y excepcionales casos, cuando se presentan los requisitos de procedencia y procedibilidad de la tutela, que la misma corporación ha establecido, sea posible la interposición y estudio de fondo de la acción de amparo contra una decisión judicial.

Dentro de estos requisitos la Corte Constitucional ha distinguido unos de procedencia de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de procedibilidad de carácter específico, que tocan con el análisis del fondo mismo del amparo.

Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable (...).

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (...).

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (...).

f. Que no se trate de sentencias de tutela”.

En cuanto a los requisitos específicos, la Sentencia C-590 de 2005, haciendo una síntesis de la jurisprudencia constitucional sobre los defectos que hacen incurrir en una vía de hecho judicial, considera que para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar plenamente la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad. Estos son:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. (sic) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal Irle víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”.

Se concluye, entonces, que solo en las situaciones en que se presenten estos errores, resulta procedente hablar de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y, en consecuencia, es posible, a través de la acción de tutela, la protección de los derechos fundamentales.

(ii) Tutela contra decisiones judiciales por vía de hecho por defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia.

El defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel en que la decisión judicial es tornada “sin contar con las pruebas que permitan demostrar los hechos determinantes del supuesto legal” (3) . En este sentido, ha dicho que para que exista una vía de hecho por defecto fáctico es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se impugna. Es decir, que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma resulte absolutamente inadecuado para ello (4) .

En efecto, ha dicho la Corte que si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de interpretación probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica (CPC, arts. 187 y CPL, art. 61)” (5) , dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. Así, para analizar si el juez puede incurrir en este defecto debe estudiarse si adoptó criterios objetivos, racionales y rigurosos. En relación con este punto ha dicho la corporación que es necesaria: “La adopción de criterios objetivos (6) , no simplemente supuestos por el juez, racionales (7) , es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de .las pruebas allegadas, y rigurosos (8) , esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas” (9) .

Por otro lado, la Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: “1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa (10) u omite su valoración (11) y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente (12) . Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez (13) . 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 29) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución (14) .

De lo anterior se concluye entonces que el defecto fáctico solo se predica cuando la valoración probatoria es arbitraria y abusiva, esto es, cuando el funcionario judicial i) simplemente deja de valorar una prueba determinante para la resolución del caso; ii) cuando excluye sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia, o cuando iii) la valoración del elemento probatorio decididamente se sale de los cauces racionales (15) . A este respecto la Corte Constitucional ha dicho:

“Importa precisar ahora si de manera excepcional puede configurarse una actuación arbitraria e irregular, carente de todo viso de legalidad, y constitutiva de una vía de hecho cuando el juzgador ante pruebas claras y contundentes, que manifiestamente muestran una realidad objetiva, profiere una providencia contrariando la realidad probatoria del proceso.

“Evidentemente, si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (CPC, art. 187 y CPL, art. 61), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desiderátum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales.

“No obstante lo anterior advierte la Sala, que solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones” (16) (resaltado fuera del original).

De otra parte, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la valoración de las evidencias no amerita, por sí misma, la revocación por vía de tutela de la providencia, pues ello sería tanto como admitir la superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez ordinario, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. De allí que la jurisprudencia alerte sobre la procedencia de la tutela, únicamente en caso de que la valoración probatoria sea ostensiblemente incorrecta, es decir, cuando encubra una arbitrariedad palpable. Sobre el caso la corporación ha sostenido:

Respecto de la vía de hecho por defecto fáctico, la Corte (17) ha sido clara en orientare limitar su procedibilidad a la manifiesta actuación arbitraria o abusiva del funcionario judicial, descartando cualquier tipo de reconocimiento frente a la eventual discrepancia interpretativa que pueda surgir al interior del debate jurídico y probatorio. No es factible alegar la ocurrencia de una vía de hecho, cuando la providencia judicial encuentra fundamento en un determinado criterio jurídico o en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso, ya que tal situación afectaría de manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial que, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley y para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance.

“Así entonces, para sustentar el fundamento de las distintas decisiones, los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e independientes y en sus providencias “solo están sometidos al imperio de la ley (C.P., art. 230)” (18) , gozan de la potestad de valorar las pruebas allegadas al proceso de acuerdo a las reglas de la sana crítica y según los parámetros de la lógica y la experiencia” (19) (resaltado fuera del original).

