Sentencia T-210 de abril 27 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

PERTURBACIÓN DE LA INTIMIDAD POR RUIDOS ILEGÍTIMOS

RESTRICCIONES A PRÁCTICAS RELIGIOSAS

EXTRACTOS: «7. En principio, la acción de tutela ejercida con el objeto de evitar el ruido es improcedente. La contaminación por ruido afecta directamente el derecho colectivo a un medio ambiente sano (CP art. 79), para cuya protección el ordenamiento jurídico dispone las acciones populares (CP art. 88). Los problemas derivados del ruido inciden sobre la calidad de la vida, por lo que modernamente se considera que el ruido es uno de los factores de deterioro ambiental.

Si bien la perturbación por ruido tiene relación estrecha con el derecho ambiental, el grado en que esa perturbación se produce y la omisión de la autoridad pública en controlar las situaciones de abuso mediante los instrumentos legales que regulan el ejercicio de los derechos y libertades para posibilitar la convivencia pacífica, son factores que pueden propiciar la vulneración de otros derechos fundamentales que protegen a la persona contra hechos molestos, en particular el derecho a la intimidad personal y familiar.

La doctrina extranjera claramente distingue entre los ruidos inevitables —industriales, de tráfico, aeroportuarios—, y los ruidos cuyo control es perfectamente posible. Mientras los primeros son de difícil erradicación, en atención a los costos económicos y a las transformaciones urbanísticas que requeriría su eliminación o reducción, a través de políticas de Estado de mediano y largo plazo, los segundos son fácilmente evitables, mediante la exigencia oportuna de los deberes de respeto del otro o “alterum non ladere”.

En efecto, una gran cantidad de los ruidos molestos producidos en la vida social son susceptibles de control mediante el ejercicio moderado y razonable de los derechos y libertades y el respeto de los derechos del otro. Se abusa de la tolerancia propia de un régimen democrático cuando so pretexto del ejercicio de la libertad se desconocen los derechos del otro. No debe olvidarse que los derechos consagrados en la Constitución aparejan deberes y responsabilidades que deben guiar y moderar las actuaciones particulares (CP art. 95).

La proliferación —secundada por la pasividad o inactividad de las autoridades— de fuentes productoras de ruido —tabernas, discotecas, bares— en lugares residenciales, potencian las situaciones de deterioro ambiental, circunstancia que deja desprotegidos derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, los avances tecnológicos transforman las que antes eran tonadas armoniosas en estridencias y sonidos estrepitosos que penetran espacios ajenos y causan molestias a terceros. La duración de las audiciones, su frecuencia, el volumen de las emisiones, han variado radicalmente con la invención de medios técnicos que exhiben un alto poder invasor. Esta situación contrasta con el incipiente desarrollo de la normatividad ambiental en materia de ruido o su deficiente aplicación por parte de las autoridades de policía sanitaria, lo que favorece la multiplicación de los ruidos excesivos y molestos y deja expósitos bienes jurídicos que claman por una adecuada protección.

8. A la luz de las modernas manifestaciones del ruido, la jurisprudencia constitucional extranjera ha reforzado la vigencia de ciertos principios y valores constitucionales mediante la interpretación extensiva de los derechos fundamentales, dándole cabida a la solución de fenómenos no previstos por el constituyente expresamente en el texto normativo, pero deducibles de su esfera de protección. Este es precisamente el caso en materia del derecho a la intimidad personal y familiar frente a las agresiones generadas por ruidos evitables.

El artículo 15 de la Constitución establece el derecho a la intimidad personal y familiar, en el que tradicionalmente se han entendido contenidas las garantías de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Ello justifica la interpretación sistemática del derecho fundamental a la intimidad en concordancia con las garantías contenidas en el artículo 28 de la Carta, esto es, el derecho a no ser molestado en la persona o familia y a impedir el registro domiciliario sin orden judicial.

El derecho fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recogimiento necesario y proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema social normalmente acarrea.

