Sentencia T-206 de abril 26 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

EXTRACTOS: «Estima la Corte que, probadas como están la presencia de una seria perturbación ambiental y la relación de causalidad entre ella y los daños que hasta ahora han padecido los habitantes de la zona, así como la amenaza que aún se cierne sobre sus derechos fundamentales, entre ellos el de la vida, y establecido, además, que ha sufrido y sufre en forma directa los efectos perniciosos de la actual situación, debe prosperar la acción de tutela instaurada y la orden que debe impartirse es la de que la administración distrital cumpla y haga cumplir de manera estricta su propio acto —la Resolución 0314 de 7 de abril de 1993—, preservando así los aludidos derechos.

Ahora bien, para impartir la expresada orden, debe la Corte Constitucional verificar en el caso concreto la constitucionalidad del artículo 2º del Decreto 306 de 1992, que dice:

“Artículo 2º.—De los derechos protegidos por la acción de tutela. De conformidad con el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales y, por lo tanto, no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos o cualquier otra norma de rango inferior” (subraya la Corte).

Encuéntrase que la norma restringe injustificadamente el alcance del artículo 86 de la Constitución en cuanto impide, por fuera de las causales de improcedencia señaladas en la ley (Decreto 2591 de 1991), que el juez de tutela imparta una orden con arreglo a la cual, mediante el acatamiento de una disposición de rango legal o de otra jerarquía, pueden ampararse de manera efectiva y cierta derechos fundamentales.

Quien incumple una norma está incurriendo en una omisión y mediante ésta puede violar o amenazar derechos fundamentales.

El artículo 86 de la Constitución dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales “cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (subraya la Corte).

Es decir, la Constitución cobija, dentro del género “omisión” aquella que pueda consistir en el incumplimiento o desacato a una norma, de tal manera que es incompatible con la Carta la disposición que de plano excluye esta forma de violar o amenazar derechos fundamentales de toda posibilidad de resolución judicial enderezada a la preservación de los derechos que se hallan en juego.

Es claro que la restricción no surge del precepto constitucional ni del artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 (invocado expresamente por el artículo 2º del Decreto 306 de 1992), que se limita a reiterar la norma superior, sino que se introduce en la disposición reglamentaria con notorio exceso de la potestad correspondiente.

Por otra parte, es claro que, expedido como ya lo había sido el Decreto con fuerza de ley mediante el cual se reglamentaba el derecho de tutela en desarrollo del artículo transitorio 5º, literal b), de la Constitución (Decreto 2591 de 1991), no podía el Presidente de la República seguir reglamentando por decreto ordinario la acción prevista en el artículo 86 de la Carta.

Ello correspondía al legislador y por el trámite de ley estatutaria, según lo dispuesto en el artículo 152, literal a), de la Carta Política.

Téngase presente, además, que el Presidente de la República puede reglamentar aquellas normas de la ley que él aplica, no las que, por su naturaleza —como las relativas a la acción de tutela— habrá de aplicar el juez.

Así, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución, la Corte estima necesario inaplicar en este caso la parte pertinente de la mencionada norma, por ser incompatible con el ordenamiento superior».

(Sentencia T-206 de abril 26 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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