Por ello en la citada Sentencia T-066 de 2005 estableció:

“La doctrina constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales por haberse incurrido en vía de hecho en la valoración probatoria es sumamente clara, exige que se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Solo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Y en otro fallo, esta misma Sala de Revisión dijo:

“Teniendo en cuenta lo anterior, esta corporación ha insistido en que el juez de tutela en lo que se refiere al defecto fáctico, carece de competencia para suplantar al juzgador de instancia en su tarea de valorar autónomamente los medios de prueba practicados en forma legal y oportuna en el proceso, pues su labor como juez constitucional se limita a determinar si la autoridad ordinaria al realizar tal actividad incurrió en una ostensible y evidente irregularidad. Por ello, este tribunal ha sostenido de manera reiterada que “cuando los jueces de tutela o la Corte conocen de una acción de tutela por vía de hecho deben verificar si al resolver el caso que es materia de análisis el juzgador de instancia en forma abrupta e injustificada se abstuvo de arrimar al proceso el material probatorio necesario para aplicar el supuesto normativo en el que fundamenta su decisión o, aunque teniéndolo, le restó valor o le dio un alcance no previsto en la ley, sin que al ejercer esta función puedan entrar a suplantar al juzgador en su función de ponderar en forma autónoma los medios de prueba conforme a las reglas de la sana crítica” (20) .

Pasa entonces la Sala a analizar si la decisión del juez accionado a través de la cual ordenó el suministro de alimentos a favor del señor Gilberto Hidalgo Pérez y a cargo de la señora Florinda Thorp de Hidalgo constituye una vía de hecho. Para el efecto, se analizará la naturaleza de las obligaciones alimentarias y las normas que las regulan.

(iii) Naturaleza de las obligaciones alimentarias.

La obligación alimentaria se encuentra regulada en los artículos 411 y siguientes del Código Civil. Así el artículo 411 del Código Civil señala que se deben alimentos: Al cónyuge (obligación extendida por la Sent. 1033/2002 a los compañeros permanentes), a los descendientes, a los ascendientes, a cargo del cónyuge culpable respecto al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.

Así mismo, el artículo 416 señala que cuando son varios los obligados a suministrar alimentos, solo se podrán pedir a uno de ellos y en el estricto orden establecido en la disposición. En este sentido, el primer orden será el que ha hecho una donación cuantiosa y en segundo el cónyuge. La norma señala:

“ART. 416.—Orden de prelación de derechos. El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los expresados en el artículo 411, solo podrá hacer uso de uno de ellos, observando el siguiente orden de preferencia.

En primer lugar, el que tenga según el inciso 10.

En segundo, el que tenga según los incisos 1º y 4º.

En tercero, el que tenga según los incisos 2º y 5º.

En cuarto, el que tenga según los incisos 3º y 6º.

En quinto, el que tenga según los incisos 7º. y 8º.

El del inciso 9º no tendrá lugar sino a falta de todos los otros. Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo grado.

Solo en el caso de insuficiencia del título preferente podrá recurrirse a otro”.

Por otra parte, el Código Civil define lo que debe entenderse por alimentos tanto congruos como necesarios en el artículo 413, señalando que “los congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social y necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida”.

Así mismo, desde sus inicios la Corte Constitucional ha abarcado el tema de las obligaciones alimentarias. En efecto, ha sostenido que el derecho de alimentos “es aquel que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de la persona que por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos” (21) .

Así mismo, ha dicho que el concepto de alimentos que se deriva del parentesco, no solo comprende “el sustento diario, sino también el vestido, la habitación, la educación y la recreación en el caso de los menores de edad” (22) .

En la Sentencia C-237 de 1997, mediante la cual se declaró exequible el delito de inasistencia alimentaria, la Corte desarrolló la naturaleza jurídica de las obligaciones alimentarias. En primer término señaló que esta obligación se fundamenta en el deber de solidaridad de los miembros del núcleo familiar: “Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, dicha obligación aparece en el marco del deber de solidaridad (23) que une a los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios”.