En su versión tradicional, el derecho a la intimidad ha sido identificado con la protección al domicilio y a la correspondencia frente a intervenciones indeseadas y arbitrarias de personas ajenas. A nivel penal, el allanamiento del domicilio o la interceptación de las comunicaciones, sin orden judicial que las autorice, son conductas punibles que atentan contra la inviolabilidad de la habitación y del sitio de trabajo (título X, capítulo IV del Código Penal) y contra la reserva de las comunicaciones y documentos privados (título X, capítulo V del Código Penal).

Sin embargo, una interpretación del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia (CP art. 93), exige entender comprendido en su núcleo esencial la interdicción de ruidos molestos e ilegítimos. En efecto, la Declaración universal de derechos humanos (1948) establece:

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

La prohibición que recae sobre las injerencias arbitrarias en la vida privada de la persona, su familia, su domicilio o su correspondencia, no sólo garantiza a la persona frente al ingreso injustificado de personas o agentes públicos al espacio físico de su exclusivo control, sino también la ampara contra las invasiones que penetran la esfera de intangibilidad de su vida personal o familiar, mediante aparatos electrónicos o mecánicos, en este caso ya no tan sólo en forma directa e intencional.

La amplitud del concepto de “injerencia”, contenido en el derecho a no ser molestado que, a su vez, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal o familiar, incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni tolerables normalmente por la persona en una sociedad democrática.

No le asiste —se dice aquí por vía puramente ilustrativa— por lo tanto, razón al representante legal de la comunidad demandada cuando afirma, en su memorial de impugnación al fallo proferido por el Juzgado 37 Penal Municipal que concedió inicialmente la tutela impetrada por Said Guzmán, que por no haber estado jamás la comunidad religiosa que representa “adentro de la casa de habitación del petente”, no se ha producido vulneración alguna del derecho a la intimidad. Por involucrar el derecho a la intimidad personal y familiar la protección contra invasiones domiciliarias causadas por ruidos molestos, evitables e ilegítimos, han debido evaluarse —a juicio de la Corte— las características de la emisión de ruido y su incidencia en el conflicto surgido entre los derechos fundamentales a la libertad de culto y la intimidad personal y familiar.

El petente percibe la intromisión en la tranquilidad de su hogar como “insoportable”, hasta el punto de que las actividades normales de la vida de su familia se han visto alteradas por no gozar de la tranquilidad necesaria para emprenderlas dado el ruido nocturno ocasionado por la Comunidad Carismática del Amor.

En consecuencia, es indispensable que el fallador, en la ponderación de los derechos en juego, aprecie y evalúe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejercen los derechos, de manera que, a la luz de la situación de hecho concreta, pueda establecer si el ejercicio de uno de ellos resulta desproporcionado, lo que sucedería en caso de vulnerar el núcleo esencial de un derecho fundamental específico.

La proporción o justa medida del ejercicio legítimo de un derecho constitucional está determinada por los efectos que, sobre otros derechos igualmente tutelados por el ordenamiento, pueden tener los medios escogidos para ejercer el derecho. La imposición de cargas o exigencias inesperadas e ilegítimas a terceras personas revela un ejercicio desproporcionado de un derecho o libertad. El empleo abusivo de las facultades emanadas de un derecho puede desembocar, en la práctica, en el recorte arbitrario de los derechos ajenos. La periodicidad de las emisiones de ruido y la hora —tres días a la semana a partir de las siete de la noche—, los medios empleados en la celebración —instrumentos y aparatos electrónicos—, el lugar —casa de habitación en una área urbana residencial y comercial—, y la intensidad sonora —medida en decibelios— integran un conjunto de factores relevantes para establecer si el ejercicio de la libertad de culto y de religión se concilia en debida forma con el simultáneo ejercicio de los derechos ajenos.

10. La periodicidad del ruido que el petente y su familia afirman tener que soportar estaría condicionado por el número de reuniones semanales de la Comunidad Carismática del Amor. Toda restricción que apuntara a la disminución de los encuentros religiosos, para reducir al mínimo las presuntas molestias, sería inconstitucional por afectar el núcleo esencial del derecho a la libertad de cultos. Esta incluye la determinación de cuándo y con qué duración la comunidad decide celebrar sus prácticas religiosas, sin que sea admisible que la autoridad intervenga en este aspecto central del derecho fundamental. El hecho de que algunas confesiones celebren solamente un día a la semana sus ceremonias religiosas carece de toda significación constitucional para restringir la libertad de cultos de otras que observen una periodicidad diferente, ya que “todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley” (CP art. 19), lo que implica un grado absoluto de autodeterminación en cuanto a la frecuencia de sus reuniones.

