Sentencia T-199 de mayo 9 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

INFORMACIONES DE BANCOS DE DATOS

NO PUEDEN SER FORMAS EXTORSIVAS DE COBRANZA

EXTRACTOS: «Debe afirmarse una vez más que la información, para ser veraz, tiene que ser completa, es decir, se espera que comprenda todos los aspectos esenciales del asunto que constituye su objeto. De tal modo que la información incompleta no puede reclamar el calificativo de verdadera.

La información divulgada en contra de una persona o entidad ocultando aquellos aspectos favorables que, integrados a los negativos, eliminarían cualquier equívoco, afecta de manera injusta la honra y el buen nombre de aquél a quien se refieren y, por lo tanto, frente a ellas cabe la rectificación y actualización de lo informado. En ello consiste el hábeas data (C.P., art. 15), sobre el supuesto de que se trata de un mecanismo constitucional, en sí mismo derecho fundamental, que tiene por objeto específico la efectividad de otros derechos fundamentales como la intimidad, la honra y el buen nombre de quien pueda resultar afectado por la inclusión y divulgación de informaciones suyas en archivos y bancos de datos. En lo que respecta al buen nombre, como lo señaló la Sala Plena de esta Corte en las aludidas sentencias de unificación, entra en conflicto con el derecho a la información “cuando aquél se vulnera por la divulgación de ésta”.

A juicio de esta Corporación, una persona no puede ser sometida, con motivo o por causa de parcial y distorsionada información comercial o financiera, a la pérdida de su credibilidad y prestigio, pues estos corresponden a derechos inalienables que gozan de plena garantía constitucional como integrantes del buen nombre.

En el caso examinado no es completa y, por tanto, carece de veracidad la información que reposa en Datacrédito, y que esta entidad divulga acerca de que la sociedad accionante se encuentra en mora de cumplir una obligación, pues se oculta que la falta de pago se ha producido a raíz del incumplimiento de la otra parte en un negocio subyacente, en el curso de una controversia jurídica que no está llamada a resolver “Computec —Datacrédito—”, sino que debe decidirse en los estrados judiciales.

Para la Corte, la situación que resulta de los hechos acreditados en el expediente no corresponde al caso corriente de la mora en el pago de una obligación ante entidad crediticia, que sería susceptible de registro en bancos de datos para la información de todo el sector financiero, sino que se trata de un contrato bilateral entre particulares, cuya debida ejecución por uno de ellos se discute por el otro. Este último ha hecho uso de la exceptio non adimpleti contractus, prevista en el artículo 1609 del Código Civil.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, “Interamericana de Inversiones Rincón y Cía. Ltda.” se negó a pagar el saldo acordado con “Central de Aceros y Aluminios S.A.”, porque esta empresa incumplió el contrato en virtud del cual se libró un título valor que sirvió de fundamento para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Es claro que entre los contratantes han surgido discrepancias en torno al cumplimiento del contrato, lo cual implica que, mientras los jueces de la República no hayan definido cuál de ellos tiene la razón, no puede afirmarse que uno de los dos se encuentre en mora ni se puede, por tanto, resolver el conflicto mediante su registro como deudor moroso en un banco de datos, anticipándose la otra parte a lo que pueda resolver el juez.

Tanto es así que, al contestar la demanda ins-taurada por “Centralum, S.A.” en proceso ejecu-tivo singular que cursa en el Juzgado 18 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, “Intera-mericana de Inversiones Rincón y Cía. Ltda.” ha excepcionado diciendo que “al no haber realizado el trabajo Centralum en las condiciones pactadas, no puede hacer exigible la obligación y mucho menos la totalidad de ella”.

La Corte Constitucional no entrará a definir el fondo de la cuestión litigiosa planteada, pues ello excede las competencias del juez de tutela, según reiterada jurisprudencia (cfr. Sala Plena, Sent. C-543, oct. 1º/92), pero, en el campo de los derechos fundamentales, debe señalar y condenar la conducta asumida por la sociedad “Central de Aceros y Aluminios S.A.” en cuanto, sin esperar a que el Juzgado 18 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá resuelva acerca de la demanda instaurada y de las excepciones de mérito planteadas frente a ella, ha pretendido obtener un pago mediante presión indebida merced al reporte parcial e incompleto de una información que perjudica el buen nombre de su contraparte en el litigio.

Es evidente, entonces, el abuso en que incurrió “Central de Aceros y Aluminios S.A.”, alegando el ejercicio de un derecho que no ha sido judicialmente definido.

La Sala considera, además que “Computec S.A. —División Datacrédito—” no obró con el cuidado y diligencia que impone la responsabi-lidad propia de sus actividades, toda vez que admitió y registró el dato suministrado por un particular respecto de otro sin verificar si había sido judicialmente definido el conflicto entre las partes, haciéndose responsable también por el daño al buen nombre de la compañía afectada.

Admitir como válida la conducta que en el asunto examinado observó la central de datos implicaría extender hacia el futuro y sin ninguna clase de control las posibilidades de que cualquiera pudiese suministrar a esta clase de empresas, con su beneplácito, datos sin confirmar, tergiversados, manipulados o sencillamente falsos, con el fin de presionar pagos, configurándose así formas extorsivas de cobranza que desconocerían las competencias de los jueces y que, por tanto, de ninguna manera podrían entenderse como sano ejercicio del derecho a la información.

De otra parte, la Corte considera que las compañías demandadas han vulnerado el derecho que tiene la sociedad accionante de acceder a la administración de justicia para la solución del conflicto en que se encuentra involucrada, toda vez que se ha usado un medio de presión para obligarla de hecho al pago sin darle oportunidad de debatir judicialmente y de obtener, al cabo de un proceso, una definición, favorable o desfavorable.

También es ostensible que se ha desconocido el principio de la buena fe, dentro del cual se presume que son celebrados los contratos, pues “Centralum S.A.”, bajo la amenaza de acabar con el prestigio comercial de “Interame-ricana de Inversiones Rincón y Cía. Ltda.”, mediante su registro en el banco de datos bajo un rubro que no corresponde a la verdad integral de lo acontecido, pese a la existencia de un mecanismo jurídico para la solución del conflicto —de todas maneras utilizado—, no ha actuado con la debida lealtad hacia el otro contratante.

Puede concluirse fácilmente que no hubo una conducta legítima de las entidades demandadas, pues abusaron de sus derechos, la una pretendiendo forzar un cobro sin que se hubiera definido judicialmente si lo exigido por ella le era en realidad debido y la otra ejerciendo su actividad de información en detrimento del derecho al buen nombre de una persona jurídica sin verificar lo que informaba y suministrando datos incompletos y distorsionados».

(Sentencia T-199 de mayo 9 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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