Agrega, “los términos de la obligación aparecen regulados en la ley, que contiene normas sobre los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, los alimentos provisionales (C.C., arts. 411 a 427); el concepto de la obligación (24) , las vías judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (Código del Menor, arts. 133 a 159), y el trámite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (CPC, arts. 435 a 440)”.

En un posterior pronunciamiento, la Corte Constitucional recalcó la relevancia constitucional de los alimentos al señalar “el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de aquellas sea necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta (C.P., arts. 2º, 5º, 11, 13, 42, 44 y 46)” (25) .

Así mismo ha señalado que para poder reclamar alimentos, es necesario que se cumplan estas condiciones:

“— Que una norma jurídica otorgue el derecho a exigir los alimentos;

— Que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita;

— Que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para proporcionarlos.

“A nivel procesal, es menester demostrar el parentesco o la calidad de acreedor del derecho de alimentos según las normas aplicables, dirigir la demanda contra la persona obligada a dar alimentos y, por último, probar que se carece de bienes de tal forma que no puede asegurarse su subsistencia” (26) .

Entre las características que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a la obligación alimentaria se tienen las siguientes (27) :

a. La obligación alimentaria no es una que difiera de las demás de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho.

b. Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, la obligación alimentaria aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios.

c. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: La necesidad del beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.

d. La obligación de dar alimentos y los derechos que de ella surgen tiene unos medios de protección efectiva, por cuanto el ordenamiento jurídico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, los alimentos provisionales (C.C., arts. 411 a 427); el concepto de la obligación, las vías judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del Código del Menor), y el trámite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad (CPC, arts. 435 a 440), todo lo cual permite al beneficiario de la prestación alimentaria hacer efectiva su garantía, cuando el obligado elude su responsabilidad.

En estos términos puede concluirse que la determinación del derecho de alimentos como un deber de solidaridad de los miembros de una familia, tiene un escenario propio en donde el juez ordinario, con fundamento en las pruebas allegadas al proceso debe determinar si la obligación existe y la cuantía de la misma. En este sentido, una vía de hecho solo procedería en los casos en que tal determinación sea abiertamente arbitraria.

C. Caso concreto.

La Sala Sexta de Revisión de tutelas procederá a realizar un análisis del proceso de alimentos iniciado por el señor Gilberto Hidalgo Pérez contra la señora Florinda Thorp de Hidalgo con el fin de determinar si se presentan las causales generales y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La señora Florinda Thorp señala que su esposo inició en su contra un proceso de única instancia de fijación de cuota alimentaria que fue tramitado por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura y que la condenó por un valor de $ 1.500.000.

Agrega que el juez tomó la decisión bajo la premisa de que la señora Florinda Thorp es propietaria de un edificio en la ciudad de Buenaventura. Sin embargo, considera que tal conclusión resulta arbitraria por cuanto el juez no tuvo en cuenta la real capacidad económica de la accionante. En efecto, ella es dueña tan solo de la sexta parte de un edificio y la restante propiedad recae en sus hijos. Además dice que el juez “no toma los alimentos en la casa; y desde mediados del año 2006 la familia Hidalgo Thorp (hijos esposa), le proveen estos en el restaurante Titanic de la ciudad de Buenaventura”. Así mismo, considera que su afirmación se encuentra sustentada, en el hecho de que no ha podido cumplir con la condena, razón por la cual ahora existe en su contra un proceso ejecutivo y se han embargado sus bienes.

En el caso en concreto se observa que se cumplen los requisitos genérales de procedencia establecidos por la jurisprudencia constitucional. En efecto, la acción de tutela bajo estudio plantea un asunto de innegable trascendencia constitucional, comoquiera que sugiere la violación del derecho al debido proceso en el trámite de un proceso, por supuesto desconocimiento del material probatorio allegado dentro del proceso.