11. En lo que se refiere a los medios técnicos escogidos para acompañar las ceremonias religiosas, evaluados en abstracto, no son inconstitucionales. Ya en otra oportunidad, la Corte sentó la doctrina según la cual “ante el uso legítimo de medios y mecanismos de amplificación de la voz en zonas residenciales deberá estarse a la particularidad del caso y al grado de la utilización del medio para que pueda ser compatible frente a otros derechos y valores constitucionales fundamentales”(5). Esta doctrina tiene fundamento en la tolerancia esperada frente al ejercicio de las libertades públicas en una sociedad democrática, participativa y pluralista, que son indispensables para la libre formación de la opinión pública y religiosa.

Cualquier restricción a la utilización concreta de determinados medios o instrumentos técnicos en la práctica del culto religioso debe cumplir como mínimo tres requisitos: 1) ser neutral o independiente al contenido del culto; 2) servir a la protección de un valor o interés constitucional significativo; 3) dejar alternativas viables para la divulgación del mensaje.

La pretendida restricción en los medios técnicos utilizados por la Comunidad Carismática del Amor para profesar y difundir su culto no debe dar lugar a la censura, instigada por quienes no comparten una fe o creencia. El juez debe ser especialmente cuidadoso al evaluar la situación de manera que impida que detrás del fastidio hacia el ruido se encubra una suerte de repulsa a las ideas que se pretendería acallar mediante la intervención policiva de la autoridad administrativa.

La obligación estatal de proteger a las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades y de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales (CP art. 2º), justifican ciertas restricciones necesarias a la utilización de determinados medios técnicos utilizados en la práctica de un culto, a fin de asegurar los bienes de la paz y la tranquilidad a los miembros de la comunidad, en especial cuando por las circunstancias existentes se convierten en una “audiencia cautiva” expuesta forzosamente al ruido y a los mensajes de los otros.

La posibilidad de ordenar la adopción de alternativas —medios técnicos—, menos restrictivas de los derechos y libertades de otras personas, es un factor decisivo para la legitimidad de una restricción aplicable a una práctica específica de un culto. El mínimo sacrificio que para una iglesia u organización religiosa puede significar el abandonar el empleo de ciertos medios y sustituirlos por otros menos gravosos e intrusivos, es preferible al riesgo y daño que su utilización indiscriminada genera en la población.

En el caso examinado, las quejas contra la Comunidad Carismática del Amor no apuntan a impugnar el contenido del culto, sino a controlar los efectos —ruido— de su práctica. Aun cuando, a primera vista, podría pensarse que los vecinos ajenos a la fe religiosa de los miembros de la comunidad carismática se oponen a ciertas prácticas —exorcismos, cánticos, audiciones musicales—, lo cierto es que existe un constante y unánime rechazo al “ruido insoportable” que dichos eventos producen. El uso de guitarras eléctricas, piano eléctrico, batería, amplificadores y micrófonos, en horas de la noche y en un vecindario, pese a las medidas preventivas adoptadas, genera necesariamente ruido. Ahora bien, el costo que para la Comunidad Carismática del Amor tendría la sustitución de los instrumentos eléctricos o electrónicos por otros de tipo mecánico o manual, parece razonable y preferible en relación con otras opciones. En efecto, ya en el pasado se ha visto cómo la inacción de la autoridad administrativa desencadenó el sabotaje —que esta Corte juzga irracional y antijurídico— a la libre práctica del culto de la comunidad carismática por parte de vecinos que, desesperados por el ruido y en su afán de aplacarlo, decidieron en una ocasión “pagarles con la misma moneda” e “iniciar una guerra de bafles”, lo que suscitó una grave perturbación de la tranquilidad pública. En este contexto, la necesidad de evitar que el conflicto se resuelva por las vías de hecho o mediante la violencia, justifica la restricción de los medios técnicos empleados para la difusión del culto por parte de la Comunidad Carismática del Amor.