En segundo lugar, esta tutela es procedente porque el demandante no cuenta con recurso adicional dentro del presente proceso para discutir la irregularidad procesal denunciada. En relación con este punto, la Sala considera que aunque que la señora Florinda Thorp puede solicitar la revisión de la cuota alimentaria, esta pretensión debe ventilarse en un nuevo proceso judicial, en donde además deberá demostrarse el cambio de circunstancias del alimentado o del alimentante. Así, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el aumento, disminución o exoneración de la obligación alimentaria se constituye como un trámite judicial independiente al que previamente los fijó:

“Anótase, por otra parte, que la demanda para obtener el aumento, disminución o la exoneración de alimentos, da lugar a un nuevo proceso, independiente de aquel que previamente los fijó; pues ni el Código de Procedimiento Civil (art. 435), ni el llamado Código del Menor, ni disposición alguna, estatuyeron que solicitudes de ese tenor se constituyesen en apéndice del proceso inicial o hubiesen de tramitarse a continuación del mismo” (28) .

Por otro lado, el hecho de que la señora Thorp interpusiera acción de tutela en aras de proteger su debido proceso supuestamente vulnerado por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura al valorar arbitrariamente las pruebas allegadas al proceso, permite a la Sala concluir que tal circunstancia no podría debatirse nuevamente en un proceso de revisión de la cuota alimentaria, y por tanto, este medio judicial no es el idóneo (29) para proteger la garantía constitucional supuesta conculcada en el caso concreto. En otras palabras, la accionarte no cuenta con otro recurso judicial para salvaguardar su derecho fundamental al debido proceso.

Adicionalmente, la Sala encuentra que el requisito de la inmediatez se cumple en el caso bajo estudio, pues el demandante no dejó pasar tiempo excesivo entre la decisión definitiva del Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura y la interposición de la acción de tutela. En este sentido, la sentencia de este despacho se produjo el 1º de julio de 2008, al tiempo que la demanda de tutela fue incoada en el mes de septiembre del mismo año ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Así entonces, a juicio de la Sala, el demandante fue diligente al presentar oportunamente la acción tutelar.

De otro lado, en el caso concreto, la parte demandante señaló con precisión la irregularidad violatoria del debido proceso y que se concreta en un supuesto error por indebida valoración probatoria.

Verificado que la tutela de la referencia cumple con los requisitos generales de procedencia, procede la Sala a establecer la existencia de las causales específicas indicadas por el actor.

En primer término, cabe aclararse que aunque la accionante alega la existencia de vías de hecho por errores propios de la casación como por ejemplo “vía de hecho por incurrir en error de derecho o en error de hecho”, sus alegaciones se traducen en un supuesto defecto fáctico.

En efecto, los ataques de la sentencia pueden sintetizarse de la siguiente manera: (i) La determinación de la cuota alimentaria se fundamentó en lo que se percibe por los arriendos del edificio Hidalgo. Sin embargo, sin que estuviesen vinculados los hijos del matrimonio, no se tuvo en cuenta que ellos son titulares de la quinta parte del edificio y que la accionante es una persona también de la tercera edad, (ii) la demanda de alimentos fue interpuesta contra la cónyuge y no contra los hijos, (iii) no consideró las pruebas que demostraban la incapacidad económica del alimentante y la falta de necesidad del alimentado, tales como el suministro de alimentos en el restaurante Titanic al señor Hidalgo, que este al ser residente de los Estados Unidos, recibe una ayuda del gobierno de ese país, que al ser abogado puede percibir honorarios por su profesión. Así mismo, en relación con la incapacidad económica del alimentante no valoró los gastos del edificio y de la propia accionante.

Sin embargo, esta Sala no encuentra que las providencias acusadas incurran en los defectos que acaban de exponerse. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha ahondado para advertir que las discrepancias respecto de la valoración de las pruebas no amerita, por sí misma, la revocación por vía de tutela de la providencia. Lo contrario, implicaría una indebida injerencia en la autonomía judicial.

En este sentido, como es sabido, el ordenamiento jurídico ha establecido, en el artículo 411 del Código Civil que el cónyuge se encuentra obligado a suministrar alimentos al otro cónyuge. Así mismo, el deber de asistencia alimentaria se establece sobre los siguientes requisitos fundamentales: (i) La norma jurídica conceda el derecho, (ii) la necesidad del beneficiario y (iii) la capacidad del obligado.

Consta en el expediente que el señor Gilberto Hidalgo Pérez (que en el momento de la interposición de la demanda, 2006, contaba con 82 años) inició proceso de alimentos contra su cónyuge, alegando que en vida había transferido la propiedad de sus bienes a su esposa e hijos, los cuales se ven representados en el edificio Hidalgo, el cual construyó en el año 1988 con sus recursos, pero frente al cual se reservó su posesión. Agrega que la administración y recaudo de todos los canónes de arrendamiento es hecho por la señora Thorp y que ascienden a la suma de $ 6.500.000.

Afirma que por tal situación no cuenta con recurso alguno para su supervivencia, así mismo aunque admite que la accionante le suministra parcialmente alimentos por un contrato que realizó con un restaurante “Titanic” y que viven bajo un mismo techo, considera que se encuentra desprovisto de medicamentos, salud, ropa, pago de obligaciones como tarjetas de crédito, recreación, etc.

La demanda fue conocida por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura quien suspendió el proceso de alimentos en espera de la decisión de solicitud de interdicción por demencia interpuesta por la señora Florinda Thorp de Hidalgo contra el señor Gilberto Hidalgo Pérez y que fue negada por el Tribunal del Distrito Judicial de Cali, el 7 de septiembre de 2007. Cabe señalar que contra esta decisión también fue interpuesta acción de tutela, la cual fue negada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en octubre del año 2007.

Posteriormente, el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura profiere sentencia condenando a la señora Florinda Thorp al pago de alimentos a favor de su esposo por una cuantía de $ 1.500.000 mensuales. En la providencia, el juez concluyó que se encontraba probado el cumplimiento de los tres requisitos para que proceda el pago de alimentos y partió del hecho de que la Corte Constitucional ha definido que estos se basan en el principio de solidaridad que tienen los miembros de la familia.

En estos términos, el juez hace un análisis de las pruebas allegadas al proceso y de las circunstancias específicas que rodean la situación del actor, sin que pueda decirse que la determinación de la cuota alimentaria es arbitraria y desprovista de razonamiento probatorio alguno.

Así, la sentencia atacada luego de hacer referencia a las pruebas aportadas por las partes, concluye que tanto demandante como demandado, así como los testigos oídos en el proceso, admitieron que el señor Gilberto Hidalgo Pérez construyó con sus propios recursos el Edificio Hidalgo de la ciudad de Buenaventura y que en vida transfirió el dominio y la administración de la totalidad de sus bienes a sus hijos y esposa, bajo la condición de que este seguiría disfrutando de su posesión. Por otra parte, al hacer un análisis de la suma que se percibía por concepto de arriendos, el despacho concluyó que esta ascendía a $ 4.960.000, y por tanto, también estaba demostrada la capacidad del alimentante.

Por otro lado, el juez sostuvo que contrario a lo sostenido por la accionante, la obligación de dar alimentos no se limita al suministro de una comida, sino de garantizar al alimentado todo aquello necesario para una existencia digna, es decir, salud, recreación, vestuario, entre otros. Es por ello que dijo que si bien la accionante suministra algunos alimentos en el restaurante “Titanic”, con ello no se agota la obligación alimentaria, teniendo en cuenta además, la avanzada edad del señor Hidalgo.

Por todo lo anterior, no puede considerarse que la decisión del juez está desprovista de análisis, más aún cuando, contrario a lo señalado por la tutelante, en virtud del artículo 416 del Código Civil, el señor Hidalgo solo puede dirigir su demanda de alimentos contra uno de los obligados y en el estricto orden de la norma, esto primero a su cónyuge.

Por último, la Sala Sexta de Revisión acoge lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil al decidir de fondo el presente asunto cuando señala “(...) De tal forma que no puede indicarse que la autoridad aquí acusada omitió valorar alguna de las probanzas arrimadas al plenario, y mucho menos que les hubiera dado un significado que no tenían, pues, consciente de que la propiedad del edificio no estaba en su totalidad en cabeza de la demanda, acorde con los instrumentos presentes, estimó que las versiones rendidas permitían concluir que “el demandante lo construyó y lo que esta edificación produzca debe ir al mantenimiento del edificio, al sostenimiento de la señora Florinda y el señor Gilberto, y ya de lo que allí sobre se hará la distribución que a bien tenga la administradora”.