12. El lugar donde se celebra el culto religioso es un factor adicional que necesariamente debe tomarse en cuenta. No es indiferente que la celebración religiosa se lleve a cabo en un lugar libre de interferencias para quienes practican un culto como para las personas que accidentalmente se encuentran en el perímetro de su influencia. Es por ello que la jurisprudencia ha distinguido entre los llamados lugares de “foro público”, en los que, en principio, puede ejercerse libremente la expresión o el culto, de aquellos denominados “foro privado”, en los que se admiten mayores restricciones al ejercicio de los correspondientes derechos.

Un límite explícito de la libertad de cultos es el respeto de los derechos ajenos y la compatibilidad con el orden público, en este caso representado en la normatividad para el mantenimiento de la paz y la tranquilidad pública, para el control de uso del suelo y para la protección de las emisiones de ruido.

En el plano estrictamente constitucional, el impacto negativo a los derechos ajenos por el exceso de ruido, atendido el lugar y la hora en que se produce al igual que los instrumentos empleados, constituye un ejercicio abusivo de la libertad de cultos. El núcleo esencial del derecho a la intimidad personal y familiar, entendido como el derecho a no ver o escuchar lo que no se desea ver o escuchar, se vería vulnerado de permitirse el ejercicio de la libertad de cultos fuera del parámetro ofrecido por un comportamiento razonable de las personas en determinadas circunstancias espacio-temporales en un sector residencial durante las horas de la noche. El ejercicio de las libertades de religión y de cultos, en determinadas circunstancias espacio-temporales, que sea excesivo, por la medida del ruido que produce, impide el libre desenvolvimiento de la vida privada y constituye, por lo tanto, una injerencia arbitraria que vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar.

15. Llama la atención de la Corte el argumento del Juez 12 Penal de Circuito de Santiago de Cali —en el proceso de tutela adelantado por Said Guzmán Andrade—, que constituye uno de los fundamentos de la decisión a la que remite inopinadamente el juez de instancia en la presente causa, según el cual el conflicto entre los derechos fundamentales a la tranquilidad y a la libertad de cultos debería resolverse dándole prelación al segundo con fundamento en el principio de que el interés general prima sobre el particular, en este caso, el interés de 400 feligreses en contraposición al interés del peticionario. Para una comprensión constitucional que tome en serio los derechos fundamentales, es inaceptable que se acuda al cálculo cuantitativo de los intereses en juego en desmedro del principio de dignidad de la persona humana, de la que son reflejo todos los derechos fundamentales, cuya afrenta se dimensiona en la singularidad de su lesión, por fuera de todo cálculo utilitarista. Un juicio como el expuesto, así se escude en máximas que han hecho carrera en nuestro medio como “el interés general prima sobre el particular”, impropiamente empleadas como criterio hermenéutico para la resolución de conflictos de derechos fundamentales de igual jerarquía, desconoce los valores constitucionalmente protegidos y la real vigencia de los derechos fundamentales, que también operan como pretensiones de la persona que la mayoría no puede dejar de respetar.

16. Dado que las acciones y omisiones de la autoridad administrativa han contribuido a que un problema de perturbación por ruido se convierta en un asunto de relevancia constitucional que involucra la vulneración de un derecho fundamental, esta Sala procederá a ordenar a la primera autoridad municipal la estricta y cumplida aplicación de las normas jurídicas sobre uso del suelo, control de emisiones de ruido y las demás que sean aplicables al caso.

17. La Misión Cristiana al Mundo —Comunidad Carismática del Amor—, por su parte, en el ejercicio de su culto deberá abstenerse de generar injerencias arbitrarias por ruido que vulneren los derechos fundamentales del petente y de su familia. En particular, la mencionada comunidad religiosa deberá prescindir de los medios técnicos que generen ruido en horas de la noche y que puedan perturbar la tranquilidad personal y familiar. Adicionalmente, deberá evitar que la sede donde celebran su culto se convierta en un foro público mediante la producción de sonidos —que excedan el nivel permitido— que al cruzar los límites de su propiedad ocasionen molestias o injerencias arbitrarias en la vida privada y en la tranquilidad del actor y de su familia».

(Sentencia T-210 de abril 27 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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