Por todo lo anterior, la Sala no encuentra configurada causal alguna que permita deducir que la decisión tomada por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura constituya una vía de hecho.

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Civil, el 31 de octubre de 2008.

2. Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Cristina Pardo Schlesinger—Nilson Pinilla Pinilla, con aclaración de voto—Humberto Antonio Sierra Porto.

Martha V. Sáchica Méndez, Secretaria General.

(1) En esta oportunidad la Corte dejó sentado que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se da cuando el funcionario ha proferido una decisión tal que, por arbitraria e ilegítima, no puede ser considerada una providencia judicial propiamente dicha.

(2) En esta oportunidad la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 que establecía la improcedencia de recursos frente a las sentencias de casación.

(3) Sentencia T-231 de 1994.

(4) Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.

(5) Sentencia T-442 de 1994.

(6) Sentencia SU-1300 de 200 (sic). La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el juez regional en la sentencia anticipada. El juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.

(7) Sentencia T-442 de 1994.

(8) Sentencia T-538 de 1994. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.

(9) Sentencia SU-157 de 2002.

(10) Sentencia T-442 de 1994. Se dijo en esa oportunidad: “Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales”.

(11) Sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.

(12) Sentencia T-576 de 1993. En aquella oportunidad se concedió la tutela, pues todos estos antecedentes, y, en especial, el hecho de que el inspector tomó la decisión en contra de la parte lanzada sin sustento probatorio, conducirán a la Sala a la conclusión de ver aquí una vía de hecho, y a la decisión de tutelar el derecho al debido proceso de Norma Sánchez, aclarando que si bien, en principio, la Corte no puede sustituir al funcionario de policía en la apreciación de las pruebas, cuando hay una trasgresión ostensible y grave de los más elementales principios jurídicos probatorios, la corporación no puede permanecer impasible frente a la violación del derecho al debido proceso, derecho constitucional fundamental según el artículo 29 de la Carta.

(13) Por ejemplo, la ya citada Sentencia T-442 de 1994.

(14) La ya citada Sentencia T-538 de 1994.

(15) Al respecto se pueden consultar las sentencias T-231 de 1994, T-329 de 1996, SU-477 de 1997, T-267 de 2000, entre otras.

(16) Sentencia T-442 de 1994.

(17) Ver entre otras la Sentencia T-1001 de 2001.

(18) Ver entre otras la Sentencia T-073 de 1997.

(19) Sentencia T-066 de 2005.

(20) Sentencia T-336 de 2004 y Sentencia T-212 de 2006.

(21) Corte Constitucional. Sentencia C-919 de 2001.

(22) C-919 de 2001.

(23) En Sentencia C-174 de 1996, se dejó claro que: “El deber de alimentos así como la porción conyugal son instituciones fundadas en el principio de solidaridad que impregna el conjunto de las relaciones familiares”.

(24) De conformidad con el artículo 133 del Código del Menor, “se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”.

(25) Corte Constitucional. Sentencia C-184 de 1999.

(26) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-919 de 2001 y C-1033 de 2002.

(27) Corte Constitucional. Sentencia C-237 de 1997.

(28) Ver en otras decisiones: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria, M.P. Nicolás Bechara Simancas, fecha: diciembre 16 de 1997, radicación 6944-97 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Rafael Romero Sierra. Fecha: 6 de octubre de 1995. Expediente 5711.

(29) En Sentencia T-362 de 2002, la Corte dijo que la idoneidad del medio ordinario de protección ha de analizarse a partir de su “aptitud —en términos normativos— del medio para considerar la situación violatoria del derecho fundamental. Todo juez y en todo proceso judicial existe la obligación de considerar la posible afectación de derechos fundamentales. Empero, el legislador ha establecido restricciones normativas a dicho análisis, de manera que existen procesos —como la acción de cumplimiento— que se tornan improcedentes ante la violación de un derecho fundamental, algunos —como la nulidad simple o la acción pública de inconstitucionalidad— que no permiten, por su diseño normativo, considerar la violación de derechos fundamentales de personas concretas o, por último, procesos —como el hábeas corpus— concebidos exclusivamente para la protección de determinados derechos fundamentales.

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